Ocho municipios trabajan para salvar sus 22 barrios costeros

Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, La Matanza, Güímar, Candelaria, El Rosario y Arafo tienen tres meses para intentar justificar la legalización de sus núcleos

Un total de ocho municipios de Tenerife han comenzado a trabajar desde que se aprobó la nueva Ley de Costas en el Senado, el pasado día 24, para intentar legalizar los 22 barrios pesqueros de la Isla afectados por la normativa. Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, La Matanza, Güímar, Candelaria, El Rosario y Arafo deben presentar en tres meses la documentación que demuestre que los núcleos costeros se adaptan a la futura disposición, que se prevé que sea ratificada por el Congreso de los Diputados la próxima semana.

La reforma legislativa plantea la rebaja de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros en casos determinados, de la que podría beneficiarse las poblaciones que cumplan una serie de requisitos, algunos de ellos incorporados ahora. Las alternativas para poder regularizar los terrenos son dos. Primero está el caso de los municipios que no tuvieran planeamiento en 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas que ahora se modifica.

En ese caso, podrán legalizarse los barrios que, a pesar de no estar en una zona clasificada como suelo urbano, cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y que, además, un tercio de su superficie está consolidada. La segunda opción, contemplada por la antigua norma de 1988, estipula que dos terceras partes de estos espacios deben estar edificados en el Plan General de Ordenación de los municipios.

Según explica la senadora del Partido Popular María de Aro, no hace falta cumplir con todas las condiciones, sino que solo bastaría con ajustarse a una de las alternativas. El Estado pretende "flexibilizar" la Ley de Costas, porque los planes generales de ordenación de la mayoría de los municipios de las Islas afectados "no habían declarado esas zonas como suelo urbano", señala De Aro.

Esta reforma "no es automática", ya que los ayuntamientos deben acreditar en tres meses que los núcleos cumplen con los requisitos para que, a continuación, el Gobierno central determine en un plazo de 18 meses si acepta o no la declaración. En caso de que no dé una respuesta, significa que la resolución es favorable para el barrio pesquero. "Tampoco significa que se permite en dominio público cualquier urbanización edificada después de 1988", porque lo que pretende la nueva normativa es "la protección de los núcleos antiguos", agrega la senadora popular.

Esta ley, sin embargo, es igual para todo el país y para hacer la reforma no se ha tenido en cuenta las singularidades históricas, culturales y etnográficas de los barrios costeros del Archipiélago, mientras que la normativa sí ha salvado de las palas a una decena de barrios pesqueros de la Península, según denuncia el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, y otros senadores isleños, como Narvay Quintero.

Langa defiende no solo la singularidad de los terrenos que hay en el Archipiélago (un total de 672 casas afectadas por la normativa en Tenerife, algunas de ellas con sentencia firme), sino también aboga por "poder contar con la gestión de servicios sobre Costas en Canarias, como ya tienen otras comunidades como Cataluña". La finalidad es que no se repita la misma situación sufrida el pasado 17 de noviembre en Cho Vito (Candelaria), cuando las palas derribaron las últimas nueve viviendas que quedaban en ese núcleo costero.

http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/04/ocho-municipios-salvar-22-barrios-costeros/473534.html

UNA LEY DE COSTAS, PARA LOS PODEROSOS.El hotel Oliva Beach se salva con la Ley de Costas

El establecimiento de Corralejo obtendrá una nueva concesión de uso de hasta 75 años según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

La reforma de la Ley de Costas permite que el Hotel Oliva Beach, en Corralejo, obtenga una nueva concesión de uso de hasta 75 años, según ha indicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al senador por Fuerteventura Claudio Gutiérrez, indica el PP en un comunicado.

Esta posibilidad de la empresa de acogerse a una prórroga la ha conocido el senador majorero en una reunión celebrada en Madrid en la que también estuvo presente el director general de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra.

El PP de Fuerteventura recuerda que el 12 de abril de 2007 se dictó por el Ministerio, de mutuo acuerdo con el concesionario, una resolución que modificaba la Condición Particular 1ª de la Orden Ministerial de 8 de julio de 2003, por la que se otorgó la concesión administrativa, reduciendo la concesión a diez años desde la resolución.

Además, se añadía que los gastos de demolición, levantamiento y desescombro de las instalaciones, objeto de la concesión, correrían a cargo de la entonces Dirección General de Costas y el plazo de vigencia de la concesión vencía el 13 de abril de 2017.

