Pánico a los derribos

Los vecinos de Igueste de San Andrés viven con el temor a que Costas elimine las 22 casas y 97 fincas del pueblo costero declaradas ilegales por la Audiencia Nacional
Los vecinos de Igueste de San Andrés no duermen tranquilos. Temen que, en cualquier momento, una pala aparezca por la carretera principal del pueblo y derribe sus casas. Nadie les ha informado de lo que puede pasar. No saben si sus viviendas acabarán como solares derruidos, si les prohibirán hacer arreglos en el futuro o si todo pasará sin que ocurra nada.

La Audiencia Nacional ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas de este pueblo costero invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo. Por tanto son propiedades ilegales y podrían ser eliminadas si se aplica la actual Ley de Costas.
Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, aseguran que llegarán hasta el final, "cuesta lo que cueste". Este viernes su abogado, José Luis Langa, se reunirá con ellos en su local social para informarles de los siguientes pasos que seguirá para defender los intereses de estos santacruceros. Langa, por lo pronto, ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo.

José María Alberto, presidente de Haineto, denunció ayer "la escasa atención que prestan a Igueste los políticos de Santa Cruz". Aseguró que tras las elecciones por el pueblo "no ha aparecido ningún concejal para, al menos, darnos algo de seguridad a los vecinos".
Esperanzados, estos portavoces vecinales plantean la posibilidad de organizar manifestaciones "donde más ruido se haga" para denunciar su situación.

La pregunta que se plantean siempre es la misma: "¿Por qué nosotros?", expone Paco Sáez, presidente de Asío. Playas como Las Gaviotas o El Balayo, con casas en zonas cercanas y a escasos kilómetros de Igueste, no están afectadas. "No pretendemos que les hagan nada pero no llegamos a comprender cómo esto solo nos ocurre a nosotros cuando por cercanía somos iguales", manifestó Sáez. "No hemos hecho mucho ruido porque siempre hemos confiado en el sentido común", apuntó José María. Además, "la desinformación que sufrimos es enorme y solo nos enteramos de lo que ocurre por lo que aparece publicado en los medios de comunicación", añadió.

Ambos colectivos entregaron en nombre de todos los vecinos afectados toda la documentación necesaria, al menos la que se les requirió, para demostrar su condición de zona urbana anterior a la aprobación de la Ley de Costas en 1988. Sin embargo, a la magistrada que llevó el caso en la Audiencia Nacional, Elisa Veiga, no le parecieron suficientes argumentos.

"Está claro que las casas que están a menos de 20 metros no se podrán salvar. Nuestra única aspiración es que no las derriben, algo por lo que lucharemos sin parar", señaló Yolanda Déniz, vocal de Asío. "Hay que tener en cuenta que muchas personas, la mayoría, viven en estas casas y no tienen otra a donde ir", remarcó. Algunas viviendas en el pueblo han pasado de una generación a otra. Abuelos, padres y ahora hijos o nietos disfrutan de ellas. En esta misma línea pusieron de manifiesto que de nuevo, por falta de explicaciones de las administraciones públicas implicadas, no saben si les darán "algún tipo de compensación económica" por tener que abandonar o no poder reformar sus casas en el futuro. "Las viviendas pierden valor y eso nadie lo pagará", dijo.

Estos vecinos afirmaron que ya son muchos años los que llevan luchando. Hay cartas dirigidas a los propietarios con remite de la Dirección General de Costas del año 2002. Tras una década parece que "nada ha cambiado", remarcó José María Alberto. Ahora tendrán que empezar de nuevo en el Tribunal Supremo, presentar una vez más toda la documentación necesaria y continuar con la tensa espera
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/01/25/panico-derribos/392862.html

Costas explica que con la reforma ´lo que era ilegal aún lo es´

Los afectados por la actual Ley de Costas consideran que una reforma de la norma no les garantizará que sus viviendas se mantendrán en pie. Para que eso ocurriese la "revisión profunda" anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tendría que incluir un cambio en el trazado de los deslindes que definen el dominio público marítimo terrestre. Y no les falta razón. De hecho, la responsable de la Delegación de Costas en Canarias, Esther Ruiz, advierte que aunque se lleve a cabo la reforma legislativa "lo que está en dominio público sigue estando en dominio público, y lo que era ilegal lo sigue siendo porque es algo que viene recogido en la Constitución".

"No hay que presuponer que la presunta próxima Ley de Costas vaya a ser más laxa", subrayó Ruiz.

De hecho, el anuncio de la reforma legal no ha despertado el optimismo entre los afectados."Una modificación de la ley no nos dice nada a los dueños de viviendas afectadas porque ya hay sentencias que avalan la demolición y lo que nosotros intentamos es que se paralicen esas actuaciones hasta que se produzca una reubicación de los vecinos", explica Juan Pedro Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de la playa de Ojos de Garza, una localidad en la que 54 de sus 144 viviendas están afectadas.

