Los ‘populares’ se reúnen con los afectados para hacerles llegar su apoyo ante el auto judicial que autoriza a continuar los derribos a partir de septiembre
GABRIELA GULESSERIAN
CANDELARIA
El Partido Popular (PP) quiere salvar las nueve viviendas que quedan aún en pie en el poblado de Cho Vito, en el municipio de Candelaria, afectado por la Ley de Costas que, a diferencia de las primeras demolidas en 2008, pertenecen a propietarios que la usan como primera residencia.
La Subdelegación del Gobierno envió ayer el auto dictado el 24 de junio, que especifica que la expropiación forzosa de las viviendas esta prevista para el 20 de septiembre y se hará "en horas diurnas y dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación de la presente resolución a la Administración". Esta resolución, que responde a un recurso presentado por los vecinos de Cho Vito que cuestionaban la legalidad de la actuación de entrada y demolición de sus viviendas, indica que las administraciones públicas pueden proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos.
El director general de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, Sebastián Ledesma; los concejales del grupo Popular en el Ayuntamiento de Candelaria, José Fernando Gómez y Carina Dainotto; y el secretario ejecutivo de Política Internacional del PP de Tenerife, Juan Antonio Morell, se reunieron ayer con los afectados para prestarle su colaboración en la búsqueda de salidas que eviten nuevas demoliciones, tanto en este enclave como en otros puntos del litoral canario.
Según Ledesma, "por un lado existe el precedente de Punta Larga, donde una sentencia de la Audiencia Nacional obliga a cambiar el trazado del deslinde marítimo y, por otro, hay una Ley Canaria que protege a los núcleos costeros con valores etnográficos y culturales", entre los cuales el PP cree que se puede incluir a Cho Vito. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ya puntualizó esta semana que la citada sentencia sólo supone la revisión del deslinde en un tramo de unos 60 metros, desde el refugio pesquero hasta la playa de Punta Larga.
Ledesma afirmó no entender que "en otras localidades, como Los Cristianos, se ha logrado integrar las viviendas dentro del paseo marítimo mientras que en este caso no se intente conseguir lo mismo".
El director general declaró que el PP "escuchó las quejas de los vecinos y por eso busca una solución al problema que conlleva el desalojo y derribo de las casas de los habitantes del poblado marinero". Y añadió que " se está obligando a estas personas a marcharse de sus residencias sin antes haber aportado una alternativa para su realojo".
Consultado sobre este asunto, el alcalde, José Gumersindo García (PSOE), aseguró que "hay estudiar bien estas dos opciones ya que existe una sentencia judicial firme sobre Cho Vito y ante ello son necesarios argumentos jurídicos muy sólidos que permitan modificar decisiones que ya están tomadas por los tribunales. Fuera de allí, añadió, "cualquier cosa que se haga o diga es engañar a los vecinos".
Argumentos "flojos"
El alcalde calificó de "tiene más remedio que cumplir la sentencia". De este modo, García desmintió las acusaciflojos" los sustentos del PP y aseguró que ante esta realidad el Ayuntamiento "no ones vertidas por los populares acerca de que el PSC-PSOE "se ha plegado a todo lo argumentado por Costas para justificar los derribos".
Por el contrario, reiteró que su grupo de gobierno "ha apoyado siempre a los vecinos y quien diga lo contrario, miente". Como ejemplo, citó la ayuda económica que se destinará a los damnificados para ofrecerles una vivienda, según el nivel de ingresos familiares, tal y como ocurre con el resto de vecinos del municipo que necesitan un lugar para vivir.
No obstante, García no se quedó atrás con las críticas y también arremetió contra el PP: "Si hay quienes justifican facturas vergonzozas en algunos ayuntamientos, no me extraña que no respeten una sentencia judicial", apostilló, en alusión a los polémicos gastos del grupo municipal del PP en Santa Cruz durante el pasado mandato.
EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
sábado, 7 de agosto de 2010
Los tribunales autorizan derribar las últimas casas de Cho Vito
Los vecinos recurrirán el auto judicial que permite a Costas tirar sus viviendas l Los afectados estudian la sentencia de Punta Larga para pedir la revisión del deslinde marítimo del poblado
SANTA CRUZ DE TENERIFE El derribo de las nueve casas que quedan en Cho Vito, en el municipio de Candelaria, ya cuenta con la aprobación de la Sala de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Este juzgado ha autorizado a la Demarcación de Costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a entrar al poblado pesquero para ejecutar la demolición de las viviendas construidas en dominio público marítimo.
