El Pleno insta al Gobierno a "garantizar la permanencia y la seguridad jurídica" de quienes habiten áreas urbanas costeras
José Luis Cámara
Santa Cruz de Tenerife
Los más de 70 días de tensa espera que todavía tendrán que vivir los vecinos de Cho Vito, serán sin duda más llevaderos ahora que el Parlamento de Canarias ha aprobado una proposición no de ley (PNL) para solicitar al Estado que frene las demoliciones en el litoral del Archipiélago, como la que Costas tiene previsto llevar a cabo en este poblado marinero el próximo 30 de noviembre.
A pesar de la oposición del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), que votó en contra, el Partido Popular (PP) logró sacar adelante con el respaldo de sus socios de Gobierno una proposición que destaca el valor "etnográfico, arquitectónico y socioeconómico" de estas áreas urbanas costeras. En este sentido, la diputada Cristina Tavío, que siempre se ha mostrado como una de las más firmes defensora de estas zonas, argumentó que "son los canarios quienes tienen que decidir sobre este asunto".
Tavío dejó claro que, con esta iniciativa, su formación no defiende "el chabolismo", sino que trata de "evitar las arbitrariedades en la aplicación de la Ley de Costas", además de dar "seguridad jurídica a los afectados por esta normativa, no sólo en Canarias, sino también en muchos municipios de la Comunidad Valenciana o Baleares". No en vano, la presidenta del PP tinerfeño denotó que las personas que pierdan su vivienda "deben ser indemnizadas por el Estado".
Cristina Tavío también advirtió de la necesidad de "garantizar la permanencia y la seguridad jurídica de quienes habitan o desempeñan tareas en las áreas urbanas costeras de Canarias que reúnan un valor objetivo en materia etnográfica, arquitectónica o socioeconómica".
"Incita a la prevaricación"
En la bancada contraria, el socialista Manuel Fajardo recordó al PP que no modificó la Ley de Costas en sus ocho años de gobierno, mientras que a CC le reprochó que el Cabildo de Tenerife denegase la protección de Cho Vito como "bien de interés cultural". "Vamos a hacer todo lo posible para que se reconozcan los derechos de las personas", dijo Fajardo, quien, pese a todo, señaló que el PSOE no puede apoyar una iniciativa que calificó de "barbaridad", además de una "incitación a la prevaricación" para que no se aplique la ley.
Sea como fuere, la proposición no de ley aprobada ayer en la Cámara regional, insta al Estado a "suspender la acción ejecutiva de la Dirección General de Costas, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, contra estas áreas urbanas costeras mientras permanezcan abiertas causas en la Justicia", como es el caso de Cho Vito. Sobre éste, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las administraciones canarias acordaron la pasada semana ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo hasta el próximo 30 de noviembre.
En un primer momento, los vecinos tenían hasta el 20 de septiembre para desalojar sus viviendas, que ocupan el dominio público marítimo en la playa tinerfeña. El Ministerio justificó precisamente su decisión de retrasar la aplicación de la normativa en la posibilidad de "arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social que se ha generado". De igual forma, las distintas administraciones implicadas acordaron adoptar la "máxima coordinación y cooperación" para que, en aplicación de las previsiones del marco jurídico vigente, se preste la mutua asistencia en las soluciones de aplicación de la Ley de Costas.
Tras conocer la decisión del Parlamento canario, el portavoz de los vecinos de Cho Vito, Tomás González, mostró su satisfacción por el acuerdo de la Cámara, y confió en que "reine la cordura". "Debemos remar todos en la misma dirección y no tomar decisiones arbitrarias no sólo contra nuestro poblado, sino contra todo el pueblo de Canarias", espetó González, quien junto a otros seis vecinos estuvo once días en huelga de hambre para evitar que sus casas fueran demolidas.
EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
sábado, 18 de septiembre de 2010
domingo, 12 de septiembre de 2010
Cho Vito y el litoral de Canarias
EL TIEMPO corre en contra de las pocas viviendas que quedan aún en pie en lo que un día fue Cho Vito. Apenas un puñado de construcciones de este poblado marinero de Candelaria escaparon a la demolición que la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife decretó en 2008, y podrían quedar sentenciadas a desaparecer si finalmente no se encuentra una vía de diálogo que permita una aplicación equilibrada de la legislación vigente.
