Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

miércoles, 18 de septiembre de 2013

Afectados por Ley de Costas aplauden recomendación de la UE para compensarles

La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas ha aplaudido hoy la iniciativa de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que se compense justamente a los propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas en aplicación de la antigua legislación.
En declaraciones a Efe, su presidenta, Carmen del Amo, quien reside en Alicante, ha afirmado hoy que el informe emitido por la citada comisión "viene a decir en lenguaje político" que el Gobierno español "pague las propiedades" y, "en lenguaje normal, que deje de confiscar, que eso es muy grave" en un país de la UE.
"Lo que le están diciendo al Gobierno español, como ya se lo dijeron al del PSOE, es que si necesita las propiedades que las pague, pero que no las confisque", ha agregado Del Amo.
A su juicio, el informe, que no es vinculante, ya es "grave" por el hecho de que "llama la atención" al Ejecutivo español, pero puede ser "mucho más grave" si la Comisión Europea decide que la Ley de Costas española "vulnera las directivas europeas".
Según las cifras que baraja esta asociación, la legislación española ha supuesto el derribo de 13.000 viviendas y otras 400.000 propiedades están afectadas en toda la costa del país.
"Si se demuestra -que vulnera las directivas de la UE-, el Gobierno tendrá que pagar por las propiedades que ha quitado y las que ha derribado", ha manifestado Del Amo.
En su opinión, la Ley de Costas "no era necesaria", pues existen más de una veintena de directivas europeas que defienden y protegen la costa. Además, la ley española, "lo que es proteger, no protege nada, pues todo son medidas para quitar propiedades".
"Esta ley solo ha servido para destruir las viviendas de gente humilde, llevarla a la ruina y dejar construir a los grandes constructores y hoteleros", ha manifestado. EFE

martes, 17 de septiembre de 2013

Bruselas pide compensaciones justas para los afectados por la antigua Ley de Costas española

  • Indemnizaciones a propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas
  • Denuncia la 'indefensión en que muchos europeos al construir de buena fe'
  • 'Las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para edificar'
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La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha pedido un sistema de compensaciones justo para todos los propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas en aplicación de la antigua Ley de Costas española. Así lo establece un informe aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión parlamentaria, que realizaron hace unos meses una visita a Madrid para reunirse con las autoridades españolas tras haber recibido en la Eurocámara un gran número de quejas de ciudadanos europeos afectados.
Los eurodiputados "recomiendan a las autoridades españolas que establezcan un sistema de compensación financiera completa y justa para todos los propietarios legales cuyos bienes inmuebles hayan sido objeto de demolición o expropiación por aplicación de la Ley de Costas", dice el texto. Esa compensación, según el informe -aprobado con 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones-, "debe reflejar el valor de la propiedad".
Recomienda al Gobierno mejorar la cooperación con las CCAA para regenerar el medioambiente
Asimismo, recomiendan a las autoridades españolas mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medioambiente costero, "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad".
Según reclama el informe, "las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas". Igualmente, los eurodiputados reclaman que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y el catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la Justicia".
Por otro lado, reconocen en el texto "el esfuerzo significativo llevado a cabo por el Gobierno al aprobar la nueva Ley de Costas y resolver la mayoría de los problemas actuales", como "la situación de indefensión en que muchos europeos se han encontrado al construir de buena fe en la costa", así como "conciliar la protección de las costas españolas con el crecimiento económico".
Los eurodiputados expresan su temor a que la nueva ley no resuelva los problemas
Sin embargo, en otro informe sobre los trabajos de la Comisión de Peticiones del PE también aprobado, los eurodiputados expresan su temor a que "la nueva ley no resuelva los problemas de los peticionarios". Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que los eurodiputados llaman así la atención sobre el hecho de que los eurodiputados confían en que se puedan resolver con la nueva ley los casos futuros, pero no las quejas anteriores a su aprobación.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó Madrid para analizar las denuncias presentadas por diferentes organizaciones y ciudadanos sobre la reforma de la Ley de Costas y estudiar si ésta vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y propiedad privada. Participaron en esa visita, entre otros eurodiputados de distintas nacionalidades, los españoles Carlos Iturgaiz (PP), Dolores García Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU). Esta comisión parlamentaria ha recibido más de un centenar de quejas sobre la Ley de Costas en los últimos años.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/17/suvivienda/1379429469.html

