Los vecinos de Igueste de San Andrés viven con el temor a que Costas elimine las 22 casas y 97 fincas del pueblo costero declaradas ilegales por la Audiencia Nacional
Los vecinos de Igueste de San Andrés no duermen tranquilos. Temen que, en cualquier momento, una pala aparezca por la carretera principal del pueblo y derribe sus casas. Nadie les ha informado de lo que puede pasar. No saben si sus viviendas acabarán como solares derruidos, si les prohibirán hacer arreglos en el futuro o si todo pasará sin que ocurra nada.
La Audiencia Nacional ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas de este pueblo costero invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo. Por tanto son propiedades ilegales y podrían ser eliminadas si se aplica la actual Ley de Costas.
Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, aseguran que llegarán hasta el final, "cuesta lo que cueste". Este viernes su abogado, José Luis Langa, se reunirá con ellos en su local social para informarles de los siguientes pasos que seguirá para defender los intereses de estos santacruceros. Langa, por lo pronto, ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo.
José María Alberto, presidente de Haineto, denunció ayer "la escasa atención que prestan a Igueste los políticos de Santa Cruz". Aseguró que tras las elecciones por el pueblo "no ha aparecido ningún concejal para, al menos, darnos algo de seguridad a los vecinos".
Esperanzados, estos portavoces vecinales plantean la posibilidad de organizar manifestaciones "donde más ruido se haga" para denunciar su situación.
La pregunta que se plantean siempre es la misma: "¿Por qué nosotros?", expone Paco Sáez, presidente de Asío. Playas como Las Gaviotas o El Balayo, con casas en zonas cercanas y a escasos kilómetros de Igueste, no están afectadas. "No pretendemos que les hagan nada pero no llegamos a comprender cómo esto solo nos ocurre a nosotros cuando por cercanía somos iguales", manifestó Sáez. "No hemos hecho mucho ruido porque siempre hemos confiado en el sentido común", apuntó José María. Además, "la desinformación que sufrimos es enorme y solo nos enteramos de lo que ocurre por lo que aparece publicado en los medios de comunicación", añadió.
Ambos colectivos entregaron en nombre de todos los vecinos afectados toda la documentación necesaria, al menos la que se les requirió, para demostrar su condición de zona urbana anterior a la aprobación de la Ley de Costas en 1988. Sin embargo, a la magistrada que llevó el caso en la Audiencia Nacional, Elisa Veiga, no le parecieron suficientes argumentos.
"Está claro que las casas que están a menos de 20 metros no se podrán salvar. Nuestra única aspiración es que no las derriben, algo por lo que lucharemos sin parar", señaló Yolanda Déniz, vocal de Asío. "Hay que tener en cuenta que muchas personas, la mayoría, viven en estas casas y no tienen otra a donde ir", remarcó. Algunas viviendas en el pueblo han pasado de una generación a otra. Abuelos, padres y ahora hijos o nietos disfrutan de ellas. En esta misma línea pusieron de manifiesto que de nuevo, por falta de explicaciones de las administraciones públicas implicadas, no saben si les darán "algún tipo de compensación económica" por tener que abandonar o no poder reformar sus casas en el futuro. "Las viviendas pierden valor y eso nadie lo pagará", dijo.
Estos vecinos afirmaron que ya son muchos años los que llevan luchando. Hay cartas dirigidas a los propietarios con remite de la Dirección General de Costas del año 2002. Tras una década parece que "nada ha cambiado", remarcó José María Alberto. Ahora tendrán que empezar de nuevo en el Tribunal Supremo, presentar una vez más toda la documentación necesaria y continuar con la tensa espera
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/01/25/panico-derribos/392862.html
Los vecinos de Igueste de San Andrés no duermen tranquilos. Temen que, en cualquier momento, una pala aparezca por la carretera principal del pueblo y derribe sus casas. Nadie les ha informado de lo que puede pasar. No saben si sus viviendas acabarán como solares derruidos, si les prohibirán hacer arreglos en el futuro o si todo pasará sin que ocurra nada.
La Audiencia Nacional ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas de este pueblo costero invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo. Por tanto son propiedades ilegales y podrían ser eliminadas si se aplica la actual Ley de Costas.
Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, aseguran que llegarán hasta el final, "cuesta lo que cueste". Este viernes su abogado, José Luis Langa, se reunirá con ellos en su local social para informarles de los siguientes pasos que seguirá para defender los intereses de estos santacruceros. Langa, por lo pronto, ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo.
José María Alberto, presidente de Haineto, denunció ayer "la escasa atención que prestan a Igueste los políticos de Santa Cruz". Aseguró que tras las elecciones por el pueblo "no ha aparecido ningún concejal para, al menos, darnos algo de seguridad a los vecinos".
Esperanzados, estos portavoces vecinales plantean la posibilidad de organizar manifestaciones "donde más ruido se haga" para denunciar su situación.
La pregunta que se plantean siempre es la misma: "¿Por qué nosotros?", expone Paco Sáez, presidente de Asío. Playas como Las Gaviotas o El Balayo, con casas en zonas cercanas y a escasos kilómetros de Igueste, no están afectadas. "No pretendemos que les hagan nada pero no llegamos a comprender cómo esto solo nos ocurre a nosotros cuando por cercanía somos iguales", manifestó Sáez. "No hemos hecho mucho ruido porque siempre hemos confiado en el sentido común", apuntó José María. Además, "la desinformación que sufrimos es enorme y solo nos enteramos de lo que ocurre por lo que aparece publicado en los medios de comunicación", añadió.
Ambos colectivos entregaron en nombre de todos los vecinos afectados toda la documentación necesaria, al menos la que se les requirió, para demostrar su condición de zona urbana anterior a la aprobación de la Ley de Costas en 1988. Sin embargo, a la magistrada que llevó el caso en la Audiencia Nacional, Elisa Veiga, no le parecieron suficientes argumentos.
"Está claro que las casas que están a menos de 20 metros no se podrán salvar. Nuestra única aspiración es que no las derriben, algo por lo que lucharemos sin parar", señaló Yolanda Déniz, vocal de Asío. "Hay que tener en cuenta que muchas personas, la mayoría, viven en estas casas y no tienen otra a donde ir", remarcó. Algunas viviendas en el pueblo han pasado de una generación a otra. Abuelos, padres y ahora hijos o nietos disfrutan de ellas. En esta misma línea pusieron de manifiesto que de nuevo, por falta de explicaciones de las administraciones públicas implicadas, no saben si les darán "algún tipo de compensación económica" por tener que abandonar o no poder reformar sus casas en el futuro. "Las viviendas pierden valor y eso nadie lo pagará", dijo.
Estos vecinos afirmaron que ya son muchos años los que llevan luchando. Hay cartas dirigidas a los propietarios con remite de la Dirección General de Costas del año 2002. Tras una década parece que "nada ha cambiado", remarcó José María Alberto. Ahora tendrán que empezar de nuevo en el Tribunal Supremo, presentar una vez más toda la documentación necesaria y continuar con la tensa espera
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/01/25/panico-derribos/392862.html
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