La situación de estos ciudadanos se agrava si se tiene en cuenta que las demoliciones pendientes aluden a expedientes de personas para quienes estas casas constituyen actualmente su primera vivienda, y podrían quedar irremediablemente en la calle sin que se haya aportado solución alguna. De hecho, algunos de los desalojados a consecuencia de los primeros derribos todavía siguen dependiendo de la caridad ajena por haber perdido su residencia.
Hemos conocido que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las administraciones canarias han acordado ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo hasta el 30 de noviembre, para buscar soluciones al problema de vivienda que se genera a los afectados. Se amplía, pues, en dos meses, el plazo inicialmente dado por la Demarcación de Costas, pero no se ha conseguido paralizar definitivamente los derribos.
Vaya por delante mi preocupación y la del Partido Popular de Tenerife ante la decisión de un grupo de vecinos de ponerse en huelga de hambre como medida de protesta ante esta acción, una opción que rechazamos dado el riesgo al que se enfrentan y los daños irreparables que podría conllevar para su organismo.
Desde luego, el PP estará a la altura de estas graves circunstancias, como prueba la batería de iniciativas que estamos liderando tanto en el Parlamento de Canarias como en las Cortes Generales, el Cabildo Insular y diversos ayuntamientos de Tenerife, con el fin de hacer reflexionar al Gobierno de España sobre las consecuencias reales de estos derribos.
La próxima semana defenderé en la Cámara regional, en mi condición de diputada autonómica, una moción en este sentido que se une a la iniciativa presentada por mis compañeros en el Senado para instar una modificación de la Ley de Costas que conjugue la protección del dominio público con el respeto a los derechos objetivos de los ciudadanos que viven o trabajan en estos enclaves.
Pretendemos instar al Gobierno de España a que aplique una moratoria que evite nuevos desalojos mientras permanezcan abiertas causas en la Justicia, y a que Costas renuncie a cualquier acción ejecutiva sin alcanzar previamente un acuerdo de consenso con todas las administraciones públicas canarias.
El Partido Popular, que ha ofrecido asesoramiento jurídico a los vecinos afectados, considera intolerable el estado de inquietud e incertidumbre que ha generado el exceso de celo del PSOE con su negativa implícita a asumir las competencias urbanísticas conferidas a nuestra comunidad autónoma a la hora de establecer cuáles son los suelos consolidados anteriores a la Ley.
El Parlamento de Canarias aprobó el pasado 30 de abril la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que incluye la regulación de áreas urbanas situadas en nuestro litoral.
Ya en 2008, el Partido Popular de Tenerife abanderó esta defensa frente a la arbitraria aplicación de una norma aprobada por el PSOE en 1988, que ahora, más de veinte años después, y argumentando la simple defensa del dominio público, está siendo empleada por la Demarcación Provincial de Costas con el fin de torpedear estos poblados.
La costa tinerfeña, como la del resto de España, está salpicada de asentamientos y núcleos consolidados que, como en el caso de Cho Vito, son previos a la entrada en vigor de la Ley de Costas, cuya aplicación está motivando situaciones que, paradójicamente, no se dan en otros puntos de España, donde el criterio que se sigue es mucho más flexible y favorable a los derechos a la propiedad o a la empresa.
Torpe visión, pues, la de quienes aplican la ley de distinta forma a como se viene haciendo en otros puntos de la geografía española, conscientes de la importancia de preservar la identidad e historia de nuestro litoral, ligado a estas poblaciones, y de facilitar el desarrollo de la actividad económica que le es inherente.
Me inquieta profundamente que Costas siga haciendo caso omiso a la postura expresada tanto por el Parlamento Europeo, el Parlamento de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, que se han manifestado a favor de la preservación de estos valores.
Es nuestra responsabilidad evitar que se produzcan ocupaciones ilegítimas del dominio público que terminen derivando en el chabolismo, pero consideramos que es indispensable que las Administraciones Públicas garanticen la seguridad jurídica de quienes viven en estas zonas costeras, y que juntos evitemos verdaderos dramas familiares como el que vivieron decenas de personas en 2008 con las primeras demoliciones de Cho Vito.