Se trata del último auto judicial dictado con fecha 24 de junio de 2010, que viene a confirmar la decisión de Costas de seguir adelante con la demolición del enclave pesquero, cuyos vecinos recibieron esta misma semana las cartas de notificación de desalojo.
Las cartas recibidas por los moradores del poblado marinero fijan como fecha límite para el mismo el día 20 de septiembre, especificando que "los bienes y enseres y demás objetos de su pertenencia que se encuentren en la construcción en el momento de la entrada en domicilio, serán considerados como bienes abandonados a todos los efectos", según rezan textualmente.
El auto dado a conocer ayer por la Delegación del Gobierno hace referencia a los precedentes de las resoluciones de 16 de marzo y 29 de junio de 2006 que fallaron positivamente sobre "la ejecución forzosa y subsidiaria de las resoluciones de recuperación posesoria" del dominio público invadido por las viviendas privadas, ordenando por ello "la demolición de las construcciones y la retirada de sus restos para devolver el terreno a su estado original".
En la última semana se han reactivado todas las alarmas que parecían acalladas después de los traumáticos derribos de hace dos años. Los vecinos han sido los primeros en activarse, y es que no han parado de moverse en estos dos años para evitar quedarse sin hogar. Por lo pronto, el portavoz de los habitantes de Cho Vito, Tomás González, ha mantenido algunas reuniones con los cuatro abogados que trabajan actualmente en el caso. "Vamos a recurrir ese auto", aseguró ayer González. Explicó que los abogados estudian toda la documentación. "Sobre todo están analizando la sentencia de Punta Larga para pedirle a la Audiencia Nacional que revise los deslindes de Cho Vito", indicó el representante vecinal. Con ello, esperan que esa anulación pueda salvar sus hogares e incluso "enmiende el error de los derribos ya ejecutados".
González define esta nueva situación de "incongruente". Resalta que "cuando hace dos años les preguntamos por qué derribaban unas casas y otras no, nos contestaron que sólo derribaban las de las personas que las tenían como segunda vivienda". Él alega que la situación de los nueve vecinos que quedan no ha cambiado en nada y por eso no se explica cómo es que ahora vuelven las notificaciones y las amenazas de demolición.
De esta forma, se reaviva la polémica de por qué hay que derribar Cho Vito cuando otras zonas o casas se encuentran en la misma situación "o peor" en el mismo municipio. La mayoría de los vecinos se refieren a la casa del alcalde. "Por qué no derriban la casa del alcalde que está aún más cerca del mar que las nuestras", denunciaba ayer María de los Ángeles Muñiz, quien asegura que no se esperaba estas nuevas notificaciones.
Entre autos, sentencias y notificaciones, los vecinos que ahí quedan perciben que vuelven a vivir "una auténtica pesadilla". Así lo define Elba González y se queja además de que no les dan opción ni a reclamar. "Hemos ido a Costas a buscar el informe y se negaron a entregárnoslos. Alegan que tenemos que pedirlo por escrito", comenta. Ella y sus vecinos creen que se trata de una maniobra para ganar tiempo.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/08/07/tribunales-autorizan-derribar-ultimas-casas-cho-vito/298293.html
SANTA CRUZ DE TENERIFE El derribo de las nueve casas que quedan en Cho Vito, en el municipio de Candelaria, ya cuenta con la aprobación de la Sala de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Este juzgado ha autorizado a la Demarcación de Costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a entrar al poblado pesquero para ejecutar la demolición de las viviendas construidas en dominio público marítimo.
Se trata del último auto judicial dictado con fecha 24 de junio de 2010, que viene a confirmar la decisión de Costas de seguir adelante con la demolición del enclave pesquero, cuyos vecinos recibieron esta misma semana las cartas de notificación de desalojo.
Las cartas recibidas por los moradores del poblado marinero fijan como fecha límite para el mismo el día 20 de septiembre, especificando que "los bienes y enseres y demás objetos de su pertenencia que se encuentren en la construcción en el momento de la entrada en domicilio, serán considerados como bienes abandonados a todos los efectos", según rezan textualmente.
