EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
jueves, 7 de febrero de 2013
miércoles, 6 de febrero de 2013
NARBONA, LA EXMNISTRA DE COSTAS, RECONOCE INJUSTICIAS.EN LA LEY DE COSTAS
EL DÍA 5 DE FEBRERO (martes) de 2013, en el Aula Magna del Rectorado de la Universidad de Valencia.
SE PRESENTA EL LIBRO “No es Economía, es Ideología”, editorial Deusto 2012.
Autores del libro: Grupo de Economistas contra la crisis.
Entre los ponentes de la presentación: Cristina Narbona, el vicerrector de Cultura de la Universidad, catedráticos de economía, director de agencia EFE, un exdirector de red Eléctrica Española, y exsecretaria de estado de empleo e igualdad última legislatura Zapatero.
Entre los asistentes: Chimo PUIG (portavoz PSPV-PSOE en Cortes Valencianas, varios representantes sindicales, mucho simpatizante/afiliados del PSOE, colegio de economistas de valencia, mucha gente del departamento de Económicas de la Universidad y resto de sociedad valenciana de ambiente de izquierdas. Media edad en torno a los 60 años.
A las 21:00 (tras 2 horas en el Foro), llega mi intervención (el último del turno de 4 palabras y SIN derecho a réplica).
Bona nit a tots i a totes, Buenas noches. En primer lugar felicitar a los organizadores y a los ponentes por el esfuerzo que han hecho por venir aquí a Valencia, muchos de ellos de lugares lejanos.
Como tenía preparada por escrito mi pregunta, para no enrollarme, se la voy a leer.
Aprovecharé mi intervención repitiendo una reciente afirmación de Cristina Narbona, ya que creo que es muy adecuada para lo que a continuación les voy a exponer: “los ciudadanos, cuando más informados y formados estén, más podrán exigir a sus gobernantes”.
y comienza mi intervención:
Yo entiendo que ninguna economía y ninguna ideología puede ir en contra de los Derechos Humanos.
Recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite (y créanme que es muy difícil), tras 20 años de litigios, una causa contra la aplicación retroactiva, arbitraria e injusta y confiscatoria (¡que no expropiatoria!) de la Ley de Costas defendida por Cristina Narbona y distintos gobiernos del Partido Popular.
Por otra parte, unas 20.000 quejas se han admitido a trámite en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (y también créanme que no es nada fácil).
Una Comisión de Investigación está a punto de visitar España (tampoco nada fácil) debido a la gestión y aplicación confiscatoria (insisto que NO expropiatoria) de la Ley de Costas de Cristina Narbona y distintos gobiernos del PP.
Los afectados por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas que aquí defiende la señora Narbona y distintos gobiernos del PP, agrupados en varias plataformas por toda España, NO somos especuladores del territorio, ustedes pueden por ejemplo, obtener información en internet. Vean por ejemplo cómo sobre el barrio marinero de Cho-Vito en Tenerife se ha construido un paseo marítimo con fondos europeos, tirando a la gente y construyendo detrás de ese paseo una promoción inmobiliaria.
Este tipo de actuaciones está suponiendo que por parte de oficinas antifraude de la unión europea se investigue la utilización de fondos europeos, con toda la trascendencia de primer nivel que supone para este país.
Vean en internet más información sobre la aplicación de la Ley de Costas.
Ante esta situación, mi pregunta es: ¿está la ideología, o la economía, reñida con los derechos humanos?
Muchas gracias.
(HUBIERON UNOS CUANTOS APLAUSOS!)
Narbona, en resumen indica:
Se ha aplicado puntualmente la ley de costas con alguna injusticia, pero los ciudadanos hemos sido engañados por alcaldes a nivel local.
Algarrobico es un ejemplo en el que participó un alcalde y la Junta de Andalucía.
El Tribunal de Derechos Humanos dio la razón a Francia en una sentencia sobre este asunto.
La Comisión de Investigación sabe lo que tiene que hacer porque el gobierno puntualmente ya le ha informado.
En el Informe Auken se alaba la Ley de Costas española.
Sin dejarme turno de réplica (aunque ya me acostumbré hace tiempo), se cierra la sesión a las 21:15.
GUILLERMO C.
Afectado por la ley de Costas. Valencia.
Sra Narbona, es cierto, que el informe AUKEN habla de la ley de costas, pero tambien habla de la protección de los derechos humanos, del derecho de la propiedad. En este informe, que causa quebraderos de cabeza de este pais, condena a este pais por la urbanización mavisa del litoral español, pero defiende que las propiedades privadas legitimamente construidas, no pueden ser confiscadas por la ley de costas española.
