EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
jueves, 21 de febrero de 2013
miércoles, 20 de febrero de 2013
Este desmán quedó amnistiado
A toda prisa, el Gobierno del PP consiguió sacar adelante ayer la nueva Ley de Costas en comisión del Congreso de los Diputados gracias a su mayoría absoluta. La normativa, polémica, porque salva de la destrucción unas 10.000 viviendas de diez zonas y porque da otros 75 años de moratoria a construcciones condenadas a la piqueta en 2018, entre otros asuntos, tendrá que aprobarse ahora en el Senado.
El PP escuchó críticas de todos los partidos que acusaban al Gobierno de intentar privatizar el litoral, de buscar la última palabra para tumbar proyectos en la costa y de echar en el olvido el cambio climático. Solo incluyó cambios técnicos en un par de artículos y pequeñas modificaciones. La oposición en bloque votó en contra, con la excepción de CiU, que se abstuvo.
Como novedad, el portavoz del PP, Rafael Hernando, anunció que incluirán un “nuevo paquete de enmiendas” sobre cambio climático cuando la ley llegue al Senado.
“Hacen una ley con amnistías de construcciones a 75 años sin prever los efectos del cambio climático en un país tan vulnerable como el nuestro”, reclamó la diputada Laia Ortiz, de ICV. “Es una clara irresponsabilidad”, añadió.
Greenpeace también critica que la norma ignore las proyecciones de subida del mar por el cambio climático. La organización conservacionista cree que las concesiones de las viviendas situadas a la orilla del mar a tan largo plazo pueden hacer que el Estado tenga que indemnizar a los propietarios si el mar se come sus casas. La ley también reduce la servidumbre de protección en las rías de 100 metros a 20. Así salva muchos problemas con los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados y ahora quedan eximidos.
Carmen del Amo, presidenta de una asociación de perjudicados por la Ley de Costas, confirmó sus sospechas de que no se iban a introducir grandes cambios en la normativa. “Lo peor es la discriminación y la arbitrariedad con la que se ha redactado”, se quejaba la representante de un grupo de afectados cuyas propiedades fueron construidas legalmente antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988. “A unos les benefician y a otros no (...) todo esto no se entiende”, añadía.
Hernando, que también oyó estas quejas durante el debate, explicó los criterios por los que se han seleccionado los 10 núcleos que se beneficiaran de la tan nombrada amnistía. Primero habló de la necesidad de que se tratara de núcleos residenciales, después de que hubieran sido construidos antes de la Ley de 1988 y que los deslindes fueran anteriores también a esta fecha. Para salvarlos, Medio Ambiente también ha tenido en cuenta que la inversión necesaria para recuperar las características naturales del dominio público marítimo terrestre fuera desproporcionada.
El PP se ha amparado en la “mala imagen” de España que se crearía en el exterior si esas viviendas se derriban, ya que muchos de los propietarios de las viviendas son extranjeros. Ayer volvieron a agarrarse a ese argumento, y al de la “inseguridad jurídica”. Ahora, los propietarios de esas construcciones podrán venderlas, hacer obras o transmitirlas a sus herederos, algo que antes no estaba permitido. Entre esas zonas salvadas está el barrio de pescadores de El Palo (Málaga), residencias de Oliva (Valencia), que fueron deslindadas en octubre de 1947, o la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales para extranjeros en los años setenta.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/19/actualidad/1361311273_106777.html
El PP escuchó críticas de todos los partidos que acusaban al Gobierno de intentar privatizar el litoral, de buscar la última palabra para tumbar proyectos en la costa y de echar en el olvido el cambio climático. Solo incluyó cambios técnicos en un par de artículos y pequeñas modificaciones. La oposición en bloque votó en contra, con la excepción de CiU, que se abstuvo.
Como novedad, el portavoz del PP, Rafael Hernando, anunció que incluirán un “nuevo paquete de enmiendas” sobre cambio climático cuando la ley llegue al Senado.
