Cho Vito y el litoral de Canarias

EL TIEMPO corre en contra de las pocas viviendas que quedan aún en pie en lo que un día fue Cho Vito. Apenas un puñado de construcciones de este poblado marinero de Candelaria escaparon a la demolición que la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife decretó en 2008, y podrían quedar sentenciadas a desaparecer si finalmente no se encuentra una vía de diálogo que permita una aplicación equilibrada de la legislación vigente.
La situación de estos ciudadanos se agrava si se tiene en cuenta que las demoliciones pendientes aluden a expedientes de personas para quienes estas casas constituyen actualmente su primera vivienda, y podrían quedar irremediablemente en la calle sin que se haya aportado solución alguna. De hecho, algunos de los desalojados a consecuencia de los primeros derribos todavía siguen dependiendo de la caridad ajena por haber perdido su residencia.
Hemos conocido que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las administraciones canarias han acordado ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo hasta el 30 de noviembre, para buscar soluciones al problema de vivienda que se genera a los afectados. Se amplía, pues, en dos meses, el plazo inicialmente dado por la Demarcación de Costas, pero no se ha conseguido paralizar definitivamente los derribos.
Vaya por delante mi preocupación y la del Partido Popular de Tenerife ante la decisión de un grupo de vecinos de ponerse en huelga de hambre como medida de protesta ante esta acción, una opción que rechazamos dado el riesgo al que se enfrentan y los daños irreparables que podría conllevar para su organismo.
Desde luego, el PP estará a la altura de estas graves circunstancias, como prueba la batería de iniciativas que estamos liderando tanto en el Parlamento de Canarias como en las Cortes Generales, el Cabildo Insular y diversos ayuntamientos de Tenerife, con el fin de hacer reflexionar al Gobierno de España sobre las consecuencias reales de estos derribos.
La próxima semana defenderé en la Cámara regional, en mi condición de diputada autonómica, una moción en este sentido que se une a la iniciativa presentada por mis compañeros en el Senado para instar una modificación de la Ley de Costas que conjugue la protección del dominio público con el respeto a los derechos objetivos de los ciudadanos que viven o trabajan en estos enclaves.
Pretendemos instar al Gobierno de España a que aplique una moratoria que evite nuevos desalojos mientras permanezcan abiertas causas en la Justicia, y a que Costas renuncie a cualquier acción ejecutiva sin alcanzar previamente un acuerdo de consenso con todas las administraciones públicas canarias.
El Partido Popular, que ha ofrecido asesoramiento jurídico a los vecinos afectados, considera intolerable el estado de inquietud e incertidumbre que ha generado el exceso de celo del PSOE con su negativa implícita a asumir las competencias urbanísticas conferidas a nuestra comunidad autónoma a la hora de establecer cuáles son los suelos consolidados anteriores a la Ley.
El Parlamento de Canarias aprobó el pasado 30 de abril la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que incluye la regulación de áreas urbanas situadas en nuestro litoral.
Ya en 2008, el Partido Popular de Tenerife abanderó esta defensa frente a la arbitraria aplicación de una norma aprobada por el PSOE en 1988, que ahora, más de veinte años después, y argumentando la simple defensa del dominio público, está siendo empleada por la Demarcación Provincial de Costas con el fin de torpedear estos poblados.
La costa tinerfeña, como la del resto de España, está salpicada de asentamientos y núcleos consolidados que, como en el caso de Cho Vito, son previos a la entrada en vigor de la Ley de Costas, cuya aplicación está motivando situaciones que, paradójicamente, no se dan en otros puntos de España, donde el criterio que se sigue es mucho más flexible y favorable a los derechos a la propiedad o a la empresa.
Torpe visión, pues, la de quienes aplican la ley de distinta forma a como se viene haciendo en otros puntos de la geografía española, conscientes de la importancia de preservar la identidad e historia de nuestro litoral, ligado a estas poblaciones, y de facilitar el desarrollo de la actividad económica que le es inherente.
Me inquieta profundamente que Costas siga haciendo caso omiso a la postura expresada tanto por el Parlamento Europeo, el Parlamento de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, que se han manifestado a favor de la preservación de estos valores.
Es nuestra responsabilidad evitar que se produzcan ocupaciones ilegítimas del dominio público que terminen derivando en el chabolismo, pero consideramos que es indispensable que las Administraciones Públicas garanticen la seguridad jurídica de quienes viven en estas zonas costeras, y que juntos evitemos verdaderos dramas familiares como el que vivieron decenas de personas en 2008 con las primeras demoliciones de Cho Vito.
Se trata no sólo de preservar el alto interés de bienes como estos asentamientos costeros, cuya aportación cultural, histórica y arquitectónica es incuestionable, sino muy especialmente de asegurar la pervivencia de la actividad económica que generan y la tranquilidad de quienes tienen su residencia habitual en estos enclaves.
Es necesario que toda la sociedad canaria sea una en esta solicitud para que se reconsidere la situación de núcleos como Cho Vito, con el fin de que decisiones drásticas y no consensuadas con todas las Administraciones implicadas puedan causar un daño irreparable.
Esperamos que todas estas iniciativas y la postura mayoritaria expresada reiteradas veces por la sociedad tinerfeña mueva un paso más a la Demarcación de Costas, con el fin de que valore la aportación de estos asentamientos a nuestro litoral dentro del proceso de aplicación de la ley en las Islas, y ofrezca algo de esperanza para que Canarias no pierda su sabor marinero y pescador.
Me permito recordarles que nuestro Archipiélago no tiene playas con cocoteros, pues no somos el Caribe ni Cuba, contamos con poblados marineros que configuran un entorno que nos hace únicos y distintos. Terminar con ese encanto inconfundible de nuestro litoral sería un grave error, sin duda, irreversible.
Cristina Tavio
*Presidenta del Partido Popular
de Tenerife