Referente a los engaños de los alcaldes y de muchos, muchos políticos de todos los colores y partidos, usted habla del hotel Algarrobico, cuya construccion fue avalada por usted, por su partido el PSOE, por la Junta de ändalucia, del PSOE,por los alcaldes de los pueblos cercanos del PSOE, Y LE ASEGURO QUE EL HOTEL NO SERA DEMOLIDO, ESO ESTA CLARO.
En contra, la actuación en el pueblo de Cho Vito, auspiciada por un alcalde del PSOE, con el beneplacito del ministerio, del cual, usted era cabeza visible, del PSOE, y con unos errores tan claros en la actuación, que vulnera los derechos de las personas, al estar el deslinde maritimo terrestre mal elaborado, y introducir en el mismo a viviendas que no estaban en zona pública. Eso ya esta demostrado.
El parlamento europeo, esta investigando la situación de Cho Vito, en diferentes organos, desde el comite de investigación de la ley de costas, el comíté de peticiones y la misma Comisión europea. y todo por la vulneración reiterada de la legislación europea, y de las dotaciones de fondos europeos a este proyecto, y a muchos más en el estado español.
PACIENCIA ES LO QUE ME SOBRA. DESTAPANDO LA VERDAD.
martes, 5 de febrero de 2013
El paseo marítimo de Tacoronte supera su último escollo judicial
IMPLICA EL DERRIBO DE 20 CONSTRUCCIONES
El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, se lamenta de que una vez que el proyecto ha superado sus últimos escollos judiciales ahora tengan que enfrentarse a las restricciones presupuestarias del Gobierno central y a la necesidad de proceder a una revisión de los precios. “Después de más de diez años de tener el proyecto sobre la mesa listo para ejecutarlo ahora habrá que ponerlo a la cola de todas las obras que se van a hacer en el litoral en España”, dice el alcalde. Balten ha perdido todos los recursos que ha presentado ante las diferentes instancias judiciales y también se rechazó su propuesta para que el futuro paseo pasara por encima del depósito dado el incremento de costes que traería consigo.
Balten quería acogerse a las excepciones recogidas en la Ley de Costas que permite la ubicación de determinadas instalaciones en la zona de servidumbre siempre que sean de interés público lo que en su caso considera que quedaba acreditado. Sin embargo, el Supremo indica que la construcción de un paseo marítimo “no constituye una actuación llevada a cabo con finalidades meramente estéticas sino que con tal proyecto se persigue la defensa de un interés público específicamente protegido”.
Recuerda el TS que la Ley de Costas garantiza el uso sin restricciones de las zonas de servidumbres de tránsito y el acceso al mar con el fin de garantizar su disfrute por parte de todos los ciudadanos. Con esta finalidad la propia legislación contempla la adopción de diversas medidas como son precisamente la construcción de paseos. Sostiene además el Supremo que Balten “no ha justificado la existencia de otro interés público que deba prevalecer sobre el definido legalmente y protegido” en la ley de Costas. Aunque el TS no cuestiona el servicio que presta el depósito de agua para el riego, “no encontramos una normal legal de la que deducir una excepción a la preservación de la zona de servidumbre de tránsito para mantener unas instalaciones ubicadas en la misma”.
Tampoco se comparte el punto de vista defendido por Balten en el sentido de que las instalaciones se encuentran en perfecto estado de funcionamiento y el TS considera que tampoco se ha acreditado “la realidad del servicio que dice prestar ni la imposibilidad de mantenerlo en otra ubicación y ni siquiera su estado de conservación”. Los informes emitidos en este sentido están firmados por un ingeniero de Caminos que ostenta el cargo de presidente de la Comunidad de Aguas El Pris, “de forma que carecen totalmente de la necesaria objetividad para hacer pruebas en contra de lo recogido en la resolución impugnada”.
Los dictámenes suscritos por el ingeniero técnico agrícola municipal de Tacoronte y por el arquitecto de este Ayuntamiento resultaron “contradictorios”, aunque en todo caso el Supremo apunta que Costas tiene vía libre para recuperar medioambientalmente este borde costero “y la eliminación de todas las construcciones que invaden el dominio público”.
http://www.canariasahora.es/articulo/tenerife/el-paseo-de-tacoronte-supera-su-ultimo-escollo/20130205150850395714.html
El TS confirma la sentencia que vetó un centro comercial en Tauro
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia que denegó al grupo turístico Anfi la autorización para construir un centro comercial en la playa de Tauro, en Gran Canaria, al considerar que pretendía valerse de una política de "hechos consumados" para eludir la Ley de Costas.
