Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

sábado, 1 de octubre de 2011

Acusan a los técnicos de Costas de querer derribar el barrio



Un documento presentado por Costas fuera del proceso judicial del deslinde ha suscitado la indignación de los vecinos, que creen que "hay una obsesión en Madrid por tirar Bajo La Cuesta".
Los vecinos del barrio costero de Bajo La Cuesta, en Candelaria, señalan, a pesar de que aún están inmersos en pleno proceso de negociación con la Dirección General de Costas, para aclarar el contencioso sobre el deslinde que afecta a sus viviendas, que frente a la buena voluntad de los máximos responsables de este ente y del ayuntamiento, "los técnicos son los que siguen empeñados en derribar este enclave".
En este sentido, el abogado de los afectados, José Ortega, ha señalado que al margen de los recursos que se han presentado para la recuperación posesoria y el replanteo, se ha iniciado una nueva vía que posibilita discutir el deslinde, lo que ha dado como fruto la elaboración de unos informes que describen todos los errores de Costas. Al respecto, el letrado señala que los procesos mencionados están a punto de finalizar, y que a pesar de que no hay opción para presentar escritos, "el abogado del Estado quiere que se admita una nueva documentación fuera del procedimiento", algo que Ortega rechaza de manera rotunda.
Aunque la posibilidad de presentar diligencias finales lo permite la ley, y es un trámite que ha utilizado el abogado de los vecinos, Ortega señala que Costas, "sin pedirlo, sin plazos y sin ningún tipo de finalidad, presenta su escrito", al cual le reprochan "un error al replanteo de 1969, en el cálculo de un ángulo", así como que el deslinde tiene la línea dentro del mar, porque no han tenido en cuenta el cambio internacional de coordenadas de 2005.
En este sentido, el abogado ha señalado que su postura es que la Sala devuelva esta intención de incorporar nueva documentación, y comentó que, a pesar de que ahora se trata de discernir sobre un complejo asunto con muchos matices técnicos, "nosotros hemos logrado localizar un plano elaborado por el ayuntamiento en donde se ven las casas y la explanada con la línea por delante de estas".
No obstante, Ortega explica que "en Costas lo que hacen es ningunear ese plano, a pesar de que se trata de un levantamiento que hacen los servicios técnicos municipales a la vista del plano de Costas y cuando ya estaban hechas las viviendas, además de una declaración notarial del redactor diciendo que había visto los mojones por delante de las viviendas".
Así, señala que "aunque el director general quiere ayudar, "los técnicos están poniendo todas las trabas posibles, sin querer hacer una valoración". Añade que "ahora hay una lucha entre los técnicos y los políticos, porque los primeros están empeñadísimos en echar el barrio abajo".
Es más, señala que "llegan a insistir en que ahí había una berma natural, cuando siempre han sostenido que se construyó en unos terrenos ganados al mar tras las obras de la autopista del Sur, lo que demuestra que hay una obsesión en Madrid por tirar Bajo la Cuesta".
http://www.eldia.es/2011-10-01/sur/4-Acusan-tecnicos-Costas-querer-derribar-barrio.htm

jueves, 29 de septiembre de 2011

El Parlamento reclama las costas con el pretexto de Cho Vito y Tufia



La Cámara regional exige al Estado que retire el recurso contra la ley autonómica
La gestión de las costas canarias concitó ayer la unanimidad del Parlamento. Los cuatro grupos representados en la Cámara apoyaron la transferencia de esta competencia por parte del Estado cuando lo permita el Estatuto de Autonomía aunque, mientras tanto,
solicitan la cogestión con el Estado para ordenar y regular los asentamientos poblacionales costeros y frenar los derribos promovidos por la Dirección General de Costas en lugares como Cho Vito o Tufia.

La Cámara autonómica también exige al Gobierno central que retire el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2009 contra la llamada ley canarias de costas, por la cual se pretendía preservar los núcleos situados en el litoral anteriores a la aprobación de la ley estatal, en 1988.
La parlamentaria del PP, Cristina Tavío, se mostró contraria a entrar en un proceso de traspaso de competencias "a la carta" y aseguró que si el Estado retira su recurso no hará falta esperar a que se constituya el próximo Gobierno central para buscar soluciones prácticas a los asentamientos que se encuentran amenazados por la piqueta.

El proponente, el nacionalista Ignacio González, buscó el consenso desde el principio con todos los grupos parlamentarios. "No podemos esperar a la reforma del Estatuto para iniciar el mecanismo previsto en el actual texto para que se inicie el proceso de traspaso de las funciones y servicios en materia de costas", aseguró González. El dirigente del CCN criticó los deslindes "disparatados" realizados.

