Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

jueves, 12 de diciembre de 2013

Vecinos de Benzú (Ceuta) se oponen al derribo de sus viviendas por la Ley de Costas


   El Área de Fomento de la Delegación del Gobierno tramita una quincena de expedientes de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre en Benzú por incumplimiento de la Ley de Costas, los cuales corresponden a viviendas en las que residen vecinos de la barriada. Su finalidad última será la demolición si las construcciones carecen de una concesión administrativa, es decir, de una autorización del Estado.


Las notificaciones comenzaron a llegar a los afectados a finales de noviembre, un colectivo que manifestó ayer su rechazo a abandonar sus viviendas y, por extensión, la barriada que los vio nacer. “Nuestras familias viven aquí desde hace más de cien años. Antes era el hogar de militares y guardias civiles, de hecho, muchas de las casas se las cedieron o vendieron a nuestras familias”, explicaron los perjudicados con el respaldo de la Asociación de Vecinos de Benzú. El Gobierno de la Plaza de los Reyes anunció ayer que, a aquellas edificaciones que no estén amparadas legalmente por un título administrativo, procederá a retornar la posesión de esos bienes para que el dominio público cumpla su finalidad, es decir, que sea libre, público y gratuito, tal y como determina la Constitución, explicó Bharat Bhagwandas, director general del departamento.
“Este expediente –el cual se encuentra en su fase inicial– viene integrado por una serie de fases con todas las garantías para los interesados, es decir, incluye la notificación del acuerdo de de inicio; el trámite de alegaciones; el plazo de audiencia; la resolución de la recuperación de de esos bienes y posteriormente la guía de recursos”, contempló el responsable del Área de Fomento. Aunque sin ofrecer plazos concretos, Bhagwandas señaló que la resolución del expediente puede ser cuestión de meses. La ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre solo es posible si está amparada por un título legal conforme a la Ley de Costas mediante concesión o autorización administrativa, apuntó Bhagwandas. Sin embargo, en el Área Funcional de Fomento no les consta que las edificaciones que recibieron estos escritos tengan el título administrativo de ocupación, añadió. Una categoría de la que quedan excluidas escrituras y contratos de compra-venta.
En las alegaciones al recurso de recuperación, en términos generales, los vecinos exponen su sorpresa porque un funcionario de esta administración sea quien constate la existencia de las casas, máxime, cuando la unidad familiar está inscrita en el padrón municipal declarando las viviendas como domicilio habitual. Asimismo, aseguraron tener contratados diversos servicios en sus casas desde hace años, además de abonar sus respectivas tasas y demás impuestos locales. Los vecinos consideran que se encuentran ante una maniobra “malintencionada” por parte de la Delegación del Gobierno y que “vulnera” las garantías procesales y administrativas que rodean a este tipo de procesos. Los afectados sostienen en las alegaciones que también incumple la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y consideran que el instructor debe declararlo “nulo de pleno derecho” porque el procedimiento es inadecuado. Por otra parte, la Ley de Costas no habla de la obligación de realojar a los inquilinos, puntualizó Fomento de la Delegación, una cuestión que quedaría en manos de la Ciudad Autónoma.


La Asociación de Vecinos solicita una reunión por la “inquietud”

Hasta el momento, la Delegación del Gobierno contabilizó el inicio de 15 expedientes, aunque tampoco descartó que sean más. Esta cifra se traduce, según el Gobierno de la Plaza de los Reyes, en el mismo número de edificaciones que están dentro del deslinde, es decir, de la delimitación de los bienes que son de dominio público marítimo-terrestre, una línea determinada por mojones y que especifica qué bienes integran ese dominio. La Asociación de Vecinos de Benzú, al conocer que estas notificaciones comenzaron a llegar a los domicilios de la barriada, solicitó una reunión con el gabinete de la Delegación del Gobierno, la cual aún no tuvo lugar. Un anuncio de derribo que ha generado “alarma e inquietud entre los vecinos”. Los vecinos insistieron en que se niegan a dejar Benzú pero, en caso de que tuvieran que ser reubicados por la demolición en otro lugar, exigen que sea en la barriada. “Nos dijeron que el proyecto Europan 8 estaba aprobado –construcción de viviendas en el depósito de vehículos en Benzú–, pero ahora parece que aquello se borró de la memoria de las autoridades”, lamentaron.

http://www.elfarodigital.es/ceuta/medio-ambiente/136764-vecinos-de-benzu-se-oponen-al-derribo-de-sus-viviendas-por-la-ley-de-costas.html

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Cañete defiende que la Ley de Costas resuelve "problemas pendientes" y el PNV dice que todavía hay inseguridad jurídica


El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido la puesta en marcha este año de la nueva Ley de Costas que, a su juicio, resuelve la "mayor parte" de los problemas pendientes que tenía España en la materia, mientras que desde el PNV, el diputado Joseba Agirretxea, ha alertado de que se mantiene la inseguridad jurídica para los propietarios de muchos inmuebles situados en la costa, a pesar de ser uno de los supuestos objetivos de la normativa.

