Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

sábado, 20 de abril de 2013

Crucifixiones» contra la Ley de Costas en Vilaboa

El alcalde, la portavoz del PP y dos afectados denuncian en el «patíbulo» el desamparo de sus núcleos del litoral





El alcalde de Vilaboa, el socialista José Luis Poceiro, la portavoz municipal del PP, Beatriz Rosendo, y dos afectados de la plataforma Salvemos Vilaboa «se crucificaron» esta tarde como muestra del rechazo vecinal a una reforma de la Ley de Costas que supone un nuevo mazazo a los núcleos del litoral.
Ante cerca de un centenar de vecinos, el regidor, la edila popular y los directivos de la plataforma, exhibieron la unidad de criterio en la corporación local y entre los afectados para reclamar que la Ley de Costas, cuya reforma se está tramitando en el Senado, sea más sensible con Vilaboa y tenga en cuenta sus características peculiares a la hora de proteger sus núcleos del litoral.
El debate del Senado de esta semana dio un giro desfavorable a las pretensiones de Vilaboa al incrementar de un tercio a la mitad de su superficie la consolidación exigible a los núcleos de este municipio para ser reconocido, además de que tendrían que demostrar tener todos los servicios en 1988.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/04/19/crucifixiones-contra-ley-costas-vilaboa/00031366391682475472347.htm

lunes, 15 de abril de 2013

El Supremo anula el deslinde de casi 16.000 metros de costa en Almerí

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 15.766 metros de longitud, ubicados en los términos municipales de El Ejido y Roquetas de Mar (Almería), tras anular una orden del Ministerio de Medio Ambiente de 2007.


El Supremo ha adoptado esta medida al admitir dos recursos de casación interpuestos por Claudia Sol S.L. y por un grupo de particulares, entre los que se incluyen sociedades cooperativas agrícolas, contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 18 de abril de 2011, que había fallado en contra de la parte privada, según consta en sendas sentencias a las que ha tenido acceso Efe.

De esta forma queda anulado el deslinde aprobado para la zona comprendida entre el aparcamiento de vehículos a levante de la primera fase del Apartotel Aguamarina de la Urbanización Almerimar y la Urbanización de Playa Serena -excluida en el deslinde-, en los términos municipales de El Ejido y Roquetas de Mar.

Ambos recursos de casación pedían la nulidad de la orden del Ministerio de Medio Ambiente y fueron admitidos a trámite en marzo de 2010 y febrero de 2011, respectivamente.

En su demanda, Claudia Sol alegó que era propietaria por compra a Unión Salinera de España S.A. del tramo incluido en los vértices M- 113 a M-214 del deslinde, y que este expediente no fue notificado a los interesados de forma correcta, así como que se había realizado sin ajustarse a la Ley de Costas al incluirse distintas unidades geomorfológicas sin justificación, según la mercantil.

El segundo recurso cuestiona la delimitación recogida en el importe pericial elaborado por Tragsatec, al entender que se había practicado un número insuficiente de calicatas, que habrían abarcado menos de la mitad de la superficie de la zona de estudios y no se habrían realizado en aquellos terrenos que resultaba interesante establecer el límite del deslinde

¿CUANTOS DESLINDES ESTAN MAL REALIZADOS?
¿CUANTOS, SE HICIERON AL ANTOJO DE LOS TÉCNICOS?

http://www.ideal.es/agencias/20130415/local/almeria/costa-supremo-anula-deslinde-casi_201304151747.html

domingo, 14 de abril de 2013

Berriel(Gobierno de Canarias) acusa a Cañete de legalizar “solo chalés de ricos” en el litoral

El litoral es escenario predilecto de polémicas entre CC y PP. Si ya las prospecciones de petróleo frente a las islas orientales crea tensión entre cargos públicos de ambos partidos, no lo es menos la reforma de la Ley de Costas, de cuyo trámite en las Cortes están pendientes en Canarias 72 caseríos en 1.872 viviendas.(EN REALIDAD, 109 NUCLEOS COSTEROS Y MUCHAS MÁS PROPIEDADES)


El último motivo de fricción tiene que ver con la intervención del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, esta semana en el Senado, donde reprochó que desde Canarias se haya pedido una “amnistía general” a las casas ilegales en las Costas, algo que además el alto cargo estatal del PP consideró “inasumible en un Estado de derecho”.( ME PREGUNTO, QUE HAN PROPUESTO CON FORMENTERA CON 11 SENTENCIAS FIRMES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, O CON EL PALO O AMMPURIA BRAVA)

Ante estas palabras, el consejero canario de Medio Ambiente, Domingo Berriel, ha negado que esta fuera la pretensión del Gobierno regional y, en declaraciones a este diario, replica al ministro que “lo que hace la ley es mucho peor que una amnistía general: una amnistía parcial, pues coge un a serie de bungalows, de chalés, de personas de alto standing en distintos sitios de la Península y los legaliza”.