En la reforma de la Ley de Costas, que ya ha sido aprobada por el Senado y remitida al Congreso, el artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior y que tendrían que expirar a partir del 2018.

Gutiérrez ha señalado que "fue una solicitud hecha al Ministerio desde el primero momento y ahora es la empresa la que debe tramitar ante el Ministerio la ampliación de esta concesión", y espera "que las autoridades locales y regionales no pongan trabas para la ampliación de esta prórroga tan importante para la economía del municipio".

El senador mantuvo ayer miércoles un encuentro con integrantes de la Plataforma Salvar el Oliva Beach para trasladarles la información remitida por el Ministerio cumpliendo "un compromiso que adquirí con estos trabajadores para llevar a Madrid sus reclamaciones e intentar salvar el Hotel Oliva Beach".

En el comunicado, los populares han recordado que este mítico establecimiento hotelero, inaugurado en 1977, emplea a 400 personas y cuenta con casi 2.000 camas y una media de ocupación del 80% anual, con unas 600.000 estancias cada año.

Por otro lado, el Partido Popular de Fuerteventura ha asegurado no olvidarse de los barrios costeros de la isla afectados por la Ley de Costas de 1988 y han indicado que, una vez que se apruebe la reforma de la ley en el Congreso de los Diputados, tienen prevista una reunión con los afectados y los ayuntamientos. (PARA QUE SE REUNEN CON LOS AFECTADOS, CUANDO NO HAN HECHO NADA PARA DEFENDERLOS.)

El objetivo de esta reunión a la que asistirán además del senador majorero, la senadora por La Palma, María de Haro, y la diputada nacional Celia Alberto, es dar a conocer el nuevo texto y las posibilidades que ofrece a los propietarios de las viviendas afectadas por la normativa de 1988.

"A partir de la aprobación de la reforma de la Ley de Costas, los ayuntamientos dispondrán de tres meses para regularizar sus núcleos costeros amenazados", ha asegurado Gutiérrez.

Según los populares, si a los 18 meses de su petición el Ministerio no contesta, se entenderá que es favorable su legalización.

Jacomar, Puerto Lajas, El Puertito, Los Molinos, Majanicho, Pozo Negro, Giniginámar, Las Salinas, Ajuy y Cueva La Negra son los principales pueblos costeros afectados por Ley de Costas del año 1988.

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/el-hotel-oliva-beach-se-salva-con-la-nueva-ley-de-costas/20130502144938402908.html

NINGUNO DE ESTOS PUEBLOS COSTEROS DE FUERTEVENTURA, SE SALVAN DE LA PIQUETA CON LA NUEVA LEY.

Todos somos Cho Vito”

Todos somos Cho Vito” fue un eslogan que nació en 2006 cuando se conoció por sentencia firme que el pequeño poblado de la costa de Candelaria tenía que ser demolido por ocupar el dominio marítimo terrestre.

“Yo también soy Cho Vito” fue una frase que incorporó la entonces presidenta del Partido Popular en Tenerife, Cristina Tavío, y muchos de sus dirigentes, para posicionarse ante lo que ellos, entonces, creían un atropello a una veintena de familias que iban a ser desalojadas por las palas mecánica.

Siete años después, consumado el derribo, solo José Fernando Gómez, portavoz todavía del PP en Candelaria, y afiliados de esa agrupación municipal, mantienen viva la llama de aquel espíritu de resistencia. Precisamente su defensa, ante los últimos derribos en noviembre pasado, le llevó a pedir la dimisión de la delegada y subdelegado del Gobierno, lo que a la postre le ha llevado a ser expulsado -pendiente de su recurso- de un partido que lejos de cambiar la Ley de Costas, como les prometió a muchos vecinos de Tenerife, ha ha dejado en un limbo jurídico que mantiene la incertidumbre entre miles de ciudadanos en Canarias.

Para José Fernando Gómez, el derribo de Cho Vito fue un “engaño, abuso de poder, violación de derechos constitucionales y desamparo” para los afectados. También aseguró, en aquella rueda de prensa que le costó la expulsión del PP, sentir “rabia e impotencia porque su partido se comprometió con el colectivo vecinal a intentar resolver el problema creado por el Gobierno socialista”.

Hoy, paradójicamente, el único cadáver político que puede dejar la sentencia de Cho Vito, es el de José Fernando Gómez; es evidente, que ahora, los otros ya no son Cho Vito.

