El sobrino político de la Reina, "afectado" por la Ley de Costas

Canarias / Lanzarote /
27/12/2009 (22:00 h.)
EL SOBRINO POLÍTICO DE LA REINA, LIGADO CON DIMAS MARTÍN (PIL) Y JOSÉ FRANCISCO REYES (PNL)
Carlos Morales, en el ojo del huracán 'Unión'
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - ALEXIS GONZÁLEZ
El marido de Alexia de Grecia se construye una mansión en Puerto Calero sobre suelo no urbanizable e invade dominio público marítimo-terrestre.
La opinión pública sabía de la vida de Carlos Javier Morales Quintana sólo a través de las crónicas rosas de la prensa del corazón. Hasta que CANARIAS AHORA destapó el 25 de mayo la implicación del sobrino político de la Reina de España en la operación Unión, una extensísima investigación contra la corrupción en la isla de Lanzarote que acumula ya 32 imputados y 79 delitos.
Y el joven arquitecto Carlos Morales no escapa del huracán Unión. Es más, figura en una de sus tramas principales directamente en el ojo de la operación, ligado a quien la Guardia Civil denomina como "jefe" o "cerebro" de una asociación ilícita para delinquir, el ex presidente del Cabildo Dimas Martín Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), en el intento de amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife.
Pero el marido de la princesa Alexia de Grecia no sólo está imputado por participar bajo las directrices de Dimas Martín en la redacción a su antojo de la norma urbanística capitalina. También su nombre se relaciona en el sumario con otra figura política lanzaroteña, el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), recientemente puesto en libertad bajo fianza de 120.000 euros por la juez que instruye el caso de la concesión masiva de licencias ilegales en el municipio turístico. Y todo por construirse una mansión en Puerto Calero sobre suelo no urbanizable.
Consta en el sumario del caso Unión la participación del yerno de Constantino de Grecia en las reuniones preparatorias para redactar el futuro PGOU de Arrecife con otra persona que, aparentemente, nada tiene que ver con el Ayuntamiento de Arrecife: Dimas Martín. La Guardia Civil resalta significativamente este hecho. Tanto Carlos Morales como Dimas Martín "son ajenos al Consistorio".
Aún así, los investigadores confirman varias reuniones, a través de los dispositivos de vigilancia discreta, aparte de las innumerables grabaciones telefónicas a los imputados por el intento de amaño del Plan General. Carlos Morales, junto a los arquitectos José María Pérez Sánchez y Víctor Alberto Sánchez Martín, serían los encargados de redactar el PGOU que, sin embargo, firmaría otro arquitecto, Pedro Lorenzo Luna Santana, que cobraría sólo por figurar unos 60 millones de las antiguas pesetas.
Por ello Morales Quintana está imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, al igual que el resto de arquitectos y el concejal de Urbanismo José Míguel Rodríguez (PIL), mientras que a Dimas Martín y al concejal del Plan General Ubaldo Becerra (PIL) se les imputa también un delito de tráfico de influencias. Otros dos funcionarios en el ajo, Juan Rafael Arrocha Arrocha y la hija de Dimas María Elena Martín Martín están encartados por actividades prohibidas a funcionarios públicos.
Dos proyectos bajo investigación: Palacio de Congresos e Islote del Francés
La Guardia Civil resalta la relación de parentesco familiar entre Carlos Morales y Ubaldo Becerra, uno de los dos concejales confesos de haber cobrado comisiones ilegales en Arrecife. Tanto, que antes de acudir a una de las reuniones con Dimas, los investigadores detallan el interes de Ubaldo Becerra por pasarse antes por el despacho de Carlos Morales para ver un proyecto que "el alcalde le ha dicho que está muy bien, que era de los mejores".
La UCO apunta a dos posibilidades que sigue investigando: la construcción de un Centro Insular de Congresos justo al lado del Cabildo o unas obras en la zona conocida como "La Rocar", en el Islote del Francés.
Pero donde sí ha cerrado el círculo la investigación es en otros dos casos de tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos en relación directa con su primo Ubaldo Becerra. Se trata de la concesión de una licencia ilegal a Promociones Conjunto La Vereda SL, mercantil de la que Morales Quintana es arquitecto y representante. Para poder otorgar la licencia, Morales debe acreditar tal condición, trámite que obvia Ubaldo Becerra y le concede el permiso sobre la marcha.
El otro caso apunta a la utilización del cargo de Becerra para beneficio económico de Carlos Morales, al ofrecerle el concejal al arquitecto hacer un proyecto de obras en una plaza de Arrecife, a cargo del Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo, el famoso Plan Zapatero para todos los municipios de España.
Considera legal su casa porque alrededor hay construcciones
En cuanto a la relación de Carlos Morales con José Francisco Reyes, ex alcalde de Yaiza, le lleva directamente a estar imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio. El arquitecto se ha construido una vivienda de lujo en Puerto Calero, en la zona conocida como Barranco del Agua, y la investigación apunta a las claras que la licencia otorgada por Reyes es ilegal: se construye sobre suelo no urbanizable e invade 20 metros el dominio público marítimo-terrestre.
Esta subtrama de Unión ha motivado, al existir un delito conexo con José Francisco Reyes, que el juez de Instrucción 5, César Romero Pamparacuatro, abriera nuevas diligencias en una pieza separada, el pasado 26 de noviembre, previsiblemente para remitir el caso a la juez María Dolores García Benítez, de Instrucción 2, que investiga al ex alcalde de Yaiza por la masiva concesión de licencias ilegales.
De ahí que ante el juez del 5, el interrogatorio a Carlos Morales se centrara casi en exclusiva en el caso del apaño del Plan General de Arrecife. Sin embargo, ante la Guardia Civil Morales Quintana incurre en este caso en varias contradicciones a la hora de aclarar cómo consiguió la licencia de obras y llega a asegurar a los investigadores que él mismo consideraba que el suelo era urbano porque las parcelas de alrededor estaban construidas.
La Guardia Civil deja en evidencia a Carlos Morales en su declaración en sede policial, al mostrarle abundante documentación al respecto, incluidos informes negativos del Ayuntamiento de Yaiza a la concesión de licencia de obras. Morales admitió haber comprado el terreno, de unos 10.000 metros cuadrados, por 250.000 euros. Reconoció que el valor del mismo hubiese sido sensiblemente superior de haber tenido una catalogación de suelo urbano.
http://www.canariasahora.es/noticia/112863/