Se trata no sólo de preservar el alto interés de bienes como estos asentamientos costeros, cuya aportación cultural, histórica y arquitectónica es incuestionable, sino muy especialmente de asegurar la pervivencia de la actividad económica que generan y la tranquilidad de quienes tienen su residencia habitual en estos enclaves.
Es necesario que toda la sociedad canaria sea una en esta solicitud para que se reconsidere la situación de núcleos como Cho Vito, con el fin de que decisiones drásticas y no consensuadas con todas las Administraciones implicadas puedan causar un daño irreparable.
Esperamos que todas estas iniciativas y la postura mayoritaria expresada reiteradas veces por la sociedad tinerfeña mueva un paso más a la Demarcación de Costas, con el fin de que valore la aportación de estos asentamientos a nuestro litoral dentro del proceso de aplicación de la ley en las Islas, y ofrezca algo de esperanza para que Canarias no pierda su sabor marinero y pescador.
Me permito recordarles que nuestro Archipiélago no tiene playas con cocoteros, pues no somos el Caribe ni Cuba, contamos con poblados marineros que configuran un entorno que nos hace únicos y distintos. Terminar con ese encanto inconfundible de nuestro litoral sería un grave error, sin duda, irreversible.
Cristina Tavio
*Presidenta del Partido Popular
de Tenerife
La situación de estos ciudadanos se agrava si se tiene en cuenta que las demoliciones pendientes aluden a expedientes de personas para quienes estas casas constituyen actualmente su primera vivienda, y podrían quedar irremediablemente en la calle sin que se haya aportado solución alguna. De hecho, algunos de los desalojados a consecuencia de los primeros derribos todavía siguen dependiendo de la caridad ajena por haber perdido su residencia.
Hemos conocido que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las administraciones canarias han acordado ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo hasta el 30 de noviembre, para buscar soluciones al problema de vivienda que se genera a los afectados. Se amplía, pues, en dos meses, el plazo inicialmente dado por la Demarcación de Costas, pero no se ha conseguido paralizar definitivamente los derribos.
Vaya por delante mi preocupación y la del Partido Popular de Tenerife ante la decisión de un grupo de vecinos de ponerse en huelga de hambre como medida de protesta ante esta acción, una opción que rechazamos dado el riesgo al que se enfrentan y los daños irreparables que podría conllevar para su organismo.
Desde luego, el PP estará a la altura de estas graves circunstancias, como prueba la batería de iniciativas que estamos liderando tanto en el Parlamento de Canarias como en las Cortes Generales, el Cabildo Insular y diversos ayuntamientos de Tenerife, con el fin de hacer reflexionar al Gobierno de España sobre las consecuencias reales de estos derribos.
La próxima semana defenderé en la Cámara regional, en mi condición de diputada autonómica, una moción en este sentido que se une a la iniciativa presentada por mis compañeros en el Senado para instar una modificación de la Ley de Costas que conjugue la protección del dominio público con el respeto a los derechos objetivos de los ciudadanos que viven o trabajan en estos enclaves.
Pretendemos instar al Gobierno de España a que aplique una moratoria que evite nuevos desalojos mientras permanezcan abiertas causas en la Justicia, y a que Costas renuncie a cualquier acción ejecutiva sin alcanzar previamente un acuerdo de consenso con todas las administraciones públicas canarias.
El Partido Popular, que ha ofrecido asesoramiento jurídico a los vecinos afectados, considera intolerable el estado de inquietud e incertidumbre que ha generado el exceso de celo del PSOE con su negativa implícita a asumir las competencias urbanísticas conferidas a nuestra comunidad autónoma a la hora de establecer cuáles son los suelos consolidados anteriores a la Ley.
El Parlamento de Canarias aprobó el pasado 30 de abril la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que incluye la regulación de áreas urbanas situadas en nuestro litoral.
