El PP tacha de 'desfachatez' que Narbona y la Junta insistan en que el Gobierno es el que debe demoler El Algarrobico

Precisamente, la exministra socialista, que firmó en 2005 la orden ministerial que aplicó el deslinde de 100 metros en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería)
La portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, ha culpado a las administraciones del PSOE del conflicto con con el hotel El Algarrobico (Almería), tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que la construcción contraviene la Ley de Costas, y con ello tacha de "desfachatez" que tanto la exministra de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona y el consejero del ramo de la Junta de Andalucía, insistan en que es el Gobierno central el que debe demoler el edificio.
Precisamente, la exministra socialista, que firmó en 2005 la orden ministerial que aplicó el deslinde de 100 metros en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y el consejero andaluz del ramo, coincidieron este miércoles en pedir al actual titular de la cartera de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que "no eluda sus responsabilidades" y derribe así el hotel de Azata del Sol, tras la sentencia del TS.
En declaraciones a Europa Press, María Teresa de Lara se sorprende de que "personas tan preparadas como Narbona o el consejero andaluz" insisten en que es el ministerio el que debe pagar el derribo, según un documento que firmaron cinco días antes de las elecciones.
"Es un texto hueco, sin cuantificación económica, y en el reparto competencial corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía las competencias en la zona de servidumbre de protección, de acuerdo con su estatuto de autonomía y la jurisprudencia del TS", ha agregado.
Así, detalla que el documento que el pasado 15 de noviembre, cinco días antes de las elecciones generales, firmaron la Junta y el Gobierno socialista se estableció que el Ministerio de Medio Ambiente se comprometía a abordar la financiación de la demolición del edificio y la Junta, al desescombro y gestión de residuos, pero sin dotación presupuestaria. "Creemos que es hueco, una declaración de intenciones y un brindis al sol sin validez alguna", ha matizado.
Además, ha culpado a las administraciones socialistas de la situación en la que se encuentra la demolición de El Algarrobico, ya que, en su opinión, en el transcurso de estos años la Junta de Andalucía, junto con el PSOE, el ayuntamiento socialista de Carboneras, y la ministra Narbona "permitieron que se levantaran el hotel".
Finalmente, insiste en que el Grupo Parlemantario 'popular' acata y está de acuerdo con la sentencia del TS, que confirma que la orden ministerial que establece el deslinde en la zona de la playa de El Algorrobico se dictó de acuerdo con la legalidad y, por ello, considera que el plan parcial del ayuntamiento de Carboneras no se ajusta a derecho porque no respeta la zona de servidumbre de protección.
En concreto, la sentencia del TS declara que el hotel viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre, después de desestimar el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN) que consideró conforme a derecho la orden ministerial que, en 2005, amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
http://www.ecoticias.com/naturaleza/63872/PP-tacha-desfachateze-Narbona-Junta-insistan-Gobierno-demoler-El-Algarrobico

Los vecinos de Santa Lucía reclaman a UE como mediadora

Los vecinos del núcleo costero de Santa Lucía, en Güímar, que han sido denunciados por su propio Ayuntamiento por la ocupación que han hecho de sus viviendas, trasladarán al Parlamento Europeo la situación de indefensión en la que se encuentran, con el fin de poder volver a sus casas sin que se les demande por ello.

El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, informó ayer, junto a los representantes vecinales, de la situación que están padeciendo los habitantes del poblado costero y de las medidas que piensan tomar. "Esta situación que acaba de producirse es kafkiana, pues el Ayuntamiento, que debería proteger a sus vecinos, los denuncia".

Las denuncias contra cinco vecinos se han producido a raíz de la vuelta de estos a sus viviendas. Llevan fuera de ellas desde que el 5 de junio de 2011 se produjeran derrumbes en la zona, que ocasionaron daños en dos casas deshabitadas y en un vehículo. En aquel momento, el Ayuntamiento de Güímar desalojó y precintó el lugar, procedió a retirar los escombros y algunas piedras que amenazaban con caer sobre las casas, al tiempo que solicitó un estudio para evaluar el riesgo de nuevos desprendimientos. Ante los resultados de este estudio, decidió prolongar el precinto que ahora algunos vecinos se han saltado.

Sin embargo, ayer, el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, José Antonio Herrera, acusó al Ayuntamiento de no haber hecho nada en todo este tiempo. Indicó que los vecinos han vuelto a sus viviendas porque consideran que ya no hay peligro "pues les habían dicho que se había subsanado parte del derrumbe" porque no existían ya vallas que las protegían y, sobre todo, "porque ya no podían estar más tiempo pagándose otra casa para vivir". También criticó que "el Ayuntamiento prometió cubrir los gastos y, sin embargo, a los 30 días mandó una carta explicando que ya no podrían pagar nada y que había que buscarse la vida".

Ante la vuelta a sus viviendas, el Ayuntamiento denunció a los vecinos que regresaron y el 26 de abril deben declarar como imputados por supuestos casos de "usurpación", matizó el letrado Langa.

