Las novedades se han colado de forma sibilina en la reforma de la Ley de Costas, denominada proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Tanto juristas como abogados inciden en que las enmiendas “esconden en cada palabra un juego” y dejan interrogantes por resolver sobre la puesta en práctica. Sin decirlo de forma expresa, la disposición transitoria primera reduce de 100 a 20 los metros de la zona de servidumbre de protección, en la que no puede edificarse. Actualmente, las viviendas levantadas en esta franja están sometidas a numerosos controles. Aunque estas construcciones son privadas, sus dueños prácticamente no pueden modificarlas.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, no se atreve a estimar cuántas viviendas quedarán fuera de protección. “No hay cálculos, pero entre los 600 municipios costeros será un porcentaje no pequeño”, estima. La zona más beneficiada, según el ministerio, será Galicia.
La futura norma se debatirá y votará los días 23 y 24 de abril en el Senado. Sobre el papel, la desprotección afectará a construcciones levantadas antes de 1988 y que no fueron legalizadas porque no cumplían con todas las exigencias para considerarlas suelo urbano, como gozar de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. “Ahora basta con acreditar que en 1998 había edificaciones en al menos un tercio de la superficie a considerar”, explica Ángel Menéndez Rexach, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Autónoma de Madrid. El profesor, autor de la Ley de Costas de 1988 y toda una autoridad en este asunto, subraya que este criterio es “mucho más permisivo” que el de la legislación urbanística autonómica, que exige la consolidación de la edificación en 2/3 de la superficie (en algún caso ½) para que el suelo se pueda considerar urbano.
La zona más beneficiada será Galicia, según Medio Ambiente
“El legislador está abriendo la mano de forma tácita a una clasificación de suelo encubierta”, deduce Miriam García, autora de numerosos trabajos de planeamiento territorial como directora de Urbanismo del Gobierno de Cantabria entre 2002 y 2007. Esta arquitecta critica que la Ley de Costas, que supuestamente debe preservar el litoral, establezca un sistema de silencio positivo, es decir, que quienes quieran regularizar su situación solicitan los informes a Medio Ambiente y si en 18 meses no reciben informe se entiende que es favorable. “Lo que dicta el sentido común es que el silencio sea negativo”, contempla.
El Ministerio de Medio Ambiente defiende que esas casas solo podrán hacer reformas y no obra nueva. También que la fotografía se detendrá en 1988, por lo que no se regularizarán aquellas que estén en situación similar y se hayan construido después de esta fecha. Pero quien tendrá las competencias sobre lo que ocurra en esos lugares cuando se apruebe la reforma vuelven a ser los Ayuntamientos. La historia se repite. “Un Ayuntamiento puede chapucear muchísimo (...), a ver quién es el alcalde que se atreve a negar certificados de que las construcciones contaban con todos los servicios en 1988”, considera Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF.
El Gobierno insiste en que solo podrán hacerse obras de remodelación
“Es de esperar que la Administración de Costas no será demasiado exigente con la certificación de que los terrenos tenían todos los servicios hace 25 años”, añade Fernando Palao, otro de los autores de la norma vigente. “No solo se les legaliza, sino que se premia a quienes han corrido más en el desarrollo de estas urbanizaciones ilegales”, subraya. El también exsecretario de Estado con el PSOE, entiende asimismo que en los 80 metros que quedarán fuera de la zona de servidumbre se podrá además edificar, “de acuerdo con los planes urbanísticos municipales, y sin que les sea aplicable la legislación de Costas”.
“Va a ser muy difícil distinguir ahora entre unas y otras y calcular con precisión si las condiciones establecidas se verificaban realmente en aquella fecha”, aporta José Fernández, director general de Costas en la etapa de la ministra Cristina Narbona (PSOE). “Visto el comportamiento de las Administraciones territoriales durante los últimos 25 años, de enorme tolerancia con las infracciones de la Ley de Costas, concretamente en la gestión de la zona de protección, es fácil prever cuál va a ser el resultado”, vaticina.
“El PP tiene el síndrome de quien conduce en sentido contrario”, dice un letrado medioambientalista
Medio Ambiente estima que hay unas 250.000 construcciones con problemas legales en la costa española. En este cálculo se incluyen las viviendas consideradas ilegales porque contravienen planeamientos urbanísticos, las que ocupan zonas de servidumbre y las que invaden dominio público.
Fernando Prieto, doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid y también autor de la norma de 1988, vaticina más “caos” para el litoral español. “Todos los catedráticos están indignados”, afirma el abogado medioambientalista Manuel Marraco. “El Gobierno tiene el síndrome del que se mete a contramano en una autopista, piensa con horror que todos los demás están locos”, añade.
Una reforma orgullosa de la "tolerancia cero"
• ‘Antialgarrobicos’. La reforma a la Ley de Costas vigente, de 1998, presume de “tolerancia cero” ante las agresiones al litoral esgrimiendo su cláusula antialgarrobicos, en referencia al famoso hotel de Carboneras (Almería), y que permitirá a la Administración parar obras contrarias a la ley.
• Amnistías. Sin embargo, la norma, actualmente en el Senado, incluye otras muchas medidas que consolidan los desmanes vigentes o abren la puesta a otros. Por ejemplo, salva a 12 núcleos de viviendas que invaden dominio público: Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d’Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo o El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). Las dos últimas en formar parte del grupo son Xilxes (Castellón) y Moaña (Pontevedra).
• Concesiones de hasta 75 años. En nombre de la seguridad jurídica de los compradores, muchos de ellos extranjeros, y para dar buena imagen de España, se establece un sistema de concesiones hasta 75 años para unas 10.000 viviendas levantadas dentro del dominio público y que deberían comenzar a demolerse en 2018.
• Chiringuitos. Los negocios playeros obtendrán concesiones de cuatro años, en vez de anuales, como ocurría hasta ahora.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/13/actualidad/1365878046_838466.html
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