LOS RECURSOS LEGALES PUEDEN ETERNIZAR LOS DERRIBOS

El tiempo medio entre que alguna de las ramificaciones de la Administración detecta una construcción a todas luces ilegal y los tribunales de justicia decretan su derribo supera ampliamente los diez años.
El proceso habitual en estos casos empieza cuando el concello de turno descubre la edificación. En ese momento -que también se puede dilatar indefinidamente dependiendo de la diligencia municipal- se emite una orden de paralización de las obras y se le da trasladado a la Xunta. A su vez, el propio ente autonómico, bien con sus inspectores o a través de instancias externas como el Seprona de la Guardia Civil, también puede iniciar el procedimiento.
Una vez abierta la vía administrativa, queda determinar a que departamento le competen las gestiones que, en la comarca, son la Demarcación de Costas, dependiente del Estado y la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta, además de los propios concellos. En el primer caso, el menos frecuente, no existe ningún tipo de duda porque cualquier construcción hecha en el espacio dominado Costas, salvo autorización expresa por cuestiones de interés general, es claramente ilegal porque el dueño del terreno es el Estado. No hay propietarios particulares.
Cuestión diferente son las fincas incluidas en Red Natura, de las que se ocupa el Gobierno Autonómico. Están consideradas como suelo rústico de especial protección medioambiental y, por lo tanto, tampoco se pueden edificar.
Los concellos, que son quienes conceden o deniegan las licencias de obras -siempre dentro de los núcleos y en suelo urbano consolidado-, dividen los expedientes en dos tipos: por un lado los legalizables, que están fuera de la normativa pero cabe su regularización y los que bajo ningún concepto se pueden ajustar a la ley.
Batalla en los tribunales
Justo después de la apertura de los expedientes, llegan las respuestas de los afectados con recursos ante las salas de lo Contencioso, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y hasta el Supremo que, en cada nivel, van dilatando el proceso. «Por eso moita xente non entende e resúltalle sorprendente que despois dunha década se derrube unha casa, pero así é como funciona», explica el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Carballo, José Antonio Viña. «Aquí, a inmensa maioría dos casos están expedientados, co cal teñen prácticamente imposible a súa legalización», añade Viña.
Caso distinto es el de las construcciones que llevan más de seis años en pie sin que nadie haya interpuesto una denuncia ante ninguna de las instancias competentes. Por una cuestión de seguridad jurídica y de que un propietario no puede estar permanentemente esperando para ver cuando derriban su casa, esa vivienda, aunque queda fuera de la ordenación urbanística, ya no se puede tirar.
http://www.lavozdegalicia.es/carballo/2011/02/27/0003_201102C27C3991.htm