Costas tiene 20 días para justificar el deslinde de Igueste

El Supremo ha admitido un recurso más de otros caseríos de Anaga



NOÉ RAMÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Audiencia Nacional ha dado 20 días de plazo a la Dirección General de
Costas para que le remita y justifique el expediente completo de deslinde de
Igueste de San Andrés. Con este auto remitido a las partes se da vía libre a
este contencioso ante el órgano judicial.

El abogado, José Luis Langa, que representa a gran parte de los alrededor de 450 vecinos de los 700 empadronados en este barrio cuyas propiedades se encuentran dentro de terrenos declarados de dominio público, ha recurrido el deslinde que establece una zona de protección de cien metros de ancho.

Estos vecinos, por su parte, estiman que la anchura no debe de sobrepasar los veinte metros como corresponde a cualquier enclave urbano. Igueste defiende ante los tribunales que efectivamente era un núcleo de estas características antes de la aprobación de la Ley de Costas en el año 1988. Langa ejerce de secretario federal del Centro Canario Nacionalista (CCN) y considera que el Archipiélago se enfrenta a un problema como es la aplicación indiscriminada de esta legislación en un terreno sensible al tratrse de islas. Langa hace un llamamiento a todos los partidos y fuerzas sociales para luchar contra la aplicación de este texto legal cuyos efectos considera devastadores.

Langa mantiene contactos con asociaciones de vecinos afectados por la aplicación de esta legislación en todo el ámbito europeo.

"Igueste se ha convertido en un símbolo de los efectos de esta legislación en Canarias y en muchos otros puntos de España". El abogado indicó que es urgente que el Ayuntamiento remita ahora la documentación para demostrar que Igueste contaba con servicios propios de un enclave urbano antes de 1988.

En la diligencia remitida ahora se recuerda que este deslinde afecta a 5,1 kilómetros de longitud entre la playa de El Burro y la de Antequera. El concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Ángel Isidro Guimerá, pedirá en la sesión plenaria que se celebra mañana que se pare cualquier derribo en toda Anaga hasta que nos e elabore un catálogo de estos núcleos costeros. La lucha de este Distrito en contra de la aplicación de la Ley de Costas ha sido constante. El Tribunal Supremo (TS) también ha admitido a trámite el recurso presentado por los vecinos de Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero en contra de este deslinde al fijar igualmente una zona de protección de cien metros de anchura.

En realidad estos núcleos están actuando en un doble frente. Por un lado intentan defender la decisión de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que los declaró urbanos en 2007 frente al intento de Costas de dejar sin efecto la decisión. En el caso de Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dicho que pueden ser urbanos, lo que abre la puerta a que la zona de protección se reduzca. Por otro los núcleos luchan en el Supremo y la Audiencia en contra del deslinde.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/09/23/costas-20-dias-justificar-deslinde-igueste/305369.html