Convencidos de que "la nueva ley no va a anular lo que la Justicia ha dictaminado con respecto a las órdenes de demolición aceptadas" y de que el Estado no va a invertir para cambiar los deslindes, los vecinos de Ojos de Garza luchan por buscar alternativas que aseguren su futuro. "Hemos solicitado una reunión con la nueva Dirección General de Costas para ver si logramos activar un acuerdo por el que nuestra situación se prolongue durante 12 años, hasta que finalice la reubicación de toda la playa en un edificio de nueva construcción cuyos costes soportaremos los vecinos", señala Juan Pedro.

Modificaciones

Desde la Demarcación de Costas de Canarias, y a la espera de que se defina el contenido de la reforma anunciada por Arias Cañete, se cree que las modificaciones en la ley pueden ir en dirección a las reubicaciones. "Creo que se puede contemplar la opción de establecer convenios para retrasar demoliciones y proceder a reubicaciones de los vecinos afectados", señala Ruiz.

La actual Ley de Costas fue aprobada en julio de 1988, sustituyendo así a la existente desde 1969. Desde entonces los afectados luchan para cambiar su carácter retroactivo "al aplicar una ley de 1988 a unas casas que en muchos de los casos ya existían desde hacía décadas atrás. Consideramos que se vulnera el derecho constitucional de los vecinos a la propiedad privada", afirma José Luis Langa, representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (Aeple).

A lo largo de los aproximadamente 1.600 kilómetros de costa que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias hay un millar de afectados directos y con orden de derribo de sus viviendas por estar por debajo de la línea de deslinde que separa las zonas de propiedad pública de la privada (398 en la provincia de Las Palmas y 551 en la de Santa Cruz de Tenerife). Pueblos como Tufia o San Felipe, en Gran Canaria; Majanicho, en Fuerteventura; La Santa, en Lanzarote, La Caleta, en Tenerife o Valle Gran Rey, en La Gomera, viven bajo la amenaza de la demolición.

Con la ley de 1969 la zona de servidumbre era la comprendida dentro de los 20 metros de ancho desde el deslinde, ahora son 100 metros. El mantenimiento de este cambio podría hacer que El Golfo, en Lanzarote, o Los Molinos, en Fuerteventura, desaparecieran por completo.

Los afectados piden que se aprecie el valor etnográfico . "Los pueblos costeros son vestigios de nuestros antepasados que vivían de la pesca", explica Miguel Cerdeña, de Los Molinos

http://www.laprovincia.es/canarias/2012/01/24/costas-explica-reforma-ilegal/432921.html