El Supremo confirma en todos sus extremos el fallo dictado en 2009 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que determinó que el proyecto de Anfi para el centro comercial de la playa de Tauro no solo infringía la Ley de Costas, sino que además se apoyaba en unos instrumentos de planeamiento declarados ilegales.
Este pleito parte de la decisión del Gobierno canario de declarar caducado el procedimiento por el que Anfi solicitó, en 2003, permiso para levantar ese complejo comercial en los 100 primeros metros de costa, en la franja de servidumbre de protección del litoral.
El TSJC revocó esa decisión, pero no para autorizar el centro comercial, sino para denegarlo expresamente, porque consideraba que el Gobierno de Canarias estaba incurriendo en un "fraude de ley" al optar por la declarar caducado el expediente, en un intento de obviar que lo que realmente ocurría es que existían "informes que imposibilitan del todo la concesión de la autorización".
"La autorización que se pide no solo es contraria a la Ley de Costas, y también al planeamiento vigente, sino que además el planeamiento que la ampara fue anulado por esta Sala. Aunque ambas partes silencien la cuestión, o no lo consideren de interés a los efectos del recurso, los planes invocados que preveían el uso el uso comercial se encuentran anulados por la Sala", decía el TSJC.
Los promotores del centro comercial sostenían que el emplazamiento elegido "era en el mejor sitio posible para favorecer por un lado locales comerciales al uso y disfrute de los usuarios de la playa de Tauro y del Cura y, por otro lado, favorecer a los clientes del resort de Anfi Tauro" y alegaban, asimismo, que no era posible ponerlo en otro lugar, debido al diseño del campo de golf ya construido para entonces en esa zona del sur de Gran Canaria.
Con esos argumentos, pretendían beneficiarse de la excepción prevista en la Ley de Costa que permite autorizar dentro de la zona de protección aquellas construcciones que, por sus características, no puedan tener otra ubicación que la elegida junto al mar.
Sin embargo, el TSJC rechazó ese planteamiento por entender que "no es admisible" conceder tal excepción a la protección del litoral invocando "el agotamiento de la edificabilidad consumida en otros usos turísticos, o de otro tipo"; algo que equivalía, en sus propias palabras, a validar una política de "hechos consumados".
El Supremo coincide de pleno con esa tesis: "La justificación no puede ser la de los hechos consumados, es decir, que no exista otra ubicación para el uso comercial porque los emplazamientos ya están ejecutados, pues la justificación debe establecerse desde la génesis de la decisión, esto es, desde que se hizo la planificación".
El Alto Tribunal rechaza además que Anfi alegase que se habían concedido autorizaciones similares a la que pedía, no solo porque no concretó a cuáles se refería, sino porque es doctrina constitucional que solo es posible exigir igualdad dentro de la legalidad: "Dicho de otro modo, no hay igualdad contra la ley", remacha
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=291460
El Supremo confirma en todos sus extremos el fallo dictado en 2009 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que determinó que el proyecto de Anfi para el centro comercial de la playa de Tauro no solo infringía la Ley de Costas, sino que además se apoyaba en unos instrumentos de planeamiento declarados ilegales.
Este pleito parte de la decisión del Gobierno canario de declarar caducado el procedimiento por el que Anfi solicitó, en 2003, permiso para levantar ese complejo comercial en los 100 primeros metros de costa, en la franja de servidumbre de protección del litoral.
El TSJC revocó esa decisión, pero no para autorizar el centro comercial, sino para denegarlo expresamente, porque consideraba que el Gobierno de Canarias estaba incurriendo en un "fraude de ley" al optar por la declarar caducado el expediente, en un intento de obviar que lo que realmente ocurría es que existían "informes que imposibilitan del todo la concesión de la autorización".
"La autorización que se pide no solo es contraria a la Ley de Costas, y también al planeamiento vigente, sino que además el planeamiento que la ampara fue anulado por esta Sala. Aunque ambas partes silencien la cuestión, o no lo consideren de interés a los efectos del recurso, los planes invocados que preveían el uso el uso comercial se encuentran anulados por la Sala", decía el TSJC.
