Una ley "buena pero mal aplicada"

Arquitectos, abogados y afectados piden retoques a la normativa y criterios de aplicación más claros para evitar las arbitrariedades


Vicente Pérez

Santa Cruz de Tenerife

Cho Vito ha puesto en boca de todos la Ley de Costas vigente desde 1988, pero ni es el primer barrio en caer ni será el último por invadir el dominio público marítimo terrestre, para cumplir el objetivo de que la costa sea de todos. Sin embargo, los vecinos de este barrio de Candelaria han avivado la controversia sobre los criterios con que se aplica esta normativa, cuya finalidad es recuperar para uso público la primera línea de mar hasta donde han llegado las máximas olas.

Para debatir este asunto, este diario reunió el pasado viernes a cuatro contertulios, en un marco que venía muy al caso: el restaurante de la Cofradía de Pescadores de San Andrés, junto a la playa de Las Teresitas, cuyo deslinde público ha sido muy contestado y controvertido.

Federico García Barba, presidente de la Demarcación del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC); Pedro Fernández Arcila, abogado de la Agrupación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y portavoz de Sí Se Puede; Francisco Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Costabaiba, de El Rosario; y José Luis Langa, abogado de los afectados por el nuevo deslinde en Igueste de San Andrés y miembro del Centro Canario.

Y todos ellos han coincidido en que el espíritu de esta ley es bueno, es decir, lograr que la costa sea para el disfrute de todos los ciudadanos, pero también ha habido coincidencia en que debe ser modificada en algunos aspectos para evitar arbitrariedades en su aplicación y adaptarla a algunas singularidades canarias.

García Barba afirma que esta ley es "un logro positivo de la democracia", pero incurre en "indefiniciones y ambigüedades" a la hora de fjiar "dónde se produce el cambio del dominio público al privado", y "no entra en la casuística y debería definir sistemas indemnizatorios justos" a los afectados. Además, el arquitecto propone que se corrija también el "fallo de que los funcionarios de Costas tengan tanta capacidad de decisión para actuar en algunos casos arbitrariamente".

Fernández Arcila opina que "lo esencial de esta ley no debe modificarse, es decir, garantizar el uso público del litoral, pues ha sido un gran logro que debe mantenerse a toda costa, nunca mejor dicho;pero sí que hay desajustes que corregir, como la disposición transitoria que se refiere a los núcleos urbanos, para que se reconozcan los asentamientos rurales canarios". "También debería eliminarse de la ley la regeneración de playas, porque sólo ha servido para provocar graves daños ambientales con el trasvase de arenas y ese odio de Costas a las playas de callaos -a las que los canarios sí estamos acostumbrados-, poniendo en su lugar arena negra machacada o amarilla", aseveró el letrado de ATAN. García Barba le dio la razón, y fue más allá: "La regeneración de playas es un objetivo espurio de grandes empresas constructoras, un despilfarro de dinero público, porque no tiene sentido echar arena si el mar se la va a llevar, dado que la ingeniería moderna no puede aún con la fuerza del Atlántico".

Vera sostiene que debe concretarse mejor qué es el dominio público, "si es una franja donde todos debemos pasar con comodidad o en cambio ir saltando de piedra en piedra" y se preguntó por qué se dan concesiones administrativas a clubes privados para usar con exclusividad parte del litoral. También criticó el dirigente vecinal que la ley tenga efectos retroactivos.

Langa juzga que se trata de una ley "buena" en sus intenciones, pero en la práctica "confiscatoria", que lesiona el derecho a la propiedad, hasta el punto de que ha recibido muchas críticas del Parlamento Europeo. Pero a su juicio, el problema parte también de que las administraciones públicas canarias (Gobierno regional y ayuntamientos) "con gran irresponsabilidad no hicieron sus deberes" tras la Ley de Costas en 1988, al no advertir el alcance de esta normativa y no prever que tendrían que justificar qué núcleos eran urbanos y así poder fijar la servidumbre en 20 metros y no en 100, que es el problema de muchos barrios de la zona de Anaga. En Igueste, recordó este abogado y dirigente del CCN, de 750 habitantes, la mitad están afectados por el nuevo deslinde y su servidumbre. En este punto Langa es partidario de que se paren los derribos en Canarias hasta que se elabore un censo o catálogo de núcleos costeros, que se revise si son urbanos antes de 1988 y se examine su posible interés arquitectónico, etnográfico o cultural. Reclamó para ello a los diputados de Coalición Canaria en el Parlamento estatal que aprovechen "sus votos ahora que son imprescindibles" para el Gobierno de Zapatero.

Federico García Barba apunta que asentamiento rural, en realidad es un núcleo urbano, aunque rodeado de suelo rústico, pero que sólo se denomina así en Canarias, un tema sobre el que la Administración estatal y la canaria no se han puesto de acuerdo. El presidente de la Demarcación del COACecha de menos que la ley no recoja los casos que luego se topa en su aplicación, aunque al respecto el abogado de ATAN cree que "esta ley no puede ser casuística, pues hay muchísimos intereses en la costa", si bien insistió en que "debe aclararse aspectos en la ley, como hasta dónde llega la corona de los acantilados".



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