Cambiar la Ley de Costas

TAL Y COMO vienen desarrollándose los diferentes procedimientos que la Ley de Costas aplica a lo largo de la costa española, influyendo en el origen de multitud de controversias, hasta el punto de que hoy existen asociaciones de afectados por dicha ley, parece claro que lo más idóneo es... cambiarla. Después del último bochornoso espectáculo de los vecinos que permanecen en Cho Vito al decidir la huelga de hambre como solución al casi inevitable derribo de lo que queda del poblado, las autoridades implicadas (Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento -el alcalde rechazó asistir a la reunión en Madrid-), además de conseguir un exiguo aplazamiento hasta el próximo 30 de noviembre, deben afrontar seriamente el problema (debieron arrostrarlo antes) para buscar una solución definitiva.
Este problema no es exclusivo ni de Cho Vito ni de Igueste de San Andrés ni de El Médano ni de ningún otro asentamiento costero. La decisión que abarque a todos pasa por cambiar la ley, tal y como hizo el Gobierno de entonces al encontrarse con la gran chapuza de la de 1969, que, entre otros disparates, contemplaba la ganancia de terrenos a la mar, la desecación de las marismas y la concesión en propiedad del litoral público. La clase política fue la responsable del espantoso deterioro existente, paisaje que tuvo que sufrir una importante transformación a través de una serie de actuaciones que sirvieron para detener los desmanes extendidos formidablemente. ¿Qué hicieron los ilustres ineptos autores de la ley caciquil? Simplemente, cambiarla por la de 1988, inaugurando una serie de cabreos generalizados (justificados) entre ciudadanos que habían cumplido con la primera de las normas.
Si el ministerio correspondiente cambió la ley de 1969 por la de 1988, ¿qué impide que se acuda a un nuevo cambio para 2011 que calme las aguas embravecidas? Dejemos claro que no estamos pidiendo que el director general de Costas incumpla la ley o que el alcalde de Candelaria lo imite. Las leyes están para cumplirlas. Lo que sucede es que, como sigan así las cosas, muy pronto estarán con el agua al cuello muchos ayuntamientos, que verán cómo en su litoral han surgido trastornos similares. Y tendrán que mojarse. A una ex consejera del gobierno gallego le van a demoler un chalet con piscina situado a 70 metros de la mar. A muchos vecinos de Igueste de San Andrés les ha llegado la terrible comunicación de los dichosos 100 metros, con lo cual, si las autoridades pertinentes no toman cartas en serio, la ley se cargará el pueblo completo, fincas incluidas.
Canarias, principalmente Lanzarote, ha sido la Comunidad más castigada por los especuladores que consiguieron dinero fácil, sobre todo a partir de la década de los sesenta, años de crecimiento desmedido y destrozos del equilibrio natural del ecosistema. El cuarenta por ciento de nuestro litoral se encuentra urbanizado, situación que ha sido denunciada por unos pocos y poco observada por muchos. Las luces rojas se encendieron por culpa de la sobresaturación. A los políticos canarios nada les ha importado que nuestro Archipiélago se apoye en un mundo tan frágil como es el del turismo (cenizas del volcán islandés). Sólo el actual presidente, Paulino Rivero, ha manifestado, sin tapujos ni hipocresías, la principal dedicación que debe recibir la vital industria. Los últimos acontecimientos internacionales han obligado a aterrizar en un mundo que no tiene relación alguna con la opulencia vivida hasta anteayer. Y lo que es peor, esa fragilidad no se retoca eficaz y constantemente (hay algunos casos, pero insuficientes). Apenas aparecen en el horizonte unos trozos de preocupaciones que apuntan sólo a rehabilitaciones de establecimientos y a un olvido total del entorno.
Ahora todos piden playas artificiales y puertos deportivos que, sin embargo, constituyen una de las fórmulas más destructivas de la vida marina (qué pena de Garachico).
Insistimos: la Ley de Costas actual, cómo no, debe respetarse. Pero la Dirección General tiene que tener en cuenta que el territorio canario, por su endeblez, no puede ser tratado con la misma óptica con la que se escudriñan la Costa del Sol o la Costa Brava, por ejemplo. Es cuestión de hablar, de informarse y de poner todos los papeles y los arrestos sobre la mesa. Si la ley de 1969 se cambió, por chapucera, por la de 1988, ésta, también por chapucera, puede modificarse con el buen oficio de nuestras dignísimas autoridades... hasta ahora durmiendo la siesta.
http://www.eldia.es/2010-09-22/criterios/21-Cambiar-Ley-Costas.htm