Dicho esto, el consejero explica que lo que pretende el Ejecutivo canario “no es una amnistía general, sino la consideración de lo que significan los bienes de interés etnográfico en las Islas y los poblados de pescadores, que deberían tener un tratamiento, no digo adecuado, sino singular, en este proyecto de ley”.

En el Senado, el PP ha introducido una enmienda, con las miras puestas en Canarias, para reducir los requisitos que permiten aplicar 20 metros de servidumbre de protección del dominio público, en lugar de 100. Una medida que Berriel reconoce que “mejora” el proyecto de ley pero que es “todavía insuficiente” para dar “un trato adecuado a Canarias”, por lo que juzgó de “cuanto menos demagógica” la respuesta de Arias Cañete a una pregunta del senador herreño Narvay Quintero, de AHI-CC.

La enmienda presentada por el PP en el Senado permite que la servidumbre de protección quede fijada 20 metros, en lugar de los cien que se aplican con carácter general, en aquellos caseríos que cumplan cualquiera de los dos requisitos que ahora se exigía cumplir conjuntamente: bien tener acceso rodado y servicios de agua, alcantarillado y luz, o bien estar en áreas consolidadas por la edificación al menos en un tercio de su superficie.(QUE TENDRÁN QUE AUTORIZAR LOS AYUNTAMIENTOS, CON LO CUAL, TENEMOS MAS PROBLEMAS)

Una medida que “flexibiliza” los criterios criterios para legalizar los núcleos afectados en el Archipiélago, según explicó la pasada semana la senadora del PP María Rosa de Haro, en una mesa redonda celebrada en el Parlamento autonómico junto a representantes de otros partidos, organizada por la Plataforma canaria de Afectados por la Ley de Costas. De Haro precisó que se han presentado más de cien enmiendas, incluyendo tres del PP pensadas para Canarias.

La senadora aclaró además que no todos los poblados costeros afectados por la ley vigente en las Islas están amenazados con la piqueta y se quejó de que el Gobierno regional no haya hecho el censo de estos núcleos previsto desde el año 2009

http://www.diariodeavisos.com/berriel-acusa-canete-legalizar-solo-chales-ricos-en-litoral/



Un nuevo ladrillazo para el litoral

Tres padres de la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, ven en los cambios introducidos por el PP en esta norma una oportunidad clara para rellenar de cemento los pocos huecos que quedan en el litoral español. Los autores de la norma actual, creada durante un Gobierno socialista, advierten de que se está desprotegiendo una franja de 80 metros, casi la longitud mínima de un campo de fútbol, y que se abrirá la posibilidad de edificar muchos tramos de costa para usos residenciales que ahora no son edificables. Los guardianes de esta nueva oportunidad de negocio serán los Ayuntamientos, eso sí, con el control de las comunidades.


Las novedades se han colado de forma sibilina en la reforma de la Ley de Costas, denominada proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Tanto juristas como abogados inciden en que las enmiendas “esconden en cada palabra un juego” y dejan interrogantes por resolver sobre la puesta en práctica. Sin decirlo de forma expresa, la disposición transitoria primera reduce de 100 a 20 los metros de la zona de servidumbre de protección, en la que no puede edificarse. Actualmente, las viviendas levantadas en esta franja están sometidas a numerosos controles. Aunque estas construcciones son privadas, sus dueños prácticamente no pueden modificarlas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, no se atreve a estimar cuántas viviendas quedarán fuera de protección. “No hay cálculos, pero entre los 600 municipios costeros será un porcentaje no pequeño”, estima. La zona más beneficiada, según el ministerio, será Galicia.

La futura norma se debatirá y votará los días 23 y 24 de abril en el Senado. Sobre el papel, la desprotección afectará a construcciones levantadas antes de 1988 y que no fueron legalizadas porque no cumplían con todas las exigencias para considerarlas suelo urbano, como gozar de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. “Ahora basta con acreditar que en 1998 había edificaciones en al menos un tercio de la superficie a considerar”, explica Ángel Menéndez Rexach, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Autónoma de Madrid. El profesor, autor de la Ley de Costas de 1988 y toda una autoridad en este asunto, subraya que este criterio es “mucho más permisivo” que el de la legislación urbanística autonómica, que exige la consolidación de la edificación en 2/3 de la superficie (en algún caso ½) para que el suelo se pueda considerar urbano.

