Berriel: ´No toleraremos un ´tractorazo´ con población en costas´

El Ejecutivo espera que Madrid le ceda la competencia para delimitar los espacios marítimo terrestres

. El Ejecutivo regional "no tolerará tractorazos como el de Cho Vito", aseguró ayer el consejero de Agricultura y Política Territorial, Domingo Berriel. Berriel confía en alcanzar las próximas semanas un acuerdo con la Administración central para que le sea transferida o delegada a Canarias las competencias sobre aprobación de las líneas de dominio marítimo terrestres, lo que le permitirá salvar determinados núcleos residenciales bajo ciertas condiciones: que se trate de núcleos en los que concurran circunstancias etnográficas.

Andalucía y Cataluña ya disponen de esa competencia y Canarias quiere seguir su ejemplo. Ese objetivo viene siendo negociado ya en la subcomisión de costas creada entre ambas administraciones, y cuya última reunión se ha visto retrasada.

Berriel no ve posible un acuerdo para antes de las elecciones, pero cree que cualquiera que sea la administración autonómica que suceda a la actual, esa demanda seguirá viva. En Gran Canaria hay al menos dos núcleos con estas características, uno de ellos Tufia, señaló el consejero, y otros cuatro en el resto del Archipiélago. "No pretendemos subvertir el objetivo de salvar las costas de núcleos residenciales, pero hay algunos que reúnen valores etnográficos suficientes como para ser legalizados", aseguró Domingo Berriel.

La defensa de estos núcleos, según el Gobierno, "no tiene nada que ver con tolerar un uso abusivo del dominio público terrestre". De momento, el Ejecutivo central no ha dado su visto bueno a la cesión de estas competencias, "pero tampoco nos ha dicho que no". De momento, la Demarcación de Costas sigue adelante con sus expedientes de derribo, de los que el primero en ejecutarse fue el de Cho Vito, en Tenerife. "Cuando sean necesarios los derribos, se aprobarán siempre que esas viviendas no reúnan valores etnográficos y sean antes realojados sus residentes", dijo el consejero
http://www.laprovincia.es/canarias/2011/03/03/berriel-toleraremos-tractorazo-poblacion-costas/356908.html

El PP sigue preocupado por el futuro de las viviendas

BOCA CANGREJO

El portavoz y candidato del PP a la Alcaldía de El Rosario, José Manuel Medina, mostró ayer su preocupación por el futuro de los vecinos de Bocacangrejo ante "el silencio" que, en su opinión, mantiene el gobierno local del PSC sobre los posibles derribos de viviendas en esta núcleo de la costa.
El edil recuerda que los socialistas locales "no sólo rechazaron el proyecto de ley presentado en el Parlamento canario para la modificación de la Ley de Costas, sino que también procedió a denunciar el anteproyecto de ley por considerarlo anticonstitucional".
Medina también alude a las reuniones vecinales a las que no ha ido el alcalde o al "caso omiso a la propuesta que realizamos para que elaborara un censo de las viviendas en la costa, tal y como establece el anteproyecto de ley presentado en el Gobierno de Canarias para evitar los derribos".
El concejal teme que ocurra como en Cho Vito y, para impedirlo, insta al PSC a que "tome cartas en el asunto cuanto antes y escuche a las personas a las que representa en vez de hacer oídos sordos en una situación tan alarmante para todos".
http://www.eldia.es/2011-03-03/laguna/0-PP-sigue-preocupado-futuro-viviendas.htm

La lucha para salvar las viviendas del litoral llega hasta el Congreso

Tras abrir la puerta nacional, el colectivo se centrará ahora en pedir apoyo a la UE.La portavoz del PP, Sáenz de Santamaría, afirma que ayudará a variar la ley de 1988.

La lucha por salvar las casas junto al mar de la provincia dio ayer un paso decisivo. La Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense acudió al Congreso de los Diputados para reivindicar la modificación de la ley de Costas del año 1988 y que esta no se aplique de manera retroactiva.
Así lo hicieron representantes de la entidad como los alcaldes de Nules y Xilxes, Mario García y Vicente Lapuerta, respectivamente; los senadores Alfonso Ferrada y Andrea Fabra, o miembros de los colectivos vecinales afectados, quienes expusieron su situación a la portavoz del PP en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, y al diputado popular de Medio Ambiente, Carlos Floriano.
Según explicó García, “estamos satisfechos con el encuentro porque nos han asegurado que harán lo posible por cambiar una normativa injusta, ya que saben que la costa de Castellón es la segunda más regresiva de España”.
En este sentido, se refirió a las dos proposiciones de ley que presentaron en el Senado el PP y CiU encaminadas a variar el reglamento estatal. Estas propuestas se tendrán que debatir en el Congreso, “donde esperamos que salgan adelante, aunque el PSOE es el que tiene la mayoría y aspiramos a que acabe rectificando”.
CAMINO A EUROPA
// Tras abrir la puerta nacional, el colectivo busca ahora que la Unión Europea se pronuncie y frene la aplicación retroactiva de la ley de Costas, lo que supondría que más de 600 viviendas no se derribasen por estar ocupando dominio público.
García recordó que “muchos inmuebles se construyeron antes de 1988 y la regresión y la falta de medidas han sido las que han provocado esta situación”. Asimismo, destacó que “vamos a iniciar una serie de gestiones para que la administración europea tome en consideración nuestras reivindicaciones y salvemos las construcciones”. De este modo, “ya tenemos dos frentes abiertos, tanto a nivel nacional como internacional, pero sin identificación política, aquí no hay colores”.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=641112