“Hacen una ley con amnistías de construcciones a 75 años sin prever los efectos del cambio climático en un país tan vulnerable como el nuestro”, reclamó la diputada Laia Ortiz, de ICV. “Es una clara irresponsabilidad”, añadió.
Greenpeace también critica que la norma ignore las proyecciones de subida del mar por el cambio climático. La organización conservacionista cree que las concesiones de las viviendas situadas a la orilla del mar a tan largo plazo pueden hacer que el Estado tenga que indemnizar a los propietarios si el mar se come sus casas. La ley también reduce la servidumbre de protección en las rías de 100 metros a 20. Así salva muchos problemas con los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados y ahora quedan eximidos.
Carmen del Amo, presidenta de una asociación de perjudicados por la Ley de Costas, confirmó sus sospechas de que no se iban a introducir grandes cambios en la normativa. “Lo peor es la discriminación y la arbitrariedad con la que se ha redactado”, se quejaba la representante de un grupo de afectados cuyas propiedades fueron construidas legalmente antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988. “A unos les benefician y a otros no (...) todo esto no se entiende”, añadía.
Hernando, que también oyó estas quejas durante el debate, explicó los criterios por los que se han seleccionado los 10 núcleos que se beneficiaran de la tan nombrada amnistía. Primero habló de la necesidad de que se tratara de núcleos residenciales, después de que hubieran sido construidos antes de la Ley de 1988 y que los deslindes fueran anteriores también a esta fecha. Para salvarlos, Medio Ambiente también ha tenido en cuenta que la inversión necesaria para recuperar las características naturales del dominio público marítimo terrestre fuera desproporcionada.
El PP se ha amparado en la “mala imagen” de España que se crearía en el exterior si esas viviendas se derriban, ya que muchos de los propietarios de las viviendas son extranjeros. Ayer volvieron a agarrarse a ese argumento, y al de la “inseguridad jurídica”. Ahora, los propietarios de esas construcciones podrán venderlas, hacer obras o transmitirlas a sus herederos, algo que antes no estaba permitido. Entre esas zonas salvadas está el barrio de pescadores de El Palo (Málaga), residencias de Oliva (Valencia), que fueron deslindadas en octubre de 1947, o la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales para extranjeros en los años setenta.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/19/actualidad/1361311273_106777.html
Yaiza reafirma la justificación del carácter urbano de El Golfo y Playa Quemada
El Ayuntamiento de Yaiza aprovecha la Modificación de la Ley de Costas para reafirmar ante el Ministerio de Medio Ambiente el carácter urbano de los núcleos costeros de El Golfo y Playa Quemada y evitar la amenaza de derribo que pesa sobre las edificaciones más próximas al mar. El primer teniente de alcalde, José Antonio Rodríguez, y los concejales Juan Lorenzo Tavío y Roque Herrera solicitaron este jueves al senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, su implicación directa en este asunto para facilitar en el Ministerio de Medio Ambiente la consecución del objetivo, según ha adelantado el propio Consistorio sureño en nota de prensa.
La vía de comunicación entre la Oficina Técnica de Yaiza y la Dirección General de Costas, dependiente de Medio Ambiente, permanece abierta con flujo de documentación acreditativa. Ahora de lo que se trata es reforzar la gestión política para demostrar el carácter urbano de los pueblos y enfatizar la importancia que supone para los vecinos y el municipio la normalización de la situación de incertidumbre que viven los habitantes de El Golfo y Playa Quemada.
El senador por Lanzarote, que asume “con gusto” la petición del gobierno municipal, prevé que la modificación de la Ley de Costas comience su tramitación en las Cortes Generales del Estado antes de finalizar el año. En cualquier caso, existe consenso para buscar una solución al problema que permita garantizar la actividad económica de bares y restaurantes.
Según expresó Luzardo, la reforma legislativa pretende compatibilizar la protección de las costas con el crecimiento económico y la seguridad en el empleo, y preservar los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en zonas del litoral.