El auto dado a conocer ayer por la Delegación del Gobierno hace referencia a los precedentes de las resoluciones de 16 de marzo y 29 de junio de 2006 que fallaron positivamente sobre "la ejecución forzosa y subsidiaria de las resoluciones de recuperación posesoria" del dominio público invadido por las viviendas privadas, ordenando por ello "la demolición de las construcciones y la retirada de sus restos para devolver el terreno a su estado original".
En la última semana se han reactivado todas las alarmas que parecían acalladas después de los traumáticos derribos de hace dos años. Los vecinos han sido los primeros en activarse, y es que no han parado de moverse en estos dos años para evitar quedarse sin hogar. Por lo pronto, el portavoz de los habitantes de Cho Vito, Tomás González, ha mantenido algunas reuniones con los cuatro abogados que trabajan actualmente en el caso. "Vamos a recurrir ese auto", aseguró ayer González. Explicó que los abogados estudian toda la documentación. "Sobre todo están analizando la sentencia de Punta Larga para pedirle a la Audiencia Nacional que revise los deslindes de Cho Vito", indicó el representante vecinal. Con ello, esperan que esa anulación pueda salvar sus hogares e incluso "enmiende el error de los derribos ya ejecutados".
González define esta nueva situación de "incongruente". Resalta que "cuando hace dos años les preguntamos por qué derribaban unas casas y otras no, nos contestaron que sólo derribaban las de las personas que las tenían como segunda vivienda". Él alega que la situación de los nueve vecinos que quedan no ha cambiado en nada y por eso no se explica cómo es que ahora vuelven las notificaciones y las amenazas de demolición.
De esta forma, se reaviva la polémica de por qué hay que derribar Cho Vito cuando otras zonas o casas se encuentran en la misma situación "o peor" en el mismo municipio. La mayoría de los vecinos se refieren a la casa del alcalde. "Por qué no derriban la casa del alcalde que está aún más cerca del mar que las nuestras", denunciaba ayer María de los Ángeles Muñiz, quien asegura que no se esperaba estas nuevas notificaciones.
Entre autos, sentencias y notificaciones, los vecinos que ahí quedan perciben que vuelven a vivir "una auténtica pesadilla". Así lo define Elba González y se queja además de que no les dan opción ni a reclamar. "Hemos ido a Costas a buscar el informe y se negaron a entregárnoslos. Alegan que tenemos que pedirlo por escrito", comenta. Ella y sus vecinos creen que se trata de una maniobra para ganar tiempo.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/08/07/tribunales-autorizan-derribar-ultimas-casas-cho-vito/298293.html
miércoles, 4 de agosto de 2010
Los vecinos de Cho Vito van a a reabrir su caso tras la anulación del deslinde de Punta Larga
Los vecinos de Cho Vito piensan reabrir su causa judicial una vez han conocido la sentencia que anula el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la zona de Punta Larga del que informó ABC en su edición del pasado domingo
JAVIER REYES
Día 03/08/2010
Los vecinos de Cho Vito piensan reabrir su causa judicial una vez han conocido la sentencia que anula el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la zona de Punta Larga del que informó ABC en su edición del pasado domingo. El portavoz vecinal Tomás González, en declaraciones a este periódico, afirma que la Audiencia Nacional ha sentado un «precedente» no solo para Cho Vito, sino para todo el litoral canario, dado que hay muchos núcleos en el Archipiélago afectados por las demoliciones. «Se ve que las cosas no son como dice Costas», comenta González, que reconoce que la sentencia les ha dado «más fuerzas» para seguir con su lucha.
Asimismo, mantiene que hay «cosas de mucha magnitud» detrás del derribo de Cho Vito, ya que en Punta Larga (zona de chalets residenciales) no se ha podido llevar a cabo. «Se ve que la ley no es igual para todos. Tengo un respeto tremendo a esos afectados, pero yo tengo el mismo derecho que ellos según la Constitución. Ha sido un agravio comparativo», explica. En su opinión, la sentencia es una «derrota» del alcalde de Candelaria, Gumersindo García (PSOE), que siempre defendió la legalidad de las demoliciones de Cho Vito. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló en marzo la demolición del poblado marinero y desestimó el recurso interpuesto por los vecinos, que ya han acudido al Parlamento Europeo y al Tribunal Supremo en busca de amparo. No obstante, la sentencia de Punta Larga, pionera en las Islas, les da pie para reabrir la causa.