La plataforma contra los derribos de Costas se reúne hoy con el PP en el Congreso

Una delegación viaja hoy a Madrid y podría entrevistarse con la portavoz popular Soraya Sáenz de Santamaría


Una delegación de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense, auspiciada por la diputación, viaja hoy a Madrid para reunirse con representantes del PP en el Congreso de los Diputados.
La diputada Andrea Fabra será la encargada de recibir en la cámara baja a la comitiva. Está previsto que mantengan un encuentro con el portavoz del PP de Medio Ambiente, Carlos Floriano, y es posible que se entrevisten también con la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría.
La presidenta de la asociación de vecinos Mos Quedem de la playa de Almassora, María Tajes,se reunió ayer con otros afectados en la sede de la diputación. El objetivo del encuentro pasó por consensuar los puntos que hoy defenderán ante la comisión de Medio Ambiente del Parlamento. Junto a Tajes viajarán los portavoces de otras cinco asociaciones de la provincia que luchan por decretar excepciones a la Ley de Costas.
Además, la presidenta de Mos Quedem tiene previsto solicitar al alcalde de Almassora, Vicente Casanova, que la exposición itinerante que la Plataforma para la Defensa de las Propiedades y Viviendas del Litoral Castellonense se sitúe en la plaza de España y no en algún punto de la costa de Almassora.
Para Tajes es fundamental que esta carpa esté instalada entre los días 7 y 9 de abril en el centro de la localidad, de manera que todos los vecinos, y no sólo los que residen en la playa, conozcan los problemas a los que se enfrentan los residentes del litoral. La organización aprovechará para recoger firmas, que posteriormente enviará a Bruselas, contra la aplicación retroactiva de la Ley de Costas.
http://www.levante-emv.com/castello/2011/03/02/plataforma-derribos-costas-reune-hoy-pp-congreso/786998.html

La Demarcación de Costa, en Canarias, ofrece una solución administrativa a los empresarios afectados por la Ley.

Los restaurantes de El Golfo, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, podrán seguir con su actividad a pesar de que algunos se ven afectados por la Ley de Costas .

El jefe de la Demarcación de Canarias, José María Pindado, ha asegurado a sus propietarios que en algunos casos se les concederá una concesión administrativa por al menos 30 años y en otros simplemente será necesaria una autorización.

Los propietarios de la decena de restaurantes de El Golfo, en Yaiza han acogido la noticia con sastifacción porque podrán continuar con sus negocios. El jefe de Demarcación de Costas de Canarias les ha asegurado que en su caso hay una solución administrativa dentro de la Ley de Costas. Fue durante una reunión a la que también asistió el concejal de Urbanismo de Yaiza, Leonardo Rodríguez.

Dos de los restaurantes tendrán que acogerse a una concesión administrativa y el resto podrán continuar con su actividad tras solicitar una autorización.
http://www.rtvc.es/noticias/costas-no-emprender%C3%A1-acciones-contra-una-decena-de-afectados-en-el-golfo-65832.aspx

Canarias quiere rebajar la aplicación de la Ley de Costas

La subcomisión encargada de analizar la norma se reúne esta semana con representantes del Gobierno regional y de Madrid

D.E.T.LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Gobierno regional se suma un punto en su batalla por lo que llama "flexibilización" de la Ley de Costas. La reunión de la subcomisión Canarias-Estado que tendrá lugar el miércoles en Las Palmas de Gran Canaria es un primer paso hacia un acuerdo al que hasta ahora se había negado taxativamente Madrid.

El objeto de la reunión, tal y como habían pedidos los afectados y como finalmente ha prometido la Demarcación de Costas de Canarias será avanzar en la aplicación de la Ley de Costas caso a caso, una vivienda tras otra.