El gobierno de Yaiza se mantiene firme en su lucha de proteger los intereses de los vecinos afectados y de encontrar una respuesta satisfactoria a los mismos. En un anterior encuentro con el senador, el Ayuntamiento había insistido en la necesidad de flexibilizar los requisitos para favorecer una aplicación homogénea de la ocupación del dominio público marítimo - terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos.
http://www.cronicasdelanzarote.es/Yaiza-reafirma-la-justificacion,42626.html
La vía de comunicación entre la Oficina Técnica de Yaiza y la Dirección General de Costas, dependiente de Medio Ambiente, permanece abierta con flujo de documentación acreditativa. Ahora de lo que se trata es reforzar la gestión política para demostrar el carácter urbano de los pueblos y enfatizar la importancia que supone para los vecinos y el municipio la normalización de la situación de incertidumbre que viven los habitantes de El Golfo y Playa Quemada.
El senador por Lanzarote, que asume “con gusto” la petición del gobierno municipal, prevé que la modificación de la Ley de Costas comience su tramitación en las Cortes Generales del Estado antes de finalizar el año. En cualquier caso, existe consenso para buscar una solución al problema que permita garantizar la actividad económica de bares y restaurantes.
Según expresó Luzardo, la reforma legislativa pretende compatibilizar la protección de las costas con el crecimiento económico y la seguridad en el empleo, y preservar los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en zonas del litoral.
El gobierno de Yaiza se mantiene firme en su lucha de proteger los intereses de los vecinos afectados y de encontrar una respuesta satisfactoria a los mismos. En un anterior encuentro con el senador, el Ayuntamiento había insistido en la necesidad de flexibilizar los requisitos para favorecer una aplicación homogénea de la ocupación del dominio público marítimo - terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos.
http://www.cronicasdelanzarote.es/Yaiza-reafirma-la-justificacion,42626.html
Gobierno canario dice que miles de personas se arriesgan a perder la casa
El Gobierno canario ha criticado hoy que se hayan rechazado en el Congreso de los Diputados las enmiendas relativas al Archipiélago en el proyecto de Ley de Costas, con lo que, ha añadido, se ha dado la "espalda a miles de canarios, que ahora se arriesgan a perder su casa si no se corrige esta injusticia".
En un comunicado, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Rivero, también dice que la norma es "arbitraria e injusta" porque no recoge las condiciones especiales del Archipiélago ni su particular relación con el mar, mientras que, agrega, se permiten excepciones en otras autonomías.
En su opinión, alguien deberá responder por la "arbitrariedad" de no incluir las condiciones de Canarias, y explicar por qué hay excepciones a la obligación de derribo de las construcciones ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre en lugares como Galicia, Valencia o Baleares.
Martín Marrero lamenta que el Gobierno canario no haya sido consultado en ningún momento para la reforma de la Ley, a pesar de que las competencias de los usos en las playas y las zonas de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre pertenecen a la Comunidad Autónoma.
Recuerda que en Canarias hay más de cien núcleos que se verán afectados por la Ley de Costas y que la ampliación de las concesiones en 75 años, uno de los criterios incorporados en la ley, no garantiza la integridad de todos esas viviendas, destaca.
Martín Marrero indica que, de acuerdo con las estimaciones de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias y dada la configuración urbanística y de propiedad de los actuales núcleos tradicionales afectados por el dominio público marítimo terrestre, en Canarias más del 90 por ciento no podrán acogerse a la solución.
La reforma de la ley de Costas fue aprobada ayer en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja con los votos del grupo Popular, la abstención de CIU y la negativa del PNV, UPyD, grupo Mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según ha señalado la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.
EFE
http://www.diariovasco.com/agencias/20130220/mas-actualidad/sociedad/gobierno-canario-dice-miles-personas_201302201417.html
En un comunicado, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Rivero, también dice que la norma es "arbitraria e injusta" porque no recoge las condiciones especiales del Archipiélago ni su particular relación con el mar, mientras que, agrega, se permiten excepciones en otras autonomías.
En su opinión, alguien deberá responder por la "arbitrariedad" de no incluir las condiciones de Canarias, y explicar por qué hay excepciones a la obligación de derribo de las construcciones ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre en lugares como Galicia, Valencia o Baleares.
