El TSJC suspende los derribos en Bajo La Cuesta

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el expediente incoado por la Demarcación de Costas contra propietarios de viviendas de Bajo La Cuesta, para recuperar el dominio público marítimo terrestre. Una sentencia fechada el pasado 29 de marzo da este procedimiento administrativo por caducado, debido a que se notificó a los afectados fuera del plazo aplicable en estos casos. El fallo lo dictó la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, tras un recurso interpuesto por ocho vecinos de este barrio de Candelaria, representados por el abogado Pedro Fernández Arcila, aunque sólo se estimaron las pretensiones de dos demandantes.
Al resto se les desestimó, pues apelaron contra la inadmisión de sus respectivos recursos del alzada por parte de Costas, al ser presentados fuera de plazo. El TSJC sostiene en los fundamentos de derecho que “al no haber ninguna norma de este concreto procedimiento que establezca un plazo, ha de tramitarse y resolverse en tres meses”, por lo que “de esta forma se llega a la conclusión de que se ha producido caducidad en el procedimiento de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre seguido por la Administración” contra estos vecinos candelarieros.
Y ello es así porque “incoado este procedimiento en la fecha de 26 de diciembre de 2007, y notificados los interesados de la resolución del expediente en 28 de marzo de 2008, obvio es que la tramitación administrativa sobrepasó el plazo perentorio de tres meses que era aplicable al caso” de Bajo La Cuesta. La sentencia -dictada por los magistrados Angel Acevedo (en calidad de presidente del tribunal), Rafael Alonso y María del Pilar Alonso- no entra en el fondo del litigio, sino aborda la cuestión formal de los plazos que deben cumplir la Administración, y en este sentido invoca la la Ley 30/1992 que fija una “regla general” de seis meses para adoptar y notificar resoluciones expresas, con dos excepciones: puede ser mayor de un semestre si así lo establece una norma con rango de ley o de aplicación en la Unión Europea, o bien de tres meses cuando las normas reguladoras de los procedimientos administrativos no prevean un tiempo máximo.
 Unas 30 familias de este núcleo llevan cuatro años reclamando que se revise el trazado del nuevo deslinde, de 2006. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha sostenido que, si bien las viviendas son anteriores a 1988 – cuando entró en vigor la Ley- se construyeron ya de forma ilegal dentro del deslinde existente desde 1969 http://www.diariodeavisos.com/2012/05/04/actualidad/el-tsjc-suspende-los-derribos-en-bajo-la-cuesta/

El Ayuntamiento se moja con Igueste

El gobierno local exige a Costas una moratoria para evitar el derribo de las casas que incumplen la Ley