20 Años. Toda una vida luchando.

SANTOÑA
Los vecinos de 'Nueva Berria' recuperan sus viviendas tras 20 años de litigio
21.04.10 - 00:06 -
El Supremo anula dos autos de la Audiencia Nacional que instaban a ejecutar un segundo deslinde público
El calvario ya ha terminado. Han sido 20 años de lucha, de pleitos, de desgaste económico, físico y moral pero al final la justicia ha dado la razón a los 56 propietarios de las viviendas de la colonia 'Nueva Berria', en Santoña.
La última sentencia del Tribunal Supremo anula dos autos de la Audiencia Nacional, de enero y mayo de 2008, en los que se instaba a los propietarios a la ejecución de un segundo deslinde con los mismos límites que el primero y a la inscripción preventiva del dominio público de los apartamentos en el Registro de la Propiedad. El primer deslinde, realizado por Costas en 1989 y que supuso que el terreno sobre el que se edificaron estas viviendas pasara a ser público y la propiedad de los apartamentos a manos del Estado, fue anulado por la propia Audiencia Nacional en 1996.
La nueva decisión del Supremo refrenda así la última resolución del Tribunal Constitucional, fechada en noviembre de 2009, y que ya determinó que la propiedad de los títulos de los apartamentos pertenecían a las familias y no al Estado. Unas sentencias que han puesto punto final a esta lucha judicial, ya que no cabe la posibilidad de recurso alguno y que han sido recibidas con «muchísima alegría» por los 56 propietarios.
«La justicia es lenta pero al final llega», asegura Isidro Goñi, propietario y portavoz de estos vecinos. «Estábamos confiados en que iba a ser así, ya que tenemos una base sólida de que esto lo habíamos comprado legalmente». Y es que estos apartamentos adosados se edificaron en 1966 tras calificarse el suelo como urbano.
Nulidad de todos los actos
Atendiendo al recurso de casación presentado por los propietarios, el Supremo anula los dos autos y ordena a la Sala de Instancia de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional «que sustancie el incidente promovido por la representación procesal de los recurrentes a fin de decidir acerca de la pretensiones por ésta formuladas en el escrito presentado ante la Sala, en noviembre de 2007».
Un escrito en el que la comunidad de 'Nueva Berria' pedía que «se declaran nulos todos los actos dictados por la Administración demandada para la incoación de un nuevo deslinde contrario a los pronunciamientos firmes».
Ahora, los vecinos están esperando a que se pronuncie la Dirección General de Costas y anule el deslinde que está en vigor. «La abogada nos ha dicho que lo harán en unos tres meses», señala Goñi.
Hay que remontarse hasta 1990 para encontrar el origen de este interminable litigio.
En ese año, una orden ministerial incluía a la comunidad de propietarios de 'Nueva Berria' dentro de la linea de deslinde del dominio publico marítimo-terrestre. La comunidad perdió así, de la noche a la mañana, todos los derechos de propiedad sobre sus bienes. Lo demás ha sido un 'vía crucis' de pleito tras pleito.
En 1996 la Audiencia Nacional reconoció que 'Nueva Berria' no debía incluirse en la zona marítimo terrestre trazada en el deslinde de 1990 por lo que ordenó a Costas que procediera a un nuevo deslinde que excluiría estos bienes.
Pero el abogado del Estado recurrió esta decisión y el proceso se fue demorando. Hasta diez juicios se han llevado a cabo para determinar la propiedad de estas viviendas. «Unos contenciosos en los que los tribunales -cuenta Goñi- han fallado siempre a nuestro favor pero Costar recurría una y otra vez».
«Persecución maquiavélica»
El portavoz denuncia que Costas y algunos funcionarios han realizado una «persecución maquiavélica» y obsesiva contra 'Nueva Berria'. «Nos tenían en el punto de mira constantemente», dice.
Pero no sólo la insistente postura de Costa ha alargado este conflicto. Según Goñi, el hecho de ser los primeros en Cantabria y en España afectados por la nueva ley de Costas de 1988 también ha sido una complicación. «No teníamos ningún caso de referencia y hemos ido por las dos vías procesales posibles, por la civil y por lo contencioso administrativa, lo cual lo ha alargado aún más», cuenta. "Únicamente teníamos que haber ido por lo contencioso, pero, ante la posibilidad de perder, decidimos también ir por lo civil de manera que si el estado se quedaba con la propiedad de los terrenos al menos recibíamos una indemnización».
Una vez concluida esta pelea judicial, Goñi se pregunta si la Administración les va a resarcir de los agravios que han padecido durante este tiempo. Sabe que no y crítica que la Administración es «inmune e impune y que no le va ocurrir nada por haberles vulnerado principios como la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la irretroactividad de los actos declarativos de derechos».
Ellos ya han cerrado este amargo episodio de sus vidas, pero Goñi tiene presente que aparecen nuevos conflictos similares al suyo. "Para estos y para casos como los de Cerrias y Argoños podemos ser una referencia de que a la Administración se le puede ganar», remacha. «A toda esta gente les diría que luchen. Es una lucha larga y costosa, van a tener muchos sinsabores y sufrimientos, pero, al final, como nosotros, se puede ganar a la todopoderosa Administración».

http://www.eldiariomontanes.es/v/20100421/region/santona/vecinos-nueva-berria-recuperan-20100421.html

Intervención del Eurodiputado Gabriel Matos.Parlamento Europeo

Costas. Deslindes marítimos.

El deslinde marítimo- terrestre llega al 97% del litoral
Alicia Paz defiende la necesidad de preservar la costa, amenazada por el cambio climático, en el II Congreso Canario de Derecho Urbanístico.
14/may/10 07:52

EL DÍA, S/C de Tenerife
La directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Alicia Paz Antolín, comentó ayer, en el marco del II Congreso Canario de Derecho Urbanístico (que se celebra en la capital tinerfeña, en el recinto TEA Tenerife Espacio de las Artes), que en los litorales de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife ya está hecho el deslinde marítimo-terrestre en el 95,53% y el 98,80% del perímetro de las respectivas costas, lo que supone una media del 97% para todo el litoral canario.
Este valor relativo es superior a la media española, que se sitúa en el 92%. La representante del Ministerio añadió que en dos años está previsto concluir este trámite, que permite la regulación y salvaguardia de la costa española.
El deslinde del dominio público marítimo-terrestre es un procedimiento administrativo que define el espacio público en el litoral respecto a la propiedad privada, instrumento que está recogido en la Ley de Costas de 1988. El objetivo de la determinación de este deslinde radica en garantizar su uso público, regular la utilización racional de los bienes y conseguir un buen nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.
Este procedimiento tiene importantes repercusiones legales, económicas, políticas, sociales y medioambientales. Alicia Paz puntualizó que el trámite de aprobación del deslinde es un acto recurrible judicialmente.
Paz defendió la necesidad de preservar la costa, amenazada por el cambio climático (como la subida del nivel del mar) y por el hecho de estar sometido este espacio a una gran presión económica, social y cultural, pese a su alta vulnerabilidad.
"Hay 70 millones de europeos que residen en municipios costeros", aseguró.



Lapeando.
La amenaza del cambio climático es tambien artitraria. Mientras casi 70 millones de europeos estan en peligro, en Candelaria, en la calle de la Arena, en la hornilla, o en Radazul y Tabaiba, esa amenaza no existe, o sus habitantes no son europeos...

Alicia de Paz Antolín, se contradice.

Costas no hará un replanteo del deslinde de Bajo La Cuesta si no lo pide la Justicia

Alicia Paz niega la existencia de unos informes firmados de su puño y letra sobre la ilegalidad de La Albufereta

La directora general de Costas, Alicia Paz, pisó hoy terreno hostil sin esperárselo. Aunque la aplicación de la Ley de Costas ha causado más de un drama en el Archipiélago, Paz se sentó en el II Congreso Canario de Derecho Urbanístico casi como si estuviera en Madrid, donde el litoral queda a cientos de kilómetros de distancia. A pesar de que el título de su ponencia no dejaba lugar a la duda, "Las tensiones en la ocupación y recuperación del litoral", la dirigente del ente estatal ignoró en su discurso la problemática que causa la aplicación de la normativa en las Islas. Ni Cho-Vito ni Bajo La Cuesta. Nada de nada. Simplemente, un sucinto repaso al contenido de la ley y listo.

D.C. / Santa Cruz de Tenerife

Alicia Paz junto a Miguel Ángel Pulido.


No contaba Paz, sin embargo, con la presencia de la prensa local, que puso a la dirigente contra las cuerdas. Tras la insistencia de eldigitaldecanarias.com y 'Diario de Avisos', a la directora general de Costas no le quedó más remedio que meter el pie en el charco. Y de qué manera.

Por un lado, se negó por completo a la posibilidad de realizar un replanteo del deslinde que afecta al poblado de Bajo La Cuesta, en el municipio de Candelaria. Lo hizo a pesar de que tanto técnicos externos como expertos del Ayuntamiento sureño y del Cabildo tinerfeño han reconocido la existencia de un error en la revisión del deslinde de 1969, realizada en 2006, que perjudica a las más de 50 familias afectadas al ubicar sus viviendas dentro del dominio público. Un extremo que ha llevado al abogado de los vecinos, José Ortega, a presentar una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que se exija a Costas la realización del replanteo de la línea demanial.

Una argumentación que no rompió el hermetismo de Paz, que sólo cedió para reconocer que si la Justicia "lo dice, se hará". Para avalar su defensa, la representante del Estado se basó en una sentencia anterior de la Audiencia Nacional que ya desestimó la posibilidad del replanteo.


'PATINAZO' SOBRE LA ALBUFERETA

Peor parada salió Paz a la hora de abordar una pregunta que cuestionaba si existe una doble vara de medir a la hora de aplicar la ley, ya que en núcleos como La Albufereta (Alicante), donde Costas ha reconocido que existe ocupación del dominio público, se va a desafectar la zona para evitar el derribo de las torres edificadas de forma ilegal en zona demanial. Según Paz, "no existe una doble vara de medir" y, lo que es aún más sorprendente, "no hay escritos que digan que se ha construido en dominio público". Cuando el periodista incidió en la existencia de los documentos, sin embargo, la dirigente socialista reculó un poco y afirmó que "si los hay, no tengo constancia".

