Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

sábado, 2 de octubre de 2010

Costas comunica que demolerá Cho Vito a partir del 1 de diciembre


Los vecinos y el Ayuntamiento de Candelaria han recibido las cartas en las que se constata que la reunión celebrada en Madrid simplemente posibilitó el aplazamiento del derrumbe de las viviendas, pero no lo evita. Los afectados consideran que la misiva es un trámite de Costas para asegurar el cumplimiento de los plazos.
2/oct/10 07:57
J.A. MEDINA, Candelaria
Los vecinos de Cho Vito recibieron ayer la carta que les remitió el Servicio Provincial de Costas el pasado 16 de septiembre en la que les comunica que la demolición de las siete casas que aún permanecen en pie en el poblado de Candelaria se producirá a partir del próximo 1 de diciembre. Dicha comunicación también le fue trasladada al Ayuntamiento de la Villa Mariana el día 21 del mes pasado.
De esta forma se cumple estrictamente el acuerdo alcanzado en Madrid por el Cabildo, Gobierno de Canarias y Ejecutivo central en el sentido de ampliar el plazo para que desalojen los inmuebles hasta el 30 de noviembre, "con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados", según el comunicado consensuado por dichas administraciones.
En el documento, que firma Josefina Martín en representación de la Demarcación de Costas, se recuerda que los representantes de las instituciones se reunieron el día 10 del mes pasado "para tratar sobre la ejecución de las resoluciones (...) dictadas en los expedientes de recuperación posesoria del núcleo de Cho Vito".
La carta concluye advirtiendo a los afectados "de que deberán retirar los enseres y objetos de su pertenencia antes de esa fecha (1 de diciembre), pues de no hacerlo así se consideran bienes abandonados a todos los efectos".
Ante esta comunicación, que no cambia en lo esencial la que recibieron en agosto, los vecinos sostienen que "es otra decisión arbitraria de Costas, que da por hecho algo que no pone el acuerdo de Madrid", toda vez que en la carta "no se hace referencia a todo el contenido de lo que decidieron las administraciones". De hecho, manifiestan que esperan que todo el problema se solucione con resoluciones judiciales y el cumplimiento de los acuerdos con el Cabildo y el Gobierno de Canarias.
A juicio del portavoz vecinal, Tomás González, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar actúa de este modo como medida preventiva a fin de no incumplir plazo legal alguno. De ello se desprende que se trata de evitar que expire el periodo de seis meses establecido por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife para cumplir con la sentencia que faculta a Costas a demoler las viviendas de este lugar.
Segundo aniversario
Mientras tanto, el jueves se cumplirá el segundo aniversario de la "invasión" de las fuerzas de seguridad, que "por tierra, mar y aire" llegaron a Cho Vito el 7 de septiembre de 2008. Aquél día comenzó la destrucción de 23 inmuebles en este enclave de la Villa Mariana.
El poblado quiere mantener vivo ese recuerdo. Para ello, ya prepara un acto singular que tendrá lugar el sábado, día 9, en lo que queda de Cho Vito, donde aún residen más de 30 personas. Seis de ellas protagonizaron una huelga de hambre en la plaza de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife desde el 1 al 11 de septiembre. Abandonaron la misma confiando en que el acuerdo de Madrid fuera un paso decisivo no sólo en la salvación de las siete casas que quedan en pie, sino en la reconstrucción de las que cayeron en octubre de 2008. Ese objetivo se mantiene, por lo que no es descartable que vuelvan a la huelga de hambre si no lo consiguen, tal y como advirtieron.
http://www.eldia.es/2010-10-02/tenerife/1-Costas-comunica-demolera-Cho-Vito-partir-diciembre.htm

viernes, 1 de octubre de 2010

Una ley "buena pero mal aplicada"


Arquitectos, abogados y afectados piden retoques a la normativa y criterios de aplicación más claros para evitar las arbitrariedades


Vicente Pérez

Santa Cruz de Tenerife

Cho Vito ha puesto en boca de todos la Ley de Costas vigente desde 1988, pero ni es el primer barrio en caer ni será el último por invadir el dominio público marítimo terrestre, para cumplir el objetivo de que la costa sea de todos. Sin embargo, los vecinos de este barrio de Candelaria han avivado la controversia sobre los criterios con que se aplica esta normativa, cuya finalidad es recuperar para uso público la primera línea de mar hasta donde han llegado las máximas olas.

