Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

viernes, 27 de mayo de 2011

La comisión de Peticiones vuelve a analizar la aplicación de la ley de costas española



La comisión de Peticiones ha debatido más de 40 quejas sobre la aplicación de la ley de costas española. En un debate tenso intervinieron 19 ciudadanos procedentes de España, Alemania, Reino Unido y Países Bajos, que lamentaron su situación de "indefensión jurídica" ante una ley aplicada de forma "injusta".

La comisión de Peticiones debatió el impacto de la ley de costas en Canarias, Valencia, Asturias, Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Baleares. El debate fue organizado en bloques. En el primer bloque expusieron sus casos los peticionarios, uno por cada una de las regiones afectadas. A continuación, intervinieron la Comisión Europea y los eurodiputados y, por último, tomaron la palabra otros ciudadanos afectados que así lo solicitaron. Los peticionarios dispusieron de tres minutos de turno de palabra cada uno y los eurodiputados de uno.

Los miembros de la comisión de Peticiones decidieron, transcurrido el debate, aplazar a la próxima reunión de coordinadores (portavoces de los grupos políticos, que se celebrará el 14 de junio) la decisión sobre qué medidas tomar para dar seguimiento a la discusión de hoy. La presidenta de la comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni (PPE, Italia), explicó que "la atribución de responsabilidades no nos compete a nosotros, aunque está claro que hay derechos que se están pisoteando y ahí pensamos intervenir, sin violar el principio de subsidiariedad ni entrar en conflictos nacionales".

Aplicación "retroactiva" y "arbitraria"




Los peticionarios criticaron, en líneas generales, la aplicación con carácter retroactivo de la ley de costas, que ha llevado a la demolición de muchos inmuebles sin indemnizar a los propietarios. Carmen del Amo declaró que "no me satisface la modificación de la ley que se ha presentado y espero que se respete la propiedad privada y que se devuelva lo que se ha confiscado". Jon Iturribarria explicó que el título de propiedad de su molino se remonta al año 1683. "Estamos hablando de cinco siglos, ¿no es un caso de retroactividad?, preguntó.

El representante del peticionario mallorquín Pedro López Rodríguez tomó la palabra fuera de turno y, junto con otros peticionarios, mostró carteles en los que se leía "Democracia real ya". Después de las intervenciones de los eurodiputados, se disculpó por su "infortunada intervención". "Pido disculpas, pero estamos muy indignados y así lo demostramos", señaló. A continuación, expuso el caso de su familia, que posee una propiedad al sur de Mallorca afectada por la ley de costas y lamentó el carácter "arbitrario" de esta normativa.

Por su parte, Pilar Embeita calificó la ley de costas de "violación de los derechos humanos y de la presunción de inocencia". "Estamos ante una situación de acoso y derribo por parte de los poderes públicos españoles la "aplicación arbitraria de la ley de costas". "Nuestras propiedades han sido confiscadas y no nos van a dar ninguna compensación", subrayó José Pérez, y agregó que esta actuación atenta contra los derechos humanos.

Situación "injusta"
Gabriela Mayans, de Formentera, señaló que "cuando hablamos de injusticia hablamos de que todos los grandes grupos hoteleros de la isla han quedado fuera del deslinde mientras que pequeños propietarios han sido incluidos", apuntó.

El peticionario holandés Jan Van Stuyvesant declaró que "hay proyectos financiados por dinero comunitario que incurren en los errores que se trataban de evitar".

Sin compensación
Timoteo Giménez aseguró que se trata de "casos de expropiación sin compensación". Por su parte, uno de los peticionarios británicos dijo "esperar que la comisión de Peticiones adopte acciones ulteriores". "Por favor, no podemos dejar la situación como está", concluyó.

Intervenciones de los eurodiputados
Carlos ITURGAIZ (PPE) lamentó lo "poco que se ha avanzado" en este asunto y destacó que es necesaria una ley "coherente, lógica y racional". "Estamos en contra de esta ley y de su aplicación retroactiva y arbitraria", añadió Iturgaiz, quien aseguró que su grupo apoya "que se supriman algunos artículos que no reconocen los derechos de ciudadanos
".

Willy MEYER (Izquierda Unitaria Europea) afirmó que su grupo "está de acuerdo con Ley de Costas", ya que en España el litoral estaba lleno de hormigón, lo que hacía necesaria una ley. Sin embargo añadió que no está de acuerdo "con su aplicación arbitraria", que ha permitido construir, entre otras obras, grandes hoteles y urbanizaciones.

