La Ley de Costas vulnera los Derechos Humanos

La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) acudirá como invitada por el Parlamento Europeo a participar en la sesión de la Comisión de Peticiones del próximo día 24 de mayo donde pedirá que se condene a España por la aplicación retroactiva, arbitraria y confiscatoria de la Ley de Costas que vulnera flagrantemente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 1 del protocolo adicional Nº 1 al Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y, por tanto el Tratado de Lisboa que los hace vinculantes a cualquier ley propuesta o aplicada en los estados miembros.

Ante la inacción y silencio del Gobierno español y la indiferencia de la Defensora del Pueblo, el Parlamento Europeo ha decidido invitar a los representantes de asociaciones de afectados de todas las Autonomías costeras, integradas por miles de ciudadanos europeos a quienes han confiscado, SIN INDEMNIZACIÓN, las propiedades legalmente adquiridas, dejándoles en la más absoluta indefensión.

La Sra Beatriz Corredor en unas declaraciones realizadas en Amsterdam, asegura que la Ley de Costas ha afectado a un "0,008 por ciento" de las viviendas y que en ningún caso ha habido demoliciones y a todos los afectados se les han ofrecido "compensaciones".
La Sra Corredor se ve obligada a mentir porque, si dijera la verdad, estaría reconociendo las prácticas abusivas inadmisibles en un gobierno de una democracia europea.

El Gobierno español, debería preocuparse de restablecer la seguridad jurídica antes de dedicarse a la gestión de carteras inmobiliarias, tal y como se le ha reprochado en su "road show" de Londres
http://www.latribunadecanarias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1458:la-ley-de-costas-vulnera-los-derechos-humanos&catid=13:espana&Itemid=23

Corredor dice que solo el 0,008% de las casas se han derribado por la Ley de Costas

La secretaria de Estado española de Vivienda, Beatriz Corredor, defendió ayer en Ámsterdam (la segunda parada del road show, tras Reino Unido, que le llevará a Francia, Suecia, Rusia y Alemania) que, a pesar del contexto de crisis económica internacional, es "seguro" invertir en el sector inmobiliario en España. En una rueda de prensa tras su reunión con posibles inversores holandeses, Corredor mantuvo que la salud financiera de España "no puede compararse" a la de países como Grecia que han tenido que recurrir a rescates internacionales. "No tenemos miedo de una bancarrota en España y no estamos en la misma situación que Irlanda o Grecia", precisó.
Corredor también intentó aplacar el temor de los inversores holandeses que estuvieran interesados en adquirir una vivienda en la Costa. Las expropiaciones y demoliciones llevadas a cabo, en virtud de la Ley de Costas, provocaron las protestas de la embajada de Reino Unido, el principal comprador extranjero. La secretaria de Estado aclaró que la Ley de Costas de 1998 solo ha afectado a un "0,008%" de las viviendas y que en ningún caso ha habido demoliciones y a todos los afectados se les han ofrecido "compensaciones".
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Corredor-dice-solo-casas-han-derribado-Ley-Costas/20110520cdscdieco_9/

