En un país como España, que tiene en el turismo uno de sus sectores estratégicos (de los de verdad, y no de los que nos vendieron por aquí hace años), y que fundamente en gran medida su atractivo para el visitante en sus playas, no es de recibo lo ocurrido con la Ley de Costas y mucho menos lo que nos anuncia el Partido Socialista. Tras recurrirla la ley recientemente aprobada ante el Tribunal Constitucional -al igual que han hecho varias autonomías-, los socialistas se han apresurado a prometer que cuando vuelvan a gobernar, cambiarán la norma y sacarán una que se parecerá bien poco a la que parió el equipo del ministro Arias Cañete. O sea, mensaje nada encriptado a los inversores: «Olvídese de la seguridad jurídica que lo que hoy es ley, mañana será papel mojado».
Al Gobierno actual le faltó capacidad de diálogo con las autonomías y los agentes sociales a la hora de elaborar la ley vigente, y a quienes aspiran a formar Gobierno en el futuro -o sea, el PSOE- les falta también altura de miras. Unos y otros deberían asumir que lo que suceda con las costas es clave para el negocio turístico, además de afectar a millones de residentes que viven y trabajan junto al mar. En cuanto a ese olvido de las autonomías, clama al cielo, pues no es de recibo que salga adelante una ley tan importante sin contar con el parecer de aquellas regiones costeras. Es más:en casos así, uno acaba preguntándose qué hacen votando en las Cortes unos señores de la España mesetaria y de secano que solo ven el mar cuando van de vacaciones... y ya sé que el argumento es demagógico, pero esas son las cosas que explican la aprobación de una ley en la que no se tuvo en cuenta a quienes tienen trato directo con el mar, esto es, a aquellos que se levantan cada mañana y en el horizonte ven las olas.
El resultado de esa falta de consenso y de este anuncio de cambios en cuanto haya otro Gobierno será, en primera instancia, una sensación de interinidad legal que no beneficia a la inversión y, en segundo término, una sobreexplotación a corto plazo para conseguir derechos consolidados que luego no pueda quitar el siguiente en llegar al poder. O sea, tres cuartos de lo que ha llevado a llenar el litoral -sobre todo el peninsular- de cemento turístico. Para que luego lo que resulta molesto al gobernante sean unas casas costeras que llevan décadas junto al mar
Al Gobierno actual le faltó capacidad de diálogo con las autonomías y los agentes sociales a la hora de elaborar la ley vigente, y a quienes aspiran a formar Gobierno en el futuro -o sea, el PSOE- les falta también altura de miras. Unos y otros deberían asumir que lo que suceda con las costas es clave para el negocio turístico, además de afectar a millones de residentes que viven y trabajan junto al mar. En cuanto a ese olvido de las autonomías, clama al cielo, pues no es de recibo que salga adelante una ley tan importante sin contar con el parecer de aquellas regiones costeras. Es más:en casos así, uno acaba preguntándose qué hacen votando en las Cortes unos señores de la España mesetaria y de secano que solo ven el mar cuando van de vacaciones... y ya sé que el argumento es demagógico, pero esas son las cosas que explican la aprobación de una ley en la que no se tuvo en cuenta a quienes tienen trato directo con el mar, esto es, a aquellos que se levantan cada mañana y en el horizonte ven las olas.
El resultado de esa falta de consenso y de este anuncio de cambios en cuanto haya otro Gobierno será, en primera instancia, una sensación de interinidad legal que no beneficia a la inversión y, en segundo término, una sobreexplotación a corto plazo para conseguir derechos consolidados que luego no pueda quitar el siguiente en llegar al poder. O sea, tres cuartos de lo que ha llevado a llenar el litoral -sobre todo el peninsular- de cemento turístico. Para que luego lo que resulta molesto al gobernante sean unas casas costeras que llevan décadas junto al mar
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