El documento estaba extraviado y ha sido aportado por la defensa de los vecinos al procedimiento judicial que se sigue ante la pretensión de Costas de demoler las viviendas. También refleja que el deslinde marítimo-terrestre estaba situado por delante de los inmuebles, lo que contradice la última delimitación establecida.
20/ago/10 07:44
J.A. MEDINA, Candelaria
Los vecinos de Bajo la Cuesta han incorporado al procedimiento judicial que tienen abierto contra la Dirección General de Costas un plano oficial elaborado hace muchos años por un técnico municipal en el que se constata que las viviendas que pretende demoler el Gobierno central en este enclave de Candelaria existían antes de la promulgación de la Ley de Costas. Además, el documento constata que el deslinde marítimo-terrestre pasaba por delante de las casas y no por detrás, como estableció el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
El abogado José Ortega aseguró que este plano será "un elemento fundamental", ya que tiene el aval de la oficialidad del Ayuntamiento de Candelaria. Asimismo, señaló que el autor de dicho documento ya había hecho una declaración notarial previa informando del error en que había incurrido Costas al establecer el deslinde "por un trazado diferente al original".
Para Ortega, "las pruebas que aparecen ahora son las que se vienen reclamando como demostración de que lo que venimos diciendo es lo real". El abogado entiende que "si hubiera objetividad y raciocinio por parte de la Dirección General de Costas, habría de reconducirse la situación de los vecinos de Bajo la Cuesta".
Cho Vito, a la Audiencia
Por su parte, los habitantes que actualmente residen en el poblado marinero próximo, Cho Vito, están ultimando la presentación hoy de un recurso ante la Audiencia Nacional con el propósito de que sea anulado el deslinde marítimo-terrestre determinado por Costas y por el que se pretende la demolición de las nueve edificaciones que quedan en pie en este enclave.
Los vecinos se amparan en la decisión de la propia Audiencia Nacional que dio la razón a los habitantes de la urbanización Acaymo, en Punta Larga, cuyas propiedades estaban afectadas por la delimitación de la zona marítimo-terrestre y por la construcción del paseo litoral de La Galera, que forma parte del proyecto de la nueva playa de Candelaria.
En esa sentencia de la Audiencia Nacional, que data del 16 de julio pasado, se considera probado que el deslinde establecido en 2007 no coincide con el original, determinado en 1969. El proyecto del paseo La Galera-Punta Larga afectaba inicialmente a una franja de tres propiedades privadas dedicadas a zonas de ocio, espacio que se vería ampliado posteriormente al determinar Costas que dicho paseo no podía realizarse por el área de dominio público marítimo-terrestre. Ahora, la Audiencia Nacional da la razón a los vecinos, que verán reducida la superficie afectada.
Con esta base, Cho Vito trata de resolver una situación "por la que ya fueron demolidas 23 viviendas", explicó Tomás González, quien también tiene claro que "el nuevo marco en el que nos movemos desde hace un mes podría conllevar la obligatoriedad de revisar todo lo que establece el Plan General de Candelaria (PGO) en la costa del municipio".
Mientras tanto, no esconde que hay mucha preocupación por la autorización dada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife para que Costas proceda al derribo de las casas quedan en Cho Vito. Para ello, la autoridad judicial concedió a los vecinos hasta el 20 de septiembre para que desalojen sus propiedades.
20/ago/10 07:44
J.A. MEDINA, Candelaria
Los vecinos de Bajo la Cuesta han incorporado al procedimiento judicial que tienen abierto contra la Dirección General de Costas un plano oficial elaborado hace muchos años por un técnico municipal en el que se constata que las viviendas que pretende demoler el Gobierno central en este enclave de Candelaria existían antes de la promulgación de la Ley de Costas. Además, el documento constata que el deslinde marítimo-terrestre pasaba por delante de las casas y no por detrás, como estableció el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
El abogado José Ortega aseguró que este plano será "un elemento fundamental", ya que tiene el aval de la oficialidad del Ayuntamiento de Candelaria. Asimismo, señaló que el autor de dicho documento ya había hecho una declaración notarial previa informando del error en que había incurrido Costas al establecer el deslinde "por un trazado diferente al original".
Para Ortega, "las pruebas que aparecen ahora son las que se vienen reclamando como demostración de que lo que venimos diciendo es lo real". El abogado entiende que "si hubiera objetividad y raciocinio por parte de la Dirección General de Costas, habría de reconducirse la situación de los vecinos de Bajo la Cuesta".
Cho Vito, a la Audiencia
Por su parte, los habitantes que actualmente residen en el poblado marinero próximo, Cho Vito, están ultimando la presentación hoy de un recurso ante la Audiencia Nacional con el propósito de que sea anulado el deslinde marítimo-terrestre determinado por Costas y por el que se pretende la demolición de las nueve edificaciones que quedan en pie en este enclave.
Los vecinos se amparan en la decisión de la propia Audiencia Nacional que dio la razón a los habitantes de la urbanización Acaymo, en Punta Larga, cuyas propiedades estaban afectadas por la delimitación de la zona marítimo-terrestre y por la construcción del paseo litoral de La Galera, que forma parte del proyecto de la nueva playa de Candelaria.
En esa sentencia de la Audiencia Nacional, que data del 16 de julio pasado, se considera probado que el deslinde establecido en 2007 no coincide con el original, determinado en 1969. El proyecto del paseo La Galera-Punta Larga afectaba inicialmente a una franja de tres propiedades privadas dedicadas a zonas de ocio, espacio que se vería ampliado posteriormente al determinar Costas que dicho paseo no podía realizarse por el área de dominio público marítimo-terrestre. Ahora, la Audiencia Nacional da la razón a los vecinos, que verán reducida la superficie afectada.
Con esta base, Cho Vito trata de resolver una situación "por la que ya fueron demolidas 23 viviendas", explicó Tomás González, quien también tiene claro que "el nuevo marco en el que nos movemos desde hace un mes podría conllevar la obligatoriedad de revisar todo lo que establece el Plan General de Candelaria (PGO) en la costa del municipio".
Mientras tanto, no esconde que hay mucha preocupación por la autorización dada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife para que Costas proceda al derribo de las casas quedan en Cho Vito. Para ello, la autoridad judicial concedió a los vecinos hasta el 20 de septiembre para que desalojen sus propiedades.