No se aprecian grandes gestos de júbilo. Tampoco, siquiera, de alivio
generalizado. A pesar de la euforia de algunos diputados, los vecinos de
Pedregalejo, El Palo y La Araña no han dado la bienvenida al reglamento de la
ley de Costas como si se tratara de la antesala a una solución heroica y
definitiva. A falta de su publicación en el BOE, el proyecto diseñado por el
Gobierno, que plantea una nueva moratoria de 75 años para las casas de
pescadores alineadas en el espacio marítimo-terrestre, parece chocar de frente
con las dudas de los afectados. Sobre todo, en lo que se refiere a la
contrapartida económica -asegura que desconocen el coste anual del futuro canon
y que nadie se lo ha explicado-, pero también a la lectura de fondo del
problema por parte de la administración, que para muchos ha sido decepcionante.
En la barriada de Pedregalejo, los vecinos se declaran, en su mayoría,
desilusionados. Creen que se ha agotado una nueva oportunidad sin atender a su
principal reivindicación: la cesión de la titularidad de los terrenos a los
propietarios que los han usufructuado en todas estas décadas, lo que
significaría, de hecho, el salto a la legalidad de la línea de edificaciones
más característica de la barriada, todavía, y en pleno siglo XXI, en una
especie de limbo jurídico y urbanístico. «Creíamos que se iba a hacer como con
las viviendas protegidas de El Palo, que la propiedad pasaría a manos de las
familias, con un precio y un plazo a pagar», señala Antonio Delgado, presidente
de la asociación.
Las palabras del representante vecinal no son gratuitas. La nueva formulación
de la ley de Costas, que echó a rodar con la entrada en el Gobierno del PP, se
inclinaba en sus inicios por una solución más ambiciosa. El primer borrador del
texto, sin ir más lejos, abría la puerta a la desafectación completa del
barrio, que se justificaba en su solidez y en su condición de colonia popular
tradicional. En España son alrededor de 12.000 las viviendas atrapadas en la
misma situación. Algunas, como las de Málaga, construidas con anterioridad a la
normativa. Otras, surgidas al socaire de la cultura del pelotazo, en muchos
casos en manos de propietarios extranjeros, que están dispuestos casi a montar
un contubernio diplomático con tal de no perder su inversión.
Adolfo García, también del colectivo de Pedregalejo, es consciente de la dificultad
formal que entraña el problema. Quizá, sostiene, la ampliación de la concesión
sea la única solución jurídicamente viable en este momento. En otras cosas,
porque la ley está recurrida en su conjunto, y a instancias del PSOE, en el
Tribunal Constitucional. No obstante, reprocha a la administración su falta de
comunicación con los vecinos: «Necesitamos que vengan y expliquen punto por
punto porque han optado por este camino y lo que va a suponer. Nos ofrecemos a
convocar una asamblea», indica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos gravita en torno a la
cuantía del canon que el Gobierno tiene previsto cobrar anualmente por
permitirles habitar en un suelo que, en su mayoría, y pese a innúmeras
contradicciones, sigue siendo de titularidad pública. De momento, y según ha
podido saber este periódico, se habla de un coste que podría suponer el 6 por
ciento del valor catastral de la vivienda. Si se tiene en cuenta el baremo
medio del país, que ronda los 60.000 euros, la cantidad podría elevarse a 3.600
euros por familia, aunque todo depende de la antigüedad, el tamaño y la
situación patrimonial del inmueble.
Mercedes Pirez, presidenta de la asociación de El Palo, se inhibe de hacer
declaraciones hasta que el reglamento no salga publicado en su conjunto. No
obstante, admite la inquietud por una exigencia que, si se declina por lo alto,
podría producir un fuerte quebranto en la salud económica de los habitantes de
las casas en litigio.
En Málaga el número de viviendas afectadas por el corte de la ley de Costas
se eleva a 517. La mayoría se emplazan en Pedregalejo, El Palo y La Araña,
aunque también suman en este apartado los núcleos de El Copo, Lagos y
Mezquitilla, además de algún ejemplo aislado como el de la residencia Marymar,
en Benalmádena. La complejidad del conflicto se eleva si se advierte que en
algunos de estos puntos, como los de la capital, todavía no se ha completado el
deslinde, por lo que, en teoría, no existe retícula oficial que permita
distinguir entre las viviendas que se asientan en espacio público y las que no.
El nuevo reglamento de la ley introduce también una importante novedad: la
posibilidad, con todas las garantías, de vender y traspasar las casas mientras
siga vigente el periodo de concesión. Las dudas, en este punto, se concentran
en los plazos. La actual autorización de Costas expira en 2018. «No sabemos si
el nuevo periodo comenzará a computarse a partir de ahí o con carácter
retroactivo. Hay mucho que aclarar», reseña Adolfo García.
