Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

viernes, 26 de julio de 2013

El alcalde de Guía se reunió con los vecinos de Caleta de Arriba


El alcalde  de  Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, se reunió en la tarde del pasado miércoles, con los vecinos de Caleta de Arriba, para explicarles como estaba la situación del barrio ante la nueva Ley de Costas
El alcalde de Guía quiso transmitir tranquilidad a los vecinos, informándoles que el Ayuntamiento, había hecho los deberes, ya que en el año 2005, dentro del Planeamiento General, se había declarado núcleo urbano el barrio, y que tenía informe positivo de Costas.

De todas maneras, aclaró, que la nueva Ley no varía mucho con respecto a la anterior, ya que el barrio sigue manteniendo igual situación, estando la línea de costa en los mismos 20 metros.
Y ante la nueva Ley, que da un plazo hasta el 31 de agosto para alegaciones, explicó que  el Ayuntamiento  el pasado día 12 de julio, había enviado ya dichas alegaciones al Ministerio, para su estudio.
También expresó su plena disposición a seguir informando de cualquier novedad sobre este asunto a los vecinos.

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/9-sociedad/24041-el-alcalde-de-guia-se-reunion-con-los-vecinos-de-caleta-de-arriba

jueves, 25 de julio de 2013

El ayuntamiento de Gáldar remite toda la documentación para consolidar los barrios costeros

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El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, ha informado que desde el ayuntamiento ha sido remitida toda la documentación de los barrios costeros de La Furnia, Los Dos Roques, Punta de Gáldar y Barranquillo El Vino, tanto al Ministerio de Medio Ambiente, como a la Demarcació de Costas de Canarias y a la Viceconsejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, para justificar que estos núcleos costeros del municipio son urbanos y consolidar las viviendas de estos núcleos costeros con la nueva Ley de Costas.

A esta documentación se une también la solicitud de desafectación de los terrenos situados al interior de los paseos marítimos de El Agujero y Los Dos Roques, para que el establecimiento de las servidumbres de Costas se adelante al borde del paseo o  las avenidas, que constituye la nueva ribera del mar.
Estas iniciativas, cabe recordar, le fueron expuestas a los vecinos que viven en los núcleo costeros en la reunión mantenida con ellos recientemente en el Teatro Consistorial.

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/6-interes/24021-el-ayuntamiento-de-galdar-remite-toda-la-documentacion-para-consolidar-los-barrios-costeros-

miércoles, 24 de julio de 2013

El Gobierno autónomo solicita al Consultivo un dictamen para recurrir la Ley de Costas

