Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

viernes, 24 de julio de 2015

El Consistorio presenta un recurso ante Costas para salvar las casas de Tachero


Bermúdez explica a los vecinos la situación y les asegura que se reunirá en menos de dos meses con el Estado para defender la legalidad de este pueblo de Anaga

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha presentado un recurso de reposición ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar para intentar consolidar la porción del núcleo de Tachero, en el Distrito de Anaga, que ha quedado excluida de esta figura jurídica, después de que este organismo informase de manera desfavorable sobre la modificación de la línea de servidumbre de una parte de esta zona del municipio.
 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, se reunió ayer con una representación de los vecinos afectados por esta decisión para poner en su conocimiento los motivos por los que Costas ha informado desfavorablemente a la legalización y explicarles que el Ayuntamiento ya ha presentado un recurso de reposición. Bermúdez explicó que en el recurso se le solicita a la Dirección General que reconsidere su decisión inicial, pues los servicios jurídicos municipales entienden que Tachero sí reúne el grado de consolidación establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 20 de mayo, al haberse acreditado este porcentaje de consolidación una vez descontados los viales, las zonas verdes existentes y las superficies de otras zonas no edificables de este asentamiento.
Además, el primer edil indicó que el Consistorio "ha estado y continuará estando, en todo momento, al lado de los vecinos de Tachero brindándole todo su apoyo". De hecho, ya les ha manifestado que tiene la "firme intención", a finales de agosto o primeros de septiembre, de abordar este tema con la directora general de Costas.

El concejal de Planificación Territorial y Medio Ambiente, Carlos Garcinuño, agregó que el Ayuntamiento "mantendrá abiertas todas las líneas de diálogo con Costas para buscar una solución a la parte de este núcleo que se ha quedado fuera de los parámetros fijados por este organismo". "A los vecinos les hemos ofrecido todo nuestro apoyo y llegaremos hasta donde nos deje nuestra capacidad de acción para defenderlos", sentenció.

Además, el edil del Distrito Anaga, José Alberto Díaz-Estébanez, mostró su confianza en que el recurso presentado "surta el mismo efecto que las alegaciones que, en su momento, presentamos para otros núcleos como Igueste de San Andrés, Almáciga y Roque de las Bodegas y que ya se han conseguido salvar gracias a los argumentos jurídicos aportados por el Ayuntamiento". "Tachero no es una excepción y no abandonaremos la lucha para tratar de salvar lo que consideramos una parte intrínseca de la historia de Santa Cruz", concluyó

http://www.laopinion.es/tenerife/2015/07/23/consistorio-presenta-recurso-costas-salvar/619339.html

miércoles, 1 de abril de 2015

Afecto de Costas hacia Canarias


En la dictadura franquista se dañó considerablemente la costa española debido a los tejemanejes de aduladores del sombrío régimen que, esquilmando el territorio, edificaron verdaderas barbaridades que condujeron a los ministros tecnócratas del Opus Dei, institución fundada por José María Escrivá de Balaguer (la santidad-exprés del aragonés no se había producido aún), a redactar, en 1969, una ley que pusiera un poco de orden en aquellos públicos disparates cometidos al arrimo de toda actividad que se moviera alrededor de El Pardo.

Bien, así las cosas, estos ministros sacaron a la luz sorprendentes medidas en la citada Ley de Costas. Entre otras, la ganancia de terrenos a la mar, la desecación de las marismas y la autorización en propiedad de determinadas zonas del litoral público. Casi todo el mundo está de acuerdo en que ciertas leyes, por las repercusiones que puedan tener en un futuro cercano o lejano, deberían ser consultadas y discutidas en un amplio debate que implique a toda la sociedad. No hay mejor fórmula para llegar a un consenso. ¿Qué hicieron los políticos de entonces? Contribuir a que el paisaje español sufriera una importante y nefasta transformación.