Pero el ejemplo de resistencia del pequeño núcleo costero de Las Caletillas sigue muy presente entre los afectados por la Ley de Costas y así una disposición transitoria incluida en la nueva Ley abre una esperanza para salvar muchos de los poblados canarios, ahora amenazados por esta normativa, pues contempla la posibilidad de que queden exentos de la servidumbre pública aquellos núcleos que demuestren que cuentan con los servicios mínimos de cualquier población, como alumbrado, alcantarillado e infraestructuras. “Ahora tenemos que demostrar la realidad de Canarias y lo que siempre hemos dicho, su singularidad”, indicó hace unos días el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa, otro de los que ha quedado desamparado ante el PP, pues en más de una ocasión manifestó que “su llegada nos traerá la luz”.

Pero la reforma de la Ley de Costas ha causado tanta inquietud que incluso en aquellos núcleos con sentencia del Supremo a favor, como es el caso de El Tablado, Punta Prieta, La Caleta y La Puente, en el litoral guimarero de Agache, hoy no están tranquilos. Celso Marrero, vecino de La Puente, recordaba que “el Ayuntamiento tiene que cambiar el mojón de servidumbre que existe desde los años 40, como recoge el PGO de Güímar”.

El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, calma a sus vecinos y les recuerda que “el Ayuntamiento derrotó a Costas en el Supremo y no hay problemas”, aunque no esconde su extrañeza al no atenderse “la singularidad canaria” en la reforma de la ley

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La Ley de Costas arrasa Canarias

Decenas de núcleos tradicionales costeros podrían acabar siendo demolidos

La reforma de la Ley de Costas, a punto de ser aprobada tras su paso por el Senado, puede suponer el derribo de al menos setenta núcleos de población canarios, algunos de ellos con casas de más de doscientos años de antigüedad. Mientras que en la península y Baleares se salvarán miles de viviendas irregulares, pueblos enteros y toda la isla de Formentera, la ley se ensaña con Canarias, que no ha conseguido la amnistía para ninguno de sus asentamientos históricos

“Aquí va a pasar como con los desahucios; hasta que no empiece a suicidarse la gente, no cambiarán la ley”. Antonio Alonso, miembro de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), no encuentra mejor manera de ilustrar qué efectos va a tener la modificación de esta norma en las Islas Canarias. Según sus cálculos, en el archipiélago hay unas 10.000 edificaciones afectadas, repartidas en 109 núcleos costeros tradicionales, de los cuales más de setenta están seriamente amenazados por la piqueta. Todos, en mayor o menor medida, incumplen la nueva normativa, cuya modificación más relevante es la reducción de 100 a 20 metros de la zona de servidumbre de protección. Esto, que se ha interpretado como una amnistía para cientos de edificaciones y que puede abrir la puerta a un nuevo ladrillazo en toda España, apenas afectará a los núcleos costeros tradicionales canarios, muchos de los cuales tienen casas construidas dentro del deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, algunas con sentencia firme de derribo dictada por el Tribunal Supremo. Ejemplo de ello son los barrios de Tufia y Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria), donde distintas autoridades canarias están presionando para que al menos se retrase la demolición hasta que los propietarios no sean realojados.

El senador de El Hierro por CC, Narvay Quintero, ha intentado introducir, entre otras enmiendas a la ley, una que recogiera el valor etnográfico, arquitectónico e histórico de muchos de estos núcleos poblacionales, pero no ha conseguido su propósito. “Hay un claro agravio comparativo. En la reforma figuran hasta doce pueblos indultados en la península con similares condiciones que otros canarios. Hace unos días metieron con calzador Moaña, en Pontevedra, y Xilxes, en Castellón, mientras que no se salva ni un solo pueblo del archipiélago. Se están riendo de nosotros”, señala el senador herreño.

  Precisamente, la isla El Hierro reúne similares características que Formentera, ‘amnistiada’ en la nueva normativa “debido a su especial configuración geológica”. “No pretendemos que quiten ese estatus a Formentera, pero también se lo podían dar a El Hierro”, añade Quintero, que no sólo carga las tintas contra el Gobierno central: “Los políticos canarios tenemos nuestra parte de culpa por no haber hecho la defensa necesaria de las poblaciones afectadas”. No duda, por otra parte, que el hecho de que no haya un pacto de Gobierno entre el PP y CC “ha influido decisivamente en que Canarias se vea perjudicada frente a otras comunidades.