Una vez más, la directora general de Costas ignoró la preocupación que ha levantado la aplicación de la normativa en Tenerife. Porque los documentos existen y, a pesar de la distancia, han llegado a la prensa isleña.

Con fecha 20 de abril de 2009 salía del Ministerio de Medio Ambiente un escrito que analizaba el deslinde de los bienes de dominio público-terrestre en un tramo de la costa levantina: La Albufereta. En una de sus partes, el documento asevera que los bloques 18 y 19 del edificio Rocafel "están invadiendo casi en su totalidad el dominio público", mientras que el bloque 17 lo hace "en parte".

Pero no es un ejemplo aislado. El mismo documento confirma que el edificio Helios "invade en parte el dominio público", al igual que los inmuebles de Torrealacant y Alacant 2.

Un informe revelador que emana de la Dirección General de Costas y del que tienen conocimiento los vecinos de Bajo La Cuesta. Un documento que, por si quedan dudas, está firmado por una sola persona: Alicia Paz Antolín.

Costas, se suma al Gobierno Central, en su lucha por acabar con el sector platanero

Domingo, 9 de Mayo de 2010
Costas expropia plataneras y viviendas a precios ínfimos para hacer un paseo
eldia
Tazacorte / Puerto de Naos
El paseo previsto por Costas entre Playa Nueva y Puerto de Naos, en un tramo de 2,2 kilómetros, afecta a unas cuarenta parcelas, en una de las mejores zonas de Canarias de producción platanera, además de casas que se hicieron de forma legal. Los afectados recibirán menos de la mitad de lo que valen sus propiedades
El paseo previsto por Costas entre Playa Nueva y Puerto de Naos, en un tramo de 2,2 kilómetros, afecta a unas cuarenta parcelas, en una de las mejores zonas de Canarias de producción platanera, además de casas que se hicieron de forma legal. Los afectados recibirán menos de la mitad de lo que valen sus propiedades

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros, la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar hizo públicos recientemente los datos de las personas y entidades afectadas con el inicio de la expropiación forzosa de terrenos e inmuebles, sometiendo al período de información pública el expediente de referencia durante un plazo de quince días.
Los afectados se quejan de que las expropiaciones se llevarán a efecto “con valoraciones inferiores” a lo que atribuye el mercado. Son “precios ridículos”. En este caso, el Estado paga unos 13 euros el metro cuadrado al aire libre y 30 euros con invernaderos, siempre en producción de plataneras, mientras que los propietarios del suelo hablan de unos 45 euros el metro sin cubrir y más de 60 bajo plástico. Hay que tener en cuenta que Las Hoyas, una de las áreas que se verá alterada de forma importante con el trazado del paseo, es altamente productiva desde el punto de vista agrícola.
Uno de los afectados, Oscar Perera, manifestó a EL DÍA que “me mandaron un aviso un par de veces, sin precios ni nada. El trazado me afecta a una parcela, una casa y varios apartamentos. Hacen lo que les da la gana”, advirtiendo de que alguna de las construcciones afectadas “están hechas desde hace casi ochenta años, mientras que los apartamentos son nuevos pero totalmente legales; allí se ven los mojones visibles del dominio marítimo terrestre”, pero con la utilidad pública “hacen lo que quieren. No se nos informa, no sé bien qué van a hacer y de qué va el proyecto”.
De la misma forma se expresa Juan Cutillas, a quien el sendero le afecta “en dos partes. La terraza de una vivienda y varias fincas de plátanos. Les hicimos una propuesta para que las estudiaran. Les cedíamos gratuitamente el ancho del paseo a cambio de que no nos rompieran las fincas, se ahorraban hasta 500.000 euros, pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta”.
Otros afectados también se muestran disconformes con los precios, entendiendo que se han utilizado “valoraciones muy raras”, como demuestra el hecho de que “para la expropiación en otras partes de plataneras menos intensivas, se han llegado a mejores acuerdos para sus propietarios. Está siendo una expropiación sin opciones que nos deja indefensos”, aunque estudian unirse para defender conjuntamente sus intereses.
Por su parte, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, implicado en las expropiaciones al verse afectada una parcela de propiedad municipal, se dirigió a Costas al objeto de que “el expediente de expropiaciones que afecta a muchos vecinos” pueda ser consultado en la entidad local, solicitud que aún no tiene respuesta.
El Consejo de Ministros ya dijo tras la aprobación de las expropiaciones, que la zona afectada por las obras en el litoral del Valle, con un presupuesto superior a los 7,6 millones de euros, está caracterizada “por la masificación del cultivo del plátano”, advirtiendo de que “debido a las explotaciones agrícolas, con cerramientos y grandes muros, apenas existen accesos libres al litoral y a las playas de la zona”.

Muchos afectados por esta Ley confiscatoria

Ley de Costas, 400.000 afectados injustamente
El gobierno socialista aprobó en 1.988 una nueva ley de Costas que sustituyó a la de 1.969 y que tenía el loable objetivo de preservar el litoral español de una construcción masiva a pié de playa, muchas de ellas construidas y vendidas ilegalmente o irregulares. Nada que objetar a la ley para combatir la ilegalidad y restaurar la legalidad, pero si y mucho, a su aplicación de forma retroactiva que ha convertido automáticamente en ilegales a las que eran legales por la ley anterior y por la caprichosa, parcial, discriminatoria y reiterada modificación de la delimitación de la Línea Marítimo Terrestre, que no ha servido para eliminar todas las construcciones ilegales, pero que ha afectado y perjudicado a 400.000 españoles y extranjeros y a múltiples empresas de distintas actividades al retranquear y modificar, sin criterio igual para todos, el deslinde que los deja fuera de ordenación cuando tenían autorización de Costas y a algunos incluso le vendió el terreno y posteriormente le hizo un deslinde desfavorable cuando estaban inscritos correcta y legalmente en el Registro de la Propiedad.
A los propietarios de viviendas se les ha hecho una verdadera confiscación de bienes que ha dañado intereses legítimos de propiedad, al no ser ni siquiera justamente indemnizados, ya que lo que valoran es solamente la edificación, es decir el vuelo, porque el suelo, como pasa a ser de titularidad pública, no lo tasan. A los titulares de empresas y propietarios de marismas y salinas, al quitarles la propiedad, les privan de un valor importante a efectos de servir de aval para obtención de créditos bancarios para inversiones, posibilidad que no se obtiene por una concesión de uso por un número determinado de años con la que tratan de compensarles. Otro efecto perverso es que esos terrenos de uso industrial son mantenidos en perfecto estado de conservación por su propia actividad y ahora se están deteriorando porque el nuevo titular que es el Estado no tiene medios para su mantenimiento. También se ha hecho un daño importante a la actividad socio-económica de la zona al haberse paralizado una serie de importantes proyectos de desarrollo de salinas y acuicultura en la provincia de Cádiz, una actividad esta última llamada a compensar los graves problemas que viene padeciendo el sector pesquero extractivo.
La mayoría de los afectados han recurrido judicialmente, a título particular, consiguiendo que se admitan todos a trámite pero también se pierden casi todos cuando la realidad es que se conculca el derecho a la propiedad que ampara la Constitución Española, la Europea y la Carta de Derechos Humanos. Ante la imposibilidad de hacer valer sus derechos en España los afectados, en su inmensa mayoría, se están agrupando para denunciar esta situación ante el Parlamento europeo y el Tribunal de Derechos Humanos confiando poder conseguir por esta vía lo que la justicia española les deniega.
Ya han conseguido que les oigan en Europa, como la eurodiputada Auken que reunió recientemente a más de 700 afectados en Alicante y autora de un informe votado favorablemente que considera inaceptable la actuación de la justicia española en la aplicación de esta ley y el español Carlos Iturgáiz, que es vicepresidente de la Comisión de Peticiones, donde se les dará próximamente trámite de audiencia para que puedan explicar su problema. También el gobierno español ha sido citado a explicar la ley de Costas que ha provocado las quejas masivas ante el Parlamento europeo.
Los problemas fundamentales que denuncian los afectados son el carácter retroactivo de la aplicación de la ley; la falta de un criterio general que dé a todos los deslindes el mismo tratamiento y evite que el trazado haga unos zigzag que coinciden con determinados intereses o caprichos técnicos y la falta de una indemnización justa a la propiedad confiscada. También los afectados han podido comprobar la desinformación que tienen en Europa sobre su problema porque confunden o mezclan temas de la ley de Costas y sus miles de afectados españoles y extranjeros con otro problema que afecta también a extranjeros que han comprado viviendas o propiedades en España y tienen problemas de legalidad urbanística ajenos a la ley de Costas.
Lo cierto es que España está siendo muy criticada por esta actuación y los afectados están consiguiendo, ante la falta de interlocución del gobierno que está cerrado a toda demanda de los ciudadanos, ser oídos por el Parlamento europeo y abrir el cauce para recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al mismo tiempo que el gobierno español tenga que comparecer en Bruselas para dar explicaciones por su cerrado proceder. Como hemos manifestado en otras ocasiones el Partido Popular no votó a favor de esta ley y tampoco la aplicó durante sus ocho años de gobierno y a día de hoy somos críticos con ella porque no ha servido para el fin que pretendía, ha convertido en ilegales a quienes no lo eran y ha causado un daño personal y económico a legítimos titulares de su propiedad que no han tenido ánimo de defraudar y está poniendo en entredicho a nuestro país ante las instituciones europeas. Creemos que el gobierno debe escuchar a los afectados y no remitirse exclusivamente a unas sentencias judiciales que pueden ser cuestionadas por lesionar el derecho a la propiedad que avala nuestra Constitución, el Tratado Europeo y la Carta de Derechos Humanos

