El PP reformará «inmediatamente» la Ley de Costas «desde el Gobierno»

El senador Pío García-Escudero dice que la modificación planteada viene a resolver problemas «de clara injusticia»
El portavoz del Partido Popular en el Senado, Pío García-Escudero se comprometió ayer a aprobar «cuanto antes» la reforma de la Ley de Costas si su formación política consigue hacerse con la Presidencia del Gobierno de España tras las elecciones generales.
García Escudero se manifestó así en Castro Urdiales, donde asistió a una jornada de trabajo con los candidatos del PP en Cantabria a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo. Acompañado por el líder del PP de Cantabria y candidato a la Presidencia regional, Ignacio Diego, García-Escudero aseguro que, si fuera por su partido, la tramitación del proyecto de reforma de esa ley «se haría cuando antes».
El portavoz del PP en el Senado incidió en que la reforma planteada por su partido «viene a resolver problemas de clara injusticia» como consecuencia de una ley «muy radical, muy extremista y que carece absolutamente de sentido común». Una norma que, según el senador, «retira propiedades a personas y acaba con concesiones de muchos años sin dar a los afectados indemnización alguna». Sostuvo que en el documento debe primar la protección del medio ambiente y del litoral, «pero aplicando el sentido común y la seguridad jurídica».
García Escudero recordó que una vez aprobada la propuesta de reforma de la Ley de Costas, presentada por el PP en el Senado, ahora tiene que ser la Mesa del Congreso la que decida la fecha en que se incorpora al orden del día para su tramitación en el pleno. «Por lo tanto no sabemos cuándo. Pero por nosotros será cuanto antes», subrayó García Escudero, que aseguró que «incluso si esta legislatura terminara sin haberse iniciado el procedimiento en el Congreso», el compromiso de su partido es hacerlo «inmediatamente».
El senador del PP se refirió también al paro en España y aventuró que los datos que se conocerán hoy hablarán de casi cinco millones de parados.
En sintonía con su compañero de partido, Diego criticó el carácter «confiscatorio» de la Ley de Costas que, según dijo, «no es compartido» por el PP, que pretende «corregirlo». Se refirió al caso concreto del polideportivo Peru Zaballa de Castro Urdiales, sobre el que pesa una orden de derribo, y se comprometió a salvar la instalación. Aprovechó para criticar la actitud y los «comportamientos defraudados» del PSOE de España, Cantabria y Castro Urdiales, «que prometieron desafectarlo durante la pasada campaña electoral y, cinco años después, estamos igual». No se olvidó del presidente Revilla, al que tildó de «director de la sucursal del PSOE en Cantabria», a quien acusó de no haber hecho nada «por evitar el derribo». Es más, recordó cómo «años atrás» Revilla dijo que construiría uno nuevo y «tampoco se ha visto por ningún sitio. Ni voluntad, ni proyecto, ni avance ninguno».
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110429/cantabria/reformara-inmediatamente-costas-desde-20110429.html

Alcaraz arranca el compromiso de Ríos de recibir a los afectados de Ojos de Garza por la Ley de Costas

.- José Alcaraz, candidato socialista a la Alcaldía de Telde, mantuvo una reunión en Madrid con el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pedro Antonio Ríos, para analizar la situación de las viviendas del municipio afectadas por la Ley de Costas. En el encuentro también estuvieron presentes varios miembros del equipo de esta Dirección General que depende del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Durante la reunión, Ríos se comprometió a buscar soluciones consensuadas entre los vecinos y las administraciones públicas, siempre dentro del respeto a la legalidad, y encontrar vías de salida a esta problemática que afecta a varias viviendas de los núcleos costeros de Telde. Asimismo, también adquirió el compromiso de fijar una fecha para recibir a una representación de los vecinos afectados por la delimitación del dominio marítimo-terrestre.