Un corralito inmobiliario de casi 150.000 casas

La reforma de la Ley de Costas que prepara el Gobierno central ha originado una discusión sobre el futuro de Canarias entre quienes entienden que traería desarrollo económico y quienes apuestan por preservar el litoral.
El número de interesados en conocer los detalles de la futura reforma que el Partido Popular (PP) quiere hacer con la Ley de Costas crece según pasan los días como consecuencia de la parquedad mostrada por el Gobierno español y en concreto de su ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en un encuentro con los medios de comunicación hace algunos días.
Las declaraciones de Arias Cañete fueron tan escuetas que han originado toda una ola de reacciones. En esa intervención hizo referencia a que la futura reforma pretendía "poner en valor" el litoral y "dar seguridad jurídica". El ministerio está trabajando en alargar las concesiones otorgadas y autorizar nuevos usos en primera línea de mar.
Así, lo que unos entienden es una apertura de la veda para actuar en la costa canaria, repitiendo los mismos errores de antaño, para otros es la llave de la puerta que podría albergar la solución a muchos de sus problemas. Es ahí donde entran los que se posicionan a favor de la ley y, por ende, del desarrollo económico del Archipiélago.
Entre los más críticos se encuentra un viejo conocido del Gobierno de Canarias, no en vano formó parte de él durante un largo período como primer director de la Agencia Canaria del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible, Faustino García Márquez. Como experto conocedor de la geografía canaria y sus singularidades, este arquitecto urbanista manifestó a EL DÍA: "Llevamos 24 años con la Ley de Costas en vigor y se trata de una de las leyes más protectoras del medio ambiente y del patrimonio común de los ciudadanos que se han aprobado en este país". Por lo tanto, modificarla y "hacerlo en la dirección en que quiere hacerlo el Ejecutivo, va a ser un error y una tragedia", lamentó.
Para García, "poner en valor" el litoral, como dijo el ministro, apunta a que se quiere hacer dos cosas: "Por un lado, impulsar la construcción y por otro, resolver la situación de propietarios extranjeros, pero sobre todo de la Unión Europea, que compraron en Valencia y en menor medida en Andalucía, que están afectados por las servidumbres o por el dominio público litoral y que han estado peleando sin éxito, por supuesto, en los tribunales españoles y en la Eurocámara durante bastantes años".
El caso específico de Canarias, cuyo Parlamento aprobó una ley "que nació con el ánimo de regularizar algunas situaciones de poblados ilegales afectados y que fue paralizada por el Gobierno estatal al presentar una denuncia de inconstitucionalidad ante en Tribunal Constitucional", pasa por recuperar aquella ley y sus competencias en materia de litoral, "que tiene algunas, pero gracias a Dios no todas". Según García, "más de un nacionalista, nacionalista sincero, ha dicho en alguna ocasión que lamentándolo mucho, deseaba que esas competencias siguieran indefinidamente en manos del Estado, porque la Comunidad Autónoma era un auténtico peligro. Pero lo que pasa es que si el Estado empieza a actuar como Canarias, estamos cogidos por un lado y por otro. Así que, los que pensamos que esto no es adecuado, intentaremos por todos los medios legales dificultar este penoso tránsito, porque además, el Partido Popular tiene mayoría, es obediente y está cohesionado", admitió.
En los diferentes colectivos de afectados la noticia la han tomado con cautela, pero albergando algo de esperanza. José Luis Langa, abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, se queja de la opacidad y "falta de transparencia" de la Administración, exactamente la Demarcaciones de Costas del Archipiélago, que ante la reiterada demanda de información para conocer "los deslindes que se han practicado y los que están pendientes de ejecutar", solo ha obtenido el no por respuesta. Lo siguiente, puesto que ya ha cursado la petición, es entrevistarse con el ministro Arias Cañete. La asociación ha hecho una estimación y cree que debe haber "unas 150.000 personas afectadas en todas las islas".
Desde la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Eustaquio Villalba manifestó que "lo de Arias Cañete es básicamente una declaración de intenciones, aunque a nosotros se nos han encendido todas las alarmas puesto que la modificación de la ley se hace desde una perspectiva contraria a un crecimiento lógico y sostenible". No está Villalba por la labor de que se establezca una moratoria porque "mientas la ley exista, la ley hay que aplicarla. En un estado de derecho no cabe otra opción y si lo que se quiere es que no se cumpla, lo que hay que hacer es modificarla, cambiarla o derogarla". "Tanto el PP como el PSOE son responsables de que la Ley de Costas no se haya aplicado correctamente, una ley que no ha sido un impedimento para que se haga especulación", añadió.
Por otro lado, Pilar Marcos, responsable del Área de Costas de Greenpeace España, lamentó que "por una mala aplicación de las Demarcaciones de Costas del Archipiélago y los propios ayuntamientos que la conocían perfectamente, se vaya a reformar la norma entera". Marcos entiende "que es un paso atrás" y quizá uno de los errores de Arias Cañete, puesto que "él no puede iniciar una reforma sin deslindar la costa española porque todas esas personas que vieron cómo sus casas fueron derribadas, ahora lo que van a hacer es pedir una indemnización". La responsable de la organización ecologista expresó su temor, pues "si se abre la caja de Pandora y se reforma la Ley de Costas no sería para solventar ese 10% de arbitrariedades que existen, sino para buscar la depredación sobre los territorios que aún quedan en la costa y con la que muchos ayuntamientos, están buscando solventar la crisis económica"
http://eldia.es/2012-01-22/canarias/10-corralito-inmobiliario-casi-casas.htm

El Gobierno de Telde reitera su apoyo a los afectados de Tufia y Ojos de Garza por la Ley de Costas

La nueva delegada del Gobierno en Canarias, Mari Carmen Hernández Bento, hará gestiones en Madrid para hacer llegar las propuestas de los vecinos

El concejal de Urbanismo, Patrimonio y Contratación, Francisco López, se ha reunido con la delegada del Gobierno en Canarias, Mari Carmen Hernández Bento, con el presidente de la Asociación de Vecinos Playgarza, Juan Pedro Pérez Medina, y con el presidente de la Asociación de Vecinos para la defensa de las viviendas de la playa de Tufia, Juan Sánchez Herrera, durante esta mañana en las dependencias de la delegación del Gobierno en Canarias.

Durante la reunión han tratado el problema de los vecinos de Ojos de Garza y Tufia afectados por la aplicación de la Ley de Costas. Se trata de un asunto de gran importancia para el Gobierno municipal y así lo ha manifestado Francisco López, “estamos con los vecinos afectados, vamos a seguir acompañando a los vecinos hasta el final, seguiremos trabajando para intentar que la respuesta que obtengan sea positiva y además, contamos con el apoyo de la delegada del Gobierno en Canarias”.

Asimismo, la delegada del Gobierno en Canarias ha señalado que va a realizar las gestiones oportunas además, de interceder con el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra Inaraja, con el objetivo de plantear las propuestas de los vecinos.

Del mismo modo, la delegada del Gobierno en Canarias se ha comprometido a reunirse con la alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, con la Abogacía del Estado en Canarias, y con la Demarcación de Costas de Canarias, donde también estará presente un representante del Ayuntamiento de Telde y el Director General de Costas.

Los vecinos se han mostrado muy satisfechos con la reunión y han asegurado que les da ánimo para continuar en la búsqueda de soluciones.
http://www.teldeactualidad.com/noticias.php?area=politica&id=8255