Marta Andreasen "castiga" a Zapatero.

http://www.google.com/hostednews/ukpress/article/ALeqM5jNFSnMPBJXAfBUkQoyhkcJ5Op9NQ
PUBLICADO POR AEPLC EN MIÉRCOLES, ENERO 20, 2010 ENLACES A ESTA ENTRADA
Eurodiputadas británicas reprochan a Zapatero que sus compatriotas pierdan sus viviendas en Canarias

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, escuchó este miércoles en Estrasburgo (Francia) los reproches de tres eurodiputadas del Reino Unido porque, según relataron, sus compatriotas británicos “han visto cómo demolían sus casas” o, como ocurre con un ciudadano inglés residente en Lanzarote, “no pueden vivir en ellas”.
Marta Andreasen, del Grupo de la Europa de la Libertad y la Democracia (EDF), relató a Rodríguez Zapatero la situación en la que vive “el señor Lohmann en Lanzarote, quien no puede vivir en la casa que se ha comprado porque no cuenta ni con los servicios, ni con las infraestructuras apropiadas”. Lo mismo le ocurre a la “señora Snook en Alicante”, aseguró.
La eurodiputada, procedente del sudeste de Inglaterra, también contó al presidente español las experiencias sufridas por otros ciudadanos ingleses residentes en España, “quienes vieron cómo demolían sus casas porque las autoridades (españolas) decían que su construcción violaba la Ley de Costas”.
Además, le trasladó las quejas de “otros ciudadanos europeos”, que “han estado sufriendo los abusos urbanísticos en la costa mediterránea y en otras partes de España desde hace mucho tiempo”.
“Este Parlamento ha aprobado tres informes que instan a las autoridades españolas a que tomen medidas”, pero “no se ha llevado a cabo ninguna acción específica para defender a la gente afectada”, recriminó.
Futuro del turismo
Andreasen aseguró sentirse “preocupada por el futuro del negocio del turismo español, ahora que la prensa está contando la mala suerte que han tenido estas personas”, indicó.
Luego, en medio de su intervención, la europarlamentaria pasó del inglés al español, “que también es mi lengua materna”, (es de origen argentino), para explicar a Zapatero en su idioma que “los afectados no son personas de gran fortuna, son simplemente ciudadanos que con el fruto de su trabajo compraron una casa en este país de clima benigno y buena gente para vivir después de su jubilación”.
En este sentido, añadió que “esta gente se ve injustamente abocada a pagar honorarios de abogados y otros expertos para defender el caso por vía judicial, todo ello sin grandes perspectivas de éxito”.
Solución urgente
Por último, informó al presidente de que “queremos una solución ahora. Queremos que la gente pueda vivir en las casas que compraron”. “Si esto no es posible”, sostuvo, “es necesario que les concedan una compensación justa que les permita comprar una propiedad similar”, demandó.
Y advirtió: “Este Parlamento se ha limitado a las amenazas, con el bloqueo del pago de subvenciones a España, pero puedo asegurarle que si esta situación no se resuelve durante la Presidencia española, haré todo lo que pueda para pasar de las amenazas a la acción”, remató.
Las otras dos eurodiputadas británicas que abordaron este asunto durante su intervención en la Eurocámara, y apoyaron las palabras de Adreasen, fueron Glenis Willmott (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) y Diana Wallis (Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa).
Rodríguez Zapatero escuchó estas críticas tras presentar a los eurodiputados las prioridades de la Presidencia española de la Unión Europea (UE), en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo (Francia). Luego participó en un debate europarlamentario, en el cual intervinieron las eurodiputadas británicas
http://www.lavozdelanzarote.com/article35415.html
PUBLICADO POR AEPLC EN MIÉRCOLES, ENERO 20, 2010 ENLACES A ESTA ENTRADA
ETIQUETAS: LEY DE COSTAS ¿IGUAL PARA TODOS?

Una aberración "permitida y legalizada"

El Algarrobico, 25 años atrás

Aspecto que presenta en estos momentos el hotel que se levantó en la playa de El Algarrobico. | Miguel Cabrera
• El futuro del proyecto es una incógnita: técnicamente no es posible derribarlo
• Los suelos en los que se asienta el hotel vuelven ahora a ser urbanizables
Miguel Cabrera | Almería
La reciente aprobación definitiva del Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el socialista Cristóbal Fernández, de la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en la que mantiene la clasificación de suelo urbanizable al paraje donde se asienta el hotel de El Algarrobico, ha retrotraído de un plumazo la situación legal del terreno a 25 años atrás, cuando en 1984 se redactaron las normas urbanísticas del municipio, salvo que por el camino ha quedado un hotel de cuatro estrellas prácticamente concluido, pero abandonado.
En el camino ha quedado también una inversión millonaria de Azata del Sol, la empresa que lo construyó con el beneplácito de todas las administraciones, desde el Ayuntamiento al Gobierno, pasando por la Junta de Andalucía, que promocionaron, autorizaron y subvencionaron su construcción en razón del interés general, dentro del Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata-Níjar.
Este plan fue, en su día, auspiciado por la Junta de Andalucía para crear actividad y empleo en la zona. Sin embargo, amparándose también en el interés general, las mismas administraciones que habían promocionado el proyecto desde 2002 dieron en 2006 una drástica vuelta de timón a su actuación, y pasaron a presentar el hotel de El Algarrobico como el buque insignia de la lucha contra la especulación urbanística.
En 2006, y pese a que el Ministerio de Medio Ambiente había autorizado la edificación en esos terrenos años antes, su titular, Cristina Narbona, tomó la iniciativa política de derribar el hotel y devolver el terreno a su estado natural.
El entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, secundó la decisión, a pesar de que la Junta había gestionado la subvención del Ministerio de Economía para su construcción en 2002, de que las consejerías de Turismo y Salud resolvieron favorablemente a su instalación en 2003, de que la Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno al proyecto en mayo de ese mismo año, y de que la Junta aprobó en enero de 2004 el Plan de Desarrollo Sostenible que promovía la construcción de hoteles en la zona.
El Ministerio de Medio Ambiente anunció que iniciaba "de forma inmediata el expediente de expropiación para la restauración paisajística de la zona", después de que Greenpeace denunciara su ilegalidad por encontrarse en terreno protegido y por construirse dentro de la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.
Ley de Costas
Las administraciones habían respaldado hasta entonces el proyecto del hotel a pesar de que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque calificó los terrenos como protegidos desde 1994 y de que en 1988 la Ley de Costas aumentaba a 100 metros la zona de servidumbre, que antes era de 20 metros.
La empresa constructora siempre ha mantenido que no tenía por qué acogerse a esta nueva legislación, al entrar en vigor después de la aprobación del plan parcial. Azata del Sol también afirma que la protección del terreno fue un error de la Administración autonómica a la hora de hacer los planos. De hecho, la Junta había entendido hasta que se tomó la decisión política de derribar el hotel, que El Algarrobico era zona urbanizable.
El 23 de febrero de 2006, cuando el hotel estaba ya prácticamente construido, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería ordenó la paralización de las obras. El hotel tenía previsto abrir en junio de ese mismo año y ya había iniciado la contratación de unas 500 personas. Según la empresa Azata, la demolición y la restauración paisajística de la zona podía costar 300 millones de euros.
Azata del Sol sigue considerando ahora totalmente inviable la demolición del edificio. Es más, el portavoz de la empresa, Antonio Baena, asegura que la demolición es "técnica y físicamente imposible, tal y como han certificado los arquitectos de la constructora, debido a que para la construcción del hotel se han incrustado en la ladera del monte 65.000 metros cúbicos de hormigón que no podrán eliminarse".
Baena afirma que este 'detalle' impedirá devolver el paraje a su estado inicial, con lo que el hotel estaría condenado a permanecer como una ruina perpetua en plena playa de El Algarrobico.
Ahora, los grupos ecologistas han interpretado la decisión del Ayuntamiento de Carboneras de clasificar el suelo como edificable y de la Administración autonómica como "una apuesta por la legalización" del hotel, que les deja "tan perplejos como la actitud ambigua de la Consejería de Medio Ambiente que por un lado garantiza la demolición y por otro aprueba actuaciones urbanísticas dentro de un espacio natural protegido y alejadas de toda legalidad".
Por su parte, la actual ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha decidido desestimar el procedimiento de expropiación iniciado, inhibiéndose, de esta forma, de la resolución de su antecesora en el cargo.