El grupo de gobierno de Santa Cruz propondrá durante el próxima pleno un mensaje de apoyo "rotundo y sin fisuras" a los vecinos de Igueste de San Andrés en su pugna con la Dirección General de Costas para mantener sus viviendas. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha encargado la redacción de una moción institucional contra los derribos de los inmuebles afectados por la Ley de Costas en este enclave del litoral chicharrero. Una vez aprobada la moción, algo que no ofrece dudas por el apoyo ya comprometido de la totalidad de los grupos políticos a los afectados de Igueste, la propia administración capitalina remitirá el documento al Parlamento Europeo.
De este modo, el gobierno local pretende evitar la aplicación de la normativa de Costas en este núcleo poblacional. En la elaboración del texto colaborará el abogado y portavoz en Canarias de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, según se acordó en un encuentro que este mantuvo con Bermúdez y al que también asistieron el primer teniente alcalde y edil de Economía, Julio Pérez, el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, y el responsable del Distrito Anaga, Fernando Ballesteros, así como varios técnicos municipales
. Langa considera que la apertura de esta vía por parte de la administración municipal "facilitar mucho" la lucha de los vecinos para preservar sus casas y fincas. "Se trata de buscar soluciones para que los vecinos no pierdan sus inmuebles y que prime el interés general", señaló Langa.
El abogado y portavoz de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas apuntó que la aprobación de la moción institucional busca que el Ministerio de Medio Ambiente respete este enclave costero. "Buscamos dar tranquilidad a los propietarios afectados. Nuestra intención es que, al igual que sucede en otros puntos de Canarias como Valle Gran Rey o Los Roques, la normativa no suponga una condena para la historia y la tradición de las Islas", añadió La futura moción institucional se suma a otras acciones por parte del Ayuntamiento en favor de los vecinos de Igueste de San Andrés afectados por la normativa de Costas.
 En la última, hace apenas dos meses, la administración capitalina ya ofreció sus servicios jurídicos para defender los inmuebles situados dentro de los límites del dominio público marítimo terrestre. Por aquel entonces, Bermúdez se comprometió en una reunión con los afectados y con varios colectivos de la zona a poner a su disposición toda la ayuda posible. Sentencia La última sentencia de la Audiencia Nacional establece que 97 parcelas y 22 viviendas del barrio se encuentran dentro de los 100 metros fijados como los límites del dominio público marítimo y que, por lo tanto, podrían ser eliminadas en aplicación de la actual Ley de Costas.
La sentencia avala la postura de Medio Ambiente de establecer el deslinde del dominio público marítimo terrestre en 100 metros, y no en los 20 que solicitaban los propietarios afectados por la normativa de costas. Según el documento de la magistrada Elisa Veiga, los terrenos afectados, que constituyen prácticamente la mitad de todas las edificaciones de esta localidad, no estaban calificados como suelo urbano en el Plan General de Ordenación de 1957. Del mismo modo, recuerda que en la reforma del planeamiento de 1992 dichos terrenos figuran como rústicos. Durante la última reunión, el equipo de gobierno local también informó a José Luis Langa de que la actual revisión del PGO no modificará la calificación de estos terrenos. "Sabía que el Ayuntamiento no podría realizar este cambio, pero quería conocer cuál era su postura sobre Igueste", explicó para recordar que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para defender los intereses de estos propietarios.
 http://www.laopinion.es/tenerife/2012/05/02/ayuntamiento-moja-igueste/411048.html

Hotel el Algarrobico

En el año 2003 se empezó a construir el Hotel el Algarrobito en la playa de Carboneras.
 La empresa propietaria del Hotel tenia las correspondientes licencias concedidas por el Ayuntamiento, el suelo donde se construye aparecía como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Ayuntamiento de esta localidad en el año 1988, esta decisión de suelo urbanizable es ratificado por la Junta de Andalucía en el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar en el año 2004.

Nos encontramos que un inversor particular: la empresa que construía el hotel y que antes había adquirido la parcela, sufre un serio perjuicio. La Ley de Costas, sobre la que hay opiniones a favor y en contra, establece entre otras cosas que no se puede construir a menos de 100 m. de la playa.
El desarrollo y aplicación de esta Ley ha planteado numerosos problemas, por ejemplo a los chiringuitos de playa, durante años han estado con la “espada de Damocles” a sus espaldas, pues se veían obligados a cerrar, con lo que eso supone no solamente contra una tradición de muchos años, sino además la perdida de miles de puestos de trabajo de las personas que trabajan en ellos y un perjuicio al turismo de las zonas de playa. Hay miles de construcciones realizadas años atrás que a partir de esta Ley son ilegales y que deberían ser demolidas si se aplica estrictamente esta Ley.
 Antes de sacar una norma de estas características deberían pensar en sus consecuencias, las leyes nunca deben tener efectos retroactivos, sino establecer que a partir de su publicación lo que se haga debe cumplir esa norma y lo que hay ya hecho proponer formulas a largo plazo en todo caso para resolverlo, pero no perjudicar por las buenas a ciudadanos o empresas que cuando construyeron era legal.
 Señalo a modo de anécdota lo siguiente:
La playa del Algarrobico se llama así porque en ella existe desde hace décadas un chalet que tiene un hermoso Algarrobo en su jardín. Éste y su gemelo están fuera de la ley: no respetan los 50 metros de la “línea de costa”.
Como ellos, hay miles de edificios que no se ajustan a la Ley, pero antes de construir el hotel nadie había dicho nada contra ellos
El ecologismo radical que hay detrás y que ha batallado contra este hotel, ha hecho muchas predicciones que son disparates, pero siempre contra los mismos, recojo las reflexiones de Carlos Wotzkow Biólogo molecular y ornitólogo cubano (exiliado en Suiza) que se hace las siguientes preguntas: ¿
Ha visto usted algún activista de Greenpeace colgándole un letrerito molesto a una mina de carbón en China?
¿Ha visto usted a algún voluntario de Sierra Club protestando contra el programa nuclear Iraní? Y pudiera preguntar más, pero resulta evidente que ese esfuerzo eco-político, “a favor del medio ambiente”, es tan solo un objetivo ideológico dirigido contra de la industria y el desarrollo del mundo occidental.
Recojo las predicciones que hizo en su momento, hace bastantes años Paul R. Ehrlich, conocido ecologista muy radical, su lectura pone en evidencia sus disparates:
“En 1970, miles de millones de seres humanos (incluyendo norteamericanos) morirán de hambre” “En 1973 (debido a la contaminación del aire) unas 200.000 personas en Nueva York y en los Ángeles morirán”
“En 1980, Estados Unidos verá reducida la expectativa de vida (de su población) a 42 años por culpa de los pesticidas y en 1999 apenas quedaran vivos unos 22.6 millones de norteamericanos” “Para el año 1985, suficientes millones de personas habrán muerto reduciendo la población del planeta a un nivel aceptable de 1.5 billones”
“Apuesto que Inglaterra no existirá en el año 2000”
Volviendo al tema, en el caso que nos ocupa, entiendo que el Hotel debe ser demolido pues hay una sentencia del Tribunal Supremo que así lo establece, pero la empresa que construyó el hotel debe ser indemnizada por los daños y perjuicios que se la han ocasionado y los gastos de demolición no los deben sufragar los impuestos de los ciudadanos, sino que deben ser abonados por los que dieron la licencia y declararon suelo urbanizable la zona donde se ha construido.
http://www.diariolatorre.es/index.php?id=39&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21433&tx_ttnews%5BbackPid%5D=176&cHash=4f7ca1c13a