Cabe recordar que José Alcaraz mantuvo semanas atrás un encuentro con el responsable de la Demarcación de Costas en Canarias, José Miguel Pintado, para conocer el estado actual de los expedientes abiertos por lo infracción de la Ley de Costas. Esta cuestión fue tratada también durante la visita que el candidato a la alcaldía realizó a la Asociación de Vecinos de la playa de Ojos de Garza y donde adquirió el compromiso dentro de su función de senador, ahora cumplido, de reunirse con el Director General para tratar este tema y realizar las gestiones para intentar encontrar posibles soluciones
http://www.teldeactualidad.com/noticias.php?area=politica&id=6857

Deslinde improcedente

Aquí, en Lanzarote muchos vecinos de Soó, Teguise, Arrecife… están que “trinan”, y no es para menos por la arrogancia de Costas con el deslinde Los Dises-Caleta La Villa.
La incoación del Expediente se notificó en el BOP nº 46 fecha 10/04/2009, invitándose a los interesados a formular alegaciones y señalándose el acto de “apeo” (deslinde) para el día 11/05/2009, es decir un mes después del anuncio. Me sorprende y mucho… el tiempo fijado para el deslinde si los interesados disponían solo de un mes para alegaciones. ¿Es que Costas de antemano preveía que los interesados no formularían alegaciones?. Raro, raro…
Bien, de todas formas, a pesar de que el Ayuntamiento de Teguise, insensatamente no quiso enterarse (¡vaya una irresponsabilidad! ¿En manos de quienes estamos?), creo que el asunto es defendible en todos los aspectos, pues la actuación de Costas no se ajusta a los criterios establecidos en la Ley 22/1988 y Reglamento de Costas. El deslinde normal se aplica a fijar zonas de protección de 20 o 100 metros. Desde que supere la cifra de 100 metros para “proteger determinados tramos de costa”, el procedimiento reglado en la propia Ley y Reglamento de Costas es diferente. Es decir, no procede el deslinde propiamente dicho. La actuación es absolutamente distinta, pues en dicho especial procedimiento no solo interviene Costas, sino también, de pleno derecho, con voz y voto (auténtico veto), el, o los Ayuntamientos afectados y la Comunidad Autónoma del lugar. El procedimiento es muy sencillo: Costas, para iniciar ese tipo de actuación tiene que elaborar “normas” y aprobarse expresamente por las tres administraciones interesadas (Costas, Ayuntamientos y Comunidad Autónoma). Si no se aprueban expresamente las normas, la actuación no se puede realizar ¡y punto! o, tanto monta, ¡sanseacabó el rollo!. En cuanto al “griterío” del Alcalde, Concejales, etc. con eso de que los vecinos y el propio Ayuntamiento interpongan Contenciosos Administrativos, por favor señores del Ayuntamiento, entiendan de una vez (el Servicio Jurídico tiene que estar al corriente) que la propia Ley de Costas, en relación con la Ley 30/1992, les concede el derecho a “requerir” a Costas (con un par de folios pueden hacerlo) antes de entablar Recursos que tanto tardan en resolverse y tan caro cuestan al Ayuntamiento y a los pobres vecinos cogidos de sorpresa (joder, ¡qué sorpresa!) en un tema que no les puede afectar si los responsables de las administraciones publicas respetan la máxima: “Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales”.
Efectivamente, el Ayuntamiento tiene el deber de requerir al Ministerio de Medio Ambiente para que anule la Orden Ministerial de aprobación del deslinde, primero porque el acto no se sujeta a la Ley y Reglamento de Costas y segundo porque ese territorio al parecer ya está protegido por la Ley de Espacios Naturales de Canarias
http://www.cronicasdelanzarote.es/spip.php?article33839

El Supremo analizará la legalidad del Centro Comercial El Marqués

Los vecinos de Playa Paraíso denunciaron que el edificio incumplía las normas urbanísticas
Los peritos detectan irregularidades que no invalidan la licencia



SANTA CRUZ DE TENERIFE

Viviendas situadas dentro de un centro comercial que a su vez está enclavado en dominio público o tiendas que incumplen los usos que determina la Ley de Costas. Estas son algunas de las supuestas irregularidades del Centro Comercial El Marqués de Adeje que los miembros de la Asociación de Vecinos Playa Paraíso han llevado ya ante el Tribunal Supremo (TS). El colectivo ha presentado este recurso después de que hace algunos meses el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no viera ilegalidades en este edificio. La Asociación denunció la licencia de legalización de este edificio y la autorización otorgada por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias por considerar que el inmueble incumple las normas urbanísticas.