La subcomisión, acordada en el encuentro bilateral que tuvo lugar el pasado mes de diciembre entre Rivero y el vicepresidente tercero Manuel Chávez es, de una parte, una respuesta clara a las demandas planteadas por Coalición Canaria al PSOE a cambio de los votos a favor de sus dos diputados en el Congreso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y garantizar la estabilidad del Gobierno de Zapatero hasta el final de la legislatura; y, de otro lado, un nuevo ejemplo de la política de mano tendida que Madrid empieza a practicar con una de las normas que ha sido considerada, en el ámbito internacional, más avanzadas desde el punto de vista medioambiental pero a la que, en España, no le faltan detractores.

Aprobada en julio de 1988, la norma se anticipaba entonces a los efectos del cambio climático sobre el territorio. Tanto es así que el Protocolo de Gestión Integrada sobre las zonas costeras del Mediterráneo, firmado en 2008, incluye conceptos básicos de la ley española y como ésta establece la prohibición de construir a 100 metros de la línea de costa. Es decir, justo el asunto que enfrenta tan duramente a la administración nacional con los ciudadanos con propiedades en dominio público marítimo-terrestre y, por ende, con las comunidades autónomas.

En Canarias hay en la actualidad un millar de afectados directos por la Ley de Costas y con orden de derribo de sus viviendas por estar por debajo de la línea de deslinde que separa las zonas de propiedad pública de la privada -551 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 398 en la de Las Palmas-. Pero hay muchos más -catalogados en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural- cuyas propiedades han quedado dentro de la zona de servidumbre de protección de la costa y que, por estar en zona de dominio público, en aplicación de la ley no pueden ser modificadas, en caso de ser viviendas (sí rehabilitadas), ni edificadas, si son solares.

Con la ley de 1969 la zona de servidumbre para zonas urbanas era la comprendida dentro de los 20 metros de ancho desde el deslinde, ahora son 100 metros. La causa: se incluye como dominio público no sólo el espacio de playa alcanzado por las olas sino también el área de influencia del ecosistema. Algo incomprensible desde el punto de vista jurídico, apunta el representante en Canarias de la Plataforma Nacional de Afectado por la Ley de Costas, Antonio Oliva, y "profundamente".

Las diferencias que mantienen Canarias y el Estado al respecto se concentran precisamente en la concreción del límite marítimo-terrestre pero, sobre todo, en la servidumbre de protección en aquellos suelos que el Gobierno canario considera que ya que tenían naturaleza de urbana antes de la entrada en vigor de la ley. Y ahí incluye un número nutrido de núcleos de origen marinero de los que no faltan ejemplo en ninguna de las islas -El Golfo en Lanzarote; Playa de Ojos de Garza en Gran Canaria; Jacomar, en Fuerteventura; La Bombilla, en La Palma o Bajo la Cuesta, en Tenerife-.

Esas diferencias impulsaron la elaboración y aprobación en la Cámara regional de una ley canaria de costas -a través de la modificación de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales- que el Ministerio de Medio Ambiente recurrió por inconstitucional al entender que el Ejecutivo canario se arrogaba competencias que corresponden exclusivamente a la administración del Estado.

Canarias, en cualquier caso, no ha sido la única en intentar una modificación unilateral de la ley. También lo hizo Galicia, e igualmente fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Otras han optado por la negociación -en el País Vasco el PNV logró salvar de la piqueta una refinería de Petronor en dominio público a través de la Ley de Economía Sostenible- y Cataluña, a través de CIU, logró que el Senado tomara en consideración a principios de mes una proposición de ley para dar el visto bueno a las llamadas ciudades navegables.

En definitiva un rosario de iniciativas que, como admite el representante de la Plataforma de Afectados, es el primer paso hacia la modificación de la Ley de Costas. "Estamos de acuerdo en que hay que proteger el litoral pero debe aplicarse de una forma más respetuosa que esta ahora, respetando el derecho de los propietarios que tenían ya sus casas antes de la aprobación de la ley", apunta Oliva, propietario de una vivienda en Bajo la Cuesta (Candelaria, Tenerife) que ha quedado en zona de dominio público "pese a que ya en 1987 el ayuntamiento había incluido el enclave en las normas subsidiarias".

Los defensores de la Ley advierten de las consecuencias de rebajar la protección de las costas: "o lo hacemos ahora o no habrá marcha atrás. Canarias no está preparada para una crecida del mar y lo estamos viendo todos los años con temporales que son cada vez más". El exdirector general de Costas, José Fernández, recuerda que los efectos del cambio climático son una amenaza cierta. "Abrir ahora la mano para que sean precisamente las administraciones más cercanas a los territorios y por lo tanto las más sensibles a la presiones las que decidan, porque eso es lo que pretenden Canarias, Galicia o Andalucía, sería un tremendo error". Apunta además que si bien es cierto que hay muchos afectados por los deslindes son muchos más los beneficiados "pasa a ser de dominio público y protegemos el territorio para todos".