Ya en 2008, el Partido Popular de Tenerife abanderó esta defensa frente a la arbitraria aplicación de una norma aprobada por el PSOE en 1988, que ahora, más de veinte años después, y argumentando la simple defensa del dominio público, está siendo empleada por la Demarcación Provincial de Costas con el fin de torpedear estos poblados.
La costa tinerfeña, como la del resto de España, está salpicada de asentamientos y núcleos consolidados que, como en el caso de Cho Vito, son previos a la entrada en vigor de la Ley de Costas, cuya aplicación está motivando situaciones que, paradójicamente, no se dan en otros puntos de España, donde el criterio que se sigue es mucho más flexible y favorable a los derechos a la propiedad o a la empresa.
Torpe visión, pues, la de quienes aplican la ley de distinta forma a como se viene haciendo en otros puntos de la geografía española, conscientes de la importancia de preservar la identidad e historia de nuestro litoral, ligado a estas poblaciones, y de facilitar el desarrollo de la actividad económica que le es inherente.
Me inquieta profundamente que Costas siga haciendo caso omiso a la postura expresada tanto por el Parlamento Europeo, el Parlamento de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, que se han manifestado a favor de la preservación de estos valores.
Es nuestra responsabilidad evitar que se produzcan ocupaciones ilegítimas del dominio público que terminen derivando en el chabolismo, pero consideramos que es indispensable que las Administraciones Públicas garanticen la seguridad jurídica de quienes viven en estas zonas costeras, y que juntos evitemos verdaderos dramas familiares como el que vivieron decenas de personas en 2008 con las primeras demoliciones de Cho Vito.
Se trata no sólo de preservar el alto interés de bienes como estos asentamientos costeros, cuya aportación cultural, histórica y arquitectónica es incuestionable, sino muy especialmente de asegurar la pervivencia de la actividad económica que generan y la tranquilidad de quienes tienen su residencia habitual en estos enclaves.
Es necesario que toda la sociedad canaria sea una en esta solicitud para que se reconsidere la situación de núcleos como Cho Vito, con el fin de que decisiones drásticas y no consensuadas con todas las Administraciones implicadas puedan causar un daño irreparable.
Esperamos que todas estas iniciativas y la postura mayoritaria expresada reiteradas veces por la sociedad tinerfeña mueva un paso más a la Demarcación de Costas, con el fin de que valore la aportación de estos asentamientos a nuestro litoral dentro del proceso de aplicación de la ley en las Islas, y ofrezca algo de esperanza para que Canarias no pierda su sabor marinero y pescador.
Me permito recordarles que nuestro Archipiélago no tiene playas con cocoteros, pues no somos el Caribe ni Cuba, contamos con poblados marineros que configuran un entorno que nos hace únicos y distintos. Terminar con ese encanto inconfundible de nuestro litoral sería un grave error, sin duda, irreversible.
Cristina Tavio
*Presidenta del Partido Popular
de Tenerife
El aplazamiento de los derribos de Cho Vito es el medio para lograr la legalización de las viviendas y para conseguir que se reconstruya el poblado po
El aplazamiento de los derribos de Cho Vito es el medio para lograr la legalización de las viviendas y para conseguir que se reconstruya el poblado por sus valor
El abogado José Manuel Rivero lo califica de una victoria de los vecinos
EDDC.NET SANTA CRUZ DE TENERIFE
es
El abogado José Manuel Rivero, miembro del colectivo Justicia y Sociedad, valoró en Radio San Borondón el acuerdo alcanzado en Madrid entre las administraciones canarias y estatal en el que se amplía el plazo para la ejecución del desalojo de Cho Vito hasta el 30 de noviembre como un importante éxito de los vecinos del poblado marinero ante un reconocimiento que abre la posibilidad real de legalizar las viviendas afectadas y conseguir que se reconstruya el poblado como estaba antes de la actuación de octubre de 2008.
José Manuel Rivero califica de victoria de los vecinos el acuerdo alcanzado por la directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, el subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista y la consejera insular de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino León, en donde las administraciones han acordado una declaración conjunta en donde acuerdan ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo del núcleo de Cho Vito en el término municipal de Candelaria hasta el 30 de noviembre.