¿Por qué la Demarcación de Costas de Tenerife nos tiene tanto afecto? ¿Cómo es posible que en 2015 todavía dependamos de unos señores godos con corbata, residentes en Madrid y, en este caso, portadores de una cinta métrica oxidada? Los políticos canarios no han dado un paso al frente para crear la Ley de Costas Canaria gestionada por canarios, conocedores de su litoral. En los últimos días, ha surgido de nuevo el caso del hotel Médano, pero esta vez se han pasado. Quieren demoler, también, todas las viviendas y negocios que se refugian al socaire del edificio hasta el muelle. Además de los poblados conocidos, pretenden, igualmente, desbaratar ¡157! viviendas ubicadas en Tachero, Igueste de San Andrés y Almáciga, asentadas antes de 1988 (nueva ley), con lo que la zona de servidumbre marítima costera quedaba, en principio, reducida a 20 metros. Pero los señores con corbata y cinta métrica oxidada continúan midiendo desde Madrid y, con la anuencia local, rebrotan los caprichosos 100 metros a pesar de los argumentos contundentes presentados por el alcalde, José Manuel Bermúdez, que demuestran que esos núcleos urbanos tienen acceso por carretera, disponen de saneamiento, luz eléctrica y suministro de agua con anterioridad a la nueva ley citada. Estas medidas extraisleñas no se corresponden con las efectuadas en las costas peninsulares, Baleares y más concretamente en Formentera. Al contrario, el Ministerio de Medio Ambiente no ha hecho otra cosa que silenciar, desde la moqueta, las realidades históricas de nuestro Archipiélago, promoviendo conflictos que destruyen propiedades de casas y pequeños establecimientos turísticos familiares, dejando con el culo al aire a sus legítimos propietarios.

La última pirueta de Costas gira en torno al baile de los mojones del Mamotreto y a los errores que no han sido aclarados ante una petición municipal. Sintonizamos con el prestigioso arquitecto-urbanista José Ángel Domínguez Anadón, quien se pregunta: "¿Puede el responsable máximo de Costas, testigo en el juicio y como tal conocedor de la gravedad de las consecuencias, no dar explicaciones transparentes? ¿Puede, simplemente, no dimitir? Cuando la ética del funcionario cede ante la consideración única de salvar su pellejo, la función pública se degrada". Es decir, agénciense una nueva cinta métrica y cambien de procedimientos y afectos hacia Canarias. Europa ya ha llamado la atención a España por vulnerar directivas y leyes europeas, evidenciando una indudable inseguridad jurídica. No se tienen en cuenta las especificidades de estas Islas. Si entran en juego las Baleares, entonces se terminan los perjuicios, los estropicios y las damnificaciones. Aquí sí circula la cordialidad gubernamental.

http://eldia.es/criterios/2015-04-01/8-Afecto-Costas-Canarias.htm

sábado, 21 de marzo de 2015

Un mapa y fotografías aéreas para salvar 157 viviendas de la Ley de Costas en Anaga


Hace 18 meses, el Ayuntamiento de Santa Cruz eligió la “vía rápida” para justificar que las 157 viviendas ubicadas en los núcleos costeros de Roque de las Bodegas (22), Tachero (19), Igueste de San Andrés (16) y Almáciga (100) pertenecían a asentamientos urbanos ya en 1988 y que por tanto, la zona de servidumbre marítima costera se reducía a 20 metros y no a 100 como establece la normativa actual.
 
 
 Esto en la práctica supone que no habría que derribar las casas que estuvieran en esa franja de 100 metros. El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, anunció ayer que Costas respondía hace unas semanas a esta justificación pidiendo documentación adicional. “Nos piden que subsanemos una serie de documentación complementaria a la ya presentada y lo que hemos hecho es completarla incluso contratado a un geógrafo externo para que nos ayudara a hacer un levantamiento topográfico y una relación historiada de todos los inmuebles que hay en la zona, conjuntamente con fotografías aéreas de la época”. “También hemos pedido a los vecinos un último esfuerzo para presentar más documentación gráfica y documental de lo que eran estos asentamientos rurales anteriores a 1988”, añadió. Esta subsanación ya ha sido enviada.

Según Martín, “estamos muy esperanzados en que en las próximas semanas, ante la nueva aportación documental, podamos dar por fin una buena noticia a los asentamientos rurales de Anaga y garantizarles que este deslinde y esta zona de servidumbre no va a afectar a sus viviendas ni ahora ni en el futuro”. Esa confianza se basa, según el edil en que, “hemos acertado en la línea de trabajo que hemos hecho conjuntamente con los vecinos y cuyo comportamiento además ha sido ejemplar”.

La “vía rápida” para demostrar el carácter urbano de los núcleos pasa por comprobar la existencia de acceso rodado, saneamiento, luz eléctrica y suministro de agua ya en el año 1988.