Costas se desmarca de la escollera que precisa San Andrés para evitar el oleaje

La dirección provincial de Costas lo deja claro. Frente a la avenida de San Andrés debe construirse una escollera a la misma altura que la de Las Teresitas que proteja al barrio de la inclemencia del mar y que además permita el traslado de los barcos que ahora están en la playa. Pero el problema, según lo explica la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, es que la Autoridad Portuaria decidió hace cuatro años deshacerse de esta zona de fondeo, desafectándola y entregándosela al Estado. A partir de entonces era el Ayuntamiento de Santa Cruz el que debía promover la redacción del proyecto, pero nadie ha hecho nada, añade la subdelegación.
Costas ha asegurado que el Gobierno central estaría dispuesto a estudiar esta iniciativa y llevarla a cabo, pues se trata de la solución razonable, pero también hay que tener en cuenta que quizás el momento no sea el más propicio por la situación de crisis económica. De todas formas, la subdelegación del Gobierno indica que la corporación local santacrucera no ha entregado ni planteado ninguna propuesta.
Pero los vecinos y los negocios de San Andrés están agotados de escuchar "la misma canción desde que tienen uso de razón". Este fin de semana, el barrio capitalino ha vuelto a sufrir las consecuencias del fuerte oleaje. Las aceras se han levantado, algunos árboles han caído y el agua ha entrado en casas y bares y restaurantes de la avenida, e incluso un ciudadano fue arrastrado por el mar, aunque fue rescatado finalmente por la Cruz Roja.
Los vecinos aún siguen sacando arena de sus viviendas e intentando sobreponerse del susto y los negocios lamentan las pérdidas económicas porque han tenido que cerrar durante tres días, "los que más gente nos viene", y porque las olas les han destrozado neveras y máquinas.
El propietario de la Marisquería Ramón, de la zumería y del restaurante Rubí, Ramón Plasencia, comenta que las pérdidas en sus locales ascienden a 5.000 euros. Para el restaurante Estrella del Mar, éstas superan los 2.000 euros. "Nos preparamos para el fin de semana comprando más mercancía y nos hemos quedado sin nada. Con lo mal que van las cosas, esto nos hunde más todavía", cuenta José Antonio Diz, empresario de Estrella del Mar.
"Ya no creemos en ningún político ni en sus promesas. Los años pasan, yo ya tengo 65, y aquí no se nos ha dado ninguna solución. No sé a qué esperan. Solo vienen cuando quieren el voto, como en estos días", dice Teresa Cova. "Creemos que lo que quieren es cansarnos y que nos vayamos de aquí para hacer lo que quieran en la avenida", añade la vecina Fátima Carballo.
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos El Pescador, Gabriel Rodríguez, cuenta que la demanda de una escollera o muro de protección frente a la avenida de San Andrés es una reivindicación que ya ha cumplido más de cincuenta años. Recuerda que se llegó a plantear la posibilidad de construir un puerto deportivo y un refugio pesquero, pero los propios vecinos se opusieron a dichas iniciativas, pues éstos insisten en que la escollera "es la única obra necesaria".
Y parece que ahora Costas les da la razón, aunque la dirección provincial sí plantea que cuando se construya la escollera en esa zona de fondeo frente a la avenida tendrán que reubicarse en ella los barcos que ahora se encuentran en la playa de Las Teresitas, algo que, según Costas, piden también los pescadores del barrio.
En el Ayuntamiento, a pesar de la insistencia de este periódico, ayer nadie contestó, ni siquiera la concejal responsable del Distrito de Anaga, Sheila Trujillo.
Por su parte, la Policía Local decidió ayer abrir al tráfico los carriles de acceso al barrio de San Andrés y a la playa de Las Teresitas que estuvieron cerrados durante todo el fin de semana debido al fuerte oleaje en la zona, aunque éstos podrían volver a cerrarse dependiendo "de la marea alta".
Cada vez que esto ocurre, varias veces al año, la Policía se ve obligada a convertir los dos carriles de salida en uno de entrada y en otro de salida solo para las guaguas. Y para abandonar San Andrés, los demás vehículos deben hacerlo por el interior del barrio, lo que también ha provocado la preocupación de los vecinos de la zona y de los visitantes por el "peligro de atropello
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/17/costas-desmarca-escollera-precisa-san-andres-evitar-oleaje/345890.html



ESTO DE COSTAS, ES DE JUZGADO DE GUARDIA. En primer lugar, son sus competencias. Y esta obra hay que realizarla cuanto antes, y no gastar el dinero en playas artificiales, realizadas en desembocaduras de barrancos, que cada vez que llueve, se las lleva el agua. NO TIENEN UN EURO PARA OBRAS, PERO SE PLANTEAN TERMINAR DE DERRIBAR CHO VITO. CUANTO EMPEÑO PARA UNAS COSAS Y CUANTA DESIDIA PARA OTRAS.

El CCN de Valle Gran Rey critica al alcalde por mentir a los vecinos afectados por la Ley de Costas

El candidato del Centro Canario Nacionalista (CCN) a la Alcaldía de Valle Gran Rey, Federico Bacallado, defendió el pasado sábado su programa electoral de cara a los comicios del próximo 22 de mayo.
Bacallado incidió en la defensa realizada por el CCN a los vecinos afectados por la Ley de Costas y la reclamación de la modificación del Plan General de Ordenación. En esta línea, José Luis Langa, secretario de Acción Jurídica del CCN, criticó al alcalde por mentir a los vecinos y aprobar a sus espaldas el PGO, dejando centenares de viviendas fuera de ordenación.
En otro orden de cosas, el candidato centro nacionalista explicó la necesidad de acometer un profundo Plan de Barrios, dotar de infraestructuras al puerto para mejorar el funcionamiento de las líneas marítimas, promover mejoras en el sector pesquero, reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles, reubicar el centro de mayores y crear una guardería. Además, Federico Bacallado criticó “las acciones electoralistas de última hora que lleva a cabo el alcalde”.
El candidato estuvo también acompañado por Pedro Medina, candidato al Cabildo, quien explicó las principales líneas de actuación proyectadas por su partido para crear empleo, a través del apoyo del tejido empresarial y el fomento turismo mediante la potenciación del aeropuerto.
También el presidente del CCN de Tenerife, Melchor Núñez acudió a apoyar al candidato del CCN. Núñez destacó la experiencia política de Bacallado, recordando que fue Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y alabó su honradez y su capacidad de lucha.
Núñez recordó además que los otros tres candidatos que concurren a las elecciones integraban hasta hace poco el mismo partido, en un claro ejemplo de que “quieren mantenerse en el poder”.
http://www.gomeranoticias.com/article/el-ccn-de-valle-gran-rey-critica-al-alcalde-por-mentir-los-vecinos-afectados-por-la-ley-de-c