Visión de futuro

Fernández, que ocupó la dirección general durante la etapa de la socialista Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente, critica la poca de visión de futuro de las comunidades autónomas que ahora quieren "flexibilizar" la ley y alerta del peligro de dejar en manos de estas administraciones la gestión de las zonas afectadas por la servidumbre de protección. "La Ley ha sido muy respetuosa con esas zonas, si antes de 1988 estaban incluidas en planes parciales, como debe ser, se respetó su carácter urbano. El problema es que en comunidades como Galicia, Canarias o Andalucía todo estaba por hacer, por lo tanto todo era urbanizable. Cuando la ley se ha comenzado a aplicar se han encontrado con un problema que no es más que esas propiedades que están en dominio público no pueden ser modificadas. Permitir que esas zonas las gestionen las comunidades supone que donde hay un solar en unos años pueda haber un pabellón deportivo en vez de una huerta y donde hay una casa un edificio de tres plantas". Y si "el supuesto núcleo eran tres casas aisladas acabe macizándose con veinte".

Apunta Fernández un segundo peligro: permitir la compra-venta de los enclaves privados en dominio público con concesión administrativa que reclaman también varios grupo. Una posibilidad que se baraja a través de la Ley de Navegación Marítima y que posibilitaría que por ejemplo el hotel Oliva Beach, al que se le ha permitido seguir en las dunas de Corralejo durante una treintena de años, sea traspasado a un segundo dueño y el tiempo para el derribo de la edificación retroceda de nuevo a cero. "Eso bloquearía el despeje progresivo de la costa", subraya
http://www.laprovincia.es/canarias/2011/02/27/canarias-quiere-rebajar-aplicacion-ley-costas/356082.html

LOS RECURSOS LEGALES PUEDEN ETERNIZAR LOS DERRIBOS

El tiempo medio entre que alguna de las ramificaciones de la Administración detecta una construcción a todas luces ilegal y los tribunales de justicia decretan su derribo supera ampliamente los diez años.
El proceso habitual en estos casos empieza cuando el concello de turno descubre la edificación. En ese momento -que también se puede dilatar indefinidamente dependiendo de la diligencia municipal- se emite una orden de paralización de las obras y se le da trasladado a la Xunta. A su vez, el propio ente autonómico, bien con sus inspectores o a través de instancias externas como el Seprona de la Guardia Civil, también puede iniciar el procedimiento.
Una vez abierta la vía administrativa, queda determinar a que departamento le competen las gestiones que, en la comarca, son la Demarcación de Costas, dependiente del Estado y la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta, además de los propios concellos. En el primer caso, el menos frecuente, no existe ningún tipo de duda porque cualquier construcción hecha en el espacio dominado Costas, salvo autorización expresa por cuestiones de interés general, es claramente ilegal porque el dueño del terreno es el Estado. No hay propietarios particulares.
Cuestión diferente son las fincas incluidas en Red Natura, de las que se ocupa el Gobierno Autonómico. Están consideradas como suelo rústico de especial protección medioambiental y, por lo tanto, tampoco se pueden edificar.
Los concellos, que son quienes conceden o deniegan las licencias de obras -siempre dentro de los núcleos y en suelo urbano consolidado-, dividen los expedientes en dos tipos: por un lado los legalizables, que están fuera de la normativa pero cabe su regularización y los que bajo ningún concepto se pueden ajustar a la ley.
Batalla en los tribunales
Justo después de la apertura de los expedientes, llegan las respuestas de los afectados con recursos ante las salas de lo Contencioso, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y hasta el Supremo que, en cada nivel, van dilatando el proceso. «Por eso moita xente non entende e resúltalle sorprendente que despois dunha década se derrube unha casa, pero así é como funciona», explica el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Carballo, José Antonio Viña. «Aquí, a inmensa maioría dos casos están expedientados, co cal teñen prácticamente imposible a súa legalización», añade Viña.
Caso distinto es el de las construcciones que llevan más de seis años en pie sin que nadie haya interpuesto una denuncia ante ninguna de las instancias competentes. Por una cuestión de seguridad jurídica y de que un propietario no puede estar permanentemente esperando para ver cuando derriban su casa, esa vivienda, aunque queda fuera de la ordenación urbanística, ya no se puede tirar.
http://www.lavozdegalicia.es/carballo/2011/02/27/0003_201102C27C3991.htm