 


 

Costas decidirá sobre el litoral de Anaga tras un informe municipal clave

 

La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz envió el pasado martes a la Dirección General de Costas en Madrid una amplia documentación para apoyar la condición de urbanos, antes de la Ley de Costas de 1988, de cuatro núcleos costeros de Anaga.

Desde 2002 se ha producido un intercambio de documentación entre ambas administraciones para delimitar ese carácter urbano consolidado y justificar así establecer el deslinde de la servidumbre marítima en 100 metros y no en 20, lo cual haría peligrar 157 viviendas amenazadas de derribo por ocupar espacio público. Cien en Almáciga, 22 en Roque de las Bodegas, 19 en Tachero y 16 en Igueste de San Andrés.

El pasado diciembre llegó el último requerimiento de Costas. Se han mandado desde ortofotos (fotos aéreas) de la época a datos del nivel de consolidación en 1988 de servicios urbanos básicos: acceso rodado, suministro eléctrico, saneamiento y abastecimiento de agua. Los cuatro habrían sido acreditados.

El concejal José Ángel Martín valoró ayer: "Costas nos pidió subsanar y complementar documentación respecto al expediente que mandamos hace casi ya 18 meses. Contratamos incluso a un geógrafo externo para hacer un levantamiento topográfico y una relación historiada. También pedimos un último esfuerzo a los vecinos para aportar información gráfica y documental anterior a 1988. Antes de acabar el plazo, lo enviamos a la Dirección General y esperamos las próximas semanas, tras el informe de Costas, dar la buena noticia a los vecinos. Agradezco su esfuerzo igual que a los técnicos".

Martín continuó el periplo para explicar la ITE el pasado jueves en la sede de Nube Gris de Roque Negro, con vecinos de este barrio y de otros de Anaga.

http://eldia.es/santacruz/2015-03-21/2-Costas-decidira-litoral-Anaga-informe-municipal-clave.htm

 

miércoles, 18 de marzo de 2015

Un misterio misterioso


Hay cuestiones que resultan difíciles de entender. Y lo que no se puede entender es imposible que se pueda explicar. Yo, por ejemplo, soy incapaz de explicarme a mí mismo por qué hay que tirar el hotel Médano. Porque, vamos a ver, uno coge el Google Maps, examina las costas de esta isla y no hace más que encontrarse casas tan cerca de las olas que hasta tienen lapas. En Candelaria, en el Puertito de Güímar, en El Médano, en Los Cristianos... En toda la isla hay edificaciones que están pegadas a la pleamar. A la trasera del ayuntamiento del Puerto de la Cruz, sin ir más lejos, casi le llega la espuma de las olas.

¿Se van a tirar todos estos edificios? No. Porque ya estaban en el momento de aprobar la ley de 1988. Las viviendas que ya existían en esa fecha se quedaron "fuera de ordenación", como en Santa Cruz; un limbo jurídico en el que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Con el tiempo, según la ley, muchas pasarían a ser propiedad del Estado. Luego la Unión Europea le dijo a España que era muy feo que se quedara con las viviendas que los pensionistas alemanes habían comprado con sus ahorros. Entonces el Gobierno, en 2013, volvió a regular las costas, pasando la prohibición de construir de cien a veinte metros del marisco, aunque según y cómo también ilegalizaba algunas casas en los otros ochenta metros... ¿Me siguen? ¿No? Tranquilos, yo tampoco.

La Ley de Costas del 88 establecía que a cien metros de la pleamar no puede haber ladrillo sobre ladrillo, excepto en los lugares que ya fueran urbanos en esa fecha. Ahí se aplicaba la frontera de los veinte metros. El dominio público es la ribera del mar. Pero luego hay seis metros de servidumbre de tránsito, aunque sean riscos por los que no puedan transitar ni los cangrejos. Luego hay zona de servidumbre de protección -que afecta a propiedades privadas- que llega a unos cien metros (u ochenta) en la que no se puede edificar. Y ahí es donde está el tomate. Porque uno se lee la ley y se enreda como en un trasmallo.

Al final lo que importa es que Costas, o sea, el Estado, o sea, el Gobierno, es el propietario de las riberas de la mar. Y como es el propietario no construye. Y demás, tampoco deja construir a los vecinos a una incierta distancia. Por qué son cien metros, ochenta o veinte o los que sean y no más o menos, es un misterio arbitrario. Por qué es igual para una costa continental que para otra insular, es más de lo mismo. Y también por qué hay casas que nadie se mete con ellas y otras que dicen que se van a tirar.