Rosa ESTARÁS (PPE) dijo que "La Ley de Costas tuvo una intención positiva pero su aplicación ha generado inseguridad jurídica, desazón y desesperanza" en los afectados. "El Gobierno de España tiene que rectificar esta situación", manifestó.

María MUÑIZ (S&D) recalcó que la Ley de Costas es de 1988, y "el PP no la cambio en 8 años". Recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en un caso "muy similar" en Francia aduciendo que en estos casos prevalece el interés público frente al privado. Según la diputada, la aplicación de la Ley ha sido correcta en el 92 por ciento de la costa, y sólo ha habido problemas en el 5 por ciento, por lo que no se puede considerar "discriminatoria".

Miguel Angel MARTINEZ (S&D) opinó que la ley es "eficaz, modélica y compleja en su aplicación", y la Comisión Europea no cree que se viole la normativa europea. "España es un Estado de Derecho que no puede ponerse en tela de juicio aquí", comentó el diputado, antes de señalar que los tribunales han fallado en contra del 90% de las quejas presentadas por los denunciantes.

Antolín SANCHEZ PRESEDO (S&D) manifestó que la Ley de Costas data de 1988, por lo que "distintos gobiernos" han podido modificarla y no lo han hecho. Dijo que esta ley pretende "evitar la degradación y responder a problemas actuales como el cambio climático".

El británico Roger HELMER (Conservadores y Reformistas Europeos) opinó que "España no está respetando el derecho de propiedad y por eso no se puede decir que exista el Estado de Derecho". "El gobierno español no puede ignorar esta situación", opinó el diputado antes de lamentar que el Parlamento no pueda hacer nada al respecto
.

La eurodiputada danesa Margrete AUKEN (Verdes/ALE) dijo que las costas españolas necesitan protección y "si no se han gestionado correctamente es obvio que haya problemas". Lamentó que hay "hoteles por todas partes", lo que es señal de que "algo no funciona". Por ello, sugirió hacer un nuevo informe parlamentario centrado en las costas, ya que la UE sí tiene competencia en ello.

Teresa JIMENEZ-BECERRIL (PPE) defendió en su intervención a las empresas salineras de Cádiz afectadas por la Ley de Costas, ya que, en su opinión "se las han arrebatado sin compensaciones justas. "Tenemos la obligación de defender sus derechos y que el gobierno español corrija", comentó la diputada, quien añadió que estos casos "afectan a la imagen de España".

Izaskun BILBAO (Grupo Liberal Europeo) afirmó que "ecesitan soluciones urgentes a las discriminaciones que se están dando", oquizás la ley española fue necesaria, aunque su gestión ha sido incorrecta". "Se npinó
.

La británica Marta ANDREASEN (Europa de la Libertad y de la Democracia) se preguntó por qué la Comisión Europea sigue dando ayudas públicas a las regiones donde se dan estas anomalías.

Comisión Europea
El representante de la Comisión Europea subrayó que en los casos denunciados "no se puede aplicar la legislación comunitaria" aunque aseguró que esta Institución "está en permanente contacto con las autoridades españoles" para actuar en el caso de que se produjesen discriminaciones, aunque "de momento no creemos que haya discriminaciones", aseguró.
http://www.europarl.es/view/es/Sala_de_Prensa/press-release/pr-2011/pr-2011-May/pr-2011-May-17.html
ASOCIACIÓN EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS`´



SIMPLES COINCIDENCIAS

En este país, donde tirando de un hilo, se desmadeja todo, pensar mal, es sinónimo de acertar. Si vemos los datos de Tragas, la empresa que acomete todos los trabajos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), es muy sorprendente ver al jefe de la abogacía del estado, o a personal que ocupa altos cargos dentro del mismo ministerio o en Economía y Hacienda, ser consejeros de una empresa privada, estrechamente ligada a los derribos y a los deslindes de las costas españolas.
Recuerdo que la misma Alicia Antolín de Paz, era directora general de costas(nombrada ilegalmente, según sentencia del Tribunal Supremo, septiembre 2010, nº528/2008,,cesada en octubre del 2010, BOE 2 de octubre 2010)

La pregunta que se plantea es: ¿es esto legal?. ¿es legal, que estos consejeros de una empresa privada, sean altos funcionarios del ministerio que contrata a esta misma empresa?¿cuanta información privilegiada pueden tener en su trabajo del ministerio, que les facilite las cosas en la empresa privada?.

