Arias Cañete anuncia una reforma

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado una reforma "profunda" de la Ley de Costas que pueda "armonizar" el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales, así como su intención de colaborar entre las distintas administraciones para tratar de alcanzar un gran pacto nacional del agua.

Durante la toma de posesión de altos cargos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el ministro ha dicho que estos son algunos de los retos más importantes de este departamento, cuyas líneas estratégicas presentará próximamente en sede parlamentaria "con todo detalle".

Respecto a la reforma de la Ley de Costas, ha manifestado que el litoral es "parte muy importante la riqueza económica y medioambiental es el litoral" y que, por ello, el Ministerio pondrá en valor el conjunto de playas y costas de España. "Los ciudadanos tienen que conocer los valores medioambientales de nuestro litoral y el potencial turístico debe siempre desarrollarse en base a los criterios de sostenibilidad ambiental", ha destacado el ministro que ha asegurado que "es compatible el desarrollo turístico con el respeto y la protección ambiental".

Por este motivo, ha explicado que la reforma "muy profunda" de la Ley de Costas partirá de la idea de que es "plenamente compatible" el crecimiento económico, la generacion de empleo y contribuir a la salida de la crisis con la potencialización del litoral. Arias Cañete ha precisado que se hará un análisis "muy riguroso" de los diferentes usos en el mar territorial para armonizar el desarrollo de cuantas actividades contribuyan a generar crecimiento económico, siempre con una decidida protección de los recursos naturales marinos, protección a la que no vamos a renunciar.

Mientras, sobre un pacto del agua, pretende que éste asegure un "abastecimiento de calidad" y el mantenimiento de todos los ecosistemas ligados al agua. Para ello, ha explicado que se fomentará la utilización del agua reciclada, la explotación ordenada del agua subterránea y otras técnicas, que se sumarán a la gestión eficiente de los recursos hídricos superficiales, que son la base actual del suministro.

Además, ha asegurado que la política medioambiental promoverá la participación de las distintas organizaciones y la simplificación de los trámites administrativos, respetando "escrupulosamente" los valores medioambientales.

En su primera intervención en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, ha agradecido al equipo saliente la gestión realizada y a quienes asumen ahora las responsabilidades, les agradece el compromiso en unas "circunstancias enormemente complejas" para España y una "situación económica muy compleja por la restricción presupuestaria evidente".

En todo caso, ha señalado que entre las "improntas" que quiere impulsar en el departamento es que la actividad del hombre y el medio ambiente son conceptos "compatibles" que tiene que constituirse en "instrumentos aliados de progreso". Por ello, ha indicado que quiere encontrar un punto de encuentro de todos los actores implicados en el medio ambiente, desde administraciones, entidades privadas y, por supuesto, las organizaciones ecologistas.

"Vamos a trabajar para que los compromisos que se asuman en materia medioambiental sean compatibles realmente con la sostenibilidad del tejido económico y empresarial", ha apostillado Arias Cañete, que ha agregado que una de las prioridades será la simplificación de la normativa en materia medioambiental para agilizar los trámites administrativos para "que no sean freno de las inversiones" pero "respetando escrupulosamente todas las garantías medioambientales".

Asimismo, ha pedido colaboración de las comunidades autónomas en temas como gestión de residuos, emisiones y calidad del aire y ha prometido prestar "particular atención" a la red de Parques Nacionales, en los que se fomentará su uso y disfrute con actividades turísticas y de ocio "respetuosas" con los valores ambientales porque está "convencido" de que el turismo sostenible "es posible y deseable".

En cuanto a la lucha contra el cambio climático, Arias Cañete ha asegurado que "seguirá siendo otra de las líneas de trabajo fundamentales" porque la UE "y España también" han hecho un esfuerzo sin precedentes en los últimos años y por los avances y compromisos alcanzados en la Cumbre del Clima en Durban (Sudáfrica) en diciembre de 2011. En este sentido, ha dicho que es consciente de que las políticas de reducción de emisiones deben estar "necesariamente bien orientadas" para que su ejecución surtan el efecto deseado.

TOMAS DE POSESIÓN

En el acto presidido por el ministro este viernes han tomado posesión la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro Andrade; el director general del Agua, Juan Urbano López de Meneses; y el director general de sostenibilidad de la Costa y del mar, Pablo Saavedra Inaraja.