Igueste lucha en la Audiencia Nacional para salvarse de la Ley de Costas

Los vecinos llevan recurriendo a los tribunales desde 2003. De nada ha servido que la Cotmac emitiera una resolución en febrero de 2007 entendiendo que debía aplicarse el deslinde de los 20 y no el de los 100 metros, que afectaría al 50% de la población. Los vecinos ya han recibido las notificaciones de Costas.
22/sep/10 07:40
CRISTINA ÁLVAREZ, Tenerife
Los vecinos de Igueste de San Andrés han presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional un recurso al que adjuntarán documentación probatoria de que el núcleo poblacional cuenta con servicios de luz, alcantarillado, agua, cementerio, colegio e incluso llegó a contar con un alcalde pedáneo y fue asentamiento guanche.
Dicho recurso viene después de que los vecinos recibieran unas notificaciones para aplicarles el deslinde marítimo-terrestre ateniéndose a la Ley de Costas de 1988 cuando Igueste data de mucho antes.
José Luis Langa, abogado representante de los vecinos, comentó a EL DÍA que "esto sólo se arregla acudiendo a los tribunales y a los jueces hay que aportarles toda la documentación. En Madrid se desconoce tanto la historia como la geografía de la Isla y, por ello, abogo por que todos los ayuntamientos del Archipiélago eleven mociones para que no se vuelvan a repetir hechos como el que afecta a Igueste o cono en su día, aunque no sea el mismo caso, a Cho Vito".
Langa aseguró que ha reiterado su petición a Alcaldía para que le aporten documentación obrante sobre Igueste de San Andrés y aportarla a la Audiencia Nacional. "De nada ha servido que la Cotmac emitiera en febrero de 2007 una resolución en la que se decía que debía aplicarse el deslinde de 20 metros y no el de 100 metros al que obliga Costas en Madrid, pero se ha suspendido la resolución de la Cotmac hasta que no tengamos sentencia del TSJC sobre el tema que afecta al 50% del pueblo". Manuel Vera, ex concejal de Santa Cruz y afectado, dijo que "los políticos no han dado la talla y han hecho dejación. Estamos recurriendo desde 2003. En 2006, el Gobierno de Canarias nos dijo que Igueste era urbano y Madrid no lo ve así". Langa aclara que "la propia Ley de Costas habla de que el deslinde se puede aplicar en determinados casos en 20 metros. Mi intención es que todos los partidos políticos de los ayuntamientos se unan en un clamor popular y que Paulino Rivero traslade el sentir del pueblo".
http://www.eldia.es/2010-09-22/tenerife/2-Igueste-lucha-Audiencia-Nacional-salvarse-Ley-Costas.htm

MARTA ANDREASEN / EUROPARLAMENTARIA

“La imagen de España ha caído mucho; la sensación es que la corrupción se extiende a todos los ámbitos”


La europarlamentaria que puso a Zapatero en un apuro ya trabaja para que se congelen las ayudas a España hasta que se dé una salida a los problemas urbanísticos que afectan a residentes extranjeros, como el caso Prior en Vera. En la entrevista concedida a ALMANZORA, la independiente británica Marta Andreasen analiza esta realidad que ha traspasado fronteras y exige al presidente del Gobierno que actúe de inmediato.


Sumarios

“Los derribos de viviendas afectan al turismo y el turismo es, hoy por hoy, la industria más importante de España”

“Zapatero miraba para otro lado, pero mi interpretación es que se sintió muy molesto de que yo sacase ese tema”

“El problema radica en que el Gobierno ha dejado la competencia urbanística a los pueblos, y eso implica descontrol”

“Las cosas evolucionan favorablemente después de que un juez haya ordenado que le den una casa a los Prior”