Los promotores del centro comercial sostenían que el emplazamiento elegido "era en el mejor sitio posible para favorecer por un lado locales comerciales al uso y disfrute de los usuarios de la playa de Tauro y del Cura y, por otro lado, favorecer a los clientes del resort de Anfi Tauro" y alegaban, asimismo, que no era posible ponerlo en otro lugar, debido al diseño del campo de golf ya construido para entonces en esa zona del sur de Gran Canaria.
Con esos argumentos, pretendían beneficiarse de la excepción prevista en la Ley de Costa que permite autorizar dentro de la zona de protección aquellas construcciones que, por sus características, no puedan tener otra ubicación que la elegida junto al mar.
Sin embargo, el TSJC rechazó ese planteamiento por entender que "no es admisible" conceder tal excepción a la protección del litoral invocando "el agotamiento de la edificabilidad consumida en otros usos turísticos, o de otro tipo"; algo que equivalía, en sus propias palabras, a validar una política de "hechos consumados".
El Supremo coincide de pleno con esa tesis: "La justificación no puede ser la de los hechos consumados, es decir, que no exista otra ubicación para el uso comercial porque los emplazamientos ya están ejecutados, pues la justificación debe establecerse desde la génesis de la decisión, esto es, desde que se hizo la planificación".
El Alto Tribunal rechaza además que Anfi alegase que se habían concedido autorizaciones similares a la que pedía, no solo porque no concretó a cuáles se refería, sino porque es doctrina constitucional que solo es posible exigir igualdad dentro de la legalidad: "Dicho de otro modo, no hay igualdad contra la ley", remacha
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=291460
domingo, 3 de febrero de 2013
Dueños de casas ilegales urgen a la Xunta que emule a Andalucía con una ley de regularización
Le piden que paralice las órdenes de demolición mientras sus concellos tramitan el plan urbanístico EAseguran que más del 95% de viviendas en suelo rústico se pueden legalizar
A CORUÑA
No son villas ni caseríos. La práctica totalidad de las miles de viviendas en suelo rústico amenazadas por la excavadora son casas unifamiliares levantadas hace décadas "con los ahorros de muchos años de trabajo", según aseguran sus propietarios. Aunque la Xunta se resiste a regularizar la situación de las edificaciones sobre las que pesa una orden de derribo, los dueños afectados no tiran la toalla y urgen a la Xunta que busque alternativas para evitar que "miles de familias" se queden sin hogar. "Somos gente humilde, muchas casas aún están con el ladrillo, ni se le ha dado la cal por fuera. Lo único que pedimos es que se busque una fórmula para evitar la demolición", defiende un propietario afectado. Entre las fórmulas que podría aplicar el Ejecutivo gallego, según apuntan, está el decreto que la Junta de Andalucía pondrá en marcha el próximo día 1 de marzo y con el que prevé legalizar unas 250.000 viviendas edificadas en suelo no urbanizable.
"No se trata de una amnistía general, será una regularización que dará respuestas a los ayuntamientos a través del planeamiento urbanístico en unos casos o mediante expediente iniciado a solicitud de cada propietario", argumentó el presidente andaluz, José Antonio Griñán (PSOE), al anunciar este decreto el pasado mes de diciembre.
Ese es precisamente el modelo que piden los afectados en Galicia. Y a la espera de que la Xunta evalúe a la posibilidad de desarrollar un decreto para regularizar las miles de viviendas levantadas hace décadas en suelo rústico y sobre las que pesa un expediente de derribo, los afectados en la comunidad piden al Ejecutivo autonómico que se paralicen las órdenes de demolición en aquellos concellos que ya han iniciado los trámites para aprobar su plan general de ordenación municipal. "La aprobación de los nuevos planeamientos urbanísticos permitiría legalizar más del 95% de las viviendas afectadas", asegura un propietario. "Si quieren se puede hacer, ejemplos los hay en otras comunidades y también en el Gobierno central", destaca otro afectado que echa mano de la reforma de la Ley de Costas acometida por el Ejecutivo de Rajoy en octubre del año pasado y que permitirá indultar miles de viviendas al ampliar las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años. Esta ampliación de las concesiones de uso de dominio público, que empezaban a caducar en 2018, permitirá a los dueños vender los inmuebles y hacer reformas siempre que no aumenten de altura ni volumen.