Carnavales 2010. Murga Los Tabletudos.

Marta Andreasen, Eurodiputada británica, le hecha la bornca a ZP

Europa investiga y amenaza a España, pòr la especulación urbanísitica y la inseguridad jurídica que crea.

Responsable de informe sobre urbanismo pide respuestas al Gobierno español
Noticias EFE
Estrasburgo (Francia), 18 ene (EFE).- La eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken, responsable del informe con el que el Parlamento Europeo censuró el pasado año los excesos del urbanismo español, ha pedido hoy al Gobierno respuestas a las cuestiones que se planteaban en aquel documento.
"Hasta ahora, el Gobierno español no ha respondido a todas nuestras preocupaciones", ha denunciado ante el pleno Auken, que ha pedido al presidente de la Eurocámara, Jerzy Buzek, que traslade su petición a Madrid.
Precisamente, este miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estará en Estrasburgo (Francia) para presentar a los eurodiputados sus planes para el semestre de España al frente de la Unión Europea.
El conocido como informe Auken amenazó en marzo de 2009 a España con impulsar una congelación de algunos de los fondos europeos que recibe si la situación del urbanismo no mejora.
En el texto, los eurodiputados utilizaban un lenguaje muy duro y consideraban que en el país se "ha generado una forma endémica de corrupción".
Por ello, pedían toda una serie de medidas para frenar la especulación y la revisión de todos los planes urbanísticos que pudiesen plantear problemas.
En paralelo a la petición de la parlamentaria danesa, el eurodiputado español de Izquierda Unida Willy Meyer se ha dirigido hoy por escrito a las instituciones europeas para que informen sobre qué medidas han emprendido para que las autoridades españolas pongan en práctica las recomendaciones del Informe Auken, y las ha instado a pronunciarse sobre si pretenden adoptar alguna medida.
Meyer también ha trasladado a Bruselas el caso concreto del valle del Almanzora (Almería), donde se concentran numerosas viviendas construidas en suelo no urbanizable y que en algunos casos están amenazadas de demolición.

Conclusiones del Comite de Petciones de la UE

Declaración de las autoridades españolas sobre las peticiones relativas a la Ley de Costas
Intervienen: la presidenta, Alicia Paz Antolín, Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, William Floyd (representante de la Comisión ), Roger Helmer, Gabriel Mato Adrover, Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer, Rosa Estaràs Ferragut, Miguel Ángel Martínez Martínez, Giles Chichester, Diana Wallis, Pablo Arias Echeverría, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marta Andreasen y Zita Gurmai.

Conclusión: a falta de la intervención de los peticionarios, prevista para el día siguiente, la comisión concluye que existe un problema de seguridad jurídica y de indemnización justa, que las declaraciones de los representantes del Gobierno español y de la Comisión no son satisfactorias y que el Parlamento proseguirá el examen del asunto.

Decision: solicitar al Presidente Buzek que remita un escrito al Presidente del Gobierno español, haciendo hincapie, entre otros, en la aplicacion arbitraria de la ley, la falta de seguridad juridica y la indemnizacion injusta; escribir una carta a la Comisaria Viviane Reding para solicitarle una aclaracion de los aspectos de las peticiones relacionadas con la Carta de los Derechos Fundamentales y el CEDH. Los coordinadores debatiran otras posibles medidas de seguimiento.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-439.974+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-439.974+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN (inglés)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-439.974+02+DOC+PDF+V0//FR&language=FR (Francés)