Fue el portavoz del PSC en la Cámara, Manuel Fajardo, el impulsor de la enmienda aceptada por los nacionalistas para que se impulse la cogestión del litoral hasta que se pueda producir la transferencia en su totalidad. Para Fajardo, la asunción de las competencias debe realizarse en el Estatuto, de forma que la cogestión "allana el camino".

El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, advirtió que "no son buenos tiempos para la reforma del Estatuto" y dudó que si el PP alcanza el Gobierno tras el 20-N se pueda aprobar un nuevo texto. Según la asociación de afectados por la Ley de Costas, cuyos representantes estuvieron ayer en el Parlamento, son 160.000 los canarios pendientes de esta problemática.
http://www.laopinion.es/canarias/2011/09/29/parlamento-reclama-costas-pretexto-cho-vito-tufia/371168.html

miércoles, 28 de septiembre de 2011

El Parlamento canario pide por unanimidad las competencias en costas o su cogestión

El Parlamento de Canarias ha solicitado hoy por unanimidad al Gobierno central el traspaso de las competencias en materia de costas, o al menos que la Comunidad Autónoma pueda participar conjuntamente con el Estado en su gestión.
La Cámara regional ha reclamado también unánimemente al Gobierno de España que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Canaria de Costas, aprobada en 2009 para evitar la aplicación de la Ley de Costas estatal a los asentamientos costeros en el litoral de las islas.
La iniciativa fue promovida por Ignacio González, portavoz adjunto de CC-PNC-CCN, y apoyada por el resto de los grupos, con enmiendas incorporadas de PSOE y PP.
El Gobierno central recurrió la Ley de Costas de Canarias al considerar que invadía competencias del Estado en su intento de proteger del derribo de asentamientos urbanos consolidados junto al mar.
En la proposición no de ley aprobada, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a que pida una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias con el Estado para el traspaso de funciones y servicios en materia de costas.

Si eso no fuera posible, añade el acuerdo parlamentario, se pide al menos la participación de la Comunidad Autónoma junto con el Estado en la gestión de costas para adecuarla “a las especificidades de las islas”.
Este matiz fue introducido por el PSOE, al considerar que la asunción de las competencias en costas podría ser sólo posible con una reforma del Estatuto de Autonomía.
Por iniciativa del PP se pide al Gobierno central que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas Canarias, que establece como áreas urbanas en el litoral todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
El diputado de CC-PNC-CCN Ignacio González valoró el consenso de la Cámara, al tratarse de un asunto competencial, y recordó que el acuerdo del Gobierno canario con el PSOE incluye la cogestión en materia de costas con el Estado.
Desde hace 30 años Canarias tiene competencias exclusivas en la ordenación de su litoral, por lo que para Ignacio González es una contradicción que se pueda ordenar, pero no gestionar las costas.
Subrayó que otras comunidades en las que las costas no son tan importantes tienen las competencias, como Cataluña y Andalucía.
La falta de acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía en la pasada legislatura impidió que se traspasara la competencia a la Comunidad Autónoma, indicó.
Pero “no podemos esperar a la reforma del Estatuto para iniciar el mecanismo previsto en la disposición transitoria tercera para que se inicie el proceso de traspaso de lasa funciones y servicios en materia de costas”, afirmó
.
Para González, es importante que Canarias gestione sus costas para evitar que la Ley de Costas estatal se aplique en las islas sin tener en cuenta sus particularidades, lo que lleva a deslindes “disparatados” como en Famara (Lanzarote) y a que se derriben poblados como el de Cho Vito, en Tenerife.
La diputada del PP Cristina Tavío consideró que si el Gobierno central retira su recurso de inconstitucionalidad no hará falta esperar a que se constituya un nuevo Gobierno central para buscar soluciones a los asentamientos.
“No hay que esperar las competencias en costas para resolver el problema”, dijo Tavío.
Manuel Fajardo, del PSOE, consideró apropiada la iniciativa por “la preocupación general” en la aplicación en de la Ley de Costas estatal en Canarias, y defendió la cogestión de las competencias con el Estado.
Para Fajardo, la asunción de las competencias debe realizarse en el Estatuto de Autonomía, de manera que la cogestión “allana el camino” mientras tanto.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, advirtió de que “no son buenos tiempos para la reforma del Estatuto de Autonomía a juzgar por el mapa político que se puede generar en España” tras el 20 de noviembre.
http://www.diariodeavisos.com/2011/09/28/actualidad/el-parlamento-canario-pide-por-unanimidad-las-competencias-en-costas-o-su-cogestion