Corporación local
Conocida la sentencia, en lo que muchos coinciden en Candelaria es en que la demolición de Cho Vito se podía haber evitado. Este periódico intentó recabar ayer una versión del equipo de gobierno, aplazada hasta que estudien el documento de primera mano. Los otros dos grupos de la corporación local sí se han posicionado públicamente.
En Coalición Canaria, su portavoz, Pedro Méndez, asegura
que la Audiencia Nacional le ha dado «un palo» al alcalde, y ha demostrado que Cho Vito se podía haber salvado «con una gestión política». Méndez resalta las grandes similitudes existentes entre Punta Larga y Cho Vito, ya que los mojones fueron rodados con el tiempo de su posición original, lo que hizo a los técnicos de Costas fijar deslindes erróneos, y aún lamenta los derribos porque el Cabildo de Tenerife ya tenía ideas sobre la mesa para reconvertir el núcleo costero en un poblado marinero de gran atractivo turístico. En el PP, los argumentos son parecidos. Su portavoz, José Fernando Gómez, veía «ridículo» que el sendero peatonal afectara las viviendas de Punta Larga cuando había margen suficiente, y califica de «lamentable» que el Ayuntamiento no haya defendido a los vecinos antes de llegar a los tribunales. Sobre Cho Vito, tiene claro que esta sentencia «si sale antes, hubiera salvado las casas» y lamenta que se hayan tirado viviendas en suelo urbano, con la contribución al día y más de cien años de antigüedad. El PP defiende un «modelo de integración vecinal» en la reforma de la costa y no olvida como los turistas que se alojaban en los hoteles de Las Caletillas iban cada día a contemplar el poblado. «Ahora la playa ha perdido mucho. La limpian los pocos vecinos que quedan, que además no tienen ni luz ni recogida de basuras. Tenía un encanto tradicional y ahora parece un cementerio», concluye.
http://www.abc.es/20100803/comunidad-canarias/vecinos-vito-reabrir-caso-20100803.html
JAVIER REYES
Día 03/08/2010
Los vecinos de Cho Vito piensan reabrir su causa judicial una vez han conocido la sentencia que anula el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la zona de Punta Larga del que informó ABC en su edición del pasado domingo. El portavoz vecinal Tomás González, en declaraciones a este periódico, afirma que la Audiencia Nacional ha sentado un «precedente» no solo para Cho Vito, sino para todo el litoral canario, dado que hay muchos núcleos en el Archipiélago afectados por las demoliciones. «Se ve que las cosas no son como dice Costas», comenta González, que reconoce que la sentencia les ha dado «más fuerzas» para seguir con su lucha.
Asimismo, mantiene que hay «cosas de mucha magnitud» detrás del derribo de Cho Vito, ya que en Punta Larga (zona de chalets residenciales) no se ha podido llevar a cabo. «Se ve que la ley no es igual para todos. Tengo un respeto tremendo a esos afectados, pero yo tengo el mismo derecho que ellos según la Constitución. Ha sido un agravio comparativo», explica. En su opinión, la sentencia es una «derrota» del alcalde de Candelaria, Gumersindo García (PSOE), que siempre defendió la legalidad de las demoliciones de Cho Vito. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló en marzo la demolición del poblado marinero y desestimó el recurso interpuesto por los vecinos, que ya han acudido al Parlamento Europeo y al Tribunal Supremo en busca de amparo. No obstante, la sentencia de Punta Larga, pionera en las Islas, les da pie para reabrir la causa.
Corporación local
Conocida la sentencia, en lo que muchos coinciden en Candelaria es en que la demolición de Cho Vito se podía haber evitado. Este periódico intentó recabar ayer una versión del equipo de gobierno, aplazada hasta que estudien el documento de primera mano. Los otros dos grupos de la corporación local sí se han posicionado públicamente.