Los nuevos altos cargos fueron aprobados en el Consejo de Ministros el pasado 5 de enero y ya ocupaban puestos de responsabilidad dentro de la administración central y autonómica y cuentan con experiencia en los ámbitos de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-arias-canete-anuncia-reforma-profunda-ley-costas-20120113140857.html

NO SE VAYAN SIN DESPEDIRSE

Les ha llegado el fin. Ya no son personajes públicos, no ostentan representación alguna, ni la dirección provincial de algún servicio estatal. No. Ahora son como todos. Ciudadanos de a pie, o por lo menos debería ser así. Claro está, que en este país, donde un torero mata a una persona y no pasa nada, donde más de la mitad de los habitantes están a favor de una duquesa, y en contra del Rey, donde los que roban para comer van a la cárcel, y los que roban, prevarican, y especulan, conviven con nosotros en las calles, y donde los jueces que deben velar, por esa utopía llamada justicia, son nombrados por los políticos, pues con todo esto, está por ver si a todos estos que dejan el cargo, no se les coloca en otro más acorde con los tiempos que corren.
Sabemos de antemano que no vendrán a despedirse; no se preocupen, ya lo hacemos nosotros, que a lo largo de vuestros mandatos, hemos demostrado tener unas cualidades, que ustedes no han podido adquirir en sus cargos.
Al ex subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, desearle lo mejor. Sé que añorará muchas cosas en su nueva vida, pero los cargos políticos son así. Durante su mandato, le solicitamos muchas reuniones, que por algún misterioso motivo nunca se produjeron. Quizás sea por un pequeño defecto suyo, de demonizar a un pequeño grupo de ciudadanos, residentes en la costa de Candelaria; de incrementar la “supuesta” peligrosidad de un grupo de personas, que por defender sus viviendas, y sobre todo por defender sus derechos, esos derechos que vienen recogido en la primera ley de este país, la constitución española, que usted juró defender, y que en su articulado expone:…. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España… sufrieron persecución y vigilancia por parte de los servicios que estaban a sus órdenes.
Imagino, que ya se habrá dado cuenta, que no somos los peligrosos delincuentes, creadores y desarrolladores de tácticas terroristas, y que sólo somos lo que toda la ciudadanía entendió al vernos: un grupo de personas, humildes y trabajadores, más preocupada de llegar a fin de mes y de llenar las neveras, que en la elaboración de artefactos explosivos, cócteles molotov, y demás armas, que usted, desafortunadamente, hizo creer a la opinión pública para intentar justificar lo imposible.
En fin, don José Antonio, como dice la canción: “…que le vaya bonito…” Sólo recordarle, que los famosos cócteles, se elaboran con botellas de cristal, no de plástico, e invitarle, a pasar por lo que queda de nuestras casas, y charlar con nosotros, ver como estamos viviendo después de más de tres años, que igual se le desmorona esa idea suya de que somos elementos subversivos.
Queremos despedirnos también, del ex ingeniero jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife, ya que después de una relación de casi cinco años, nos sentíamos obligados.
Decirle, que aunque no lo crea, nosotros lo respetamos por su cargo. Comprendimos sus obligaciones, pero nunca entendimos el enconamiento que obtuvimos de usted con todo nuestro pueblo. No hay que hablar de la ley, pues la ley es claramente injusta, como la define la oficina del defensor del pueblo. La ley debe ser para todos y no disfrazarse al antojo de unos pocos, con términos urbanísticos, que normalmente desembocan en pura especulación. Recuerde que es una ley medioambiental, y que claramente no ha servido a ese fin; si no lo cree, salga a dar un paseo por las aberraciones, que se han construido estando usted en funciones.
Durante años le advertimos, que muchas de las viviendas destruidas, eran la única residencia de personas, que no tenían ni recursos ni medios para adquirir otra, pero usted negó esas afirmaciones, y propició una situación de personas sin hogar, por cierto, contrario a la constitución, y con las obras de un paseo inútil, que se está alargando no en longitud, pero si en el tiempo, permitió que se vulneraran continuamente derechos fundamentales. Incluso poniendo en peligro las vidas de los vecinos.
Le quiero dar las gracias. Gracias, por su incapacidad de diálogo, que propicio que un grupo de ciudadanos se organizara, se defendiera, y logrará que desde la Europa Comunitaria, se investigue todas las nefastas actuaciones que se realizan al amparo de una ley confiscatoria, y totalmente injusta como se ha demostrado ser la Ley de Costas.
A ambos, desde Cho Vito, sólo decirles, que les recordaremos, sin más calificativos.