Costas

CUANDO se publique este artículo en EL DÍA espero que el Parlamento de Canarias haya aprobado ya la Proposición No de Ley, PNL, que presenté el 26 de agosto, para que Canarias asuma las competencias sobre sus costas. Porque, según la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, en su contestación en el Congreso al diputado nacionalista Fernando Ríos, el 14 de septiembre, el Estado no tenía ningún inconveniente en transferir a Canarias las competencias en costas si? se las hubiéramos pedido. Ríos interpeló a la ministra para solicitarle que el Gobierno adoptara medidas urgentes y definitivas para evitar nuevas inundaciones en el barrio pesquero de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, y le recriminó que si no era capaz de hacerlo transfiriera a Canarias las competencias en costas. Sorprendentemente, la ministra respondió a un abochornado Ríos que "es tan sencillo como que lo hubieran incluido en el Estatuto de Autonomía", y remató: "No hay ningún problema, estamos encantados de transferir esa competencia mañana mismo". Porque, aunque parezca mentira, el Gobierno de Canarias tenía que haber pedido al Estado que nos transfiriera nuestras propias costas, como si en algún momento hubieran dejado de estar aquí, a través de la reforma del Estatuto de Autonomía o mediante un acuerdo con el Estado, adoptado en el seno de la Comisión Mixta Paritaria Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, contemplada en la Disposición Transitoria Tercera del actual Estatuto. Y todo esto aunque la gestión y ordenación del litoral son supuestamente competencias de la Comunidad Autónoma que se recogen en el artículo 30.15 del Estatuto. Pero, en la práctica, Canarias, como reconoce inocentemente en su interpelación el propio Ríos, no ha tenido hasta hoy competencias en sus costas, que han sido gestionadas exclusivamente por el Gobierno del Estado, porque, como le respondió tajante la ministra, sencillamente, no las habíamos pedido. Y por eso las decisiones sobre los deslindes, a veces disparatadas, como en Famara, Lanzarote, donde llegó a los dos kilómetros tierra adentro, o los derribos salvajes de casas en Cho Vito (Tenerife), se adoptaron en un despacho de Madrid.
El CCN lleva muchos años luchando contra la Ley de Costas y reclamando que Canarias asuma las competencias sobre sus costas, porque somos una Comunidad Autónoma archipielágica, con 1.583 kilómetros de costas, por lo que debemos gestionar esa franja tan importante de nuestro territorio. Así que no fue una casualidad que fuese yo el diputado que presentó en el Parlamento de Canarias la PNL para que el Gobierno de Canarias pida, de una vez, al del Estado las competencias en costas. Ni tampoco que el representante de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas sea el director de los servicios jurídicos del partido y vocal del Comité Federal, José Luis Langa, el jurista que más recursos ha presentado, y por ahora ganado, contra las órdenes de derribo de casas, en defensa de los afectados por la Ley de Costas.
Creemos que en Canarias la aplicación de la Ley de Costas de 1988 se ha hecho mal y ha perjudicado a miles de familias que han visto cómo sus casas eran incluidas, unilateralmente y sin expropiación, y por tanto ninguna indemnización previa, en una zona de protección del dominio marítimo terrestre, ampliada a los cien metros desde los anteriores veinte. Pueblos de toda la vida, de gran valor histórico, cultural, sentimental y etnográfico, fueron ignorados por la Ley de Costas y ahora mantienen enconados pleitos en los tribunales para que el Estado no derribe sus casas.
Si la PNL que presenté fue ya aprobada en el último Pleno del Parlamento de Canarias, celebrado los días 27 y 28 de septiembre, se iniciará, a partir de ahora, por fin, el procedimiento previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias para la transferencia a Canarias de los servicios y funciones del Estado en materia de costas. Y si además hubiese sido aprobada por unanimidad, aunque cambie el Gobierno del Estado, tras las elecciones generales del 20 de noviembre, el proceso continuará imparable con el nuevo Gobierno y culminará con la transferencia de nuestras costas a Canarias, de donde nunca debieron haber salido
.
* Presidente federal del Centro Canario Nacionalista, CCN
http://www.eldia.es/2011-09-28/criterios/12-Costas.htm