Para debatir este asunto, este diario reunió el pasado viernes a cuatro contertulios, en un marco que venía muy al caso: el restaurante de la Cofradía de Pescadores de San Andrés, junto a la playa de Las Teresitas, cuyo deslinde público ha sido muy contestado y controvertido.

Federico García Barba, presidente de la Demarcación del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC); Pedro Fernández Arcila, abogado de la Agrupación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y portavoz de Sí Se Puede; Francisco Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Costabaiba, de El Rosario; y José Luis Langa, abogado de los afectados por el nuevo deslinde en Igueste de San Andrés y miembro del Centro Canario.

Y todos ellos han coincidido en que el espíritu de esta ley es bueno, es decir, lograr que la costa sea para el disfrute de todos los ciudadanos, pero también ha habido coincidencia en que debe ser modificada en algunos aspectos para evitar arbitrariedades en su aplicación y adaptarla a algunas singularidades canarias.

García Barba afirma que esta ley es "un logro positivo de la democracia", pero incurre en "indefiniciones y ambigüedades" a la hora de fjiar "dónde se produce el cambio del dominio público al privado", y "no entra en la casuística y debería definir sistemas indemnizatorios justos" a los afectados. Además, el arquitecto propone que se corrija también el "fallo de que los funcionarios de Costas tengan tanta capacidad de decisión para actuar en algunos casos arbitrariamente".

Fernández Arcila opina que "lo esencial de esta ley no debe modificarse, es decir, garantizar el uso público del litoral, pues ha sido un gran logro que debe mantenerse a toda costa, nunca mejor dicho;pero sí que hay desajustes que corregir, como la disposición transitoria que se refiere a los núcleos urbanos, para que se reconozcan los asentamientos rurales canarios". "También debería eliminarse de la ley la regeneración de playas, porque sólo ha servido para provocar graves daños ambientales con el trasvase de arenas y ese odio de Costas a las playas de callaos -a las que los canarios sí estamos acostumbrados-, poniendo en su lugar arena negra machacada o amarilla",
aseveró el letrado de ATAN. García Barba le dio la razón, y fue más allá: "La regeneración de playas es un objetivo espurio de grandes empresas constructoras, un despilfarro de dinero público, porque no tiene sentido echar arena si el mar se la va a llevar, dado que la ingeniería moderna no puede aún con la fuerza del Atlántico".

Vera sostiene que debe concretarse mejor qué es el dominio público, "si es una franja donde todos debemos pasar con comodidad o en cambio ir saltando de piedra en piedra" y se preguntó por qué se dan concesiones administrativas a clubes privados para usar con exclusividad parte del litoral. También criticó el dirigente vecinal que la ley tenga efectos retroactivos.

Langa juzga que se trata de una ley "buena" en sus intenciones, pero en la práctica "confiscatoria", que lesiona el derecho a la propiedad, hasta el punto de que ha recibido muchas críticas del Parlamento Europeo.
Pero a su juicio, el problema parte también de que las administraciones públicas canarias (Gobierno regional y ayuntamientos) "con gran irresponsabilidad no hicieron sus deberes" tras la Ley de Costas en 1988, al no advertir el alcance de esta normativa y no prever que tendrían que justificar qué núcleos eran urbanos y así poder fijar la servidumbre en 20 metros y no en 100, que es el problema de muchos barrios de la zona de Anaga. En Igueste, recordó este abogado y dirigente del CCN, de 750 habitantes, la mitad están afectados por el nuevo deslinde y su servidumbre. En este punto Langa es partidario de que se paren los derribos en Canarias hasta que se elabore un censo o catálogo de núcleos costeros, que se revise si son urbanos antes de 1988 y se examine su posible interés arquitectónico, etnográfico o cultural. Reclamó para ello a los diputados de Coalición Canaria en el Parlamento estatal que aprovechen "sus votos ahora que son imprescindibles" para el Gobierno de Zapatero.