Acoso y derribo a los desamparados

El dueño del estero de pescado de la salina anexa al parque de Los Toruños se enfrenta a una posible retirada de la concesión por unos supuestos incumplimientos mientras le han vuelto a embargar

Nos espera tras la verja. Como siempre, está cargado de papeles, carpetas y más carpetas con documentos que resumen la lucha que libra desde hace ya más de una década intentando sobrevivir al frente de uno de los pocos esteros extensivos de pescado que quedan en la provincia. En la salina de Nuestra Señora de Los Desamparados, en término de Puerto Real, en pleno Parque Natural de la Bahía de Cádiz, junto a Los Toruños.

José María Jiménez Derqui, el dueño, ha decidido cambiar de estrategia. Harto ya de esperar que haya resolución a su demanda de que revisen los cánones que la Demarcación de Costas le ha venido girando por su explotación, y que no abona al considerar que está exento de pago por ser propietario antes de que entrara en vigor la ley que regula la ocupación de la zona marítimo-terrestre, ha decidido pasar al ataque. Y es que, desde que hace ya algo más de un mes que denunció su situación a este diario, el conflicto, lejos de resolverse, se ha recrudecido.

No sólo le han vuelto a embargar, por no pagar unos cánones que además considera excesivos, sino que, para colmo, entre medias, se ha enterado de que, sin su conocimiento, técnicos de Costas efectuaron una visita a las instalaciones, que culminó en jaque al rey: un informe en el que se propone que le sea retirada la concesión, alegando unos supuestos incumplimientos.

Por eso ha organizado, en una suerte de jugada para neutralizar el jaque, una excursión a su salina para intentar mostrar sobre el terreno que nada de lo que le recriminan es cierto. Que él ha cumplido escrupulosamente con los requisitos de la concesión.

La primera, en la frente. Nos montamos en el coche y se lanza al ataque. "El camino debiera tener tres metros para que la superficie de rodadura fuera de 2,60 metros. Y como mucho, tiene 1,70: insuficiente para que entren a la vez un coche y una bicicleta", espeta. Lo dice con intención, porque por su salina, como hay que recalcar, en pleno parque natural, discurren senderos y carriles habilitados para el uso por parte de los visitantes.

Estamos en periodo de captación de alevinaje y las compuertas están abiertas. El agua entra y sale. Pasamos por la partida D. Todo parece en orden. Continuamos por la C . Estamos en el punto sur, donde, denuncia, "personal del Parque ha puesto una valla que corta todo el camino". Ocho módulos de jaula de león que seccionan de cuajo el recorrido.

Nos dirigimos a la partida B, donde está la zona prevista para el lago de pesca, precisamente una de las cosas que en el informe de Costas, se recoge como incumplimiento. Una instalación que no ha hecho, explica, "porque lo impide el alevinaje natural y además, no se pueden hacer obras por ser una zona de especial protección". "Me echan en cara que no he hecho actuaciones que me comunicaron en documentos hace ya años que no podían hacerse. Esto es luchar contra la sinrazón".

Nos cruzamos con varias gaviotas, "el peor bicho que hay para los peces", murmura entre dientes, mientras sigue soltando documentos. "Con esta gente, como no tengas papeles", ... se disculpa por la avalancha.

Ha llegado el momento de su enroque particular. "Aquí las administraciones no han dejado de hacer obras ilegales. En la zona norte, el relleno para el puente San Alejandro. Y en la zona oeste, un embarcadero en ciernes".

Para colmo, en su listado de incumplimientos, figura que la casa salinera sigue en el mismo estado de semirruina. Se trata del famoso edificio para cuya restauración la Junta organizó una ceremonia de colocación de primera piedra a la que nunca le ha seguido ni un ladrillo más. También denuncian, para quitarle la concesión, que hay montoneras de tierra por los caminos. Enormes dunas de arena que provocan un gran impacto paisajístico que el dueño de la salina asegura que dejó allí personal de Costas, cuando iban a ser utilizadas para rellenos de playas hasta que se desechó al considerar que no eran de buena calidad.

Un curioso detalle parece inclinar a priori la balanza a su favor: al informe realizado en su contra le han adjuntado planos con fotografías aéreas nada menos que de los años 90 y 91, al menos seis años antes de que solicitara a Costas la concesión.