IMPORTANTE VARAPALO AL GOBIERNO ESPAÑOL POR LA LEY DE COSTAS Y SU REFORMA

El PARLAMENTO EUROPEO  lamenta que Ley de Costas no mejore protección jurídica de viviendas y pide a la Comisión que investigue

   La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha recibido cerca de 60 denuncias de ciudadanos de la UE contra la Ley de Costas española entre 2008 y 2012, considera "deplorable" que con la nueva española aprobada en mayo "no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica" sobre los derechos de propiedades. Por ello, cuestiona que esté "a la altura" de sus objetivos de "mejorar la protección concedida al medio ambiente costero", en un informe aprobado este martes por 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.
    De este modo, la Eurocámara ha instado a la Comisión Europea examinar "a fondo" si la nueva norma española cumple la legislación de la UE, incluida la ley de contratación pública europea cuando la infraestructura pública se construye en propiedades expropiadas.
   Los eurodiputados han aprobado este martes un informe crítico con la Ley de Costas elaborado tras la visita de una delegación encabezada por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann, principal autora del informe, el 21 y 22 de marzo a Madrid. El texto traslada más de una decena de recomendaciones no vinculantes a las autoridades españolas.
PIDEN COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA
  Entre ellas, piden la creación de "un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación" por aplicar la Ley de Costas, rechazando así una enmienda del eurodiputado popular Carlos Iturgaiz para suprimir esta recomendación.    
   También han aprobado varias enmiendas del eurodiputado popular Peter Jahr en las que instan a las autoridades españolas a "conceder una compensación que refleje el valor de la propiedad de las personas afectadas por la Ley de Costas en lugar de conceder una concesión". Sin embargo, han rechazado otra enmienda de Iturgaiz que defendía que la sentencia del Tribunal Constitucional de 1991 "confirmó que las concesiones concedidas a todos los propietarios de viviendas legales dentro del dominio público marítimo-terrestre pueden ser consideradas como compensatorias".
   Por lo que se refiere a las propiedades calificadas de "construcciones ilegales" en zonas costeras o próximas, los eurodiputados piden a las autoridades judiciales españolas que "investiguen y enjuicien más rápidamente a los agentes privados o autoridades públicas que han actuado al margen del marco jurídico formal concediendo licencias de construcción" y que "las víctimas" que compraron "de buena fe" tengan "una compensación plena y justa" de las autoridades españolas.
   También reclaman en el informe aprobado "directrices claras" sobre la atribución de las concesiones a los actuales propietarios de viviendas en zonas costeras en base a "criterios objetivos y no discrecionales". No obstamte, reiteran sus "serios reparos" en general a la existencia de tales concesiones, rechazando una enmienda de Iturgaiz para eliminar este punto sobre las reservas a las concesiones.
   La eurodiputada verde Margrete Auken ha retirado, por su parte, una enmienda en la que pedía diferenciar mejor "las condiciones para los regímenes concesionarios" especialmente entre las concedidas como compensación a los propietarios y las nuevas concesiones para actividades económicas en dominio público, donde debería primar "las condiciones medioambientales más estrictas".  Sí han aprobado otra de Jahr que defiende un equilibrio proporcional entre la protección costera y de las propiedades en esta zona.  
RECLAMAN MORATORIA O PARALIZACIÓN
   También han reclamado "una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales" sobre viviendas en zonas costeras que puedan ser "objeto de una modificación de la línea de demarcación para salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público", rechazando así también otra enmienda de Iturgaiz para suprimir esta petición.
   En relación con la delimitación del terreno público, la comisión europarlamentaria insta a las autoridades españolas a aplicar "criterios técnicos objetivos y a garantizar que donde se puedan necesitar derogaciones" se "justifiquen de manera clara y transparente", tras aprobar una enmienda de Iturgaiz, el único español que las presentó.
   Igualmente, instan a las autoridades españolas a mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medio ambiente costero "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad". "Las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas", reclaman en el informe.
    Los eurodiputados piden, además, que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la justicia", rechazando una enmienda de Iturgaiz para reconocer que la nueva Ley de Costas española "ha resuelto ahora los problemas con el registro de propiedades".
   Piden justicia "a tiempo y efectiva" en los procesos judiciales abiertos sobre propiedades porque "los retrasos excesivos en la administración de la justicia" es "inaceptable"  y subrayan la utilidad "posible" de remitir cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE.
   Los eurodiputados han aprobado otra nueva enmienda de Jahr para dejar claro que en las zonas declaradas como protegidas bajo la legislación europea o nacional deben ser protegidas "en lugar de reconstruir propiedad en ese terreno".
ESFUERZO DEL GOBIERNO
   Los eurodiputados sí han aceptado varias enmiendas de Iturgaiz que al informe, entre ellas, una en la que "reconocen que el Gobierno español  ya ha hecho un esfuerzo significativo aprobando una nueva legislación costera que resuelve la mayoría de los problemas pendientes" y "por tanto para proveer una mayor incertidumbre legal para los propietarios de propiedades".  
   También han aprobado otra enmienda que deja claro que la Comisión Europea siempre ha constatado que el régimen de propiedades sigue siendo una competencia del Estado miembro "y que sólo puede intervenir en circunstancias donde ha habido una presunta violación de la UE".
     La delegación, que se reunió con las autoridades españolas, ciudadanos afectados por expropiaciones y demoliciones y con representantes de las asociaciones ecologistas durante su visita, estuvo encabezada por Werthmann. También formaron parte de la delegación los eurodiputados 'tory' Marta Andreasen, la ecológica Auken y los populares Peter Jahr y Rainer Wieland, a los que acompañaron los españoles Iturgaiz (PP), Dolores García-Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU).