Ley de Costas

La Ley de Costas en España y los Terceros de Buena Fe
Para poder entender el alcance y sentido de la Ley de Costas, es necesario
realizar primeramente una visión general del entramado de leyes estatales y
autonómicas, en el cual se encuentra inmersa e interrelacionada la ley de Costas.
Estando todas ellas relacionadas directamente con el fenómeno urbanístico. Y
encontrándonos una conexión clara y directa entre los Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU) y la Ley de Costas, a través de la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley de Costas.
Y es que, resumiendo muy brevemente, la Constitución española de 1.978,
concede la competencia a las Comunidades Autónomas (CCAA) en la materia de
Ordenación del Territorio, urbanismo y vivienda. Quienes tienen la potestad de
ordenar dicha competencia a través de las Leyes y Planes de Ordenación Urbanística,
como por ejemplo la Ley 14/2000 de 21 de diciembre CA. Illes Ballears, sobre
ordenación del territorio, o la Ley 7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En última instancia quedaría la elaboración de los planeamientos y las ejecuciones
urbanísticas en las entidades municipales, a través de los famosos PGOU, residiendo
en ellas también la actividad de policía y bajo la supervisión de las instituciones
autonómicas y estatales.
Pues bien, visto este repaso rápido y a grosso modo de la legislación urbanística
existente en España, pero necesaria para la finalidad del presente escrito, es evidente
que la responsabilidad del caos urbanístico reinante, con mayor incidencia en las zonas
litorales, recaen casi exclusivamente en lo municipios donde se desarrolla. Discutible no
obstante sería considerar porqué la administración autonómica o estatal, no ejercieron
antes su potestativa de retirar dichas competencias y controlar de mutuo propio, el
cumplimiento de normativa urbanística vigente.
En otra dirección, pero concluyente en su destino con la complejidad normativa
en materia urbanística, nos encontramos con las atribuciones competenciales estatales
que la misma CE establece para el Estado. Tenemos así, una multitud de leyes estatales
que, si bien no son propias de la materia urbanística, no obstante, por su contenido y
materia de afección, confluyen con la normativa urbanística y es de necesaria consulta y
aplicación a la hora de ejecutar los PGOU, como herramientas ejecutivas de las Leyes y
Planes autonómicos de Ordenación del Territorio.
Estas leyes estatales son de Obligado cumplimiento, y su objeto siempre va a
ser velar por el Interés General de los ciudadanos españoles y del entorno en el cual se
relacionan. Las más interesantes para el objeto de la presente son: la ley de Aguas, la
Ley del Suelo, la Ley de carreteras, la Espacios Naturales, Patrimonio Histórico, Vías
Pecuarias o la tan temida recientemente por su impacto en los medios de comunicación,
la Ley de Costas.
Incidiendo en la Ley de Costas del año 1.988, por ser el objeto de la presente, en
la misma, se establece que, a lo largo del litoral español, se establecerá una zona mínima
de servidumbre de protección de 100 metros, por lo que en el interior de dicho
margen, no se podrá construir nada que no sea autorizable por la misma ley. Siguiendo
en la misma línea, hay una prohibición expresa de construcción de edificaciones de uso
residencial en el interior de dicha servidumbre de protección, reservándose sólo la
actividad a aquellas cuya finalidad sea la de la explotación económica administrativa
(“Chiringuitos”,…), en virtud de los correspondientes permisos administrativos de los
distintos entes públicos, ya sean locales, autonómicos o estatales.
No obstante, existen excepciones a la norma general de la Ley, de manera
que, la disposición transitoria tercera de la Ley de costas, reconoce que
excepcionalmente, se podrán autorizar construcciones dentro del margen de
servidumbre, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos recogidos en dicha
disposición. El primero y más importante sería la consideración y aprobación de dicho
término mediante el, y cito textualmente, “Plan General de Ordenación, Normas
Subsidiarias u otro instrumento urbanístico específico”, es decir, a través de los
famosos PGOU, debiendo de justificarse, entre otras, que se “logra la homogeneización
urbanística del tramo de fachada marítima al que pertenezca”, y respetando
necesariamente la servidumbre obligatoria de tránsito de 20 metros.
¿Qué ha pasado en la práctica?
La práctica ha sido que, que la inmensa mayoría de los municipios, ante el gran
aporte económico que, a las maltrechas y vacías arcas municipales, supuso la venta de
suelo público, y después con el consecuente pago de los impuestos municipales, tales
como el IBI, que suponían un ingreso seguro, dio lugar a que el parámetro que se utilizó
para regular todo este entramado fue el del Libre Mercado. Siendo bastante frecuente
el enriquecimiento fraudulento de los funcionarios públicos que, en primer término,
eran los encargados de vender el suelo público, conceder licencias de obra y ocupación
y, en última instancia, controlar la legalidad urbanística. Y, si a eso le unimos el
desarrollo económico que eso supuso también para los vecinos de dichos municipios, en
forma de puestos de trabajo y nuevas oportunidades de negocio, tenemos ya el caldo de
cultivo idóneo para entender todo este caos de inaplicación de la legalidad.
Piénsese que muchos de estos municipios han duplicado, triplicado e incluso
más la población censada, sin perder de vista la población fluctuante discontinua, que
duplica incluso a la existente.
¿Cuál es la realidad actual?
Tomando como ejemplo el litoral español, y con mayor énfasis en todo el litoral
Mediterráneo y en las Islas Baleares y Canarias, resulta que es así mismo, el foco donde
la ilegalidad y la corrupción urbanística a todos los niveles, se ha dado lugar en todo su
esplendor. Es raro el día en el uno compra la prensa local y no se lee alguna noticia
relacionada con algún responsable municipal que tiene problemas con la justicia.
La consecuencia de todo ello, es que nos encontramos con situaciones como la
existencia (solo en Marbella -Andalucía-) de más de 250 promociones que se han
desarrollado al margen de la legalidad (según datos de la Oficina del Planeamiento
Urbanístico de Marbella), pero, debido a que el cumplimiento de la legalidad actual a
raja tabla, resultaría traumática, por la gran cantidad de terceros de buena fe que se
verían afectados, en la práctica se ha optado por regularizar la situación de ilegalidad,
acudiendo a fórmulas paralelas, como son las de compensaciones económicas, ceder
superficie privadas de las promociones a las entidades públicas o simplemente
hacer legal la situación ilegal. Y todo ello, se está realizando mediante la aprobación
de nuevos PGOU, que legalicen la situación de ilegalidad, justificado de forma
extraordinaria por el elevado número de terceros de buena fe que se ven afectados.
No obstante, ello no es óbice para que también se haya acudido a fórmulas más
traumáticas de retorno a la realidad alterada, en forma de expropiaciones y
demoliciones. Pero ello, para consuelo de la mayoría y perjuicio de unos pocos, solo se
está aplicando en situaciones muy particulares donde, o bien son edificaciones aún no
ocupadas, o bien se encuentran en superficies catalogadas de Interés General, por las
especialidades de la zona donde se encuentras. Véanse el ejemplo del Hotel “Azata del
Sol” en la Playa de Algarrobico en Almería (Andalucía), o el caso de las viviendas
situadas en Chovito (Santa Cruz de Tenerife –Islas Canarias-). A pesar de todo, eso son casos extremos y excepcionales, debidos a encontrarse en zonas de especial interés medio ambiental, además de no cumplir la Ley de Costas.
¿Cuál es la conclusión que podemos obtener y que nos depara el futuro?
Teniendo en cuenta la realidad urbanística imperante en España, la práctica va a
ser la de comenzarse desde ya, a cumplir las distintas legislaciones existentes en materia
urbanísticas sobre los nuevos proyectos urbanísticos, tratando de ser muy permisivos
con toda la realidad alterada en el pasado, perjudicándose lo mínimo posible a los
ciudadanos de buena fe, que son en definitiva los grandes perjudicados.
No obstante, todo hay que decirlo, que estas situaciones se den, dependerán en
primera instancia de la “arbitrariedad de las autoridades autonómicas y estatales”,
buscando adoptar medidas que sirvan de ejemplo, y, en segunda instancia, a la
sensibilidad social de los jueces que acojan dichos casos en sus juzgados.
A pesar de todo ello, y aunque algunas noticias sean muy resonantes, el espíritu
general que mueve todo este proceso de normalización, es el de tratar de perjudicar lo
menos posible al ciudadano, creando nuevos Planes de Ordenación Urbanísticas
(PGOU) que, en su relación con la Ley de Costas se refiere, se desarrollan dentro del
margen de actuación que concede la disposición transitoria tercera ya comentada,
aplicando únicamente la ley de Costas a “raja tabla” para las nuevas realidades
urbanísticas que, en el futuro, se pudieran generar, así como para fomentar la
protección de las zonas de especial interés medioambiental. Siendo la reclamación de
compensaciones económicas el medio más reclamado (y más aún ahora, con la
reducción de ingresos que ha sufrido las arcas públicas con la reciente crisis, y la
consecuente disminución de las construcciones).

La Ley de costas, y la especulación urbanísitica alejan a los británicos

CRISIS | ADIÓS AL EDÉN ESPAÑOL
BRITÁNICOS HUYEN EN DESBANDADA
BRIGETTE Y SAM son sólo los últimos de una mudanza masiva de británicos que dejan nuestra costa por la caída de la libra. Otros, más de 100.000, como Liz y Browne, están atrapados en el «paraíso».Vendieron todo para venirse. Ahora sus casas son ilegales. Mañana protestan en Almería