Martín Marrero lamenta que el Gobierno canario no haya sido consultado en ningún momento para la reforma de la Ley, a pesar de que las competencias de los usos en las playas y las zonas de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre pertenecen a la Comunidad Autónoma.
Recuerda que en Canarias hay más de cien núcleos que se verán afectados por la Ley de Costas y que la ampliación de las concesiones en 75 años, uno de los criterios incorporados en la ley, no garantiza la integridad de todos esas viviendas, destaca.
Martín Marrero indica que, de acuerdo con las estimaciones de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias y dada la configuración urbanística y de propiedad de los actuales núcleos tradicionales afectados por el dominio público marítimo terrestre, en Canarias más del 90 por ciento no podrán acogerse a la solución.
La reforma de la ley de Costas fue aprobada ayer en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja con los votos del grupo Popular, la abstención de CIU y la negativa del PNV, UPyD, grupo Mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según ha señalado la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.
EFE
http://www.diariovasco.com/agencias/20130220/mas-actualidad/sociedad/gobierno-canario-dice-miles-personas_201302201417.html
El PP saca adelante la Ley de Costas en solitario en el Congreso
El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley de Costas, con el apoyo del PP, la abstención de CiU y la negativa del PNV, UPyD, grupo mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según ha señalado la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.
La norma, que salvará por 75 años más 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la playa, será remitida ahora al Senado, donde el PP ha anunciado que incluirá un grupo de enmiendas para tener en cuenta el cambio climático.
De las 145 enmiendas presentadas a este texto, y en una sesión que se ha alargado tres horas y media, el Grupo Popular ha admitido dos de Coalición Canaria, ha transaccionado una con el PNV, ha aceptado varias de Izquierda Plural y BNG, y ha transaccionado siete, de carácter técnico, con CiU.
El portavoz de este último grupo, Martí Barberá, ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, "si es necesario", porque considera que la llamada cláusula "antialgarrobico" invade las competencias locales al permitir al Gobierno parar obras en el litoral, previamente aprobadas por los ayuntamientos.
El texto 'amnistía' diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga
No obstante, el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, ha opinado que esta cláusula no vulnera la autonomía local porque permite la posibilidad de recurrir a los ayuntamientos.
Urbanismo salvaje
Hernando ha negado asimismo que la reforma abra la puerta al "urbanismo salvaje", como ha asegurado la oposición, y ha anunciado que presentarán en el Senado un grupo de enmiendas sobre el cambio climático.
Incluye una clausula 'antialgarrobicos' y una prórroga para industrias contaminantes
La ausencia de alusiones al cambio climático en esta reforma y sus consecuencias sobre el litoral había sido objeto de numerosas enmiendas y críticas.
Durante el debate, que se ha celebrado en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Ana Oramas (CC) ha afirmado que la reforma no corrige los problemas del litoral y no cumple con la máxima sostenibilidad.
Legaliza lo ilegal
A juicio de Olaia Fernández Dávila (BNG), la futura ley "soluciona la ilegalidad" y su objetivo es garantizar industrias contaminantes, mientras que el diputado Joan Baldoví (Compromís) ha calificado de "nula" la disposición del PP de aceptar enmiendas, y ha considerado que hay artículos que vulneran la Constitución.
También para Joseba Agirretxea (PNV) han supuesto una "gran decepción" las "pocas ganas" de negociar del PP; y Toni Cantó (UPyD) ha afirmado que se trata de una ley de "resultados inaceptables", y que el litoral está peligro por su "estrechez de miras".
La diputada Laia Ortiz (Izquierda Plural) ha coincidido en que se desprotege el litoral y ha criticado que el texto haya seguido un proceso "tan opaco y acelerado".
Degradación de la costa
Finalmente, María José Rodríguez (PSOE) ha apuntado que se "alienta la degradación de las costas a través de una amnistía ambiental" y se abre la veda a la especulación.