- ¿Cómo se ve desde Inglaterra la problemática de las viviendas ilegales y las órdenes de derribo?
- Bueno, el Gobierno inglés no se ha mostrado muy interesado en el tema hasta ahora. De hecho, mi acción frente a Zapatero durante su comparecencia ante el Parlamento de Europa tenía como objetivo llamar la atención del Gobierno inglés y también de la propia Unión Europea…
Tendremos que ver qué pasa en los próximos tiempos. Por lo pronto, he iniciado un proceso en el Parlamento Europeo para que haya un debate que lleve eventualmente a bloquear los fondos de la UE a España hasta que se solucione esta situación.
- ¿Qué posibilidades hay de que esa iniciativa salga adelante?
- Es difícil, porque tengo que lograr el apoyo de otros grupos políticos. Empezando por los españoles, diría que un grupo está de acuerdo y el otro probablemente no.
Pero el hecho de que se congelen los fondos sería una medida cautelar, hasta que se solucionen las cosas; y provocaría presión para que se arregle la situación… ¡Y eso sería beneficioso para los españoles, porque las viviendas irregulares y las órdenes de derribo afectan al turismo y el turismo es, hoy por hoy, la industria más importante de España!
- ¿Qué opinión le merece la imagen que España está proyectando?
- Muy mala. La imagen de España ha caído mucho y la sensación generalizada es que la corrupción se extiende a casi todos los ámbitos; mientras, no hay una atención por parte del Gobierno central a un tema que puede afectar mucho a una industria importante para el país…
Por otra parte, en la actualidad ya hay fondos europeos que están bloqueados porque ha habido irregularidades en su uso; de manera que hay precedente. Tampoco es lógico que regiones de España reciban ayudas de la UE cuando hay este tipo de problemas urbanísticos que afectan a ciudadanos europeos.
- Habla usted de corrupción generalizada pero ¿qué hay de la seguridad jurídica?
- Mi crítica no va dirigida únicamente a los constructores o los gobiernos que han dado licencias de forma irregular, sino que se extiende también a abogados y jueces. Hay que darse cuenta de que eso crea una muy mala imagen y no sólo en un sector concreto, sino en otras profesiones. Es una cosa muy seria.
- Decía que el Gobierno británico no ha mostrado mucho interés, pero ¿cómo ve esto la sociedad inglesa?
- Bueno, la sociedad está viviendo una crisis económica fuerte. Aunque los gobiernos intenten decir que estamos saliendo de ella, yo puedo decir que los ingleses y los españoles no estamos saliendo de la crisis. ¡Estamos en plena crisis! Y en España, por ejemplo, ésta se debe en gran parte al tema inmobiliario. Todos estos temas tienen mucha repercusión en Inglaterra, la gente se siente afectada…
En mi intervención en el Parlamento Europeo, hablé en representación de ciudadanos de la zona sudeste de Europa y hay muchos que tienen casa en España y que se ven afectados por órdenes de demolición o permisos ilegales.
- Los británicos afectados no se oponen a la demolición si su vivienda es declarada ilegal por un juez, pero sí exigen una indemnización, dado que el inmueble se levantó con la cobertura de una licencia municipal…
- Claro, yo le he pedido a Zapatero una solución; y la solución es que les dejen habitar sus casas, o que les den una indemnización apropiada, con la que puedan adquirir una vivienda similar.
Pero es que la corrupción empieza antes. Mucha gente contrató notarios para hacer la escritura y el notario es responsable de verificar que la casa es legal; hay notarios que no han respondido a una ética profesional.
- Usted le recordó al presidente Zapatero que, lejos de lo que se cree, estos ciudadanos europeos afectados no son precisamente ricos
- En la mayoría de los casos es gente que ha ahorrado toda la vida y que decide invertir ese dinero en España porque el clima es benigno y la vida más agradable. También hay británicos con enfermedades que necesitan este tipo de clima… Hacen una inversión con el dinero de su jubilación. Podemos encontrar un par de casos entre 100.000 de gente con dinero. No se puede desestimar la gravedad del tema.
- En las imágenes de televisión que mostraban la intervención que tuvo usted en el Parlamento Europeo se veía a un presidente esquivo que evitaba cruzar con usted la miraba
- Parecía que miraba para otro lado, pero mi interpretación de la situación es que se sintió muy molesto de que yo sacase ese tema, que era precisamente mi objetivo [Se ríe].
Es haciendo pública esta situación y poniendo al presidente en un apuro cuando uno puede lograr algún éxito. Su cara era de estar pensando en otra cosa, pero estoy segura de que no estaba pensando otra cosa, sino en por qué había tenido la mala suerte de que yo le sacara el tema... El había hecho un gran mensaje sobre cómo va a resolver los problemas económicos de Europa, aunque no puede resolver los suyos…
- ¿Qué respondió Zapatero?
- Respondió diciendo que era consciente y sensible a la situación que vivía esa gente, pero que yo tenía que entender que eso no era competencia del Gobierno central, sino de las autonomías.
- Se lavó las manos…
- Sí, bueno; y además yo no tuve turno de réplica. Pero ya tendré la oportunidad. Zapatero tiene que acudir al Parlamento en junio para dar el discurso de cierre de la Presidencia española y allí estaré yo. Esto es un asunto bastante grave.
- ¿Cuál será su réplica?
- Que el origen de esta situación radica precisamente en que el Gobierno central ha dejado la competencia urbanística a un nivel de gobierno muy bajo, a los gobiernos locales de los pueblos. Y eso implica un desprecio a los controles…
El Gobierno central tiene una gran responsabilidad y es el único que puede solucionar el problema.
- Usted defiende al ciudadano europeo residente en España que sufre problemas urbanísticos pero, ¿conoce algún caso en concreto?
- Sí, y en mi discurso mencioné tres. Uno de ellos son los Prior, cuya vivienda ha sido demolida en Vera. Esta gente está viviendo en un garaje, aunque, afortunadamente, ahora un juez ha ordenado que le den una casa. Al menos, se empieza a ver que las cosas evolucionan favorablemente.
Luego tengo más casos en Alicante y la costa del Sol, sobre todo.
Quiero lanzar el mensaje de que los ciudadanos pueden acudir a mí, estoy elaborando una base de datos con las personas afectadas y hasta he puesto un asistente en mi oficina para lidiar con este problema.
- ¿Son muchos?
- Sí, bastantes. Sólo por correo electrónico he contactado con unas 950 personas.
- ¿Algún mensaje más?
- Sí, un mensaje: hay que seguir el curso legal, esto permite pasar a otras cortes europeas. También es importante que busquen apoyo político.
Y, en cuanto a España y sus autoridades, el mensaje es simple: tienen que mirar por el turismo y arreglar esto. Es necesario encontrar una soluciones a nivel urbanístico, del leyes del suelo, y también para la gente que se ha visto afectada. Hay que compensar a esas personas por los daños que están sufriendo.