La licencia data del año 2006 y el Gobierno canario permitió a través de ella los usos comerciales en la zona de servidumbre de protección en la que está enclavada. Sin embargo, los vecinos denunciaron ante el tribunal que la autorización vulneró las normas subsidiarias de planeamiento del litoral Noroeste–Guía de Isora, Plan Especial Playa Paraíso y la Adaptación del Plan Especial Playa Paraíso a las referidas normas urbanísticas.

Según la Asociación, el inmueble incurrió en diversos incumplimientos. La altura era uno de ellos. El otro, los usos autorizados por encontrarse en terrenos de protección de Costas. En el primer aspecto, los técnicos indicaron que el edificio presenta dos alturas por encima de la rasante en cada una de las fachadas. También destacan que no pudieron inspeccionar la planta del sótano en la que se encuentra un aparcamiento privado.

La discrepancia, según los peritos del TSJC, se basa en que una de las torres se ha conectado a un local comercial y se han dedicado ambas a uso residencial. Las sospechas se dirigen a que otro tanto ocurre con la siguiente torre. Este uso supone que computa como planta tercera, incumpliéndose entonces la normativa urbanística en cuanto a la altura máxima permitida y uso autorizado. El TSJC en un fallo dictaminado a finales del pasado año, añade que el Ayuntamiento no autorizó el uso residencial en el lugar sólo el comercial, oficinas y garajes.

"Nos encontraríamos por lo tanto, ante un incumplimiento de la normativa urbanística y de la licencia concedida, con independencia de que las torres estén comprendidas o no en la zona de protección cuya delimitación deja fuera parte del centro comercial", recoge la sentencia.
El edificio está localizado dentro de la servidumbre de protección que, en este caso, tiene una anchura de 20 metros al encontrarse en suelo urbano. En el informe de Costas se dice que algunos de los usos de los locales no se corresponden exactamente con los considerados compatibles para este enclave, como serían los de restaurantes de playa, clubes náuticos, establecimientos expendedores de enseres marineros y útiles de playa.

En cambio, en la relación a los nuevos usos proyectados, se dice que serán compatibles. Por ello se deja a juicio de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), cómo órgano competente, el cumplimiento de que los usos que realmente se produzcan coincidan con los solicitados. No obstante, este organismo no ha realizado ninguna inspección posterior para ver si se están cumpliendo o no estas condiciones.

El TSJC no sabe si la licencia otorgada por el Gobierno canario y por el Ayuntamiento se dio sobre los usos detectados en aquel momento o los que en realidad tenían que haberse considerado. A pesar de todo, el Tribunal determina que la contradicción no viciaría las decisiones de ambas administraciones.

Denegación

El informe técnico del Ayuntamiento de principios del año 2004 denegó la solicitud de licencia de primera ocupación. Dos años más tarde se concluyó que el edificio se ajustaba al proyecto reformado y se le concedía licencia de primera ocupación. Este dictamen, según el TSJC no consta que haya sido impugnado "lo que refuerza la conclusión a la que hemos llegado de que las infracciones constatadas son posteriores a los actos que autorizaron el proyecto de legalización, por lo que, sin perjuicio de la actividad administrativa sancionadora se descarta anular la licencia". Por ello, se rechaza la petición de la asociación de vecinos Playa Paraíso. Para la Asociación de Vecinos denunciante, el edificio debía cumplir con un retranqueo de tres metros con relación a las aceras, es decir, que tenía que haberse construido tres metros más atrás de donde se fabricó.

En un principio, el Informe Técnico del Ayuntamiento fue negativo y decía que incumplía por ese motivo. Pero más tarde fue modificado y admitió que el edificio sí cumplía. La Asociación apunta que el expediente debía tener el informe preceptivo de Costas, que se inhibió a favor de Política Territorial. Los vecinos critican que mientras que en algunos casos como el núcleo costero de Cho Vito se ha actuado con contundencia en la aplicación de la Ley de Costas, en el caso de Adeje se está permitiendo que se actúe de otra forma. Incluso llegaron a denunciar la existencia de una inmobiliaria en el interior del centro comercial.
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/04/25/supremo-analizara-legalidad-centro-comercial-marques/341752.html