Según el Gobierno, la reforma de la Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido.(COSA QUE YA ESTABA PROHIBIDO)
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes u hoteles).(TAMBIEN ESTABA PROHIBIDO)
En cuanto a las papeleras u otras industrias ultracontamiantes que están también afectadas debido a su ubicación, se prevé una prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.
Barrios urbanos
El texto prevé además que diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga sean amnistiadas, y que la isla de Formentera tenga un trato especial por su especial configuración geológica.
En sintonía con lo defendido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), CiU ha presentado una enmienda, que no ha prosperado, para que las islas o islotes cuya superficie no excediera de 100 kilómetros cuadrados pudieran beneficiarse también de un deslinde singular como el de Formentera.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/20/suvivienda/1361352719.html
La norma, que salvará por 75 años más 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la playa, será remitida ahora al Senado, donde el PP ha anunciado que incluirá un grupo de enmiendas para tener en cuenta el cambio climático.
De las 145 enmiendas presentadas a este texto, y en una sesión que se ha alargado tres horas y media, el Grupo Popular ha admitido dos de Coalición Canaria, ha transaccionado una con el PNV, ha aceptado varias de Izquierda Plural y BNG, y ha transaccionado siete, de carácter técnico, con CiU.
El portavoz de este último grupo, Martí Barberá, ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, "si es necesario", porque considera que la llamada cláusula "antialgarrobico" invade las competencias locales al permitir al Gobierno parar obras en el litoral, previamente aprobadas por los ayuntamientos.
El texto 'amnistía' diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga
No obstante, el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, ha opinado que esta cláusula no vulnera la autonomía local porque permite la posibilidad de recurrir a los ayuntamientos.
Urbanismo salvaje
Hernando ha negado asimismo que la reforma abra la puerta al "urbanismo salvaje", como ha asegurado la oposición, y ha anunciado que presentarán en el Senado un grupo de enmiendas sobre el cambio climático.
Incluye una clausula 'antialgarrobicos' y una prórroga para industrias contaminantes
La ausencia de alusiones al cambio climático en esta reforma y sus consecuencias sobre el litoral había sido objeto de numerosas enmiendas y críticas.
Durante el debate, que se ha celebrado en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Ana Oramas (CC) ha afirmado que la reforma no corrige los problemas del litoral y no cumple con la máxima sostenibilidad.
Legaliza lo ilegal
A juicio de Olaia Fernández Dávila (BNG), la futura ley "soluciona la ilegalidad" y su objetivo es garantizar industrias contaminantes, mientras que el diputado Joan Baldoví (Compromís) ha calificado de "nula" la disposición del PP de aceptar enmiendas, y ha considerado que hay artículos que vulneran la Constitución.
También para Joseba Agirretxea (PNV) han supuesto una "gran decepción" las "pocas ganas" de negociar del PP; y Toni Cantó (UPyD) ha afirmado que se trata de una ley de "resultados inaceptables", y que el litoral está peligro por su "estrechez de miras".
La diputada Laia Ortiz (Izquierda Plural) ha coincidido en que se desprotege el litoral y ha criticado que el texto haya seguido un proceso "tan opaco y acelerado".
Degradación de la costa
Finalmente, María José Rodríguez (PSOE) ha apuntado que se "alienta la degradación de las costas a través de una amnistía ambiental" y se abre la veda a la especulación.
Según el Gobierno, la reforma de la Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido.(COSA QUE YA ESTABA PROHIBIDO)
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes u hoteles).(TAMBIEN ESTABA PROHIBIDO)
En cuanto a las papeleras u otras industrias ultracontamiantes que están también afectadas debido a su ubicación, se prevé una prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.
Barrios urbanos
El texto prevé además que diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga sean amnistiadas, y que la isla de Formentera tenga un trato especial por su especial configuración geológica.