ALFONSO DANIELS


VÍCTIMAS. Len y Helen Prior en Vera, Almería. Demolieron su casa en 2007 sin compensación alguna y, desde entonces, viven en su garaje sin agua ni electricidad.| A. Daniels
Cuando Liz y John Browne, una pareja de jubilados escocesa, compraron hace cinco años una casa en el valle almeriense de Almanzora, pensaron que por fin cumplían su sueño de retirarse en España. «Su aire seco es ideal para la salud, es la Florida europea», les habían dicho cuando visitaron el lugar meses antes. Jamás imaginaron que se metían en un infierno al adquirir una de las 11.000 casas ilegales construidas en la zona. Como ellos, decenas de miles de extranjeros -la mayoría jubilados- se deshicieron de su pasado e invirtieron todos sus ahorros para comprar propiedades en España buscando sol y un lugar agradable donde pasar el ocaso de sus vidas. Sólo para caer víctimas de un oscuro entramado de estafas. «Estamos atrapados, no dejamos nada en Reino Unido. El constructor nos aseguró que los papeles estaban en regla, así que pagamos la mitad del valor de la casa, unos 140.000, y mira lo que tenemos», afirma John señalando una vivienda a medio construir, una cáscara de hormigón, junto a muchas otras similares a lo largo de un camino de tierra con palmeras muertas.
Llevan cinco años alquilando una casa por 600 euros al mes, esperando en vano que alguien termine su casa o se les indemnice. «Hace unos meses me detectaron cáncer. Estoy desesperado, no quiero dejar a mi esposa sin nada y renunciar a mi sueño», añade mientras me muestra la cáscara por dentro. El promotor, la firma española Classic Andalusian Homes, continúa operando bajo otro nombre y la Justicia sigue sin darles una respuesta.
Aún así, los Browne son afortunados. Fueron los únicos que pagaron la mitad por la propiedad, la decena de dueños de las demás cáscaras de la avenida de las palmeras muertas abonaron el 95%. La esposa de uno de ellos, Edith Watson, falleció el año pasado dejando a su esposo Robert solo, casi sin ahorros y teniendo que pagar facturas del agua de una casa que ni siquiera puede ocupar.
Un caso simbólico es el de los británicos Len y Helen Prior en Vera, Almería. Les derribaron la casa en 2007 sin compensación alguna, y desde entonces viven en su garaje sin agua ni electricidad (una actuación que, por cierto, después fue declarada irregular por el Tribunal Constitucional).
Des trabajaba como administrativo mientras su esposa Jenny pasó su vida en el Duty Free del aeropuerto de East Midlands. Decidieron venir a España buscando un clima cálido después de que él sufriera una aparatosa operación de espalda. Si ahora pierden todo, lo único que les quedará será una pensión de unos 1.000 euros mensuales entre los dos. «Amamos España, queremos vivir aquí pero no es justo lo que nos están haciendo», sentencia el marido. Por si fuera poco, en 2006, tras mucho insistir, el alcalde de la zona les dio permiso para construir pilones de electricidad que ahora se pueden divisar desde su pintoresco chalé blanco. Las 13 parejas pagaron 120.000 euros pero cuando sólo restaba conectarse a la red principal la empresa eléctrica se negó a hacerlo.
UNA BALA EN LA PUERTA
A unos 15 km de allí, en El Fas, Cantoria, un vecino decidió que ya había tenido suficiente. Bruce Hobday, de 63 años, veterano militar británico condecorado por la Reina de Inglaterra, quien sirvió en África, Malta, Chipre y Alemania, organizó en 2008 una manifestación de cientos de afectados frente al Ayuntamiento. Sus quejas iban contra el promotor holandés Daniel Poetsema de la empresa Southern Spain Consultants. Lo que consiguió fue que alguien dejara una bala frente a su puerta, amenazas de muerte y calumnias derramadas por internet.
Esto es sólo la punta del iceberg. Hay denuncias por toda la costa mediterránea, Madrid y hasta Asturias donde empresarios sin escrúpulos les estafaron. Han acudido a manifestaciones masivas en Valencia, Almería, Albox… todo para nada. «Son decenas de miles los afectados, si no más, la mayoría no españoles, es el caso más grande que he visto jamás», afirma a Crónica Margrete Auken, eurodiputada danesa de los Verdes quien presentó un informe adoptado en marzo por el Parlamento Europeo amenazando a España con congelar fondos estructurales si no resolvía este problema. Denuncia frente a la que eurodiputados del PP y PSOE han hecho causa común para evitar incluir esta resolución en el presupuesto europeo.
Los afectados han decidido pasar a la ofensiva. En noviembre, un grupo envió una petición por carta a Zapatero y al Rey Juan Carlos exigiendo justicia, incluyendo detalles de más de un millar de casos de personas que perdieron todo. Decidieron hacer esto a pesar de que, tal como señala Suzanne Wyatt, jubilada británica detrás de la iniciativa, cuando presentaron una petición similar al premier británico Gordon Brown ni siquiera les respondieron: «Señor Zapatero, le solicitamos como primer ministro de España que lea esta petición y escuche los pedidos de los ciudadanos británicos quienes le han dado ahora toda la información sobre sus experiencias», reclaman los afectados. Quieren saber por qué el Gobierno permitió esta situación durante tantos años y se quejan de la «preocupación, estrés y desesperación que enfrentan cada día. La mayoría perdió todo. En los poquísimos casos que han ganado juicios, los promotores han tenido tiempo de esconder el dinero así que no reciben nada», añade Wyatt. Esto es sólo el inicio. «Queremos organizar una protesta masiva, somos más de 100.000 en toda España y no puede ser que nadie nos haga caso», comenta Charles Svoboda, jubilado canadiense y presidente de la plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN) que agrupa unas 30.000 personas en Valencia.
Ya ha habido varias manifestaciones. Ayer comenzó la vigilia de la más importante hasta ahora. Será mañana, en Almería. «Este país no puede ser sólo Nadal y fútbol, se supone que estamos en la UE. Si no solucionan esto, la imagen de España como paraíso dorado habrá muerto, para siempre».
ÉXODO MASIVO
Las villas inglesas del Levante cada vez se parecen más a pueblos fantasmas. El éxodo masivo de británicos es una realidad imparable. Brigette y Sam Smith son octogenarios. En los años 80 se mudaron a España con ilusión. Ahora emprenden el camino de vuelta, con muchísima tristeza. Las cajas se acumulan en el suelo de su chalé en Lliber, en la comarca de la Marina Alta, Alicante. Regresan a Escocia. Los ingresos de los Smith, por ejemplo, son de menos de mil euros. Sin hijos ni familia en España no pueden subsistir con esos ingresos. En 2007, la libra llegó a alcanzar los 1,571 euros al cambio. Actualmente la paridad con el euro no es lejana. Su poder adquisitivo ha disminuido, en menos de dos años, en 50%.
Su casa se pondrá a la venta y con el dinero que recojan pretenden pasar el resto de sus vidas en un país que abandonaron hace dos décadas para vivir mejor aquí.
Los empleados de la empresa de mudanza Home to home se llevan las últimas 20 cajas. Esta firma de Benitatxell trasladará sus pertenencias desde Alicante hasta Gran Bretaña. Negocios como ese son los más beneficiados con la vuelta a casa de los ingleses. En apenas seis meses ha duplicado sus beneficios respecto al mismo ejercicio que el año anterior. Es el boom de las empresas de mudanza. Son varias las compañías que operan desde la provincia hasta Londres. Lo único negativo para estas empresas es que más del 70% de sus clientes son gente que se va. Así la mayoría de los camiones regresan vacíos.
También aumenta la frecuencia de los vuelos desde el aeropuerto de El Altet, Elche, al Reino Unido. Y ha crecido el número de rastrillos. Suelen vender así la mayoría de sus objetos de valor antes de partir. Cada día hay un mercado de este tipo en la provincia de Alicante.
Pocas cosas quedan por recoger. Sam empaqueta una guitarra flamenca. Echa un vistazo a su casa vacía y dice: «España ya no es lo que era para nosotros».
Con información de Juan Nieto

Costas no negocia

No se engañen. Costas no negocia.
Divide y vencerás. Esta y la de promover la ruina de los afectados son las únicas prácticas del Gobierno de España en su contínua y empecinada fórmula para rescatar la propiedad privada de los particulares en la costa y en zonas de elevado interés económico.
La disculpa medioambiental queda anulada con los informes de las asociaciones ecologistas, el informe Auken, y las construcciones que se están realizando al lado del mar y a donde van a vivir lujosamente los políticos.
Las únicas negociaciones existentes, son las que se hacen en el patio trasero con los dirigentes de asociaciones de afectados. Cuando estas fallan, buscan la división. Ejemplos: PNALC cuyo presidente era Carmen del Amo, se ha dividido y ahora PNALC tiene nuevo presidente y Carmen del Amo ha fundado AEPLC.
Ahora le toca el turno a la asociación de Chiringuitos en Málaga. Echan a un “no negociador” para poner supuestamente de modo ilegal a una especie de sindicalista. Digo sindicalista porque hará lo mismo que ellos: NADA.
¿Van a negociar con Costas?
Negociarán unos cuantos y por el silencio o por algún beneficio económico. Por justicia no va a ser. Todo esto ha sido ampliamente denunciado en el Parlamento Europeo y todo sigue adelante, porque detrás de este plan (incluída su ley) hay mucho dinero en juego.
Los derechos de las personas son, como queda de manifiesto en los hechos, palabras que usan los políticos para parecer hermanitas de la caridad. Cuando lo que realmente son lobos con ansia de poder. Para ellos las personas somos el medio para sus fines que nada tienen que ver con la democracia. Cuando estas personas ya no interesan, hay que sacarlas de en medio.
¿Van a respetar todos los chiringos de España? No
¿Van a respetar las construcciones anteriores a 1988? No
¿Van a indemnizar a los afectados? No
¿Van a aclarar públicamente que sucede en Villa PSOE? De ningún modo
¿Van a cuidar el medio ambiente? No (Jamás se ha construido tanto en la costa como en los últimos 8 años)
¿Van a tener un debate público y democrático con los afectados? Nunca
Mienten, engañan, pactan, multan, ocultan, vigilan, trapichean.
Díganme si no ¿Por qué en este país cada vez hay más ricos, más pobres, más parados y menos justicia para los más desfavorecidos?
¿Por la crisis? ¿Por el terrorismo? ¿Por la amenaza del Islam? ¿Por la amenaza de los marcianos?
No seamos más tiempo estúpidos.
No tienen tiempo para las cuestiones sociales de fondo. Eso se soluciona con la manipulación de los medios y en breve la censura en Internet.
Después de esto último no será necesario ser comedidos. Nos meterán un tiro en la cabeza y todo el mundo sabrá que ha sido un suicidio.