Los gobiernos vasco y andaluz inician los trámites para pedir la suspensión cautelar de la norma al Tribunal Constitucional
  El Gobierno de Canarias ya ha iniciado los trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. El Ejecutivo ha solicitado recientemente al Consejo Consultivo de Canarias un dictamen, un primer paso para después presentar la reclamación ante el Tribunal Constitucional, ya que considera que varios puntos recogidos en ella van en contra de la Carta Magna.
. La Junta de Andalucía también acordó ayer interponer un recurso ante el Constitucional contra la llamada Ley de Costas y pedir al alto tribunal su suspensión cautelar para evitar "daños irreparables". Por su parte, el Gobierno vasco va a presentar un recurso por considerar que la norma "legisla demasiado extensamente y no deja" margen para las autonomías El pasado 1 de julio, representantes de los Gobiernos de las comunidades autónomas cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, – Canarias, Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco–, se reunieron en Madrid y anunciaron su intención de recurrir la normativa aprobada en mayo por el Gobierno de Mariano Rajoy
Apenas tres semanas después, las autonomías empiezan a poner en marcha los procedimientos por separado, –ya que la norma jurídica imposibilita que los gobiernos autónomos recurran al Constitucional de manera conjunta–, porque el plazo para presentar los recursos al Constitucional es de tres meses después de la publicación de la norma.
El Gobierno de Canarias entiende que al menos cuatro aspectos recogidos nueva Ley de Costas podrían ir en contra de la Carta Magna. Por un lado, consideran que la norma vulnera la autonomía local, ya que el texto otorga a los delegados de gobierno la posibilidad de suspender la iniciación de las obras en las zonas de servidumbre, que son competencia de Autonomías, una competencia que el Ejecutivo regional entiende que solo deben tener los Tribunales de Justicia.
Por otro lado, un punto que también considera inconstitucional es la excepción que la norma estatal hace con doce núcleos costeros peninsulares. Sin embargo, no establece ninguna salvedad para núcleos tradicionales canario con valor etnográfico, una demanda que el Ejecutivo autonómico hacía ya con la anterior normativa y además ha incluido otros que antes no estaban afectados. Por todo esto, el Gobierno entiende que se vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos.
Otro punto de conflictividad es que el Ejecutivo de Paulino Rivero considera que la norma otorga facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre, que corresponden exclusivamente a las comunidades autónomas, mientras que el Estado solo puede fijar unos máximos y mínimos para su uso.
Por último, la norma también impone a los ayuntamientos la obligación de presentar en un plazo de tres meses al Ministerio de Agricultura la relación de sus núcleos urbanos, aunque ya estén ordenados por el planteamiento en vigor. La administración deberá pronunciarse sobre la extensión que debe tener la zona de servidumbre de protección en cada uno de estos núcleos del litoral. Si el informe es desfavorable, dejaría de ser suelo urbano y la zona de servidumbre de protección pasaría de 20 a 100 metros. Por esto, el ejecutivo considera que debido a su retroactividad la norma es inconstitucional y que además provoca inseguridad jurídica para aquellos vecinos que dispongan de una vivienda o terreno en estas zonas
http://www.laopinion.es/canarias/2013/07/24/gobierno-autonomo-solicita-consultivo-dictamen/488984.html

22 barrios costeros reclaman a Madrid que mantenga su condición de urbanos

Ocho municipios de Gran Canaria y Lanzarote remiten la documentación para evitar que queden fuera de ordenamiento
Ocho ayuntamientos de Gran Canaria y Lanzarote ya han presentado la documentación requerida por el Ministerio de Medio Ambiente para consolidar a 22 barrios costeros como núcleos urbanos y evitar que pierdan esta catalogación. El Gobierno de Canarias se está encargando de recabar los informes de los municipios con litoral, que ha de enviar a Madrid antes del 31 de agosto. En ambas islas, los ayuntamientos han remitido una extensa documentación para justificar que esos núcleos son urbanos, y el Ejecutivo canario la reenviará tal cual al Ministerio de Medio Ambiente ante el escaso tiempo que les ha dado Madrid pra unificarla: sólo tres meses.

El Ejecutivo está recogiendo la información también de los municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero el volumen de trabajo está impidendo que puedan determinar a qué preceptos se acogen los ayuntamientos para mantener su 'estatus' como suelo urbano después de 1988.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, recordó que el planeamiento de estos emplazamientos fue aprobado por las administraciones canarias en el 99% de los casos con informes positivos de Costas y del Ministerio, por lo que criticó que Madrid reclame otra vez esta documentación invadiendo competencias locales y autonómicas. "La nueva Ley de Costas es técnicamente un desastre", subrayó, lo que ha provocado que tres comunidades de las cinco que lo anunciaron ya hayan aprobado presentar recursos de inconstitucionalidad. En concreto, Canarias, País Vasco y Andalucía han acordado ir al Tribunal Constitucional.

Siete son los ayuntamientos de Gran Canaria que han presentado su documentación al Ejecutivo para mantener el ordenamiento como urbano de once núcleos costeros. Ingenio ha remitido los informes sobre El Burrero; Agüimes (Playa de Arinaga y Muelle Viejo); San Bartolomé de Tirajana (Salinas del Matorral ); La Aldea de San Nicolás (Playa de La Aldea); Agaete (Puerto de las Nieves), Guía ( San Felipe y Caleta) y Arucas (San Andrés, El Puertillo, Quintanilla y Chacón-Las Coloradas).