Desde la Demarcación , como ya ocurrió con el primer artículo, han declinado pronunciarse sobre el asunto. "Nosotros hemos cumplido exactamente con lo establecido. No tenemos nada que decir", indicó un portavoz a este diario.

Entre medias, se ha producido el traspaso de competencias a la Junta de Andalucía, desde donde al menos, en principio, parecen partir una lanza a favor del industrial pesquero. "El informe en el que se propone retirarle la concesión es anterior al traspaso, y en cualquier caso, deberá decidir sobre el asunto la Dirección General de Pesca (dependiente de la Consejería del ramo). Con independencia de ello, en la delegación de Medio Ambiente estamos a favor de la actividad económica que se realiza en la salina. Está en perfecta armonía con los valores que intentamos defender desde el Parque". E incluso han ido más allá al asegurar que "la salina cumple escrupulosamente con el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) y tiene todas las autorizaciones pertinentes", admitieron. "Apostamos por su supervivencia y nos interesa que allí haya un estero, porque eso significa que la zona no está abandonada. Además, tiene un sendero de uso público".

Resta por ver si este pronunciamiento a favor se va a traducir en una apuesta decidida por solucionar el enquistado conflicto. La supervivencia de una actividad en franco peligro de extinción depende de ello.
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/975163/acoso/y/derribo/los/desamparados.html

¿Estrategia embrollada?

Puede, la de Teguise en el improcedente deslinde de Los Dises-Caleta Famara, aunque, naturalmente, respeto la libertad del Ayuntamiento de proceder al modo que le dicten sus técnicos jurídicos. Sin embargo, mi criterio difiere de la estrategia contra el impensable deslinde efectuado por la Jefatura de Costas de Canarias, confirmado por la Ministra de Medio Ambiente en la Orden Ministerial del 3 marzo 2011, pues la defensa debe dirigirse a la inmediata efectividad de la anulación del improcedente deslinde con el máximo ahorro dinerario público y privado. Me explico:
El Ayuntamiento de Teguise, sorprendentemente, acordó en Pleno celebrado el 4 actual interponer Recurso Contencioso Administrativo, elaborar un estudio geotécnico, pedir la colaboración económica del Cabildo y suministrar a los afectados un modelo de Recurso de Reposición. Aparte de que el acuerdo, al menos para los propietarios afectados, llegó tarde por vencimiento del plazo para recurrir, supongo que los fundamentos donde se ampara el mismo son inapropiados; o sea, que la tesis de la defensa adoptada no es la correcta según interpreto del examen de la Ley de Costas y su Reglamento. Tengo claro que con el sistema tradicional del deslinde de 100 metros y otros 100 más en su caso, tal como establece el art. 23 de la Ley 22/1988 de Costas, no es legítimo el deslinde los Dises-Caleta, pues la profundidad del mismo en el interior de la Isla supera los dos mil metros. El artículo 22 de la Ley 22/1988 de Costas y los artículos 41 y 42 del Reglamento para su aplicación, regulan un procedimiento especial “para la protección de determinados tramos de costa” de aplicación obligatoria para el caso los Dises-Caleta. Y pregunto ¿porqué Costas no aplicó ese literal procedimiento?. La conclusión es fácil de entender: los artículos precitados establecen un sistema de veto que el Ayuntamiento pudo aplicar contra la decisión de Costas de deslindar la zona que nos ocupa, por lo que supongo que Costas para salirse con la suya, al objeto de deslindar por encima de todo, a lo macho, sin respetar la legislación vigente, aplicó, en presunto fraude de ley, en la zona los Dises-Caleta, el supuesto de deslinde tradicional hasta 100 metros establecido en los artículos 11 y 12, en relación con los 3, 4 y 5 de la Ley de Costas, en lugar de utilizar el previsto para este caso de costa por encima del limite de los 100+100 metros desde el límite interior de la ribera del mar, el reglado en el art. 22 de la Ley 22/1988 de Costas y los 41 y 42 del Reglamento para este tipo de “protección de otros tramos de costa”. Por tanto, lo que corresponde en este caso, en principio, es que el Ayuntamiento requiera previamente al Ministerio (lo prevé el artículo 44 de la Ley Contencioso Administrativo y aun dispone de plazo) “para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, por la supuesta ilegalidad del método aplicado”, no previsto por la Ley para este tipo de “protección de determinados tramos de costa”, y por tanto, con probable comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa por la Ministra de Medio Ambiente al dictar una Resolución presuntamente ilegal “a sabiendas de su injusticia”.
Por Ramón Pérez Hernández
http://www.cronicasdelanzarote.es/spip.php?article34148