Desde su punto de vista, este acuerdo es un compromiso de todas las administraciones públicas y, por tanto, se ha logrado lo que se pedía, es decir, la paralización urgente de los derribos que se iban a acometer el 20 de septiembre, hasta el 30 de noviembre, y añade que este acuerdo no se ha conseguido como fin, sino como medio para conseguir el fin deseado, porque insiste en que en estos dos meses de prórroga las administraciones se han marcado una hoja de ruta clara, ya que explica que “las administraciones han acordado adoptar la máxima coordinación y cooperación para que, en aplicación de las previsiones del marco jurídico vigente, se preste la mutua asistencia en las soluciones de aplicación de la Ley de Costas que, garantizando el uso público y rescate en su caso del Dominio Público Marítimo Terrestre y la adecuada protección de su naturaleza, sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia”.
Entiende que esta parte del comunicado deja claro que no es una cuestión esencial el rescate del dominio público, porque procede otra vía que tiene que ver con la adecuada protección de su naturaleza, sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia, y, por tanto, esa declaración exige la protección de Cho Vito por su valores.
José Manuel Rivero expone que las administraciones han reconocido y se han comprometido a conservar los valores de Cho Vito, algo que está recogido en la Disposición Transitoria 4, nº 1, de la Ley de Costas, que pone de manifiesto que aquellas construcciones como el poblado marinero existentes mucho antes a la entrada en vigor a la Ley de Costas puedan ser legalizadas por razón de interés público.
Advierte que la parte del comunicado que dice “Las administraciones acuerdan ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo del núcleo de Cho Vito en el término municipal de Candelaria hasta el 30 de noviembre, con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados” es muy importante porque reconoce que existe un problema social que tiene que ser resuelto, por tanto en dos meses las administraciones implicadas deben ponerse a trabajar para conservar las viviendas por los valores existentes con anterioridad a la Ley de Costas.
En este sentido, de aquí al 30 de noviembre hay que trabajar en base a este reconocimiento de las administraciones para llevar a cabo las actuaciones pertinentes para la legalización y conservación de las viviendas por una cuestión etnográfica, patrimonial y cultural.
José Manuel Rivero añade que al ser incluida en la Disposición Transitoria 4, nº 1, de la Ley de Costas ha de instarse la legalización de las viviendas por parte de los grupos políticos y las administraciones, ya que ante este reconocimiento debe hacerse ya que esta posibilidad se materialice en iniciativas determinadas para legalizar las viviendas de Cho Vito con ese reconocimiento como lugar de gran valor etnográfico, cultural, social y de valor público para lograr su reconstrucción de cómo era Cho Vito antes de la actuación de Costas el 7 de octubre de 2008.
El comunicado institucional
Este es el texto oficial: “tras una reunión entre la directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, el subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista y la consejera insular de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino León, las administraciones han acordado una declaración conjunta en estos término: Las administraciones han acordado adoptar la máxima coordinación y cooperación para que, en aplicación de las previsiones del marco jurídico vigente, se preste la mutua asistencia en las soluciones de aplicación de la Ley de Costas que, garantizando el uso público y rescate en su caso del Dominio Público Marítimo Terrestre y la adecuada protección de su naturaleza, sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia. Las administraciones acuerdan ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo del núcleo de Cho Vito en el término municipal de Candelaria hasta el 30 de noviembre, con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados”.
El abogado José Manuel Rivero lo califica de una victoria de los vecinos
EDDC.NET SANTA CRUZ DE TENERIFE
es
El abogado José Manuel Rivero, miembro del colectivo Justicia y Sociedad, valoró en Radio San Borondón el acuerdo alcanzado en Madrid entre las administraciones canarias y estatal en el que se amplía el plazo para la ejecución del desalojo de Cho Vito hasta el 30 de noviembre como un importante éxito de los vecinos del poblado marinero ante un reconocimiento que abre la posibilidad real de legalizar las viviendas afectadas y conseguir que se reconstruya el poblado como estaba antes de la actuación de octubre de 2008.
José Manuel Rivero califica de victoria de los vecinos el acuerdo alcanzado por la directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, el subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista y la consejera insular de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino León, en donde las administraciones han acordado una declaración conjunta en donde acuerdan ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo del núcleo de Cho Vito en el término municipal de Candelaria hasta el 30 de noviembre.