Federico García Barba apunta que asentamiento rural, en realidad es un núcleo urbano, aunque rodeado de suelo rústico, pero que sólo se denomina así en Canarias, un tema sobre el que la Administración estatal y la canaria no se han puesto de acuerdo. El presidente de la Demarcación del COACecha de menos que la ley no recoja los casos que luego se topa en su aplicación, aunque al respecto el abogado de ATAN cree que "esta ley no puede ser casuística, pues hay muchísimos intereses en la costa", si bien insistió en que "debe aclararse aspectos en la ley, como hasta dónde llega la corona de los acantilados".



http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/26671/

Pérez Medina alaba la postura dialogante de Costas y reprocha al PSOE que no apoyara la petición al Estado para parar los derribos

El dirigente vecinal de Ojos de Garza participó este viernes en la reunión que se celebró en Tufia

TELDEACTUALIDAD
Telde.- Costas quiere encontrar soluciones previas a la demolición de casas situadas en puntos del litoral de Gran Canaria. Así lo afirma el representante vecinal Juan Pedro Pérez Medina, quien el viernes se reunió con el jefe de la Demarcación de Costas en Canarias, José Miguel Pintado, un técnico del Gobierno regional y dos concejales de Telde: José Antonio Perera e Ildefonso Jiménez.

En el encuentro se abordó la situación de Ojos de Garza y Tufia, dos poblados grancanarios que también están amenazados por la pala de la excavadora. Sobre la mesa se puso la posibilidad de fijar un calendario para la reubicación de los vecinos, aunque no se concretó nada y se dejaron abiertas las puertas al diálogo.

Sin embargo, el también vicepresidente de la plataforma regional de afectados por los derribos de casas ilegales en la costa está molesto con la posición del PSOE, al que reprochó que no haya secundado la proposición no de ley aprobada por el PP y CC en el Parlamento canario para exigir al Estado la suspensión de las demoliciones proyectadas por la Demarcación de Costas, según una información de La Provincia-DLP.

"La iniciativa está bien, pero nace coja. Hay un grupo que tiene diputados para reforzarla y no lo ha hecho", asegura Juan Pérez, que reclama a los socialistas "hacer causa común" con los otros partidos para evitar los derribos en Canarias, los cuales atañen a un millar de vecinos de todas las Islas.

La proposición pretende parar la piqueta que pende sobre los poblados costeros con "valor etnográfico, arquitectónico o socioeconómico" afectados por el deslinde fijado en la Ley de Costas. Hay núcleos, como el de Cho Vito, en Tenerife, que serán derribados cuando expire el plazo de 80 días concedido por la Demarcación.


"No podemos permitir que se tiren estas casas", sostiene Cristina Tavío, diputada del PP que llevó la proposición al Parlamento. Y añade: "no se trata de defender el chabolismo, sino de conservar la idiosincrasia de los poblados marineros para que esto no se convierta en Malibú".

La parlamentaria es partidaria de paralizar las demoliciones hasta que se dicten las primeras sentencias y se resuelva el conflicto competencial Estado-Comunidad Autónoma, pues se podrían tirar viviendas cuyos vecinos obtengan después fallos judiciales favorables. También rechazó que Costas incurra en prevaricación si suspende las órdenes de demolición, uno de los argumentos esgrimidos por el PSOE para rechazar la proposición no de ley. "Están obsesionados con la prevaricación. Retrasar una decisión hasta que se obtenga una sentencia no es prevaricar", concluyó.
http://www.teldeactualidad.com/noticias.php?area=politica&id=5707