http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-pe-lamenta-ley-costas-no-mejore-proteccion-juridica-viviendas-pide-comision-investigue-20130917131245.html

domingo, 15 de septiembre de 2013

El Supremo abre la puerta al derribo de 20 dúplex en Hoya Pozuelo

El Alto Tribunal rechaza el recurso que el empresario Jaime Cortezo presentó para que se le aceptase un nuevo deslinde en la costa

Los 20 dúplex situados en primera línea de mar de la urbanización Hoya Pozuelo, junto a La Garita, son ilegales. Esta es la principal conclusión que se puede alcanzar tras la sentencia emitida el 19 de julio por el Tribunal Supremo. En el auto, que consta de cinco folios, los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo rechazan los argumentos esgrimidos por el empresario local Jaime Cortezo, quien desde hace años intenta que la Demarcación de Costas en Canarias le acepte un nuevo deslinde marítimo terrestre como consecuencia de una serie de mediciones encargadas ex profeso.

La Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) entiende que estas construcciones fueron construidas sobre suelo público, y por este mismo motivo llegó a abrir expediente y a sacar a concurso y adjudicar a Excavaciones Herodíaz las obras de demolición total de buena parte de estas residencias y de demolición parcial de un número menor de inmuebles. El Gobierno de Canarias optó por paralizar el proceso al ver que Cortezo acudía a los tribunales para intentar frenarlas. La Audiencia Nacional desestimó sus escritos en marzo de 2010, y ahora es el Supremo el que hace suyas las mismas conclusiones. Entre otras cosas, recalca que nose ha acreditado de forma suficiente "ni el error del deslinde original ni la aparición de circunstancias sobrevenidas que justifiquen una modificación del deslinde".

Cuestiones como el lugar hasta el que llegan las olas en pleamar o el hecho de que los cálculos hechos en 1985 tomasen como referencia el nivel del mar en Alicante han sido dejados de lado en un litigio en el que, concluye el Alto Tribunal, "la valoración de las pruebas no puede ser tachada como arbitraria o irrazonable".
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2013/09/14/supremo-abre-puerta-derribo-20/557783.html