La Ley de Costas afecta en Euskadi a 19.800 propiedades y 59.400 personas

el pnv pide que se detengan los derribos y denuncia que es una norma inconstitucional

Muchos afectados se sumergen en batallas legales eternas a sabiendas de que el Estado gana el 99% de los litigios 
 Desde que entró en vigor a finales de los años 80, la Ley de Costas ha estado envuelta en la polémica. Empuñando la bandera del ecologismo, se han producido derribos arbitrarios, confiscaciones sistemáticas, se han dejado abandonados prados costeros que antes cuidaban pastores y ganaderos, e, incluso, se han intentado hacer desaparecer pueblos enteros del litoral. La ley afecta a 1.400.000 personas en todo el Estado, 59.400 de ellas en Euskadi, lo que se refleja en 19.800 propiedades. Muchos de ellos han visto peligrar unas propiedades adquiridas legalmente y se han sumergido en batallas jurídicas que se eternizan en el tiempo sin grandes esperanzas de conseguir resultados positivos, ya que el Estado gana el 99% de los litigios.
 La situación ha llegado a tal extremo que se han presentado varias mociones en el Senado para paralizar las acciones contra los afectados. "Creemos que hay que frenar toda esta actividad administrativa que está generando tanta injusticia y queremos que no se produzca ningún derribo más hasta que no se genere una ley más justa y más legal", advierte Lorea Leanizbarrutia, portavoz jeltzale en la Cámara Alta de Madrid.
Y es que precisamente han sido los nacionalistas quienes, vistas "las injusticias que se están produciendo", han presentado una moción para cambiar la ley. "Es una ley incoherente que no tiene ningún sentido. Está hecha por gente que desconoce totalmente el litoral de la península, que es muy del centro, de la meseta, que ha hecho café con leche para todos, pero es que no es lo mismo el Atlántico que el Mediterráneo y tampoco es lo mismo la degradación de la costa en Levante que en el norte.
 Si el Manzanares fuese navegable, esta ley no habría salido adelante", denuncia Leanizbarrutia.