En Lanzarote sólo Teguise ha remitido informes, si bien de 11 emplazamientos del litoral, entre ellos dos del Archipiélaho Chinijo (Pedro Barba y Caleta de Sebo). Los nueve restantes son El Perejil son Caleta de Famara, Island Home, El Francés, Costa Teguise, Charco del Palo, Los Cocoteros, Las Caletas y Caleta Caballo.

La ley afecta en total a 80 emplazamientos, con unas 1.800 viviendas de las cuales en torno a 500 están en dominio público.

Domingo Berriel criticó que el Ministerio de Medio Ambiente haya excluido en esta legislación a 12 núcleos costeros situados en dominio público en toda España "y todos son de alto estanding. Han salvado a sus amigos". Con respecto a la zona de servidumbre, la nueva legislación ha empeorado la situación de núcleos urbanos cuya planificación está aprobada, ya que abre la puerta a que se queden fuera de ordenamiento, que no puedan regularizar sus fachadas o construir en solares que han adquirido dentro de las normas para este tipo de suelos costeros
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/07/24/22-barrios-costeros-reclaman-madrid/546907.html

lunes, 22 de julio de 2013

Reactivar Canarias a toda costa

La nueva ley de Costas concibe el litoral como un espacio productivo y establece usos y ocupaciones más permisivas
"La seguridad jurídica es el pilar que sustenta esta reforma". Con esta declaración de principios, la exposición de motivos de la nueva Ley de Costas trata de acabar con la "litigiosidad crónica" que provocó la aplicación de la legislación de 1988, una norma que supuso un significativo cambio de concepción de las zonas marítimo-terrestres españolas y que fue objeto de un buen número de recursos. Sin embargo, el 97% se resolvieron a favor de esta ley que trataba de controlar tardíamente la ocupación masiva de las costas por el impacto del ´boom´ urbanístico y turístico de los 60.
Veinticinco años después, España vuelve a dar un giro a la ordenación de sus áreas costeras, con la Ley 2/2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada solo con los votos del PP y que nace igualmente con una significativa contestación jurídica: cinco comunidades autónomas -entre ellas Canarias-, así como el PSOE, han anunciado la presentación de recursos de inconstitucionalidad. Y se han presentado, además, numerosas quejas ante la Unión Europea, cuya Comisión de Peticiones ha anunciado que emitirá un informe el próximo mes de septiembre. YA PRESENTADO EL BORRADOR, MUY CRITICO CON LA LEY DE COSTAS DE 1988 Y CON SU REFORMA .
Pero en el espíritu de la nueva ley no sólo está la búsqueda de la mencionada seguridad jurídica. También reconoce, en su preámbulo, que "el litoral español, que se caracteriza por ser una de las zonas más densamente pobladas, es un recurso estratégico de crucial importancia para el país".

Añade que "el reto" está en mantener "el equilibrio de la relación recíproca entre la actividad económica y la calidad ambiental", equilibrio que los actuales legisladores entienden que se desniveló por un exceso de protección medioambientalista con la Ley de 1988, por lo que sostiene que "aquella concepción debe ser corregida".
Los numerosos afectados por la legislación de los ochenta, que amplió la zona de dominio público marítimo-terrestre, transformando propiedades privadas en concesiones de ocupación o cuestionando la continuidad de determinados núcleos costeros, llevan décadas organizados en diversas asociaciones o han litigiado individualmente por recuperar sus derechos. A la presión que vienen ejerciendo desde hace años para lograr una modificación de aquella normativa, que los despojó o amenaza sus propiedades, se ha sumado ahora el peso de la propia crisis y la necesidad de reactivar la economía a toda costa.