TRAGSA

El Grupo Tragsa actúa como medio propio instrumental realizando los trabajos que le encomienda la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios, mediante convenios.
El Grupo Tragsa está compuesto por la empresa matriz Tragsa, Empresa de Transformación Agraria, SA, constituida en 1977, y por Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, Tragsatec.
Tragsa acumula más de 30 años de experiencia y realiza actuaciones en la protección y conservación de la naturaleza, el desarrollo rural y la prestación de servicios de emergencia.
Tragsatec interviene desde 1989 en los ámbitos de la ingeniería y la asistencia técnica para el desarrollo rural y las actividades medioambientales, agrícolas y forestales y la gestión de los recursos pesqueros y la acuicultura. Tragsatec ha asumido en noviembre de 2010 los servicios que desde 2001 prestaba Tragsega, en el ámbito ganadero y alimentario.




Consejo de Administración a 22 de febrero de 2011
Presidenta:
Dª Mª Luisa Graña Barcia Presidenta de Tragsa
Secretario no Consejero:
D. Juan Antonio Puigserver Martínez Jefe de la Abogacía del Estado del (MARM).
Vicesecretario no Consejero:
D. Ignacio Pereña Pinedo Director de Asuntos Jurídicos de TRAGSA
Consejeros:
D. Manuel Alves Torres Director de Planificación y Control (SEPI)
Dª Isabel Bombal Díaz Directora General de Industria y Mercados Alimentarios
(MARM)
D. Javier Canales Tébar Secretario de Elecciones Sindicales y Afiliación FECOMACCOO
D
. Jesús Casas Grandes Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
(MARM
)
D. Carlos Javier Escribano Mora MARM
D. Ignacio Gandarias Serrano Director G. de Ordenación Pesquera (MARM)
Dª Mª Soledad Giral Pascualena Subdirectora General de Programación Económica del
MARM
D. José Jiménez García-Herrera Director General de Medio Natural y Política Forestal
(MARM)
D. Ángel Hernández Pinilla MCA-UGT
D. Manuel Ledesma Sánchez Vocal Asesor de la Unidad de Apoyo de la Dirección General
de Fondos Comunitarios y Financieros (Mº de Economía y
Hacienda)
D. José Marcos Lillo Pérez Jefe de la Oficina Presupuestaria – Mº de Economía y
Hacienda
D. Bartolomé Lora Toro Director de Participadas II - SEPI
Dª Elena Madrazo Hegewisch MARM
D. Fernando Miranda Sotillos Presidente del FEGA (MARM)
Dª Alicia Montalvo Santamaría Directora General de la Oficina Española de Cambio
Climático (OECC) – (MARM)
Dª Marta Moren Abat Directora General del Agua (MARM)
Dª Alicia Paz Antolín MARM
D. Manuel Rossi Prieto MARM
Dª. Pilar Seisdedos Espinosa Subdirectora Gral. Coordinación de la IGAE (Mº de Economía
y Hacienda)
Dª. Alicia Villauriz Iglesias Secretaria Gral. del Mar (MARM).

Los vecinos de Cho Vito impiden que Costas inicie la obra del paseo marítimo



Aunque la Demarcación en la provincia anunció la colocación de las vallas en la zona afectada, la población obligó a retirarlas tras denunciar en el Juzgado que cerraban uno de los accesos peatonales al lugar. Los vecinos consideran "sospechoso" que los trabajos comiencen tres días después de las elecciones.
27/may/11 01:29
La Demarcación o Servicio Provincial de Costas tuvo que dar marcha atrás en su intención de comenzar la construcción del paseo marítimo de Cho Vito porque los vecinos de este poblado marinero de Candelaria se opusieron a ello y presentaron una denuncia ante el Juzgado. El motivo era que las vallas colocadas cerraban el paso a la población y visitantes por uno de los accesos con que cuenta este enclave y que, curiosamente, es el lugar en el que se encuentra la zona de estacionamiento de los vehículos.
Ayer fue necesaria la presencia del alcalde de la Villa Mariana, José Gumersindo García, quien expuso a los vecinos de Cho Vito la situación y explicó que los trabajos previstos no afectarían al desarrollo cotidiano de la vida de la población que aún reside en el lugar.