Intervención de Cho Vito en Europa.23/03/2010

Una actitud "infantil" del Estado Español

Medio Ambiente acusa de demagogos a los eurodiputados que cuestionan la Ley de Costas
La directora de Costas critica las inexactitudes de los representantes británicos
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 23/03/2010

La directora general de Costas, Alicia Paz, ha criticado "la demagogia" con la que algunos eurodiputados británicos han cargado contra la Ley de Costas en la vista en la Eurocámara sobre la norma, que concluyó esta mañana. Paz ha explicado por teléfono su "decepción" por el desarrollo de la sesión, en la que laboristas y conservadores británicos han acusado a España de ser un estado "totalitario". "Utilizan informaciones inexactas y sesgadas. Y puedo entender que los afectados usen todos los medios a su alcance, pero es increíble que el PP no haya salido a defender el Estado de derecho".
En la Comisión de Peticiones de la Eurocámara los representantes del PP se han alineado con los británicos. Aunque sin llegar a ese nivel de dureza, si han planteado incluso reformar la Ley de Costas, vigente desde 1988, algo no llega a pedir en España. La Eurocámara ha acordado pedir al Gobierno que responda por escrito a la decena de quejas que ha recibido por casos con la Ley de Costas.
Paz se mostró indignada por las acusaciones de que en España no hay seguridad jurídica. El conservador Giles Chichester llegó a decir que España es un "estado totalitario". Ante las quejas de sus ciudadanos, Londres y Berlín han llegado a pedir al Gobierno que suavice la legislación de Costas.
"Parece ser que no es válido el control de los tribunales. No entienden lo que dijo el Constitucional", que avaló la Ley de Costas, de 1988, añade Paz. El Tribunal admitió el sistema de expropiación establecido por la ley para recuperar las casas construidas legalmente en dominio público antes de la entrada en vigor de la ley. El Estado no expropia directamente, sino que los dueños de las casas pasan a tener una concesión de uso de 30 años ampliables a 60. En ese tiempo no pueden vender la construcción.
La directora de Costas insistió en que algunos de los casos que han llegado al comité de peticiones proceden de deslindes aprobados por gobiernos del PP. "El deslinde de Cho Vito [Canarias], el de Formentera, el del molino de mareas [en el País Vasco] o el del Puerto de Santa María [Cádiz] los aprobó el PP y nos toca aplicarlos".
FE DE ERRORES
El eurodiputado que dijo que España es como "un Estado totalitario" por cómo aplica la Ley de Costas fue el conservador Giles Chichester y no el laborista Michael Cashman, como erróneamente informaba originalmente esta información.

Artículo de Cristina Tavio. Presidenta del PP SC de Tenerife

INFLEXIBILIDAD.

DESDE principios de este mes, nuestros poblados marineros cuentan con más esperanza. Me explico: algunos medios de comunicación se hacían eco de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ratifica que el litoral de Anaga tiene carácter de núcleo urbano consolidado, tal y como venían defendiendo los vecinos y la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

Sin embargo, y pese a que esta sentencia no es firme, se suma a la que en su día también reconoció que El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente, en Güímar, ya tenían la consideración de urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Estamos otra vez ante una estupenda noticia para los muchos vecinos de Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero, que llevan mucho tiempo pidiendo que se reduzca la zona de servidumbre que la Dirección General de Costas aumentó de 20 a 100 metros, para poder así salvar cerca de 250 construcciones situadas en esta zona.

Como ustedes saben, el Partido Popular de Tenerife ha venido defendiendo siempre la protección de estos núcleos urbanos costeros, de estos poblados marineros, consolidados con anterioridad a la Ley de Costas, siempre que cuenten con algún valor patrimonial, etnográfico o socioeconómico, para con ello conservar algún ambiente marinero en nuestras costas.

Por eso, hoy me alegro de estas sentencias a favor de los vecinos de Anaga y de Agache, pero también es justo que sienta tristeza al recordar la vergonzante actuación contra los vecinos de Cho Vito, que no corrieron la misma suerte y que vieron impotentes cómo perdían sus casas y parte de sus vidas.

Y siento más tristeza aún cuando leo declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, quien, ante el mismo problema en varios poblados de Galicia como Aguete, Teoria, Casás o Mogor, en Marín, afirmó en su momento que "los propietarios conservan sus viviendas tal y como están, pueden realizar obras de reparación, conservación y mejora, con la única limitación de no incrementar el volumen y contar con las respectivas licencias".

¿Por qué en Marín sí y en Cho Vito no? ¿Por qué la interpretación intransigente de la Ley de Costas en Canarias por parte del Gobierno central contrasta con la flexibilidad y la voluntad de acuerdo que ha demostrado el mismo Gobierno en la aplicación de la misma ley con el caso de los chiringuitos de playa en la costa de la provincia de Málaga?

Es una pena que el PSOE en Andalucía o en Galicia defienda la permanencia de estas zonas afectadas y aquí, en Canarias, se opongan a una Proposición no de Ley presentada por nosotros, y apoyada por CC, para defender nuestros poblados marineros y evitar situaciones como la de Cho Vito.

Quizá, a los socialistas canarios les vendría bien hablar con el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía defendió que "los chiringuitos son un elemento singular e identitario de la oferta de ocio de las playas andaluzas y se trata de un sector que genera 40.000 empleos".

Como bien afirmé durante mi intervención en defensa de esta PNL en el Parlamento de Canarias, y citando al filósofo inglés John Locke, "las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes", y es en este punto donde el Gobierno de Rodríguez Zapatero tropieza una y otra vez, y en esta ocasión, en su ciego y torpe propósito de aplicar sin medida la Ley de Costas en nuestro Archipiélago sobre asentamientos humanos en el litoral que datan de muchas décadas atrás y que con el debido equilibrio ambiental pueden perdurar en el tiempo.

¿Acaso las áreas urbanas costeras de Canarias no representan zonas de interés derivadas de su origen etnográfico, arquitectónico y cultural, además de albergar actividades económicas y turísticas? Siempre hemos defendido que nuestra tierra necesita una buena e inmediata aplicación de la Ley de Costas, pero no como cortapisas, sino como una posibilidad de ofrecer una ventaja comparativa con el resto de destinos turísticos.

Creemos que si todos los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno de Canarias hacemos frente común en pro de estos núcleos marineros para su mejora y embellecimiento, y también para favorecer su catalogación como poblados marineros, podemos conseguir que el Ejecutivo del PSOE dé marcha atrás, como lo ha hecho en Andalucía, en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, donde incluso ejercen competencias exclusivas en materias de Costas debido a la entrada en vigor del nuevo Estatuto.

Tenemos que ponernos manos a la obra, y un buen primer paso sería que todas las administraciones implicadas emprendan cuanto antes la labor de catalogación técnica y científica de los valores patrimoniales, etnográficos y socioeconómicos que reúnen nuestros poblados marineros. Y en paralelo, buscar fórmulas para que sigan siendo un reclamo gastronómico en nuestro Archipiélago.

En el Partido Popular ni hemos permanecido de brazos cruzados ante esta injusticia de ley ni vamos a permanecer en silencio. Seguiremos trabajando aunque el PSOE pretenda ejecutar administrativamente el presente de estos núcleos marineros que forman parte de nuestra historia, también de nuestro presente y queremos que sigan teniendo futuro.

Porque, pacientes lectores, no es lo mismo, como dije en el Parlamento de Canarias, mandarse una vieja o un plato de lapas en una avenida de hormigón que tomarlos en estos poblados marineros.