Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

domingo, 24 de febrero de 2013

Costas marca la línea

El deslinde costero de Santa Cruz ha traído de cabeza a muchos vecinos, sobre todo de la zona de Anaga. Con la aprobación de la nueva Ley de Costas en el Congreso, esta foto puede volver a cambiar.


Cada vez que la Dirección General de Costas realiza un deslinde, un maremoto remueve la vida de las miles de personas que tienen una casa cerca del mar.

Costas es quien marca la línea que delimita el dominio público marítimo-terrestre, el lugar donde no puede existir ninguna edificación, y también quien aprueba la servidumbre de protección.

Estos términos técnicos, en la práctica, tienen decisivas consecuencias sobre los ciudadanos. La servidumbre de protección se establece desde el lugar donde acaba el dominio público y va desde un máximo de 100 metros, en terrenos no urbanizables, a un mínimo de 20 metros en zonas urbanas.

Si existe una obra o instalación construida antes de 1988 y estas fueron autorizadas por la anterior Ley de Costas de 1969 o las que se aplicara antes, el Gobierno de la nación otorga una concesión. El máximo de dicha concesión es de 30 años prorrogable otros 3o. Cuando finaliza esta concesión, la construcción es demolida.(TAMBIEN PUEDEN RESCATAR LA CONCESIÓN CUANDO COSTAS QUIERA)

También puede darse el caso de que la vivienda esté en servidumbre de protección. La pugna entre propietarios y Costas pasa por delimitar dicha servidumbre. La ley de 1969 la establecía en 20 metros, pero la de 1988 ascendía el máximo a 100.

Si estás en servidumbre de protección también vas a tener problemas. Tu casa está fuera de ordenación y no puedes hacer nada con ella, salvo dejarla caer con el paso del tiempo.

Con una nueva Ley de Costas en ciernes, el deslinde del litoral de Santa Cruz de Tenerife puede volver a cambiar. Pero por ahora esta es la foto fija de cuál es la situación de los 58 kilómetros de costa de la capital.

Donde más vecinos hay afectados por el dominio público es en los núcleos urbanos de Anaga. De hecho, Sí se Puede presentó en noviembre una moción sobre este asunto que fue aprobada por unanimidad. En ella se solicitaba que el proyecto de ley de la nueva Ley de Costas introdujera "una enmienda en la que se reconociera la reducción de la servidumbre de protección a 20 metros para las entidades de población existentes antes de 1988 y cuyas características, por encontrarse en un ámbito rural clasificado como suelo rústico, no justifiquen su clasificación como suelo urbano".

Arcila se mostraba especialmente preocupado por los núcleos de Tachero, Roque de las Bodegas, Almáciga e Igueste de San Andrés, que son los que cuentan con una línea de dominio público más amplia (de 100 metros), a pesar de haber solicitado su reducción a 20 metros.

En el caso del deslinde entre la playa de El Burro y la de Antequera, Costas argumenta que, a la entrada en vigor de Ley de Costas, los terrenos de Igueste de San Andrés no estaban clasificados como suelo urbano en el PGO de 1957. La revisión del PGO de 1992, mantenía la clasificación de dichos terrenos como rústicos.

De hecho, critican que en el informe emitido expresamente en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no se desprende situación urbana consolidada en el núcleo de Igueste de San Andrés previa vigencia de la Ley de Costas. "Se trata de un informe ad hoc para este procedimiento, que no se apoya en ningún otro informe, certificado y cualquier otro tipo de documento que avale las manifestaciones contenidas en el mismo", asegura el informe.

Costas estima parcialmente las alegaciones de Haineto Príncipe de Anaga y dos vecinos más. Pero desestiman las de más de 35 vecinos.

Se desestiman las alegaciones de cinco elegantes y de otro más sobre los acantilados y de 30 más aparte.

La segunda parte de la moción de Sí se Puede ya se cumplió. Consistía en que el alcalde se reuniera con los parlamentarios canarios para que hicieran frente común para tratar de modificar la nueva Ley de Costas y salvar a los vecinos de Anaga. De poco ha servido.

El Partido Popular, que es quien aprobó en solitario la ley esta semana en el Congreso, asegura que la nueva norma ofrece muchas posibilidades. Ana Zurita, edil popular, reconoce que aún quedan cosas que pulir en el trámite en el Senado, pero incide en la flexibilidad de la nueva ley. Esta recoge en su disposición transitoria segunda la posibilidad de reducir el deslinde hasta 20 metros si se demuestra que los núcleos poblacionales contaban con acceso rodado, agua, evacuación de aguas residuales y energía eléctrica antes de 1988.

Ojalá sea así, porque para un vecino de Santa Cruz de Tenerife estar en dominio público significa que, más tarde o más temprano, Costas se quedara con su casa y la destruirá.

http://www.eldia.es/2013-02-24/SANTACRUZ/7-Costas-marca-linea.htm