Recuperación económica y seguridad jurídica

La necesidad de estimular los mercados y la presión enorme de los agentes económicos sobre los Gobiernos para ampliar cada vez más los márgenes legislativos de la libertad individual, de contratación y de empresa hace más crucial que nunca la seguridad jurídica para el progreso y el crecimiento económico. De hecho, la actual crisis económica y financiera internacional tiene su origen y desencadenante en el problema de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que puso al descubierto las enormes carencias de seguridad jurídica del sistema anglosajón. El gran reto de nuestros gobernantes consiste en que las reformas no impliquen una pérdida de seguridad jurídica, algo inasumible para empresas y ciudadanos.
La máxima seguridad jurídica es el mejor polo de atracción para los inversores
El concepto de seguridad jurídica va asociado a la certeza en la norma y en las relaciones jurídicas y predictibilidad en la aplicación de aquella por el Estado. Entre otras técnicas legislativas desaconsejables, produce inseguridad jurídica el abuso de los efectos retroactivos de la ley, en cuanto puedan afectar a derechos individuales adquiridos. Este fenómeno es demasiado frecuente en nuestro país en la normativa fiscal. Asimismo, la aplicación retroactiva de la Ley de Costas 22/1988 perjudicó los derechos de propiedad de ciudadanos españoles y de otros países de la Unión Europea en diversas zonas de nuestro litoral mediterráneo, con grave descrédito para nuestro sistema de seguridad jurídica. A su vez, la seguridad jurídica debe relacionarse con la idea de justicia, que está situada en un plano incluso superior (sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1981). Cuando la norma es o se convierte en injusta, debe ser derogada o modificada. Tal acontece actualmente en materia de ejecuciones hipotecarias, donde se producen situaciones injustas o abusivas para el consumidor que el legislador deberá corregir.
El Estado garantiza la seguridad imponiendo el imperio de la ley en un doble momento de las relaciones jurídicas y de manera doblemente eficaz: a través de la seguridad jurídica preventiva que ejercen notarios y registradores, lo que garantiza que los negocios jurídicos se ajusten a la norma, y la seguridad jurídica correctiva o sancionadora, que ejercen los jueces y que restablece la paz social cuando ha sido conculcada.
El sistema judicial español es globalmente seguro y de calidad, más allá de cuestiones concretas que puedan afectar a la cúpula en cuanto a la forma de elección. La justicia arrastra problemas históricos de medios y estructura, pero responde plenamente en el día a día de miles de juzgados al modelo de juez constitucional, como titular de un poder del Estado independiente, imparcial, técnicamente preparado y sometido al imperio de la ley, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
La intervención del notario, con su independencia e imparcialidad, el asesoramiento reequilibrador y el control de legalidad que realiza, entre otros valores que aporta, añade un plus de seguridad jurídica y un índice de litigiosidad bajísimo al negocio, lo que objetivamente hace muy superior la escritura sobre el documento privado y a nuestro sistema notarial respecto de otros existentes en derecho comparado, como el del seguro de títulos, difícilmente aceptable por nuestra sociedad.
El notario y la escritura están en el centro mismo del iter transmisivo, en el momento de consumarse el negocio, y garantizan su seguridad y legalidad. Sorprenden por este motivo recientes propuestas legislativas que pretendían excluir la escritura pública de determinados ámbitos negociales. Sería incomprensible que en España ahora se quisiera importar por la puerta de atrás un sistema, el anglosajón, que ha fallado estrepitosamente y está siendo profundamente revisado. Sería prácticamente el mundo al revés.
Nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva, que se asienta en los ámbitos mercantil e inmobiliario en la complementariedad del binomio notaría-registro, tanto en la fase del boom económico y sus excesos como en la actual de crisis aguda, ha demostrado su solidez y ha garantizado satisfactoriamente los derechos de los particulares y las empresas. Los problemas han sido de otro orden, fundamentalmente de tipo económico y financiero, pero no de seguridad jurídica. Constituye un sistema con un alto nivel de excelencia perfectamente homologable con el de los países más avanzados.
Las reformas legislativas que tendrán que acometerse no deberían de afectar a ningún elemento sustancial de los controles jurídicos del Estado que conformen la columna vertebral del sistema, que son indudablemente el poder judicial y las funciones notarial y registral, sin perjuicio de la siempre conveniente modernización y mejora. En particular, constituiría un error que perjudicaría gravemente el normal funcionamiento del mercado introducir elementos de desregulación y liberalización en cualquiera de estas tres instituciones, pues precisamente la seguridad de las relaciones jurídicas exige que el guardabarreras -o gatekeeping, en inglés- esté fuera del mercado y de sus reglas. El árbitro no juega el partido, lo vigila y controla.
El Gobierno y las Cortes, para impulsar el crecimiento y la recuperación económica, deberán promover en los próximos meses importantes reformas legislativas en los ámbitos laboral, fiscal, mercantil y societario, financiero, hipotecario, de la Administración, de la justicia, de protección de los consumidores, de jurisdicción voluntaria, arbitraje, mediación... Una legislación innovadora en estos y otros campos, incluso audaz en las reformas, unidos a un buen sistema judicial y de seguridad jurídica preventiva como el nuestro, asentado en la fe pública notarial y registral, que garantizan la máxima seguridad jurídica, son el mejor polo de atracción para los inversores y los negocios, nacionales e internacionales, y la mejor base para la reactivación económica.

Joan Carles Ollé es vicepresidente del Consejo General del Notariado.
http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/Recuperacion/economica/seguridad/juridica/elpepueconeg/20120108elpnegemp_7/Tes