Impacto sobre las dunas

En Canarias, la entrada en vigor de la nueva ley de costas ha sido sobre todo cuestionada por dejar a unos sesenta núcleos costeros fuera de la excepcionalidad, que sí permite salvar de la piqueta a una docena de estos núcleos de la Península. La Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc) eleva a 150.000 el número de personas afectadas en el Archipiélago y promueve la creación de una comisión mixta para tratar de regularizar su situación al amparo de la nueva ley: sus respectivos ayuntamientos tienen hasta el 31 de agosto, para presentar un informe que recoja el cumplimiento de determinados requisitos exigidos para iniciar su legalización.
Pero la ley puede tener en Canarias otros significativos impactos durante su aplicación. Entre ellos, sobre las 1.877 hectáreas de dunas que existen en las Islas, y que sufren ya un nivel de deterioro significativo: sólo el 33% se conserva en buen estado. Así, la Ley de Costas introduce un significativo cambio en el articulo 1.1.b), al señalar que "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa". El precepto significa que "la protección de las dunas se vincula a una concepción utilitarista de las mismas, es decir en la medida en que garantizan la estabilidad de las playas, y no por su valor como un ecosistema que es preciso conservar en su totalidad", según explica el director general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias.
José Fernández advierte que este es "uno de los tres mecanismos de reducción del dominio público marítimo-terrestre, protegido en la propia Constitución, que contempla la ley". El efecto de esta reducción del ámbito de protección puede significar que áreas que ahora se encuentran bajo titularidad estatal, como bienes públicos, pueden revertir a manos privados. De tal forma que parte de las Dunas de Maspalomas o de Corralejo podrían quedar afectada por este proceso una vez se realice el nuevo deslinde que anuncia la norma. Y LO DICE  UNO QUE FUE DIRECTOR GENERAL DE COSTAS, Y QUE PERMITIO DESAGUISADOS COMO EL ALGARROBICO, Y ALGUNO QUE OTRO MAS.Ambos espacios dunares han vivido azarosos procesos de recuperación y conservación que aún no han culminado. En el caso de Maspalomas, se ha reabierto con las peticiones de incorporación del palmeral al régimen de protección que se aplica a las dunas, que fueron propiedad de la familia del Conde de la Vega Grande.
Las dunas del norte de Fuerteventura han sido, por su parte, protagonistas de un largo proceso de negociación con los propietarios de los hoteles instalados en ella desde la aprobación de la Ley de 1988 y, sobre todo, desde que se realizara un nuevo deslinde en los años 90. Se llegó a iniciar un expediente de rescate del Hotel Oliva Beach, por su impacto en la evolución natural de las dunas, que finalmente se cerró en 2007 con acuerdo con la cadena RIU por el cual la concesión para este hotel se extinguía el próximo año 2017, mientras que para el Hotel Tres Islas la concesión concluiría en 2037. Sin embargo, la nueva Ley de Costas no sólo amplía el plazo de concesión de 30 a 75 años, sino que además convierte el dominio público marítimo en un objeto de tráfico comercial al permitir su transmisión. Además de reducir los espacios de dominio público, la actual legislación reduce las limitaciones a la propiedad en las zonas colindantes, reduciendo la anchura de la servidumbre de 100 a 20 metros, y permitiendo además más usos a los que admitían hasta ahora.
El 60% de los humedales del país desaparecieron a consecuencia de la concepción economicista y privatizadora que tuvo la Ley Cambó, aprobada en 1918 y que premiaba a quienes desecaban las marismas y riberas concediéndoles derechos privados sobre las mismas. Y la Ley de Costas de 1969 promovió también la ocupación del litoral en pleno periodo de expansión económica. El resultado ha sido que el 40% de la costa está urbanizada, el 16% a consecuencias de intervenciones artificiales.
Tampoco la legislación más conservacionista que ha tenido España, la de 1988, impidió que en estos veinticinco años se hayan producido intervenciones dañinas en el litoral. En primer lugar porque se aprobó cuando el desarrollo turístico y urbanístico está ya muy avanzado y con un amplio horizonte de aplicación transitoria, precisamente por los notables cambios que introducía. Pero también porque, al igual que ocurrió cuando comenzó a elaborarse la denominada moratoria, muchos ayuntamientos aceleraron la aprobación de sus planes parciales antes del 1 de enero de 1988 para quedar fuera de su régimen.