En Coalición Canaria, su portavoz, Pedro Méndez, asegura
que la Audiencia Nacional le ha dado «un palo» al alcalde, y ha demostrado que Cho Vito se podía haber salvado «con una gestión política». Méndez resalta las grandes similitudes existentes entre Punta Larga y Cho Vito, ya que los mojones fueron rodados con el tiempo de su posición original, lo que hizo a los técnicos de Costas fijar deslindes erróneos, y aún lamenta los derribos porque el Cabildo de Tenerife ya tenía ideas sobre la mesa para reconvertir el núcleo costero en un poblado marinero de gran atractivo turístico. En el PP, los argumentos son parecidos. Su portavoz, José Fernando Gómez, veía «ridículo» que el sendero peatonal afectara las viviendas de Punta Larga cuando había margen suficiente, y califica de «lamentable» que el Ayuntamiento no haya defendido a los vecinos antes de llegar a los tribunales. Sobre Cho Vito, tiene claro que esta sentencia «si sale antes, hubiera salvado las casas» y lamenta que se hayan tirado viviendas en suelo urbano, con la contribución al día y más de cien años de antigüedad. El PP defiende un «modelo de integración vecinal» en la reforma de la costa y no olvida como los turistas que se alojaban en los hoteles de Las Caletillas iban cada día a contemplar el poblado. «Ahora la playa ha perdido mucho. La limpian los pocos vecinos que quedan, que además no tienen ni luz ni recogida de basuras. Tenía un encanto tradicional y ahora parece un cementerio», concluye.
http://www.abc.es/20100803/comunidad-canarias/vecinos-vito-reabrir-caso-20100803.html
Costas ordena desalojar casas de Cho Vito para seguir los derribos
VICENTE PÉREZ SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, ha dado de plazo hasta el 20 de septiembre para que los vecinos de Cho Vito cuyas viviendas siguen en pie las desalojen con el fin de continuar con el derribo de este caserío de Candelaria, iniciado en octubre de 2008, para recuperar la posesión del dominio público marítimo terrestre a raíz de sentencias judiciales firmes.
Así consta en un escrito que una familia de Cho Vito recibió del Ministerio, con registro de salida el 23 de julio, divulgado ayer por el concejal del PP José Fernando Gómez, durante una rueda de prensa. En el documento, se ordena que, antes del plazo señalado, estos vecinos retiren los muebles y enseres y otros objetos de su pertenencia, pues de lo contrario se entenderán abandonados. Costas esgrime un informe elaborado por la Abogacía del Estado el el 23 de febrero pasado, según el cual el Ministerio “goza de postestar para ejecutar la sentencia firme [dictada en noviembre de 2007] procediendo a entrar en el domicilio afectado sin necesidad de un nuevo pronuncimiento judicial”.
El portavoz del PP declaró que “sus años después de que los vecinos de Cho Vito vieran cómo sus vidas eran destrozadas por personas sin escrúpulos, depredadores de lo ajeno, se pretende llevar a cabo otra vez, una maldad manifiesta, con el apoyo de todas las administraciones, incluida la local”. Fernández abogó por que los abogados de los vecinos utilicen una reciente sentencia que obliga a revisar el deslinde de Punta Larga y “puedan parar este enorme atentado contra el patrimonio de las personas, que tienen escrituras y pagan sus impuestos, como el IBI, o sea, que para pagar impuestos la casa si era legal, para vivirla no”.
De no ser así, el edil del PP invitó a acudir a “ las manifestaciones que próximamente se harán en Candelaria en apoyo a estas familias e impidiendo que se cometan más atropellos por las personas que escudadas detrás de las administraciones, realizan actos de mala fe, malvados y cargados de venganza sin razón”.
La demolición del poblado de Cho Vito es la culminación de un largo procedimiento judicial que acabó en una sentencia firme, dictada hace casi tres años, en aplicación de la Ley de Costas vigente desde 1988, dado que las viviendas invadían la franja pública del litoral.
http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/22087/
domingo, 1 de agosto de 2010
La Audiencia Nacional anula un deslinde en Punta Larga
La sentencia pone en entredicho las demarcaciones del dominio público marítimo terrestre realizado en Canarias por el Ministerio de Medio Ambiente
SOL RINCÓN BOROBIA La Audiencia Nacional ha anulado el deslinde marcado en 2006 por la Dirección General de Costas en Punta Larga, término municipal de Candelaria, al considerar que el trazado "adolece de rigor técnico suficiente". El dominio público marítimo-terrestre determinado por orden del Ministerio de Medio Ambiente afectaba a los jardines de tres casas unifamiliares, cuyos propietarios recurrieron en 2007.