Spínola culpa a CC y PP de los derribos en Cho Vito

El portavoz parlamentario del PSC, Francisco Hernández Spínola, aseguró ayer que los verdaderos responsables de la demolición del barrio costero de Cho Vito, en Candelaria, son Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), que firmaron un convenio para el desarrollo de infraestructuras costeras, que preveía los derribos en esa zona.
En una rueda de prensa que ofreció ayer, Spínola afirmó que ese convenio fue suscrito cuando el Gobierno español lo presidía todavía el PP y remarcó que, en concreto, se trata de la obra número 47, cuya denominación era "Paseo marítimo Cho Vito y demoliciones".
En este sentido, el portavoz socialista incidió en que este poblado marinero también se podía haber salvado si la Comisión de Patrimonio de Cabildo de Tenerife, también gobernado por CC y PP, hubiese declarado la protección de la zona por su valor etnográfico.
Por esta razón, el diputado remarcó que la "responsabilidad" es imputable tanto a CC y PP y "no al PSC y alcalde socialista de Candelaria, José Gumersindo García, a los que han querido demonizar".
"El PSC sólo cumple con la ley", insistió Spínola, para quien la petición de CC y de PP de que se aplique ahora la normativa canaria de protección de la costa -a través de una proposición no de ley aprobada el pasado viernes en el Parlamento- es "electoralista".
Exotismo institucional
Por otro lado, el portavoz socialista en la Cámara regional volvió a exigir ayer la inmediata renovación de los órganos que dependen del Parlamento -Audiencia de Cuentas, Diputado del Común, Consejo Consultivo y Radiotelevisión Canaria-.
A su juicio, esta renovación se hace aún más necesaria después de la intervención del Diputado del Común, Manuel Alcaide, la semana pasada en comisión parlamentaria, una cita que calificó como de "exotismo institucional".
El diputado responsabilizó a CC y PP de que las negociaciones que se han mantenido en distintos momentos de la actual legislatura no hayan tenido un final satisfactorio y subrayó que "han ido variando las pegas". "No han querido perder representación en los distintos órganos y por eso boicotean el acuerdo", sostuvo.
Por este motivo, se mostró poco optimista sobre la posibilidad de que en la reunión que mantendrán hoy los tres portavoces parlamentarios para abordar este asunto se logre un acuerdo definitivo.
http://www.eldia.es/2010-09-21/canarias/0-Spinola-culpa-CC-PP-derribos-Cho-Vito.htm