 confiscaciones

 Una de las críticas que se hacen a esta ley es que, bajo el pretexto del cuidado del litoral, el Estado ha intentado apropiarse de unos terrenos que no le corresponden. "Esta ley estipula que todo lo que hay entre la marea alta y la baja es propiedad del Estado y de nadie más. Por ello, se están confiscando propiedades que las familias han adquirido legalmente, muchas incluso antes de que la ley entrara en vigor, sin darles ningún tipo de indemnización a cambio. Esto ha provocado que el Estado haya quitado su casa a familias que la habían comprado de forma legal, al considerarlo que están construidas en terrenos de dominio público, y, además, provoca que estas familias tengan que seguir pagando una hipoteca, lo que es una auténtica barbarie", califica. Por su parte, los afectados vienen denunciando que se están produciendo situaciones de gran arbitrariedad. "Hay personas a las que se les están confiscando sus propiedades y a otras, que están en la misma situación, no. En Urdaibai, por ejemplo, hay tres molinos de mareas en la misma zona y solo han confiscado uno", cuenta la jeltzale. "Pero es que además han ido a confiscar el único ejemplar de molino de mareas con turbinas de piedra del mundo. Su dueño no lo puede cuidar, ni reparar y, ahora, ya no sabemos ni si funciona. Les da igual acabar con el patrimonio", añade. Pero es que además de atentar contra numerosos derechos de la propiedad recogidos en la Constitución, esta ley interfiere con las competencias registradas en los estatutos de autonomía.
 "La Constitución reconoce la figura de los términos municipales y hay municipios que llegan hasta el mar. En este caso, al pasar la zona de mareas a ser propiedad del Estado, si vives en esa franja de tierra no pertenecerías a tu municipio sino a terrenos del Estado español", explica Leanizbarrutia. "Esto, como nacionalistas, no lo podemos permitir", insiste. Además de todas las injusticias que se están produciendo, esta ley también está acarreando importantes problemas medioambientales. "El Estado ha prohibido utilizar los prados que se servían de zona de pasto para animales y que eran terrenos cuidados por los propios caseros. Esto ha provocado que con la polinización estén entrando un montón de malas hierbas y que se esté generando un auténtico desastre medioambiental. Y es que no nos podemos olvidar de que ha sido la mano del hombre la que ha ido generando el paisaje", manifiesta Leanizbarrutia.
"El litoral se está deteriorando completamente porque no se labra, no se trabaja la tierra. Se están generando insectos y ecosistemas que son totalmente degradantes para el medio marino", lamenta. inconstitucionalidad
 Así, la mayor losa que arrastra esta Ley de Costas es que es inconstitucional, ya que no respeta numerosos derechos recogidos en la Constitución. "No respeta el derecho a la propiedad privada, porque no tiene en cuenta el principio de legalidad y la irretroactividad de las disposiciones. No respeta el derecho a la herencia atenta contra los derechos de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y de los bienes adquiridos legalmente, no cumple con el derecho de la legalidad y la proporcionalidad de las penas, entre otros", enumera Leanizbarrutia.
"De acuerdo con que en el Mediterráneo se han hecho barbaridades, pero si todo eso está construido legalmente y, si tú has comprado de forma legal, que no te vengan luego con gaitas de que no puedes vender, ni habitar, ni legar a tus hijos, ni arreglar", exclama Leanizbarrutia.
 Pero, sin duda, lo que más lamentan los jeltzales es que la ley aprobada en 1986 por el PSOE, con el único voto en contra del PNV, recoge un artículo contemplado en un proyecto de ley franquista. "A esta ley se le ha dado el tinte de que el litoral tiene que ser patrimonio de la humanidad y de que la costa tiene que ser de todos, pero en realidad, lo que pretende es que la costa sea del Estado. En 1986 los socialistas nos vendieron esta ley como progresista y desde el PNV nos negamos a votar en su favor, pero lo que nadie dice es que contempla un artículo que en 1969 ya contemplaban los franquistas. Solo que ellos consideraron que era tal dislate de ley que decidieron no ponerla en marcha", revela. "Lo que están haciendo es crear una auténtica dictadura, provocando verdaderos atropellos entre los afectados.

 Hay 400.000 familias afectadas en todo el Estado y no todos son ricachones y especuladores. Lo que tienen que hacer es solucionar todos esos entuertos urbanísticos que ha habido de otra manera, pero no salpicando a todos", advierte Leanizbarrutia a la vez que recuerda que "en Euskadi no existe ninguna playa privada o zona en la que el ciudadano no pueda acceder al mar porque esté cerrado. Aquí, el mar es de todos"
. http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/04/30/sociedad/euskadi/la-ley-de-costas-afecta-en-euskadi-a-19800-propiedades-y-59400-personas