Del valor etnográfico de sus casas dan cuenta Montserrat Acosta y Daniel Morales, presidenta y secretario de la Asociación de Vecinos del Pozo de las Calcosas, un asentamiento de El Hierro que cuenta con edificaciones de más de doscientos años de antigüedad a pie de mar y que está condenado a desaparecer si se aprueba la nueva normativa.

“Hemos intentado mantener el estilo arquitectónico tradicional, construyendo las casas con piedra, madera y colmo, la paja del centeno. No son casas de residencia habitual sino que se ocupan un mes al año, en agosto, con la llamada ‘mudada’, un cambio de residencia estacional que se viene practicando en El Hierro desde el siglo XVII”, afirma Montserrat. Salvo dos o tres construcciones, todas datan de antes de 1988, fecha en que se aprobó la Ley de Costas. En principio, deberían quedarse en pie, pero no cumplen ninguno de los dos requisitos que contempla la nueva normativa: que antes de esa fecha tuvieran agua, luz, acceso rodado y sistema de evacuación de aguas residuales; o bien, que al menos un tercio de la zona afectada estuviera considerado como núcleo urbano consolidado. El acceso rodado no existe: “todo lo hemos bajado a mano, durante años, los vecinos del Pozo”, dice Daniel, cuya familia lleva tres generaciones allí instalada. Además, el Pozo está calificado como suelo rústico y ninguna de ellas es primera vivienda. Hay edificios que tienen abierto un expediente de recuperación posesoria, trámite previo a la orden de demolición. Y también otros, que aún siendo legales, rompen con sus paredes de cemento y sus ventanas de aluminio el aspecto tradicional de todo el entorno.

Tenerife, la más afectada


De toda Canarias, la isla de Tenerife es la que cuenta con mayor número de núcleos afectados por la Ley de Costas. Uno de ellos, Bocacangrejo, antiguo barrio pesquero de El Rosario, sigue dando cobijo a 930 vecinos, gente en su mayoría de origen muy humilde que habita en su primera y única vivienda. Todos pagan contribución urbana, muchos tienen escritura de propiedad anterior a 1988 y algunos, como Isaura Cruz, llevan allí más de 70 años. Su casa, una cueva habilitada como vivienda, llega casi al borde del mar. “¿Por qué me van a echar ahora? – se pregunta– Al menos, que me den un cuartito donde no estorbe hasta que me muera”. Más claro lo tiene su vecino Rafael, un pescador retirado que también habita una cueva al pie de una pequeña caleta: “Esta es mi vida. Si me vienen a echar, antes me rajo el cuello y aquí me quedo para siempre”. Muchas de las casas de este enclave invaden el dominio público marítimo terrestre y tienen los días contados. Pero no deja de sorprender que, pese a que lo prohíbe la ley vigente, aún se siguen construyendo casas situadas dentro de la servidumbre de protección. “Les ponen alguna multa, pero no las tiran”, asegura Estéfana, presidenta de la Asociación de Vecinos de Bocacangrejo.

Pocos kilómetros más al sur se alza Radazul, una urbanización de alto ‘standing’ donde cambia totalmente la situación: “Aquí se permitió, pasado 1988, que se echara relleno al mar (una medida prohibida por la Ley), a fin de ganar unos metros y que muchos edificios quedaran fuera del deslinde del DPTM. Costas debería explicar por qué lo autorizó”, asegura Antonio Alonso. Una hábil estrategia a la que hay que sumar la destrucción de medio acantilado para encajar en él diez edificios de más de ocho plantas.

 La mayoría de los afectados se quejan de que, mientras ven peligrar sus casas, decenas de hoteles ubicados por todas las costas canarias podrían ver ampliada a 75 años su concesión. Un caso muy ilustrativo es el del Oliva Beach, en plenas dunas de Corralejo (Fuerteventura), que lleva años pleiteando sobre su legalidad. Y ahora incluso con el apoyo de senadores como el socialista Domingo Fuentes Curbelo, preocupado por salvar “los más de 400 puestos de trabajo directos y muchísimos indirectos” que dependen de este hotel, tal como afirmaba hace unos días en el diario, La Provincia.

Doble Rasero.