El Gobierno presiona al Estado para asumir las competencias en costas

CC denuncia que la rigidez de la Demarcación bloquea obras de paseos y playas



ANÍBAL RAMÍREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE Los nacionalistas canarios, con el apoyo del PP (ambos en el Gobierno regional) están dispuestos a dar una dura batalla por traer a Canarias la gestión de la política de costas, una de las grandes competencias sobre el territorio insular que aún queda en manos del Estado.

Esa política de costas se sustancia en la capacidad de gestión de un convenio de obras con 80 millones anuales de gasto, la concesión de autorizaciones para establecimientos de ocio o restauración o la definición de los paseos marítimos. Y algo también importante, la incoación y tramitación de expedientes de derribo de núcleos urbanos sobre el suelo marítimo-terrestre.

Los nacionalistas no aguantan más la "rigidez monolítica" de la Dirección General de Costas y su Demarcación en Canarias, departamentos a los que acusa de bloquear la ejecución de paseos, regeneraciones de playas y equipamientos en distintas zonas del Archipiélago.

De la misma manera, y con el apoyo de los populares, acaba de aprobar una proposición no de ley para que las casas afectadas por la Ley de Costas que cuenten con valor etnográfico, arquitectónico o socioeconómico no sean derribadas. Un millar de viviendas ya están amenazadas para ser pasto de la piqueta en las islas.

La diputada regional de CC, Belén Allende, señaló ayer que el enfrentamiento con Costas ha provocado "batallas campales" para hacerles entender desde las administraciones canarias las actuaciones a desarrollar en el litoral. Esta "falta de receptividad" ha originado que todavía se estén ejecutando obras que datan del convenio de Costas suscrito con el Estado en 2002.

Allende indicó que la gota que ha colmado el vaso es ese derribo por todas las islas y que afecta a municipios gobernados por CC. El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, anunció hace unos días que negociará con Madrid nombrar al jefe de Demarcación de Costas. "Choca frontalmente que se vayan a derribar casas construidas antes de la Ley de Costas y no se apliquen medidas similares para hoteles construidos en primera línea", declaró.
http://www.laopinion.es/canarias/2010/09/21/gobierno-presiona-asumir-competencias-costas/305069.html

ASI SE HACEN LAS COSAS. ASI FUNCIONA........

CC EL MARQUÉS DE PLAYA PARAÍSO
El Centro Comercial de Playa Paraíso comienza con multitud de deficiencias:

1.- Debía cumplir con un retranqueo de 3 m con relación a las aceras. Esto quiere decir que tenía que retirarse hacia atrás 3 m con relación a donde se fabricó. En un principio el Informe Técnico del Ayuntamiento fue negativo y decía que incumplía por ese motivo. Más tarde, casualmente, dice que sí cumplía cuando se sabía que no era así. ¿?