Costas afirmó en su defensa que la demarcación era exactamente la misma que ya estaba determinada en el año 1969 y que su límite interior es la máxima distancia tierra adentro que alcanzan las olas durante los peores temporales.
Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el pasado 16 de julio, tira por tierra estos argumentos. Ante todo, la Sala asegura "echar de menos" la existencia de "algún antecedente o referencia histórica respecto del alcance del oleaje en la zona" y también le da un tirón de orejas a la Administración por no aportar las pruebas que justifiquen el deslinde.
Por el contrario, la Audiencia sí consideró suficientemente demostrado por los recurrentes que el dominio público marítimo terrestre fijado en 2007 no coincide con el de 1969. Más aún, probaron que la línea marcada hace tres años se trazó todavía más hacia el interior que la del 69, con lo que cogió de lleno parte de la propiedad de las tres viviendas. Para demostrarlo, las familias afectadas por el deslinde aportaron los informes realizados por dos peritos.
Según el representante legal de los propietarios de las viviendas, José Ortega, esta sentencia tiene mucha relevancia. En primer lugar, "obligará" a revisar el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio y a anular "actuaciones sancionadoras" y órdenes de derribo.
En segundo lugar, esta resolución de la Audiencia Nacional podría impulsar la revisión de todos los deslindes hechos en Canarias con el argumento de los temporales. Según los datos aportados por Ortega, el 95% de las demarcaciones aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente en el Archipiélago están precisamente justificadas con el máximo alcance tierra adentro de las olas.
Pero este abogado, que además es fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, aún va más allá y asegura que el Ministerio de Medio Ambiente decide el alcance de los temporales en las Islas por "observación directa", es decir, sin una sola prueba. Además, indica que la Dirección General de Costas actúa de forma diferente en la Península que en Canarias. "En la Península se gastan bastante dinero y se toman bastantes molestias" en justificar un deslinde. Ortega cree que el Gobierno español menosprecia al Archipiélago. "Es una vergüenza lo que hace en Canarias", afirma.
Asimismo, y en cuanto a la ley aprobada por el Parlamento de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, la calificó de inservible si no se aplica. "Es decepcionante ver cómo el Gobierno canario no hace nada, sólo política de gestos, pero no aplica la ley".
Ortega, que logró hace poco una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulando una recuperación posesoria en Fuerteventura, también consiguió la nulidad de otros deslindes en Otur (Asturias) Oliva y Bellreguard (Valencia), Alcalá de Chivert (Castellón), y parcialmente en Bajo la Cuesta (Tenerife), entre otros.
Lo que este abogado no ha conseguido en el caso de Punta Larga es que la Audiencia Nacional reconozca que sus clientes adolecieron de indefensión.
José Ortega incluyó en su demanda que Costas no informó a los propietarios de las viviendas qué alcance tenía la zona afectada por el deslinde que realizó en el año 2006 y que, por lo tanto, sus clientes no pudieron alegar nada ni defender sus propiedades. Sólo pudieron actuar cuando recibieron la notificación de derribo.
La resolución plantea dudas sobre Cho Vito
Se da la circunstancia de que Punta Larga se encuentra muy cerca de Bajo la Cuesta y Cho Vito, cuyas órdenes de derribo tenían un fundamento parecido al del primer caso, en especial el de haberse construido las viviendas dentro del dominio público definido en el año 1969.
Por este motivo, dada la falta de rigor demostrada por la Dirección General de Costas en el caso de Punta Larga, podría haberse pecado de lo mismo en Cho Vito con algunas de las viviendas ya derribadas. En cuanto a Bajo la Cuesta, hay cincuenta familias afectadas por la demarcación. Es este caso, el abogado José Ortega también intenta demostrar que hubo un error de replanteo del deslinde de 2007 con respecto al del año 1969.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/08/01/audiencia-nacional-anula-deslinde-punta-larga/297385.html
SOL RINCÓN BOROBIA La Audiencia Nacional ha anulado el deslinde marcado en 2006 por la Dirección General de Costas en Punta Larga, término municipal de Candelaria, al considerar que el trazado "adolece de rigor técnico suficiente". El dominio público marítimo-terrestre determinado por orden del Ministerio de Medio Ambiente afectaba a los jardines de tres casas unifamiliares, cuyos propietarios recurrieron en 2007.