A pesar de que la Xunta ya manifestó su rechazo a dar moratorias de derribo en los concellos sin PXOM, tal y como aseguraron desde la Consellería de Medio Ambiente, los dueños de viviendas ilegales en Galicia no se dan por vencidos y esperan que el Ejecutivo gallego les de una solución. "Han sido muchos años de trabajo y sacrificio para que vengan ahora y nos tiren nuestra casa", se lamenta un propietario de una vivienda levantada en suelo rústico. Prácticamente ningún ayuntamiento gallego se salva de la amenaza de la piqueta. Desde Foz hasta A Guarda. Las excavadoras de la Xunta recorren Galicia de norte a sur. Uno de las últimas órdenes de derribo dictados por la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de Medio Ambiente y creada en 2008 por el bipartito, afecta a una casa unifamiliar del municipio lucense de Becerreá. Desde que el mes pasado se ordenó el derribo, los vecinos hacen guardia para evitarlo e incluso están coordinados para tocar las campanas de la iglesia por si intentan ejecutar la demolición.
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/02/03/duenos-casas-ilegales-urgen-xunta-emule-andalucia-ley-regularizacion/751383.html
A CORUÑA
No son villas ni caseríos. La práctica totalidad de las miles de viviendas en suelo rústico amenazadas por la excavadora son casas unifamiliares levantadas hace décadas "con los ahorros de muchos años de trabajo", según aseguran sus propietarios. Aunque la Xunta se resiste a regularizar la situación de las edificaciones sobre las que pesa una orden de derribo, los dueños afectados no tiran la toalla y urgen a la Xunta que busque alternativas para evitar que "miles de familias" se queden sin hogar. "Somos gente humilde, muchas casas aún están con el ladrillo, ni se le ha dado la cal por fuera. Lo único que pedimos es que se busque una fórmula para evitar la demolición", defiende un propietario afectado. Entre las fórmulas que podría aplicar el Ejecutivo gallego, según apuntan, está el decreto que la Junta de Andalucía pondrá en marcha el próximo día 1 de marzo y con el que prevé legalizar unas 250.000 viviendas edificadas en suelo no urbanizable.
"No se trata de una amnistía general, será una regularización que dará respuestas a los ayuntamientos a través del planeamiento urbanístico en unos casos o mediante expediente iniciado a solicitud de cada propietario", argumentó el presidente andaluz, José Antonio Griñán (PSOE), al anunciar este decreto el pasado mes de diciembre.
Ese es precisamente el modelo que piden los afectados en Galicia. Y a la espera de que la Xunta evalúe a la posibilidad de desarrollar un decreto para regularizar las miles de viviendas levantadas hace décadas en suelo rústico y sobre las que pesa un expediente de derribo, los afectados en la comunidad piden al Ejecutivo autonómico que se paralicen las órdenes de demolición en aquellos concellos que ya han iniciado los trámites para aprobar su plan general de ordenación municipal. "La aprobación de los nuevos planeamientos urbanísticos permitiría legalizar más del 95% de las viviendas afectadas", asegura un propietario. "Si quieren se puede hacer, ejemplos los hay en otras comunidades y también en el Gobierno central", destaca otro afectado que echa mano de la reforma de la Ley de Costas acometida por el Ejecutivo de Rajoy en octubre del año pasado y que permitirá indultar miles de viviendas al ampliar las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años. Esta ampliación de las concesiones de uso de dominio público, que empezaban a caducar en 2018, permitirá a los dueños vender los inmuebles y hacer reformas siempre que no aumenten de altura ni volumen.
A pesar de que la Xunta ya manifestó su rechazo a dar moratorias de derribo en los concellos sin PXOM, tal y como aseguraron desde la Consellería de Medio Ambiente, los dueños de viviendas ilegales en Galicia no se dan por vencidos y esperan que el Ejecutivo gallego les de una solución. "Han sido muchos años de trabajo y sacrificio para que vengan ahora y nos tiren nuestra casa", se lamenta un propietario de una vivienda levantada en suelo rústico. Prácticamente ningún ayuntamiento gallego se salva de la amenaza de la piqueta. Desde Foz hasta A Guarda. Las excavadoras de la Xunta recorren Galicia de norte a sur. Uno de las últimas órdenes de derribo dictados por la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de Medio Ambiente y creada en 2008 por el bipartito, afecta a una casa unifamiliar del municipio lucense de Becerreá. Desde que el mes pasado se ordenó el derribo, los vecinos hacen guardia para evitarlo e incluso están coordinados para tocar las campanas de la iglesia por si intentan ejecutar la demolición.
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/02/03/duenos-casas-ilegales-urgen-xunta-emule-andalucia-ley-regularizacion/751383.html
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