Tomás González, portavoz de Cho Vito, expresó su confianza en que "todo se desarrolle como nos explicó", pero dejó claro que "es sospechoso, por decirlo suavemente, que esta obra comience tres días después de celebradas las elecciones municipales".
Ayer, como anteayer, fue necesaria la presencia de efectivos de la Guardia Civil para tratar de colocar las vallas que Costas anunció el miércoles que se ubicaron "en la zona de actuación, que en ningún momento interrumpen el paso de vecinos ni usuarios de la costa".
Buen resultado en Europa
Respecto a la comparecencia de los portavoces de Cho Vito en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, González señaló que se concretó la elaboración de un informe sobre el impacto de la aplicación de la Ley de Costas en los derechos individuales de los ciudadanos, el medio ambiente y la aplicación de la legislación de la Unión Europea, con fundamento en determinadas peticiones recibidas, así como la presencia en el poblado (y en el resto de lugares del país que están en circunstancias similares) de una comisión de la UE para comprobar las consecuencias de esa legislación.
Margrete Auken, europarlamentaria socialista inglesa, propuso la congelación de los fondos europeos para España en 2012 "como consecuencia de la situación que viven los ciudadanos europeos por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas".
Tomás González se mostró muy satisfecho con el resultado de la presencia de Cho Vito en Europa "porque sigue abierta la comisión y siguen llegando quejas
http://www.eldia.es/2011-05-27/tenerife/1-vecinos-Cho-Vito-impiden-Costas-inicie-obra-paseo-maritimo.htm

jueves, 26 de mayo de 2011

El Servicio de Costas comienza a construir el paseo marítimo de Cho Vito







Se trata de un proyecto de 225 metros de longitud y 1.647,91 metros cuadrados de superficie que enlazará la zona del poblado marinero con Las Caletillas. Los trabajos no interrumpirán el paso de ningún vecino a sus viviendas mientras sigan en el lugar, ya que están pendientes de su realojo, según recordó Costas.
El Servicio Provincial de Costas comenzó ayer la construcción del paseo peatonal de Cho Vito y su comunicación con el paseo de la playa de Las Caletillas. En el comunicado oficial que hizo público este departamento se indica que el paseo tendrá 225 metros de longitud con una superficie pavimentada de 1.647,91 metros cuadrados, así como que unirá el tramo de la costa con la trama urbana. Además, se dotará de instalaciones de servicios a los usuarios, mobiliario urbano y ajardinamiento.
Este departamento de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar informó de que el comienzo de los trabajos consistió en la colocación del vallado en la zona de actuación, "que en ningún momento interrumpe el paso de vecinos ni usuarios de la costa".
Con ello, el Servicio Provincial de Costas continúa con las actuaciones en el litoral de Candelaria con el objetivo de mejorar el acceso público a los lugares de baño, recuperar la costa para el uso y disfrute públicos y ofrecer nuevas playas a todos los vecinos y visitantes del municipio.
La comunicación oficial concluye con la aclaración de que "estas obras no interfieren con el proceso de recuperación posesoria en Cho Vito, que continúa pendiente para su finalización del realojo de los vecinos que aún viven en el lugar".
Desde 1995
El Boletín Oficial de Canarias del 4 de marzo de 1998 incluía la publicación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para actuaciones en infraestructuras, cuyo listado apareció en la edición del BOC del día 28 de ese mismo mes. El número 47 de esa lista es el proyecto de paseo marítimo y demolición en Cho Vito, con un presupuesto de 99 millones de pesetas. La redacción del proyecto fue aprobada el 31 de enero de 2005.
Para realizar esta obra fue necesario demoler la mayoría de las viviendas que formaban este poblado marinero, obra que comenzó el 7 de octubre de 2008 y que aún no ha concluido, puesto que permanecen en pie ocho casas que también se pretenden destruir.
De hecho, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife aplazó hasta el 30 de noviembre próximo la entrada en las ocho viviendas, así como su demolición. Esta medida fue solicitada el pasado día 7 de abril por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Los vecinos afectados, que llevan más de siete años en lucha pública por evitar lo que ayer comenzó a ser una realidad, siguen ahora por la vía judicial y la política, especialmente ante la Unión Europea, tratando de salvar lo que queda en pie del lugar así como la reconstrucción de las viviendas que fueron demolidas.