En El Médano (Granadilla, Tenerife), se alza el hotel del mismo nombre, con toda su terraza sostenida por unas columnas que se adentran en el mar. Costas dio permiso para arreglarlas ante el riesgo de derrumbe. Así lo afirma el actual dueño del edificio, Álvaro Alcalá Galiano, que alega gozar de una concesión “muy anterior a la ley de Costas y que era por tiempo ilimitado”. Un asunto que tienen recurrido ante los tribunales. “El caso está sub iúdice, y andamos a la espera de lo que ocurra con la reforma de la ley. Se habla de que podrían ampliar la concesión 75 años más. Aparte, aquí nadie quiere que se tire el edificio, pues mantiene comercialmente a todo El Médano”, dice el hotelero.

Unos metros más allá del hotel, en toda la línea de casas que invaden el deslinde del DPTM –y que también podrían ser derribadas–, se puede ver estos días cómo una empresa constructora está rehabilitando una casa recientemente adquirida por una propietaria rusa. Algo que contrasta con muchas otras edificaciones de Tenerife, condenadas a la ruina precisamente por la prohibición de Costas de hacer obras de rehabilitaciónn, con la excusa de que están invadiendo el DPTM.

Es el caso del barrio marinero de El Caletón de La Matanza, donde viven unas 120 familias y donde está planeado, además, la construcción de un paseo marítimo que afectará a casas que, en principio, podrían haberse salvado tras la aprobación de la nueva ley de Costas.

“Nos quieren tirar por feos”, dice Elena Hernández, propietaria de una casa comprada en 2003 y representante vecinal del Caletón. “La casa es anterior a 1988 y se podría salvar, pero ahora, con el proyecto del paseo, y con el deslinde recurrido, puede peligrar nuestro futuro y el de muchas otras edificaciones”, asegura. Frente a su terraza, y literalmente colgadas de un acantilado, se ven las ruinas de un inmenso edificio destinado a apartamentos que no se terminó por la quiebra de la constructora: “Se están cayendo los paneles de hormigón al mar, con el peligro que eso conlleva. Y sin embargo Costas no hace nada”, añade Elena.

Su marido, Eduardo, es abogado y lleva años luchando por defender a las familias de El Caletón. Como tantos otros dueños de casas anteriores a la ley de Costas de 1988, tiene muy claro que el desalojo podría suponer “una vulneración del derecho de propiedad, que es un derecho fundamental

A falta de su definitiva aprobación en el Congreso y el posterior desarrollo del reglamento, la reforma de la Ley de Costas podría suponer una vuelta al ladrillazo en detrimento de muchos de estos núcleos costeros tradicionales. Así lo afirma Carmen del Amo, presidenta de la AEPLC: “Toda la costa está programada. Existen nuevos proyectos en los que es imprescindible la desaparición de los poblados tradicionales costeros”. No parece andar desencaminada. Antonio Alonso asegura tener constancia de distintos proyectos de campos de golf en el litoral norte de Gran Canaria, “que estarán ubicados más allá de los veinte o cien metros que marquen la servidumbre de protección, y serán legales, pero no quieren tener la mala imagen de nuestros viejos poblados costeros en primera línea de playa”.

El triste ejemplo de Cho Vito

El futuro de muchos núcleos costeros canarios se refleja en el triste presente de los vecinos de Cho Vito, un barrio del municipio tinerfeño de Candelaria cuya demolición fue portada de todos los medios informativos.

Las últimas casas fueron derruidas el pasado mes de noviembre; entre ellas la David, tataranieto de Cho Vito, fundador de este enclave. “Mi hijo sigue pagando a duras penas el crédito que pidió por amueblar la casa que le han tirado”, dice José Antonio Luis, su padre, también desalojado de una casa aledaña.

 Mientras las autoridades insulares presumen del nuevo paseo marítimo construído donde se alzaba el barrio marinero, sus antiguos moradores siguen clamando justicia. Como única indemnización solo consiguieron que les pagaran un alquiler social por veinticuatro meses. “Hemos pasado de ser propietarios a vivir de la caridad de la administración”, dice Soledad, una de las desalojadas de lo que fue su primera vivienda, con escritura pública incluida. Como ella, muchos otros vecinos tienen recurrido el derribo de sus casas y han llevado el asunto a la Comisión Europea. Una vez se pronuncie, llevaran su caso al Tribunal de Justicia Europeo.

