Los afectados por la actual Ley de Costas consideran que una reforma de la norma no les garantizará que sus viviendas se mantendrán en pie. Para que eso ocurriese la "revisión profunda" anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tendría que incluir un cambio en el trazado de los deslindes que definen el dominio público marítimo terrestre. Y no les falta razón. De hecho, la responsable de la Delegación de Costas en Canarias, Esther Ruiz, advierte que aunque se lleve a cabo la reforma legislativa "lo que está en dominio público sigue estando en dominio público, y lo que era ilegal lo sigue siendo porque es algo que viene recogido en la Constitución".
"No hay que presuponer que la presunta próxima Ley de Costas vaya a ser más laxa", subrayó Ruiz.
De hecho, el anuncio de la reforma legal no ha despertado el optimismo entre los afectados."Una modificación de la ley no nos dice nada a los dueños de viviendas afectadas porque ya hay sentencias que avalan la demolición y lo que nosotros intentamos es que se paralicen esas actuaciones hasta que se produzca una reubicación de los vecinos", explica Juan Pedro Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de la playa de Ojos de Garza, una localidad en la que 54 de sus 144 viviendas están afectadas.
Convencidos de que "la nueva ley no va a anular lo que la Justicia ha dictaminado con respecto a las órdenes de demolición aceptadas" y de que el Estado no va a invertir para cambiar los deslindes, los vecinos de Ojos de Garza luchan por buscar alternativas que aseguren su futuro. "Hemos solicitado una reunión con la nueva Dirección General de Costas para ver si logramos activar un acuerdo por el que nuestra situación se prolongue durante 12 años, hasta que finalice la reubicación de toda la playa en un edificio de nueva construcción cuyos costes soportaremos los vecinos", señala Juan Pedro.
Modificaciones
Desde la Demarcación de Costas de Canarias, y a la espera de que se defina el contenido de la reforma anunciada por Arias Cañete, se cree que las modificaciones en la ley pueden ir en dirección a las reubicaciones. "Creo que se puede contemplar la opción de establecer convenios para retrasar demoliciones y proceder a reubicaciones de los vecinos afectados", señala Ruiz.
La actual Ley de Costas fue aprobada en julio de 1988, sustituyendo así a la existente desde 1969. Desde entonces los afectados luchan para cambiar su carácter retroactivo "al aplicar una ley de 1988 a unas casas que en muchos de los casos ya existían desde hacía décadas atrás. Consideramos que se vulnera el derecho constitucional de los vecinos a la propiedad privada", afirma José Luis Langa, representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (Aeple).
A lo largo de los aproximadamente 1.600 kilómetros de costa que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias hay un millar de afectados directos y con orden de derribo de sus viviendas por estar por debajo de la línea de deslinde que separa las zonas de propiedad pública de la privada (398 en la provincia de Las Palmas y 551 en la de Santa Cruz de Tenerife). Pueblos como Tufia o San Felipe, en Gran Canaria; Majanicho, en Fuerteventura; La Santa, en Lanzarote, La Caleta, en Tenerife o Valle Gran Rey, en La Gomera, viven bajo la amenaza de la demolición.
Con la ley de 1969 la zona de servidumbre era la comprendida dentro de los 20 metros de ancho desde el deslinde, ahora son 100 metros. El mantenimiento de este cambio podría hacer que El Golfo, en Lanzarote, o Los Molinos, en Fuerteventura, desaparecieran por completo.
Los afectados piden que se aprecie el valor etnográfico . "Los pueblos costeros son vestigios de nuestros antepasados que vivían de la pesca", explica Miguel Cerdeña, de Los Molinos
http://www.laprovincia.es/canarias/2012/01/24/costas-explica-reforma-ilegal/432921.html
"No hay que presuponer que la presunta próxima Ley de Costas vaya a ser más laxa", subrayó Ruiz.
De hecho, el anuncio de la reforma legal no ha despertado el optimismo entre los afectados."Una modificación de la ley no nos dice nada a los dueños de viviendas afectadas porque ya hay sentencias que avalan la demolición y lo que nosotros intentamos es que se paralicen esas actuaciones hasta que se produzca una reubicación de los vecinos", explica Juan Pedro Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de la playa de Ojos de Garza, una localidad en la que 54 de sus 144 viviendas están afectadas.
Convencidos de que "la nueva ley no va a anular lo que la Justicia ha dictaminado con respecto a las órdenes de demolición aceptadas" y de que el Estado no va a invertir para cambiar los deslindes, los vecinos de Ojos de Garza luchan por buscar alternativas que aseguren su futuro. "Hemos solicitado una reunión con la nueva Dirección General de Costas para ver si logramos activar un acuerdo por el que nuestra situación se prolongue durante 12 años, hasta que finalice la reubicación de toda la playa en un edificio de nueva construcción cuyos costes soportaremos los vecinos", señala Juan Pedro.
Modificaciones
Desde la Demarcación de Costas de Canarias, y a la espera de que se defina el contenido de la reforma anunciada por Arias Cañete, se cree que las modificaciones en la ley pueden ir en dirección a las reubicaciones. "Creo que se puede contemplar la opción de establecer convenios para retrasar demoliciones y proceder a reubicaciones de los vecinos afectados", señala Ruiz.
La actual Ley de Costas fue aprobada en julio de 1988, sustituyendo así a la existente desde 1969. Desde entonces los afectados luchan para cambiar su carácter retroactivo "al aplicar una ley de 1988 a unas casas que en muchos de los casos ya existían desde hacía décadas atrás. Consideramos que se vulnera el derecho constitucional de los vecinos a la propiedad privada", afirma José Luis Langa, representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (Aeple).
A lo largo de los aproximadamente 1.600 kilómetros de costa que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias hay un millar de afectados directos y con orden de derribo de sus viviendas por estar por debajo de la línea de deslinde que separa las zonas de propiedad pública de la privada (398 en la provincia de Las Palmas y 551 en la de Santa Cruz de Tenerife). Pueblos como Tufia o San Felipe, en Gran Canaria; Majanicho, en Fuerteventura; La Santa, en Lanzarote, La Caleta, en Tenerife o Valle Gran Rey, en La Gomera, viven bajo la amenaza de la demolición.
Con la ley de 1969 la zona de servidumbre era la comprendida dentro de los 20 metros de ancho desde el deslinde, ahora son 100 metros. El mantenimiento de este cambio podría hacer que El Golfo, en Lanzarote, o Los Molinos, en Fuerteventura, desaparecieran por completo.
Los afectados piden que se aprecie el valor etnográfico . "Los pueblos costeros son vestigios de nuestros antepasados que vivían de la pesca", explica Miguel Cerdeña, de Los Molinos
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