Autismo administrativo
El exdirector general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, José Fernández, explica que "se aprovechó hasta el último resquicio para soslayar la ley,
pero a partir de 1988 no se produjo ya ninguna nueva ocupación en dominio público". Aquel récord de aprobación masiva de planes parciales tuvo un capítulo singular en Canarias, ya que pese a ser aprobado un buen número de planes parciales el 4 de enero, es decir fuera del plazo legal, logró quedar fuera de la normativa alegando que habían sido aprobados en comisión antes de esa fecha. Para Fernández Pérez, a la ordenación del litoral español le ha faltado una gestión integral, a través de un pacto nacional que permita conciliar los diferentes intereses contrapuestos y que ponga fin a lo que denomina "la cultura autista de las administraciones", en referencia a la tolerancia mostrada por las instituciones frente a las infracciones de la Ley de Costas.
http://www.laopinion.es/economia/2013/07/22/reactivar-canarias-costa/488538.html

domingo, 21 de julio de 2013

Costas pone trabas al parque infantil de la playa de Las Teresitas

El nuevo parque infantil que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere instalar en la playa de Las Teresitas sigue en el aire debido a las trabas que está poniendo la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. El concejal de Obras y Servicios Públicos de la Corporación local, Dámaso Arteaga, informó de que Costas considera que dicha instalación es “un servicio de temporada, cuando nosotros entendemos que es un equipamiento público como pueden ser las papeleras o los baños, y no temporal como, por ejemplo, un servicio de sombrillas o motos acuáticas”.

El edil señaló que, además, Costas valora que uno de los tres juegos que componen el parque debe de ir fuera de playa “y eso no lo vamos a hacer porque no tiene sentido”, enfatizó. “Y los otros dos -continuó explicando- sí pueden ir en playa pero Costas interpreta que tienen que ser vía solicitud de temporada”.
Esto significa que el parque infantil solo podría estar instalado unos meses del año, con la complejidad y los costes que esto conllevaría ya que se trata de una estructura con anclajes a la tierra. “Seguiremos discutiendo con ellos y, mientras, el parque sigue sin ponerse”, lamentó Arteaga. Este conflicto con el organismo público estatal es un ejemplo de la tensa relación que hay entre ambas administraciones, ya que después de muchos meses, la Dirección General dio permiso para la sustitución del parque y ahora exige más requisitos.
SAN ANDRÉS Y VALLESECO
Otros puntos del litoral de Santa Cruz también están a la espera de una decisión de Costas. En la misma playa de Las Teresitas el principal problema, y que se remonta ya a hace años, gira torno al deslinde. Costas aún no ha contestado si acepta la decisión de los tribunales sobre el deslinde de la playa, que pone el límite del dominio público marítimo terrestre en el muro de la playa y que permitiría al Ayuntamiento actuar sobre los aparcamientos sin tener que pedir permiso. Un asunto sin aclarar que paraliza y complica cualquier actuación que se quiera acometer en la zona, como la realización de un paseo marítimo.
El Ayuntamiento está, asimismo, a la espera de que, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente y la propia Dirección General de Costas, se pronuncie sobre la petición que ha hecho Santa Cruz para que se declare de emergencia las obras del dique semisumergido del núcleo de San Andrés, lo que permitiría iniciar las obras en breve plazo. Esta infraestructura tiene como fin evitar las inundaciones que de forma periódica afectan a este pueblo costero y dispone ya, además, del presupuesto necesario para iniciar el proyecto. Igualmente, Valleseco también sigue esperando por que Costas envíe una orden concreta a la Autoridad Portuaria para desafectar los terrenos de la playa y empezar así con la obras del proyecto de desarrollo de dicha costa, tal y como se ha pedido desde el Consistorio capitalino.
LA NUEVA LEY
Y, por supuesto, no hay que olvidar la nueva Ley de Costas. Los núcleos costeros de Anaga llevan luchando muchos años para demostrar su legalidad. Ante la nueva ley, Almáciga, Roque de las Bodegas, Tachero e Igueste de San Andrés confían en que el Ayuntamiento cumpla la palabra dada y emita las certificaciones de que tienen luz, agua y acceso rodado, como exige la norma, aunque, mientras tanto, los que tienen sentencias favorables ya han iniciado los trámites
http://www.diariodeavisos.com/2013/07/costas-pone-trabas-al-parque-infantil-playa-teresitas/