Es decir, que lo de Costas es un misterio muy misterioso. Si esto del cambio climático sigue adelante y se deshielan los polos y sube el nivel de la marea, como auguran los calentólogos, que dios nos coja confesados porque Costas se queda con todo. Y encima ruedan los mojones, como los magos, para ampliar la finca. Vaya peligro

http://eldia.es/criterios/2015-03-18/12-misterio-misterioso.htm

viernes, 27 de febrero de 2015

Costas se plantea reconocer el núcleo de La Santa como urbano


La Dirección General de Costas sopesa reconocer, al fin, el carácter urbano del pueblo de La Santa, que data de antes de la ley de 1988, tras la reunión mantenida este jueves con una comisión formada por el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento y el senador por la Isla. En la cita también se plantearon una batería de propuestas.
 

El propio alcalde de Tinajo, Jesús Machín, reconocía a la salida del encuentro que quizás no vuelva a casa con las alforjas vacías, tras la reunión mantenida durante la mañana en la sede del Ministerio de Medio Ambiente de Madrid. Entre otros, con cargos de la Dirección General de Costas. En la agenda muchos temas, pero quizás el principal, que al fin se reconozca el núcleo pesquero de La Santa como urbano, evitando así que el deslinde costero se adentre más de 100 metros.

Al menos el asunto será tenido en cuenta, tras demostrar con documentos los técnicos del Gobierno de Canarias que el pueblo existe desde antes de la Ley de 1988. Y lo mismo sucede con el núcleo de Tenésara, en similares circunstancias y además pendiente de que prospere un expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

A la cita asistieron además del propio alcalde, el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez; el redactor del Plan General de Tinajo, Jorge Coderch; varios técnicos del Ejecutivo regional y del propio Ayuntamiento y el senador por la Isla, Oscar Luzardo, quien ha mediado para que la visita de ayer pudiera celebrarse.

Poco antes del encuentro con los responsables de Costas, se produjo una reunión en el Senado, también para mostrar a representantes de la Cámara Alta cuestiones que tienen que ver con la necesidad de que en Madrid se conozca mejor la realidad y la problemática real de los núcleos del municipio.

La reunión con Costas se consideró muy satisfactoria, por el alcalde, quien explicó que existe el compromiso de estudiar con rigor las peticiones y responder lo antes posible «al demostrar con planos y documentos gráficos la realidad costera». Además se estudiaron otras propuestas, como mejorar la seguridad en La Santa tras el percance fatal sufrido el 20 de febrero.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=366849

domingo, 22 de febrero de 2015

VIVIR PARA VER.. LAS TRES PREMISAS DE LA LEY DE COSTAS, CUANDO QUIEREN, DONDE QUIEREN, COMO QUIEREN...

  Cuando quiere Costas, Donde quiere el político, Como quiere el inversor .....


Un cambio en el deslinde de Costas amenaza con despenalizar la causa

 

   

Un cambio en el actual deslinde marítimo-terrestre en el litoral de la santacrucera Playa de Las Teresitas amenaza con dejar sin efectos penales el proceso llevado a cabo contra tres exconcejales y tres funcionarias del Ayuntamiento capitalino a cuenta del llamado caso Mamotreto, una edificación para aparcamientos erigida en la entrada de la playa y que ha supuesto condenas de cárcel y de inhabilitación para seis de los siete encausados inicialmente.

Dicho cambio fue comunicado el pasado viernes por la Dirección General de Costas al Consistorio tinerfeño, y supone una sustancial rebaja, ya que pasaría de los 400 metros fijados en principio a 50.

Si, como apuntan los expertos consultados, esta variación del deslinde implica que el llamado mamotreto no invade la servidumbre de protección, el proceso quedaría sin relevancia penal, ya que dicha invasión es, precisamente, la que ha justificado que todo el asunto se haya juzgado por esta jurisdicción en vez de por la administrativa.

Un dato fundamental radica en que no se trata de un nuevo deslinde sino de la corrección del anterior. Este cambio se produjo a raíz de una decisión de la Audiencia Nacional que anulaba la orden ministerial por la que el 12 de febrero de 2009 se aprobó el nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestre de esta playa que tanto quehacer ha dado a la Justicia y lo que aún falta por dilucidarse.