domingo, 25 de septiembre de 2011

La herencia verde que deja el PSOE: otro vendrá que bueno me hará



Espero que acabemos con El Algarrobico en este mandato”, tituló a toda pastilla el diario El País una entrevista de una página y media, publicada el 13 de noviembre de 2010, citando palabras casi textuales de la actual ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, pocos días después de tomar posesión del cargo.
Desde entonces, la responsable ministerial ha introducido matices, dilaciones, precisiones, comas, puntos y coma y puntos seguidos en su discurso para acabar afirmando el pasado lunes que el Gobierno espera una resolución judicial firme para echar abajo el desgraciadamente famoso hotel de la costa del Parque Natural de Cabo de Gata, “si efectivamente la sentencia da lugar a ello”,
según recogió la Agencia Efe en Almería, provincia en cuyo municipio de Carboneras sigue enclavado ese atentado hotelero a tantas cosas.
¿Se excusa Rosa Aguilar, ahora que termina su mandato, en que la legislatura se ha acortado cuatro meses para justificar su inacción sobre El Algarrobico, a pesar de las palabras antes reseñadas? No. Le basta simplemente con remitirse a la falta de firmeza de una sentencia emitida el 5 de septiembre de 2008 que establece la ilegalidad del hotel y la necesidad de derribarlo.
¿Por qué razón, entonces, no ha actuado el triple ministerio como acaba de hacer Ecologistas en Acción que pidió una semana después de cumplirse el tercer aniversario de la emisión de la sentencia su ejecución forzosa al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería?
Esa ejecución podría haber sido solicitada por el ministerio de Rosa Aguilar el mismo día,
o antes, en que se publicaron sus contundentes palabras sobre el hotel erigido en una playa de Carboneras invadiendo el dominio público marítimo e infringiendo las normas de protección del Parque Natural de Cabo de Gata.
Podría pensarse que la ministra no ha hecho nada porque la adopción por su ministerio de una postura verdaderamente firme, como sugerían sus palabras, sobre el caso dejaría en muy mal lugar a la Junta de Andalucía, lugar de paso de Aguilar tras su abandono de IU y su salto a la cartera ministerial, puesto que la sentencia del Juzgado mencionado acusaba al gobierno regional andaluz de “la burda maniobra de sustituir la planimetría del PORN oficialmente publicada por otra en la que se ubicaba los terrenos en una zona, la D2, en la que no resultaba incompatible el uso urbanístico, permitiendo, de esta guisa, la construcción de un hotel en suelo de especial protección y con laminación de la servidumbre de protección estatuida en la Ley de Costas”.
Es decir, no sólo José Antonio Griñán, actual presidente, sino su antecesor Manuel Chaves, quedarían en muy mal lugar. Pero este caso no deja de ser más que un botón de muestra de la inexistente política realizada por la ministra Rosa Aguilar. Pues el viejo Ministerio de Medio Ambiente perdió buena parte de su sentido cuando al presidente Rodríguez Zapatero se le ocurrió crear el nuevo de Medio Ambiente, Rural y Marino. Así, la inoperancia de Aguilar no nos ha pillado por sorpresa, habida cuenta de los resultados obtenidos por su antecesora al frente del nuevo triple departamento, Elena Espinosa.
La ex alcaldesa de IU en Córdoba y ex consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta socialista de Andalucía, por orden cronológico, no ha hecho más que seguir directrices emanadas de otras parcelas de poder estatal o regional, como ya hizo su predecesora. Otra muestra de esto en la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Aguas, en pleno mes de agosto, que ha conseguido lo que hasta ahora ningún otro ministro del ramo había logrado: unir a los ecologistas y a los regantes en la protesta contra la nueva norma.
Y así sucesivamente, incluyendo la política nuclear, la de eliminación de residuos… Para qué seguir con Rosa Aguilar, si en realidad el personaje determinante en cuestiones ambientales desde el año 2004 se llama Miguel Sebastián, como acabamos de ver con la decisión de prorrogar diez años la vida de la central nuclear de Ascó (Tarragona).
No obstante, justo es señalar que, al final de la abreviada legislatura, el PP le ha hecho un gran favor a la ministra y al partido de Rodríguez Zapatero gracias al rechazo derechista en el Congreso, el martes pasado, a aprobar una reducción drástica de las emisiones de CO2. Merced al cerrilismo medioambiental del Partido Popular, la ministra Aguilar y el PSOE pueden entonar el “otro vendrá que bueno me hará”. País de locos.
http://www.cuartopoder.es/planetaherido/la-herencia-verde-que-deja-el-psoe-otro-vendra-que-bueno-me-hara/1443