Desde su punto de vista, este acuerdo es un compromiso de todas las administraciones públicas y, por tanto, se ha logrado lo que se pedía, es decir, la paralización urgente de los derribos que se iban a acometer el 20 de septiembre, hasta el 30 de noviembre, y añade que este acuerdo no se ha conseguido como fin, sino como medio para conseguir el fin deseado, porque insiste en que en estos dos meses de prórroga las administraciones se han marcado una hoja de ruta clara, ya que explica que “las administraciones han acordado adoptar la máxima coordinación y cooperación para que, en aplicación de las previsiones del marco jurídico vigente, se preste la mutua asistencia en las soluciones de aplicación de la Ley de Costas que, garantizando el uso público y rescate en su caso del Dominio Público Marítimo Terrestre y la adecuada protección de su naturaleza, sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia”.
Entiende que esta parte del comunicado deja claro que no es una cuestión esencial el rescate del dominio público, porque procede otra vía que tiene que ver con la adecuada protección de su naturaleza, sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia, y, por tanto, esa declaración exige la protección de Cho Vito por su valores.
José Manuel Rivero expone que las administraciones han reconocido y se han comprometido a conservar los valores de Cho Vito, algo que está recogido en la Disposición Transitoria 4, nº 1, de la Ley de Costas, que pone de manifiesto que aquellas construcciones como el poblado marinero existentes mucho antes a la entrada en vigor a la Ley de Costas puedan ser legalizadas por razón de interés público.
Advierte que la parte del comunicado que dice “Las administraciones acuerdan ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo del núcleo de Cho Vito en el término municipal de Candelaria hasta el 30 de noviembre, con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados” es muy importante porque reconoce que existe un problema social que tiene que ser resuelto, por tanto en dos meses las administraciones implicadas deben ponerse a trabajar para conservar las viviendas por los valores existentes con anterioridad a la Ley de Costas.
En este sentido, de aquí al 30 de noviembre hay que trabajar en base a este reconocimiento de las administraciones para llevar a cabo las actuaciones pertinentes para la legalización y conservación de las viviendas por una cuestión etnográfica, patrimonial y cultural.
José Manuel Rivero añade que al ser incluida en la Disposición Transitoria 4, nº 1, de la Ley de Costas ha de instarse la legalización de las viviendas por parte de los grupos políticos y las administraciones, ya que ante este reconocimiento debe hacerse ya que esta posibilidad se materialice en iniciativas determinadas para legalizar las viviendas de Cho Vito con ese reconocimiento como lugar de gran valor etnográfico, cultural, social y de valor público para lograr su reconstrucción de cómo era Cho Vito antes de la actuación de Costas el 7 de octubre de 2008.
El comunicado institucional
Este es el texto oficial: “tras una reunión entre la directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, el subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista y la consejera insular de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino León, las administraciones han acordado una declaración conjunta en estos término: Las administraciones han acordado adoptar la máxima coordinación y cooperación para que, en aplicación de las previsiones del marco jurídico vigente, se preste la mutua asistencia en las soluciones de aplicación de la Ley de Costas que, garantizando el uso público y rescate en su caso del Dominio Público Marítimo Terrestre y la adecuada protección de su naturaleza, sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia. Las administraciones acuerdan ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo del núcleo de Cho Vito en el término municipal de Candelaria hasta el 30 de noviembre, con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados”.
Cho Vito suspende la huelga de hambre
La protesta de seis vecinos ha durado once días - Se dan por satisfechos con haber conseguido que las administraciones se sentaran a negociar y retrasaran el desalojo
EFE - SANTA CRUZ DE TENERIFE. Los seis vecinos de Cho Vito, núcleo enclavado en Candelaria (Tenerife), han decidido hoy suspender la huelga de hambre que venían manteniendo desde hace once días tras el acuerdo alcanzado el viernes en Madrid en una reunión entre distintas administraciones.
En la reunión, mantenida entre la directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz y las administraciones canarias, se decidió prorrogar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo del núcleo de Cho Vito hasta el 30 de noviembre.
