Canarias quiere rebajar la aplicación de la Ley de Costas

La subcomisión encargada de analizar la norma se reúne esta semana con representantes del Gobierno regional y de Madrid

D.E.T.LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Gobierno regional se suma un punto en su batalla por lo que llama "flexibilización" de la Ley de Costas. La reunión de la subcomisión Canarias-Estado que tendrá lugar el miércoles en Las Palmas de Gran Canaria es un primer paso hacia un acuerdo al que hasta ahora se había negado taxativamente Madrid.

El objeto de la reunión, tal y como habían pedidos los afectados y como finalmente ha prometido la Demarcación de Costas de Canarias será avanzar en la aplicación de la Ley de Costas caso a caso, una vivienda tras otra.

La subcomisión, acordada en el encuentro bilateral que tuvo lugar el pasado mes de diciembre entre Rivero y el vicepresidente tercero Manuel Chávez es, de una parte, una respuesta clara a las demandas planteadas por Coalición Canaria al PSOE a cambio de los votos a favor de sus dos diputados en el Congreso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y garantizar la estabilidad del Gobierno de Zapatero hasta el final de la legislatura; y, de otro lado, un nuevo ejemplo de la política de mano tendida que Madrid empieza a practicar con una de las normas que ha sido considerada, en el ámbito internacional, más avanzadas desde el punto de vista medioambiental pero a la que, en España, no le faltan detractores.

Aprobada en julio de 1988, la norma se anticipaba entonces a los efectos del cambio climático sobre el territorio. Tanto es así que el Protocolo de Gestión Integrada sobre las zonas costeras del Mediterráneo, firmado en 2008, incluye conceptos básicos de la ley española y como ésta establece la prohibición de construir a 100 metros de la línea de costa. Es decir, justo el asunto que enfrenta tan duramente a la administración nacional con los ciudadanos con propiedades en dominio público marítimo-terrestre y, por ende, con las comunidades autónomas.

En Canarias hay en la actualidad un millar de afectados directos por la Ley de Costas y con orden de derribo de sus viviendas por estar por debajo de la línea de deslinde que separa las zonas de propiedad pública de la privada -551 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 398 en la de Las Palmas-. Pero hay muchos más -catalogados en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural- cuyas propiedades han quedado dentro de la zona de servidumbre de protección de la costa y que, por estar en zona de dominio público, en aplicación de la ley no pueden ser modificadas, en caso de ser viviendas (sí rehabilitadas), ni edificadas, si son solares.

Con la ley de 1969 la zona de servidumbre para zonas urbanas era la comprendida dentro de los 20 metros de ancho desde el deslinde, ahora son 100 metros. La causa: se incluye como dominio público no sólo el espacio de playa alcanzado por las olas sino también el área de influencia del ecosistema. Algo incomprensible desde el punto de vista jurídico, apunta el representante en Canarias de la Plataforma Nacional de Afectado por la Ley de Costas, Antonio Oliva, y "profundamente".

Las diferencias que mantienen Canarias y el Estado al respecto se concentran precisamente en la concreción del límite marítimo-terrestre pero, sobre todo, en la servidumbre de protección en aquellos suelos que el Gobierno canario considera que ya que tenían naturaleza de urbana antes de la entrada en vigor de la ley. Y ahí incluye un número nutrido de núcleos de origen marinero de los que no faltan ejemplo en ninguna de las islas -El Golfo en Lanzarote; Playa de Ojos de Garza en Gran Canaria; Jacomar, en Fuerteventura; La Bombilla, en La Palma o Bajo la Cuesta, en Tenerife-.

Esas diferencias impulsaron la elaboración y aprobación en la Cámara regional de una ley canaria de costas -a través de la modificación de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales- que el Ministerio de Medio Ambiente recurrió por inconstitucional al entender que el Ejecutivo canario se arrogaba competencias que corresponden exclusivamente a la administración del Estado.

Canarias, en cualquier caso, no ha sido la única en intentar una modificación unilateral de la ley. También lo hizo Galicia, e igualmente fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Otras han optado por la negociación -en el País Vasco el PNV logró salvar de la piqueta una refinería de Petronor en dominio público a través de la Ley de Economía Sostenible- y Cataluña, a través de CIU, logró que el Senado tomara en consideración a principios de mes una proposición de ley para dar el visto bueno a las llamadas ciudades navegables.

En definitiva un rosario de iniciativas que, como admite el representante de la Plataforma de Afectados, es el primer paso hacia la modificación de la Ley de Costas. "Estamos de acuerdo en que hay que proteger el litoral pero debe aplicarse de una forma más respetuosa que esta ahora, respetando el derecho de los propietarios que tenían ya sus casas antes de la aprobación de la ley", apunta Oliva, propietario de una vivienda en Bajo la Cuesta (Candelaria, Tenerife) que ha quedado en zona de dominio público "pese a que ya en 1987 el ayuntamiento había incluido el enclave en las normas subsidiarias".

Los defensores de la Ley advierten de las consecuencias de rebajar la protección de las costas: "o lo hacemos ahora o no habrá marcha atrás. Canarias no está preparada para una crecida del mar y lo estamos viendo todos los años con temporales que son cada vez más". El exdirector general de Costas, José Fernández, recuerda que los efectos del cambio climático son una amenaza cierta. "Abrir ahora la mano para que sean precisamente las administraciones más cercanas a los territorios y por lo tanto las más sensibles a la presiones las que decidan, porque eso es lo que pretenden Canarias, Galicia o Andalucía, sería un tremendo error". Apunta además que si bien es cierto que hay muchos afectados por los deslindes son muchos más los beneficiados "pasa a ser de dominio público y protegemos el territorio para todos".

Visión de futuro

Fernández, que ocupó la dirección general durante la etapa de la socialista Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente, critica la poca de visión de futuro de las comunidades autónomas que ahora quieren "flexibilizar" la ley y alerta del peligro de dejar en manos de estas administraciones la gestión de las zonas afectadas por la servidumbre de protección. "La Ley ha sido muy respetuosa con esas zonas, si antes de 1988 estaban incluidas en planes parciales, como debe ser, se respetó su carácter urbano. El problema es que en comunidades como Galicia, Canarias o Andalucía todo estaba por hacer, por lo tanto todo era urbanizable. Cuando la ley se ha comenzado a aplicar se han encontrado con un problema que no es más que esas propiedades que están en dominio público no pueden ser modificadas. Permitir que esas zonas las gestionen las comunidades supone que donde hay un solar en unos años pueda haber un pabellón deportivo en vez de una huerta y donde hay una casa un edificio de tres plantas". Y si "el supuesto núcleo eran tres casas aisladas acabe macizándose con veinte".

Apunta Fernández un segundo peligro: permitir la compra-venta de los enclaves privados en dominio público con concesión administrativa que reclaman también varios grupo. Una posibilidad que se baraja a través de la Ley de Navegación Marítima y que posibilitaría que por ejemplo el hotel Oliva Beach, al que se le ha permitido seguir en las dunas de Corralejo durante una treintena de años, sea traspasado a un segundo dueño y el tiempo para el derribo de la edificación retroceda de nuevo a cero. "Eso bloquearía el despeje progresivo de la costa", subraya
http://www.laprovincia.es/canarias/2011/02/27/canarias-quiere-rebajar-aplicacion-ley-costas/356082.html