El PP escuchó críticas de todos los partidos que acusaban al Gobierno de intentar privatizar el litoral, de buscar la última palabra para tumbar proyectos en la costa y de echar en el olvido el cambio climático. Solo incluyó cambios técnicos en un par de artículos y pequeñas modificaciones. La oposición en bloque votó en contra, con la excepción de CiU, que se abstuvo.
Como novedad, el portavoz del PP, Rafael Hernando, anunció que incluirán un “nuevo paquete de enmiendas” sobre cambio climático cuando la ley llegue al Senado.
“Hacen una ley con amnistías de construcciones a 75 años sin prever los efectos del cambio climático en un país tan vulnerable como el nuestro”, reclamó la diputada Laia Ortiz, de ICV. “Es una clara irresponsabilidad”, añadió.
Greenpeace también critica que la norma ignore las proyecciones de subida del mar por el cambio climático. La organización conservacionista cree que las concesiones de las viviendas situadas a la orilla del mar a tan largo plazo pueden hacer que el Estado tenga que indemnizar a los propietarios si el mar se come sus casas. La ley también reduce la servidumbre de protección en las rías de 100 metros a 20. Así salva muchos problemas con los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados y ahora quedan eximidos.
Carmen del Amo, presidenta de una asociación de perjudicados por la Ley de Costas, confirmó sus sospechas de que no se iban a introducir grandes cambios en la normativa. “Lo peor es la discriminación y la arbitrariedad con la que se ha redactado”, se quejaba la representante de un grupo de afectados cuyas propiedades fueron construidas legalmente antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988. “A unos les benefician y a otros no (...) todo esto no se entiende”, añadía.
Hernando, que también oyó estas quejas durante el debate, explicó los criterios por los que se han seleccionado los 10 núcleos que se beneficiaran de la tan nombrada amnistía. Primero habló de la necesidad de que se tratara de núcleos residenciales, después de que hubieran sido construidos antes de la Ley de 1988 y que los deslindes fueran anteriores también a esta fecha. Para salvarlos, Medio Ambiente también ha tenido en cuenta que la inversión necesaria para recuperar las características naturales del dominio público marítimo terrestre fuera desproporcionada.
El PP se ha amparado en la “mala imagen” de España que se crearía en el exterior si esas viviendas se derriban, ya que muchos de los propietarios de las viviendas son extranjeros. Ayer volvieron a agarrarse a ese argumento, y al de la “inseguridad jurídica”. Ahora, los propietarios de esas construcciones podrán venderlas, hacer obras o transmitirlas a sus herederos, algo que antes no estaba permitido. Entre esas zonas salvadas está el barrio de pescadores de El Palo (Málaga), residencias de Oliva (Valencia), que fueron deslindadas en octubre de 1947, o la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales para extranjeros en los años setenta.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/19/actualidad/1361311273_106777.html
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