2.- El expediente tenía que tener el informe preceptivo de Costas y “curiosamente” se inhibió a favor de Política Territorial. Posiblemente tenía que haber dicho que la parte baja del Centro Comercial lo bañan las aguas del mar cuando hay fuerte mar de fondo y dice la Ley de Costas que la franja de protección hay que comenzarla a medir a partir de donde hayan llegado las olas del mar en los más fuertes temporales. (SEGURAMENTE ES QUE CUANDO HAY TEMPORALES, LOS SRES. DE COSTAS NO VIENEN Y POR ESO MARCAN EL DESLINDE DONDE CONVIENE)

3.- El informe de Política Territorial viene firmado por un alto funcionario que, “casualmente” es hermano del arquitecto de la obra y su otro hermano es el que firma el informe de telecomunicaciones. (Todo queda en casa)

4.- Tanto la Ley de Costas como la Normativa del Ayuntamiento prohíben los apartamentos en esta franja litoral, si estuviera bien ubicada, y cuando en los planos primitivos aparecían apartamentos, se corrigieron colocando una mesa donde había una cama, dejando los cuartos de baño igual y las cocinas con los servicios. Ahora eran oficinas y así se aprobaron. Se vendieron luego como apartamentos y así están funcionando ahora.

5.- Sólo se contemplaban dos pisos en la normativa y aparecen en uno lugares tres alturas y en otros cuatro.

6.- Se cerró el acceso a la costa y dejaron una franja estrechísima para pasar donde peligraba la vida de él que por allí pasara. Ante las protestas de Coalición Canaria en Adeje y la Asociación de Vecinos, se hizo una escalera de acceso.

7.- Cuando en un Pleno, Coalición Canarias le recrimino al Equipo de Gobierno el haber concedido la licencia de esa manera, el Concejal de Urbanismo nos contesto: “Si tuviera que firmar la licencia en este momento, no lo haría”

Tras una lucha continua, se lleva a los Juzgados por la Asociación de Vecinos y el propio Juzgado pide a un técnico que haga un informa y ese informe técnico nos da la razón en todo lo que decíamos y entre otras cosas dice:

“En el Centro Comercial no existe zona ajardinada, el edificio según la normativa del Ayuntamiento tenía que retranquearse tres metros más adentro y por tanto incumple la ubicación”.

“La zona de protección marítimo terrestre está realizada bajo rasante y alcanza todo el Centro Comercial, existiendo una escalera por la que se accede al mar. La normativa urbanística del Ayuntamiento son dos plantas y el Centro Comercial tiene 4, 3, sobre rasante y otra bajo rasante”.

“La zona de servidumbre de protección marítimo terrestre está especificada por la longitud de 5,4 metros. El técnico que suscribe en una marea fuerte del mar invade la Planta Bajo Rasante.

“… el Técnico que suscribe entiende que cuando existe la opción de convertir un local en vivienda esta se realiza.