Aunque el dato resulta asombroso, todo apunta a que Costas conocía este cambio clave para la suerte de este proceso desde el mes de junio del año pasado, y sin embargo la comunicación oficial del mismo se ha producido más de siete meses después.

Cabe recordar que la zona que supuestamente invadía el llamado mamotreto de servidumbre de protección era de siete metros en profundidad y de 60 en fachada, por lo que cabe suponer que el cambio actual puede llegar a dejar fuera de servidumbre la construcción o, al menos, reducirla a una distancia que se traduzca en irrelevante o, en todo caso, no lo suficiente como para justificar una condena como la actual.

La nueva situación por tanto que se dibuja a la vista de este cambio en el deslinde de la playa de Las Teresitas no sólo influye sobre las posibles condenas de cárcel de los imputados sino también al propio edificio y a la orden ya dictada por el alcalde, José Manuel Bermúdez, de iniciar el trámite para derribar la parte del inmueble que invade la zona de servidumbre.

http://www.diariodeavisos.com/2015/02/cambio-en-deslinde-costas-amenaza-con-despenalizar-causa/

miércoles, 4 de febrero de 2015

HOYA POZUELO:La pelota, en el tejado del Gobierno canario


Donde, por cierto,  siempre ha estado, y continúa, en el asunto de las viviendas de Hoya Pozuelo que presuntamente invaden terrenos de la servidumbre de protección, porque,  incomprensiblemente, para bajar esa del tejado no se encuentran otras en el Gobierno Canario que suban a por ella, ya que la escalera  lleva años preparada, oxidándose o apolillándose.

El Gobierno de Canarias tiene la pelota en su tejado, y para bajarla tampoco hace falta un acto público de contrición ni hacerse el harakiri en la Plaza Weyler, o en la Plaza Santa Ana, que lo mismo daría. No hace falta pasar por ningún acto que implique renegar de sus convicciones, para con ello evitar el improbable ridículo, sino pura y simplemente un acto (¡un valiente acto!) de revisión de los erróneos datos técnicos que llevaron a sus Resoluciones, sobre todo a las producidas en la génesis del problema, y que, cual bola de nieve, fueron autoalimentándose hasta formar el enorme procedimiento administrativo  que, por no haberse actuado con rigor desde el principio, derivó en procedimientos judiciales y sentencias basadas en errores garrafales.

Exacto, errores garrafales procedentes todos de las mismas fuentes, organismos cuyos informes están más acordes con un fundamentalismo gremial que con la objetiva lectura, interpretación y aplicación de cada Ley en cada momento en que estuvo en vigor, organismos ávidos de ostentar poder en la mayor extensión posible de terrenos costeros, sosteniendo a ultranza que la línea de mojones que marcan el dpmt es desde donde hay que medir. Pero resulta que en ningún caso, afortunadamente, la Ley deja al albur de criterios de los técnicos la señalización de ciertas líneas-madre. En absoluto, muy al contrario, la Ley es clara, y además está redactada en idioma español, que todos los que tienen ciertas responsabilidades, y por ende estudios, se supone que  deben dominar.

Ni los compradores afectados ni cualquier ciudadano medianamente informado y con sus entendederas en perfecto estado puede comprender que no intervenga el Gobierno de Canarias, titular de las competencias en esa zona conflictiva, y el único Órgano que por ostentar en exclusiva el Poder Ejecutivo en el ámbito de sus competencias, puede realmente solucionar de una y definitiva vez una situación que lleva década y media esperando que se ejerza, desde la atalaya del sentido común, la autoridad de la que está investido.

El Gobierno de Canarias, al entrar en vigor la Ley de Costas de 1988, no tiene en cuenta e ignora que la medición de los 100 metros hay que efectuarla desde la misma línea que la zona de salvamento de 20 metros prevista en la Ley anterior, y que hay que considerar la servidumbre de protección como ampliación de la de salvamento, pues hasta en el mismo preámbulo  de la Ley de 1988, que es el texto donde se expone y justifica la filosofía de la misma, se menciona que "...(la Ley) configura la vieja servidumbre de salvamento, obsoleta en cuanto a la finalidad específica que indica su denominación, como una servidumbre de protección del citado dominio..." (el subrayado es nuestro), luego está extraordinariamente claro, señoras y señores, desde qué línea hay que medir. E igualmente claro está que si se mide desde esa línea no hay viviendas dentro de la zona de servidumbre de protección, ni siquiera presuntamente.

