Un total de ocho municipios de Tenerife han comenzado a trabajar desde que se aprobó la nueva Ley de Costas en el Senado, el pasado día 24, para intentar legalizar los 22 barrios pesqueros de la Isla afectados por la normativa. Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, La Matanza, Güímar, Candelaria, El Rosario y Arafo deben presentar en tres meses la documentación que demuestre que los núcleos costeros se adaptan a la futura disposición, que se prevé que sea ratificada por el Congreso de los Diputados la próxima semana.
La reforma legislativa plantea la rebaja de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros en casos determinados, de la que podría beneficiarse las poblaciones que cumplan una serie de requisitos, algunos de ellos incorporados ahora. Las alternativas para poder regularizar los terrenos son dos. Primero está el caso de los municipios que no tuvieran planeamiento en 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas que ahora se modifica.
En ese caso, podrán legalizarse los barrios que, a pesar de no estar en una zona clasificada como suelo urbano, cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y que, además, un tercio de su superficie está consolidada. La segunda opción, contemplada por la antigua norma de 1988, estipula que dos terceras partes de estos espacios deben estar edificados en el Plan General de Ordenación de los municipios.
Según explica la senadora del Partido Popular María de Aro, no hace falta cumplir con todas las condiciones, sino que solo bastaría con ajustarse a una de las alternativas. El Estado pretende "flexibilizar" la Ley de Costas, porque los planes generales de ordenación de la mayoría de los municipios de las Islas afectados "no habían declarado esas zonas como suelo urbano", señala De Aro.
Esta reforma "no es automática", ya que los ayuntamientos deben acreditar en tres meses que los núcleos cumplen con los requisitos para que, a continuación, el Gobierno central determine en un plazo de 18 meses si acepta o no la declaración. En caso de que no dé una respuesta, significa que la resolución es favorable para el barrio pesquero. "Tampoco significa que se permite en dominio público cualquier urbanización edificada después de 1988", porque lo que pretende la nueva normativa es "la protección de los núcleos antiguos", agrega la senadora popular.
Esta ley, sin embargo, es igual para todo el país y para hacer la reforma no se ha tenido en cuenta las singularidades históricas, culturales y etnográficas de los barrios costeros del Archipiélago, mientras que la normativa sí ha salvado de las palas a una decena de barrios pesqueros de la Península, según denuncia el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, y otros senadores isleños, como Narvay Quintero.
Langa defiende no solo la singularidad de los terrenos que hay en el Archipiélago (un total de 672 casas afectadas por la normativa en Tenerife, algunas de ellas con sentencia firme), sino también aboga por "poder contar con la gestión de servicios sobre Costas en Canarias, como ya tienen otras comunidades como Cataluña". La finalidad es que no se repita la misma situación sufrida el pasado 17 de noviembre en Cho Vito (Candelaria), cuando las palas derribaron las últimas nueve viviendas que quedaban en ese núcleo costero.
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/04/ocho-municipios-salvar-22-barrios-costeros/473534.html
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