La zona más beneficiada será Galicia, según Medio Ambiente

“El legislador está abriendo la mano de forma tácita a una clasificación de suelo encubierta”, deduce Miriam García, autora de numerosos trabajos de planeamiento territorial como directora de Urbanismo del Gobierno de Cantabria entre 2002 y 2007. Esta arquitecta critica que la Ley de Costas, que supuestamente debe preservar el litoral, establezca un sistema de silencio positivo, es decir, que quienes quieran regularizar su situación solicitan los informes a Medio Ambiente y si en 18 meses no reciben informe se entiende que es favorable. “Lo que dicta el sentido común es que el silencio sea negativo”, contempla.

El Ministerio de Medio Ambiente defiende que esas casas solo podrán hacer reformas y no obra nueva. También que la fotografía se detendrá en 1988, por lo que no se regularizarán aquellas que estén en situación similar y se hayan construido después de esta fecha. Pero quien tendrá las competencias sobre lo que ocurra en esos lugares cuando se apruebe la reforma vuelven a ser los Ayuntamientos. La historia se repite. “Un Ayuntamiento puede chapucear muchísimo (...), a ver quién es el alcalde que se atreve a negar certificados de que las construcciones contaban con todos los servicios en 1988”, considera Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF.

El Gobierno insiste en que solo podrán hacerse obras de remodelación

“Es de esperar que la Administración de Costas no será demasiado exigente con la certificación de que los terrenos tenían todos los servicios hace 25 años”, añade Fernando Palao, otro de los autores de la norma vigente. “No solo se les legaliza, sino que se premia a quienes han corrido más en el desarrollo de estas urbanizaciones ilegales”, subraya. El también exsecretario de Estado con el PSOE, entiende asimismo que en los 80 metros que quedarán fuera de la zona de servidumbre se podrá además edificar, “de acuerdo con los planes urbanísticos municipales, y sin que les sea aplicable la legislación de Costas”.

“Va a ser muy difícil distinguir ahora entre unas y otras y calcular con precisión si las condiciones establecidas se verificaban realmente en aquella fecha”, aporta José Fernández, director general de Costas en la etapa de la ministra Cristina Narbona (PSOE). “Visto el comportamiento de las Administraciones territoriales durante los últimos 25 años, de enorme tolerancia con las infracciones de la Ley de Costas, concretamente en la gestión de la zona de protección, es fácil prever cuál va a ser el resultado”, vaticina.

“El PP tiene el síndrome de quien conduce en sentido contrario”, dice un letrado medioambientalista

Medio Ambiente estima que hay unas 250.000 construcciones con problemas legales en la costa española. En este cálculo se incluyen las viviendas consideradas ilegales porque contravienen planeamientos urbanísticos, las que ocupan zonas de servidumbre y las que invaden dominio público.

Fernando Prieto, doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid y también autor de la norma de 1988, vaticina más “caos” para el litoral español. “Todos los catedráticos están indignados”, afirma el abogado medioambientalista Manuel Marraco. “El Gobierno tiene el síndrome del que se mete a contramano en una autopista, piensa con horror que todos los demás están locos”, añade.



Una reforma orgullosa de la "tolerancia cero"

• ‘Antialgarrobicos’. La reforma a la Ley de Costas vigente, de 1998, presume de “tolerancia cero” ante las agresiones al litoral esgrimiendo su cláusula antialgarrobicos, en referencia al famoso hotel de Carboneras (Almería), y que permitirá a la Administración parar obras contrarias a la ley.

• Amnistías. Sin embargo, la norma, actualmente en el Senado, incluye otras muchas medidas que consolidan los desmanes vigentes o abren la puesta a otros. Por ejemplo, salva a 12 núcleos de viviendas que invaden dominio público: Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d’Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo o El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). Las dos últimas en formar parte del grupo son Xilxes (Castellón) y Moaña (Pontevedra).

• Concesiones de hasta 75 años. En nombre de la seguridad jurídica de los compradores, muchos de ellos extranjeros, y para dar buena imagen de España, se establece un sistema de concesiones hasta 75 años para unas 10.000 viviendas levantadas dentro del dominio público y que deberían comenzar a demolerse en 2018.

• Chiringuitos. Los negocios playeros obtendrán concesiones de cuatro años, en vez de anuales, como ocurría hasta ahora.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/13/actualidad/1365878046_838466.html