Señores del Gobierno de Canarias, excelentísimos e ilustrísimos, tengan en cuenta que no se pretende trato de favor alguno, sino que solamente se pretende (y clama al Cielo que haya que pedirlo), que se emplee estrictamente la Ley aplicable al caso, rigurosamente, sin excepciones, beneficios, gangas, canongías,  provechos ni prebendas.

¿Que qué ocurrirá  entonces con las numerosas sentencias habidas desde diversas instancias?. Pues jurisconsultos habrá que señalen las tareas a realizar sobre el particular, aunque ello acarree sonoras reprimendas a los señores del Gobierno, que deberán arrostrar estoicamente,  pero con el noble fin de deshacer enormes entuertos que llevan década y media sin que la autoridad en la materia, el Gobierno de Canarias, eche al asunto las ídem necesarias para bajar del tejado esa pelota.  Y en última instancia, pues que ocurra lo mismo que con otras sentencias, que pasaron al estado de hibernación, o de imposible cumplimiento, en este caso "por no haber caso", valga la redundancia, ya que no hay invasión alguna de la zona de servidumbre de protección, diga lo contrario quien lo diga.

Es probable que el Gobierno de Canarias lleve tanto tiempo dándole vueltas a este asunto,  poniéndose de perfil y mirando para otro lado, porque sea muy fuerte el deseo de no hacer el ridículo que supuestamente supondría abdicar de tanta afirmación contraria y demonizadora como se ha vertido desde algunos estamentos oficiales, empezando por la ínclita y pomposa Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, con algún talibán en su plantilla.

Ha sido muy reconfortante leer en la crónica del juicio que se desarrolla en estos días, cómo el reputado jurista Normando Moreno y el prestigioso topógrafo Enrique de Vidania, al deponer como testigos el pasado día 28, hicieron las mismas afirmaciones que servidor viene defendiendo desde que surgió el problema, lejano ya en el tiempo, aunque ha sido una defensa en solitario, estéril, como predicando en el desierto. Por eso ahora llamo directamente a la puerta del Gobierno canario. ¡Atiendan, carallo!. Atiendan y actúen de una vez para que se emprendan nuevas actuaciones y distintas de las anteriores, con rigor, respetando la literalidad de la Ley.

Señores: agarren la Ley de Costas de 1969 (en vigor en la época de los hechos), los instrumentos de medición precisos, el Anuario de Mareas correspondiente y un reloj, y "bajen a la arena", bueno, en este caso "a la orilla", y por todo el santoral de todas las confesiones del mundo que llegarán a la conclusión de que tienen que dejar tranquilas a las viviendas al no invadir éstas terreno alguno de la servidumbre de protección, porque si no lo hacen no van a necesitar tractor alguno para derribarlas, de tanto tira y afloja con ellas, y sus conciencias nunca descansarán.

No es correcto afirmar, como lo hizo el entonces Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Sr. Berriel, año 2007, y actual  Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, que "no ve salida política al derribo de los dúplex de Hoya Pozuelo". ¡Claro que existe salida política!. Los técnicos miden, pero los políticos pueden ordenar a los técnicos desde dónde tienen que medir, en estricta aplicación de la Ley en vigor en cada momento. Esa intervención de los políticos ordenando a los técnicos desde dónde tienen que medir es la "salida política" que "no veía" el Sr. Berriel. ¡Claro que hay salida política!. Esta debió ser su intervención, para la que todavía está a tiempo, y no la de informar a la Cámara que "la responsabilidad del quebranto es del promotor por construir ilegalmente en la zona, por lo que deberá cumplir e indemnizar a los vecinos afectados". No era ese su papel. Después de la perorata, descansó.

Las susodichas viviendas están, las pobres, en medio de una enorme maraña de políticos timoratos, técnicos incompetentes y desorientados, algún que otro director justiciero y también alguna mano negra interesada en hacerlas sucumbir, aderezado todo con posibles enredos políticos. Menos mal que también, al parecer, cuentan con la ayuda de una especie de hálito misterioso que las lleva manteniendo en pie, década y media ya, a la espera de que el Gobierno de Canarias se llene de sentido común, de voluntad política y de los arrestos suficientes para acabar con la desesperante situación. Salida política hay,  ¡vaya si la hay!. ¿A qué espera?

http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/pelota-tejado-Gobierno-canario_6_352824743.html