Costas afirmó en su defensa que la demarcación era exactamente la misma que ya estaba determinada en el año 1969 y que su límite interior es la máxima distancia tierra adentro que alcanzan las olas durante los peores temporales.
Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el pasado 16 de julio, tira por tierra estos argumentos. Ante todo, la Sala asegura "echar de menos" la existencia de "algún antecedente o referencia histórica respecto del alcance del oleaje en la zona" y también le da un tirón de orejas a la Administración por no aportar las pruebas que justifiquen el deslinde.
Por el contrario, la Audiencia sí consideró suficientemente demostrado por los recurrentes que el dominio público marítimo terrestre fijado en 2007 no coincide con el de 1969. Más aún, probaron que la línea marcada hace tres años se trazó todavía más hacia el interior que la del 69, con lo que cogió de lleno parte de la propiedad de las tres viviendas. Para demostrarlo, las familias afectadas por el deslinde aportaron los informes realizados por dos peritos.
Según el representante legal de los propietarios de las viviendas, José Ortega, esta sentencia tiene mucha relevancia. En primer lugar, "obligará" a revisar el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio y a anular "actuaciones sancionadoras" y órdenes de derribo.
En segundo lugar, esta resolución de la Audiencia Nacional podría impulsar la revisión de todos los deslindes hechos en Canarias con el argumento de los temporales. Según los datos aportados por Ortega, el 95% de las demarcaciones aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente en el Archipiélago están precisamente justificadas con el máximo alcance tierra adentro de las olas.
Pero este abogado, que además es fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, aún va más allá y asegura que el Ministerio de Medio Ambiente decide el alcance de los temporales en las Islas por "observación directa", es decir, sin una sola prueba. Además, indica que la Dirección General de Costas actúa de forma diferente en la Península que en Canarias. "En la Península se gastan bastante dinero y se toman bastantes molestias" en justificar un deslinde. Ortega cree que el Gobierno español menosprecia al Archipiélago. "Es una vergüenza lo que hace en Canarias", afirma.
Asimismo, y en cuanto a la ley aprobada por el Parlamento de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, la calificó de inservible si no se aplica. "Es decepcionante ver cómo el Gobierno canario no hace nada, sólo política de gestos, pero no aplica la ley".
Ortega, que logró hace poco una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulando una recuperación posesoria en Fuerteventura, también consiguió la nulidad de otros deslindes en Otur (Asturias) Oliva y Bellreguard (Valencia), Alcalá de Chivert (Castellón), y parcialmente en Bajo la Cuesta (Tenerife), entre otros.
Lo que este abogado no ha conseguido en el caso de Punta Larga es que la Audiencia Nacional reconozca que sus clientes adolecieron de indefensión.
José Ortega incluyó en su demanda que Costas no informó a los propietarios de las viviendas qué alcance tenía la zona afectada por el deslinde que realizó en el año 2006 y que, por lo tanto, sus clientes no pudieron alegar nada ni defender sus propiedades. Sólo pudieron actuar cuando recibieron la notificación de derribo.
La resolución plantea dudas sobre Cho Vito
Se da la circunstancia de que Punta Larga se encuentra muy cerca de Bajo la Cuesta y Cho Vito, cuyas órdenes de derribo tenían un fundamento parecido al del primer caso, en especial el de haberse construido las viviendas dentro del dominio público definido en el año 1969.
Por este motivo, dada la falta de rigor demostrada por la Dirección General de Costas en el caso de Punta Larga, podría haberse pecado de lo mismo en Cho Vito con algunas de las viviendas ya derribadas. En cuanto a Bajo la Cuesta, hay cincuenta familias afectadas por la demarcación. Es este caso, el abogado José Ortega también intenta demostrar que hubo un error de replanteo del deslinde de 2007 con respecto al del año 1969.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/08/01/audiencia-nacional-anula-deslinde-punta-larga/297385.html
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