La costa y sus leyes

Quiero escribir estas líneas sin tratar de sentar precedente alguno y con la sanísima intención de no apoyarme para nada en esas leyes que menciono en el título del escrito.
Aquellos que me conocen saben que durante más de treinta y cinco años he vivido en Las Caletillas, y lo he hecho en una casa que se construyó casi exclusivamente con la ayuda de mi madre, que al igual que yo no tenía formación técnica alguna en la construcción. Y nos quedó muy aparente.
El arquitecto que firmó la obra y percibió sus correspondientes honorarios no pisó jamás la zona. Según supe después, el hombre mareaba también en coche, y en aquellos momentos la autopista estaba en construcción. Sus escasas visitas al municipio obedecían a la gran devoción de su esposa por la Virgen de Candelaria, y tal vez él aprovechaba para pedirle que desapareciesen sus trastornos.
Pasado algún tiempo, durante unas cortas vacaciones en Lanzarote, esperando la hora de la cena, mi esposa, que lo conocía de vista, me indicó que era el firmante del proyecto, pero tuve el cuidado de no presentarme, no fuese a preguntarme eso tan habitual de ¿y usted quién c... es?
La casa se edificó sobre una parcela de aproximadamente seiscientos treinta metros cuadrados, ajustándonos a lo estipulado para la demarcación en superficie, altura y, por supuesto, también en relación con la zona de servidumbre marítimo-terrestre. En su momento se solicitó permiso para la instalación de una toma de agua del mar para llenar una pequeña piscina de poco más de ochenta metros cúbicos que instalamos delante de la casa, siempre sin problemas.
Esto me ha obligado a seguir a lo largo de los años los avatares de las diferentes normativas, ya que lo hacía fundamentalmente por mi propio interés.
Resulta muy curioso que hace menos de cinco años se ha construido un chalet muy cerca de mi vivienda, y aunque no dudo de la existencia de los correspondientes permisos, de lo que no me cabe la menor duda es de que la altura se pasa un rato de lo reglamentario. En conversación con técnicos del municipio me dijeron que no se me ocurriera pensar mal, pero la coincidencia de algún que otro apellido con el de un ex presidente podría situar la mosca tras alguna que otra oreja.
Tal como se está poniendo este asunto, al cabo de unos años podremos dar la vuelta a la isla caminando por los paseos que se han de construir, y así acceder a los aún insuficientes campos de golf. Invertir ese dinero en sanidad y hospitales no es preciso, aquí sabemos vivir y morir con señorío.
Hace años se decía que una ardilla podía cruzar de punta a punta la Península Ibérica, saltando de un árbol a otro siempre en terrenos propiedad de la Casa de Alba. Del mismo modo, nosotros podremos imitar a las ardillas y pasear como está mandado, trotando todas nuestras costas. Faltaría más.
Suiza, que no tiene mar, pero sí tiene un montoncillo de lagos, y alguna que otra corriente fluvial, como el modesto Rhin, por ejemplo, permitía que aquellas personas que tenían sus viviendas a orillas de los lagos pudiesen construir en esos márgenes y en los bajos de las casas los garajes para colgar fuera del agua las motoras en las épocas de poco uso. En los ríos siempre estuvo prohibido, pero no para construir paseos, sino más bien huyendo de las riadas de la crecida de las aguas generalmente en primavera con el deshielo.
Cuando se accede a Estocolmo en barco, las cientos de islas que pueblan esa entrada, la mayoría particulares, tienen sus construcciones, auténticos palacios algunos, y sus pequeños muelles.
En la frontera EEUU-Canadá, formada por el río San Lorenzo, en la zona noroeste del lago Ontario, a lo largo de unos 80 kilómetros, hay más de 1.850 islas que tienen entre cien kilómetros cuadrados y poco más de uno. Muchas de ellas tienen una o varias edificaciones y su puerto correspondiente.
También es verdad que Suiza, Alemania, Austria, Suecia, EEUU y Canadá son países poco respetuosos con el medio ambiente, desconocedores de la dieta mediterránea, que siguen guisando con mantequilla, ignorando lo que es el colesterol y no teniendo que construir paseos por todos lados.
Mejor nos iría si respetásemos lo ya construido, salvo lo que sea delictivo, vigilando que en el futuro nadie se salga de lo autorizado. Una especie de ley de punto final, con auxilio del Seprona.
A la señora Tavío, que ha escrito en este periódico en defensa de Cho Vito, agradecerle que, si como dicen, su partido gobernará en un próximo futuro, haga en ese momento todo lo posible por eliminar estas leyes tan poco inteligentes. Siempre huyendo de comportamientos como el del ex presidente Aznar, que se suma a las manifestaciones contra las leyes del aborto y no fue capaz de tocarlas en los ocho años que gobernó. Y es que los votos son los votos. Más coherencia y más decoro, señores.
José Luis Martín Meyerhans