Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

miércoles, 8 de junio de 2011

Los partidos nacionalistas europeos piden a España que la Ley de Costas no se aplique con carácter retroactivo

Los partidos nacionalistas han presentado una resolución en el Parlamento Europeo con vistas a que el Pleno de la Cámara 'obligue' al Gobierno de España a modificar la Ley de Costas para que no tenga carácter retroactivo.
En una rueda de prensa, el abogado José Luis Langa ha explicado que el Parlamento Europeo convocó el pasado 29 de mayo una reunión en la que se acordó --a instancia de los partidos nacionalistas-- presentar en el Pleno de la Cámara siempre y cuando se consiguiera el quórum necesario que la Ley de Costas no se aplique con carácter retroactivo, una retroactividad que en Canarias afecta a cerca de 160.000 personas.
Tal y como recoge el escrito, lo que se pide al Parlamento Europeo es que "considerando que la propiedad privada está protegida (...), que la Ley de Costas pone en peligro el derecho a la propiedad de miles de ciudadanos (...) y que esta situación perjudica al prestigio de la actividad turística (...) llama al Gobierno español a que tenga en cuenta la resolución del Pleno del Parlamento Europeo y le pide que respete la propiedad privada en todas sus actuaciones, presente un informe comprensivo sobre el estado de su aplicación, así como propuestas para resolver los casos que vulneran los derechos de los ciudadanos".
Según Langa, es probable que el Pleno del Parlamento Europeo se reúna en el mes de julio si se logra el quórum necesario. En el caso de aprobarse esta resolución en la que se insta al Gobierno de España a que respete el derecho a la propiedad privada, supondrá un avance "tremendo" y el comienzo de que "una injusticia que se está cometiendo en España --particularmente en Canarias-- no se siga cometiendo", resaltó Langa.
Si bien la UE sólo puede obligar a un Estado Miembro a modificar sus normativas a través de una Directiva, el letrado se mostró "convencido" de que "si todo el Pleno apoya esta modificación, el Gobierno de España --sea del color que sea-- tiene la obligación y la moral de hacer cumplir el deseo de todo el Parlamento Europeo
".

RESOLUCIÓN DE LA COTMAC
Por otro lado, el abogado José Luis Langa también ha hecho referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se anula la resolución de la COTMAC de febrero de 2007, por la cual se aprobaba el deslinde marítimo terrestre en Igueste de San Andrés en 20 metros en lugar de 100.
Langa aclaró que el TSJC, en su sentencia, viene a decir en cuanto a la resolución de la COTMAC que no está suficiente acreditado que en Igueste de San Andrés tenga la evacuación de aguas, una apreciación que el abogado no compartió porque en España en general y en Canarias en particular "hay muchas poblaciones que no tienen evacuación de aguas y no por eso dejan de ser consideradas núcleos poblacionales".
En consecuencia, el abogado explicó que ahora se está pendiente de recurrir esta sentencia al Tribunal Supremo, por lo que se pondrá en contacto con los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo y de la propia COTMAC.
Ahora bien, aunque la resolución del TSJC hubiera sido favorable, Langa consideró que eso "no hubiera resuelto el problema" porque "la solución únicamente pasa por la modificación de la Ley de Costas". No obstante, según el letrado, será la Audiencia Nacional quien tiene que decidir si el deslinde que se aplique en Igueste se quede en 20 metros
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-partidos-nacionalistas-europeos-piden-espana-ley-costas-no-aplique-caracter-retroactivo-20110607131140.html

domingo, 5 de junio de 2011

La Audiencia Nacional avala el deslinde de Los Cancajos que daña a 300 vecinos



La sentencia rechaza un recurso presentado por una instalación hotelera y el Ayuntamiento para que se acepte que el suelo del núcleo era urbano en 1988

La Audiencia Nacional ha ratificado por segunda vez en pocos meses que el suelo del principal núcleo turístico de La Palma, Los Cancajos y de la zona industrial de Urpal en el municipio de Breña Baja, no tenía características de urbano en el momento en el que entró en vigor la Ley de Costas en el año 1988.
Por ello, la zona de servidumbre del deslinde de Costas queda fijada en una anchura de 100 metros en vez de los 20 que se establecerían si este enclave hubiese contado con los servicios públicos consolidados en aquel momento.
De este modo, son cerca de 300 los vecinos y propietarios de negocios que se verán afectados de una u otra manera por la delimitación de la Dirección General de Costas. Figura entre ellos el hotel Hacienda San Jorge del núcleo turístico que desde hace años había promovido un recurso en los tribunales para dejar sin efecto este deslinde. El establecimiento contó con el apoyo del Ayuntamiento de Breña Baja que también se personó en el proceso. Sin embargo, la Audiencia Nacional considera que el Plan General en vigor en aquel momento no clasificaba estos terrenos como urbanos sino como sistema general de equipamiento localizado. La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias emitió un informe en el que indicaba que esta franja de suelo estaba clasificada como suelo urbanizable programado turístico, lo cual viene a ratificar, según la Audiencia, que no tenían la categoría de urbanos.
Tampoco se pudo demostrar que el núcleo dispusiera en el momento de la entrada en vigor de la Ley de Costas de los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y de energía eléctrica. Por ello, la Audiencia ratifica por segunda vez que estos terrenos "no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos legal y reglamentariamente para modificar la anchura de servidumbre de protección de los actuales 100 metros a 20", como se había solicitado.
El establecimiento hotelero consideraba que el Gobierno central había vulnerado el derecho a la propiedad reconocido en la Constitución, ya que parte de su finca ha quedado fuera de ordenación con las limitaciones que este régimen impone. Una de las restricciones es la imposibilidad de construir en los terrenos afectados y que se prohíbe el uso residencial, entre otros
http://www.laopinion.es/canarias/2011/06/05/audiencia-nacional-avala-deslinde-cancajos-dana-300-vecinos/349566.html