Este debate se ha producido durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el diputado 'jeltzale' ha cuestionado al responsable de Medio Ambiente por el 'Informe Werthmann', presentado en el Parlamento Europeo en relación a la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno este 2013, y por el que
la Eurocámara ha emitido una orden directa a la Comisión Europea para que investigue "si esta nueva legislación se ajusta a derecho europeo".

 
Cañete ha subrayado en su argumentación que el citado informe "es un simple documento", que fue elaborado por una delegación de parlamentarios europeos que visitó España tras la aprobación de la ley en el semestre pasado, y "con recomendaciones no vinculantes".

 
Es más, sostiene que este documento de trabajo reconoce que el Gobierno español ha hecho un "esfuerzo importante" aprobando una nueva legislación en materia de costas, que resuelve "la mayor parte de problemas pendientes" para conciliar los problemas de la costa española con el desarrollo económico, y una mayor seguridad a los propietarios inmobiliarios.

 
A su vez, ha subrayado que este informe europeo plasmaba la necesidad de que las zonas costeras no se utilizasen para nuevas edificaciones, reclamaba una actualización del informe del registro y del catastro, al mismo tiempo que pedía la distinción de playas urbanas de las naturales, entre otras recomendaciones para España, que ya han sido incluidas en la nueva Ley de Costas, según ha asegurado.
 

COMPENSACIONES E INSEGURIDAD JURÍDICA

 
Arias Cañete ha señalado también que el 'Informe Werthmann' pide también indemnizaciones económicas, en lugar de concesiones de uso como compensación, aunque también recoge que la Comisión Europea ha señalado que el régimen de propiedad es competencia del Estado miembro.


Además, sostiene que en el marco del derecho nacional lo que no se puede es ignorar los preceptos de la Constitución, en cuanto a la demarcación público marítimo terrestre, ni tampoco la interpretación del Tribunal Constitucional, donde se establece que el dominio público "no admite claves de propiedad privada".

 
"Nosotros hemos mejorado el tratamiento de la Ley del 78, que establecía las concesiones de forma muy limitada, dando unas de 75 años, que además son transmisibles, con lo cual aumentamos su valor patrimonial", ha insistido el responsable de medio ambiente.

 
Mientras, Agirretxea ha insistido en que la aplicación de la Ley de Costas no ha solucionado el problema de la inseguridad jurídica a la que se veían sometidos propietarios de inmuebles deslindados porque se "les han confiscado propiedades", al no haberse efectuado una compensación económica, "por medio de unas concesiones de uso usufructo por unas concesiones de 75 años", a personas que eran ya propietarias por escritura pública de esos inmuebles antes de que existiera ninguna Ley de Costas.
 

Así, ha apuntado por ejemplo al caso del Molino de Mareas, una edificación del siglo XVII situado en la ría de Urdaibai, en Vizcaya.

 
Finalmente, ha avisado a Arias Cañete de que el Parlamento Europeo detectó "una enorme laguna jurídica" que el PNV propuso solventar vía enmienda durante la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Costas, pero al que el Gobierno no accedió a modificar.


Observaciones finales 

 Estrictamente hablando, según los términos del Tratado de la UE, nada obliga a España a cambiar su posición y es evidente que el Gobierno español y el Parlamento poseen plena competencia, constitucional y políticamente, para decidir y aprobar dicha legislación. El «régimen de propiedad» sigue siendo competencia del Estado miembro. Sin embargo, el artículo 6 del Tratado de la UE y el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales también contienen disposiciones relativas a los derechos de los ciudadanos a su propiedad. 

Las personas tienen por tanto confianza legítima en que la UE y el Parlamento, en particular, deben defender estos derechos en su nombre cuando estos sean socavados o violados. 

 
Resulta deplorable que con esta revisión de la Ley de Costas no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad, un requisito imprescindible de todo mercado sostenible de la vivienda. Además, el hecho de que, en su caso, la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa (debido a la erosión costera o la construcción de un nuevo puerto deportivo, por ejemplo) genera una inseguridad adicional, pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana

 
Según se ha indicado, la mayoría de los miembros no consideran que las concesiones sean una compensación justa por la eventual pérdida de valor de las propiedades privadas situadas en el nuevo espacio público establecido.

 

Recomendaciones

 
Pide a la Comisión Europea que estudie si esta nueva legislación se ajusta al Derecho europeo.

Insta a las autoridades españolas a establecer un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación a consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas.


Pide a las autoridades españolas que ofrezcan indemnizaciones que reflejen el valor de la propiedad de los afectados por la Ley de Costas, en lugar de otorgar concesiones.
 

 

El ministro Arias Cañete podrá despreciar el Informe Werthmann, pero que se haya desplazado una comisión de investigación del Parlamento Europeo a España y concluya en un informe que no se está respetando el derecho de propiedad en España y por tanto, que existe una inseguridad jurídica impropia de un Estado de Derecho Europeo...

 
Que diga que en España "lo que hoy es legal, podría dejar de serlo mañana"...

 
Es como para plantearse la derogación de la ley o dimitir, porque esa demostrada inseguridad, ese desprecio por el respeto de los derechos humanos, nos deja a nivel de las repúblicas bananeras.