En sintonía con lo defendido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), CiU ha presentado una enmienda, que no ha prosperado, para que las islas o islotes cuya superficie no excediera de 100 kilómetros cuadrados pudieran beneficiarse también de un deslinde singular como el de Formentera.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/20/suvivienda/1361352719.html
domingo, 17 de febrero de 2013
Eurodiputada advierte de posible infracción por la reforma de Ley de Costas
La reforma de la Ley de Costas, tal como está planteada, podría acarrear la apertura de un procedimiento de infracción contra España en la Unión Europea por incumplimiento de hasta cuatro directivas, alerta la eurodiputada de Los Verdes, la danesa Margrete Auken.
Auken es miembro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) y del grupo que se ha creado dentro del mismo para analizar la nueva de la Ley de Costas española que promueve el Gobierno ante el más de centenar de quejas recibidas, y ha acudido a Madrid esta semana junto a la europarlamentaria austríaca Angelika Werthmann para interesarse por el asunto.
En una entrevista con EFEverde, la veterana política, madre de la actual ministra danesa de Medio Ambiente, asegura que el texto al que previsiblemente dará luz verde el Congreso el próximo martes "viola" hasta cuatro directivas europeas, entre las que cita la de aguas, protección frente a inundaciones, participación pública y tratamiento de aguas.
La eurodiputada se muestra especialmente "indignada" por la "falta de participación y de transparencia" con la que, en su opinión, se ha tramitado la reforma, y critica "las trabas" que ha puesto el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz para que la Comisión de Peticiones del PE acuda en misión oficial a saber más de la ley, como llevan intentando "desde antes del verano".
Auken incide en que si la Ley de Costas se aprueba tal como está planteada el PE pedirá a la Comisión que "analice el incumplimiento de las citadas directivas y abra un procedimiento contra España".
La eurodiputada, autora de un informe contra el "urbanismo salvaje" en España que lleva su nombre y que fue aprobado por el PE en 2009, está "furiosa" porque el Gobierno cite ese documento en el preámbulo de su norma para justificar la reforma de la Ley de Costas del año 88.
"Quiero decirle al Gobierno español que no en mi nombre ni en el del Parlamento Europeo, ya que en el informe subrayábamos que la ley del 88 era buena, pero que su aplicación era un desastre o porque no se llevaba a cabo o porque se hacía arbitrariamente", subraya.
El llamado 'Informe Auken' decía que "había que dar más seguridad jurídica a los propietarios individuales para que siguieran en sus casas si no tenían otro lugar donde ir. Es lógico que ellos y sus hijos tengan derecho a estar ahí treinta años más por ejemplo", indica.
El problema, según la coordinadora de Los Verdes en el PE, es que el texto del Gobierno "renueva las concesiones durante nada menos que 75 años y usa el mismo lenguaje para los pequeños propietarios cuyos padres y abuelos han tenido una casa en el litoral toda la vida, y por supuesto tienen derecho a estar ahí, que para las empresas".
"Si la distinción entre esas personas y el sector privado no la dejan clara, están abriendo la puerta a la destrucción urbanística de la costa en los últimos paraísos costeros de España", afirma.
A Auken no le cabe duda de que cuando el Gobierno habla de "poner al mismo nivel las oportunidades económicas y la protección ambiental" con la nueva Ley de Costas, "están queriendo decir que van a dar prioridad a que las empresas saquen dinero fácil en el bien público más preciado de los españoles: su línea costera".
"Esta ley abre las puertas a un nuevo boom inmobiliario en la costa", clama la eurodiputada, quien en su informe de 2009 ponía de manifiesto datos como que en España se gastaba más cemento que en Italia, Alemania, Francia y Reino Unido juntos.
A juicio de Auken, la "destrucción" del litoral es mayor en España que en ningún otro país de la Unión Europea, y, de continuar, "puede decir adiós al turismo y prepararse para el dramático coste que tendría restaurar lo dañado".
En ese sentido, la eurodiputada lanza un mensaje claro a los españoles: "Miren lo que ha pasado con su estupenda costa, que fue vendida sin que se dieran cuenta y sin que ustedes recibieran beneficio alguno. Esta nueva ley es un engaño, la crisis no se resuelve destruyendo el litoral que queda en buen estado".
(Agencia EFE)
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