 No deja de ser chocante que la administración local siga cobrándoles, por su casa derruida, el recibo del IBI, y que tengan que declararlo a Hacienda. “Implícitamente están reconociendo nuestros derechos. Ellos sabrán”, ironiza Sole mientras posa junto a una pequeña gruta en lo que fue la cocina de su casa-cueva.

REPORTAJE DE CARLOS BARRIO.
INTERVIU. 29 ABRIL 2013

 

LE MONDE..ESPAÑA, UNA PROTECCION DEL LITORAL A LA CARTA

Antonio Banderas puede respirar. El municipio de Marbella, Andalucía, ha acordado modificar su plan urbano,peotegiendo a la casa del famoso actor español , que se convierte en términos legales. A cambio, él le dará una parte de su "jardín" de 1.200 m2, situado en la playa. La casa suntuosa que compró en 1997 se había construido dos años antes con una licencia ilegal concedida por un alcalde corrupto.

Su caso no es aislado. Miles de casas en la costa española, también en el ámbito de una orden de demolición  se salvaran . Pretexto para no aumentar aún más los problemas económicos del país, el parlamento español aprobará la próxima semana una profunda reforma de la Ley de Costas de 1988.


La reducción de la franja de costa protegida, que pasa de 100 metros a 20 metros de la orilla, la amnistía o la extensión de la moratoria sobre las casas costeras ilegales, el aumento de la protección de solución salina o el aumento de la duración de las licencias concedidas a algunas cabañas son algunas de las disposiciones de esta nueva ley. "Estamos ciegos si no vemos que la costa es un motor de inversión", Cortes, 24 de abril, el senador del PP Enrique López Veiga.

FIN DE ESCUDOS

Aprobado bajo el gobierno socialista de Felipe González, la "Ley de Costas" de 1988 prohíbe la construcción de una franja apartir de 100 metros de la orilla. Sin embargo, ha estado  siendo violadda hasta que en 2004, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la puso en uso y decidió aplicar la expropiación sin indemnización de los propietarios afectados. Aquellos que adquirieron sus hogares antes de 1988, legalmente, han perdido su título, conservando el derecho a residir allí todavía sesenta años, Mientras que las casas construidas despues de 1988 comenzó a ser simplemente destruidas

.Decir que la ley ha suscitado la protesta de los propietarios a menudo alemanes, británicos y suecos ... Apelaciones se presentaron ante los tribunales españoles, sino también ante el Parlamento Europeo. Pero si el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy era resolver este problema, que afecta a cerca de 250.000 hogares, sin embargo, parece haber fracasado.

Su reforma no sólo afecta  a los propietarios de las casas construidas en el dominio público, lo que sin duda tiene una nueva moratoria de setenta y cinco años máximo, pero no va a conseguir su título. "Para nosotros, esta ley no cambia el problema principal, la confiscación de la propiedad privada, lo dice Carmen del Amo, Presidente de la Asociación Europea de Víctimas de la Ley de Costas (AEPLC). En cambio, ha aumentado nuestra inseguridad jurídica, dejando al gobierno decidir  que casas libra de la ley y el tiempo antes de la destrucción de los demás ".


"AÑOS DE LUCHA EN BASURA"

La nueva ley prevé una serie de amnistías en condiciones consideradas opaca por las asociaciones. Doce áreas marinas serán amnistiados, incluyendo la marina de Empuriabrava, Girona (Cataluña), Moana Pontevedra (Galicia) o Punta Umbría, en Huelva (Andalucía). La razón dada por el Ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, Ángel? "Son núcleos completamente urbanizada viviendas, las tierras que han perdido sus características naturales del espacio y de la costa."


"El gobierno ofrece amnistía a la salvaje destrucción, Greenpeace denuncia Pilar Marcos. Fueron años de control del medio ambiente a la basura." Greenpeace ha elaborado un informe con la relación de los diferentes cuadros del PP con las empresas que se benefician de los cambios legislativos. Otros se preocupan por la rentabilidad del modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria que llevó a la crisis. Y recuerda que casi el 44% de los españoles ya están presionando al 7% del territorio que representan las zonas costeras.


Pero la ecología no es una prioridad para el gobierno, que se ha derretido el Ministerio de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura. Lo demuestra reciente proyecto para construir un gasoducto bajo el Parque Natural de Doñana, Andalucía, la exploración de petróleo en las Islas Canarias o de la venta de 57 montañas y colinas públicas en Castilla-La Mancha

http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/04/29/en-espagne-une-protection-du-littoral-a-la-carte_3168126_3214.html