"Levantamos la huelga de hambre", aseguró Tomás González, portavoz de los vecinos afectados en una rueda de prensa que tuvo lugar en el campamento que han montado en la plaza de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.
"La huelga de hambre ha logrado que se sentarán a negociar las distintas administraciones y hemos conseguido que se aplace hasta el 30 de noviembre la decisión sobre Cho Vito", agregó el portavoz.
"Hemos avanzado mucho, hemos ganado 70 días y ahora debemos seguir trabajando para buscar fórmulas que eviten el derribo de nuestras casas", subrayó.
Tras asegurar que no van a renunciar a la reconstrucción de Cho Vito, Tomás González señaló que si las negociaciones que ahora se deben producir no van por buen camino, "volveremos a la huelga de hambre".
El portavoz arremetió además contra el alcalde de Candelaria, Gumersindo García Trujillo, al que definió como "el gran ausente", por no acudir a la reunión de Madrid y defender los intereses de los vecinos de Cho Vito.
"Costas y el alcalde de Candelaria han actuado de espaldas a los vecinos con engaños y atropellos", subrayó.
Criticó también que el alcalde Candelaria no se haya preocupado por la suerte de los vecinos a los que les demolieron sus casas el pasado mes de octubre.
La ampliación de plazo hasta el 30 de noviembre tiene como fin arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados.
En la reunión, además de Alicia Paz estuvieron el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, el subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista y la consejera insular de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino León.
Las administraciones acordaron adoptar la máxima coordinación y cooperación para que se preste la mutua asistencia en las soluciones de aplicación de la Ley de Costas que, garantizando el uso público y rescate en su caso del dominio público marítimo terrestre y la adecuada protección de su naturaleza, sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/09/12/cho-vito-suspende-huelga-hambre/303618.html
EFE - SANTA CRUZ DE TENERIFE. Los seis vecinos de Cho Vito, núcleo enclavado en Candelaria (Tenerife), han decidido hoy suspender la huelga de hambre que venían manteniendo desde hace once días tras el acuerdo alcanzado el viernes en Madrid en una reunión entre distintas administraciones.
En la reunión, mantenida entre la directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz y las administraciones canarias, se decidió prorrogar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo del núcleo de Cho Vito hasta el 30 de noviembre.
"Levantamos la huelga de hambre", aseguró Tomás González, portavoz de los vecinos afectados en una rueda de prensa que tuvo lugar en el campamento que han montado en la plaza de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.
"La huelga de hambre ha logrado que se sentarán a negociar las distintas administraciones y hemos conseguido que se aplace hasta el 30 de noviembre la decisión sobre Cho Vito", agregó el portavoz.
"Hemos avanzado mucho, hemos ganado 70 días y ahora debemos seguir trabajando para buscar fórmulas que eviten el derribo de nuestras casas", subrayó.
Tras asegurar que no van a renunciar a la reconstrucción de Cho Vito, Tomás González señaló que si las negociaciones que ahora se deben producir no van por buen camino, "volveremos a la huelga de hambre".
El portavoz arremetió además contra el alcalde de Candelaria, Gumersindo García Trujillo, al que definió como "el gran ausente", por no acudir a la reunión de Madrid y defender los intereses de los vecinos de Cho Vito.
"Costas y el alcalde de Candelaria han actuado de espaldas a los vecinos con engaños y atropellos", subrayó.
Criticó también que el alcalde Candelaria no se haya preocupado por la suerte de los vecinos a los que les demolieron sus casas el pasado mes de octubre.
La ampliación de plazo hasta el 30 de noviembre tiene como fin arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados.
En la reunión, además de Alicia Paz estuvieron el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, el subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista y la consejera insular de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino León.
Las administraciones acordaron adoptar la máxima coordinación y cooperación para que se preste la mutua asistencia en las soluciones de aplicación de la Ley de Costas que, garantizando el uso público y rescate en su caso del dominio público marítimo terrestre y la adecuada protección de su naturaleza, sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/09/12/cho-vito-suspende-huelga-hambre/303618.html
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