Herrera ha aclarado también que las viviendas de Santa Lucía existen desde 1973, y que desde mediados de 1990 ya cuentan con todas las condiciones de saneamiento y alumbrado como cualquier otro barrio, por lo que ahora no entienden que se les quiera "echar" de sus casas y se les notifique "con un número". "Para cobrar los impuestos municipales sí que existimos para el Ayuntamiento", ha dicho.
En estos momentos, los vecinos de Santa Lucía siguen en sus casas y están a la espera de saber qué ocurrirá tras la comparecencia ante el juzgado en el mes de abril, mientras paralelamente están en contacto con el Parlamento Europeo para conocer sus derechos y, sobre todo, las posibles ayudas económicas que existen para estos casos, ya que están dispuestos a pedirlas ellos mismos si no lo hace el Ayuntamiento.

Por su parte, Langa González explicó que respecto a la modificación de la Ley de Costas anunciada por el ministro Arias Cañete, el Parlamento Europeo ha creado una comisión para estudiar estas modificaciones y está a la espera de que España se las envíe
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/03/27/vecinos-santa-lucia-reclaman-ue-mediadora/404557.html

El Supremo confirma que El Algarrobico contraviene la Ley de Costas

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional

El hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia que desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN) que consideró conforme a derecho la orden ministerial que, en 2005 amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de veintiún plantas y 411 habitaciones.
La resolución del Alto Tribunal, contra la que no cabe recurso, ratifica que el Consistorio carbonero no procedió a "revisar" el Plan Parcial del sector urbanístico --denominado ST-1-- sobre el que se construyó el inmueble para "ajustarlo a las previsines, en cuanto a la anchura de la servidumbre de protección, de la Ley de Costas" después de que esta entrase en vigor y subraya que "debió" aplicarse en la zona la disposición que fijaba esta zona de servidumbre en 100 metros.
En este sentido, indica que cuando entró en vigor la Ley de Costas "no existían" en el paraje "los aprovechamientos urbanísticos" que hubiesen permitido, según establece la propia legislación, reducir la zona de servidumbre a 50 metros, ya que, según subraya, el proyecto de urbanización de dicho sector no se aprobó hasta octubre de 1997, es decir, casi una década después a la entrada en vigor de la Ley de Costas. El Plan Parcial, que no fue desarrollado hasta esta fecha, se aprobó en mayo de 1988.
De este modo, el Supremo desbarata el argumento del Ayuntamiento, que sostenía que concedió la licencia de obras del hotel en enero de 2003 según la normativa urbanística --Normas Subsidiarias (NNSS)-- que contaba con informe favorable de la Dirección General de Costas y en la que se fijaba la anchura de la zona de servidumbre en 50 metros. Además, el alto tribunal asegura que la administración urbanística "se abstuvo deliberadamente" de adaptar el planeamiento a lo dispuesto en la Ley de Costas.
"Proceder irrespetuoso"

"El hecho de que la Administración Estatal de Costas informase favorablmente de la revisión de las Normas Subsidiarias no resta un ápice al deber legalmente impuesto de adoptar las disposiciones del planeamiento urbanístico a lo previsto en la Ley de Costas", señala la sentencia, que considera que tal actitud "sólo revela un proceder irrespetuoso con lo dispuesto en la ley por la administración al informar la revisión del mentado instrumento de ordenación urbanística".
El TS remarca en el fallo, del que es ponente el magistrado Ernesto Peces Morate, que lo "relevante" en este caso es la situación urbanística que tenían los terrenos en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas y que, por tanto, "no pueden tomarse en consideración" instrumentos de ordenación o gestión ulteriormente aprobados, "ni, desde luego, obras de urbanización o edificación realizadas en fechas muy posteriores".
La orden ministerial que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa donde se encuentra el paraje de El Algarrobico fue recurrida ante la Audiencia Nacional tanto por el Ayuntamiento, como por la empresa promotora Azata del Sol y su matriz Azata. En los tres casos, la AN se pronunció en el mismo sentido y el Supremo deberá pronunciarse aún sobre las otras dos impugnaciones.
Licencia nula

La citada orden, firmada por la exministra de Medio Ambiente del PSOE Cristina Narbona, dio lugar a la incoación de un expediente de expropiación del inmueble del que, finalmente, se acordó desistir por parte del Gobierno después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería declarase nula la licencia municipal de obras concedida para construir el establecimiento hotelero en septiembre de 2008.
Este fallo, recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señaló como "incontestable", a la vista del examen de la documental practicada, que el sector S-T1 del Plan Parcial aprobado para la construcción del hotel se ubicaba de "forma clamorosa" en "espacio protegido y no urbanizable".
En el fundamento jurídico quinto atribuía a la corporación local carbonras, gobernada entonces por el PSOE, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros y hacía extensible esta valoración a la Junta de Andalucía que, según subrayaba, fue "pasiva y condescendiente" con las infracciones contra la citada normativa y "permitió en definitiva" que se iniciase y desarrollase el proyecto de Azata del Sol.
http://www.publico.es/427377/el-supremo-confirma-que-el-algarrobico-contraviene-la-ley-de-costas