Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

jueves, 19 de enero de 2012

La Audiencia ratifica que la mitad de las casas y fincas de Igueste son ilegales



97 solares y 22 viviendas están en dominio público, según la sentencia
La Audiencia Nacional ha ratificado que 97 fincas y 22 viviendas de Igueste de San Andrés, casi la mitad de las parcelas privadas del pueblo santacrucero, invaden el dominio público, son ilegales y podrían ser eliminadas en aplicación de la actual Ley de Costas.
La magistrada Elisa Veiga avala, en una sentencia del 22 de diciembre a la que ha tenido acceso este diario, la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 2010 que establece el deslinde del dominio público marítimo terrestre de Igueste –la frontera que divide la zona en la que puede haber edificaciones y fincas privadas de la que no– en 100 metros, cuando los propietarios afectados pedían que la línea se redujera a 20 metros. Todos los inmuebles y cultivos que se encuentran en los 100 metros a partir de la orilla, esas 97 fincas y 22 viviendas, quedan pues fuera de ordenación
.
Según la sentencia, los terrenos del pleito "no estaban calificados como suelo urbano en el Plan General de Ordenación aprobado en 1957" y en la revisión de 1992 dichos terrenos "estaban calificados como rústicos". "Al no estar calificados como urbanos, no puede considerarse ajustada a derecho la servidumbre de protección pretendida por los afectados de 20 metros".
Uno de los documentos en los que se amparaban los denunciantes , concretamente 11 de los afectados, para pedir el deslinde de 20 metros y poder legalizar así sus propiedades es el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de 2007 en el que se reconoce el carácter urbano de los terrenos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas. La Audiencia Nacional, sin embargo, alega que esta decisión fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que "no se puede tener en cuenta".
La magistrada, además, tumba otros de los argumentos de los vecinos afectados de que las viviendas y fincas tenían vías de acceso municipales, energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento de aguas y evacuación de aguas residuales antes de la aprobación de la Ley de Costas. Sobre el servicio de aguas, la sentencia señala que Emmasa solo aportó un único contrato relativo al suministro y alcantarillado, de 1980, por lo que "no demuestra que la totalidad del núcleo de Igueste de San Andrés contara con esos servicios".
Acerca del suministro eléctrico, la Audiencia Nacional refiere que "las fotocopias de un escrito de la empresa Unelco son difícilmente legibles y no tienen fuerza probatoria". Y, por último, sobre las vías de acceso, indica que "no se deducen del documento aportado por los afectados".
La magistrada añade en la sentencia una dura crítica contra el Ayuntamiento chicharrero y la Cotmac, dependiente del Gobierno de Canarias, por manifestar en algunos informes remitidos por los demandantes que las fincas y viviendas afectadas se encuentran en suelo urbano: "Las manifestaciones del Ayuntamiento y la Cotmac resultan sorprendentes, pues estas administraciones, la municipal y la autonómica, son las mismas que habían aprobado el Plan General en el que los terrenos del pleito no aparecían calificados como suelo urbano". "Pero es más, en el Plan General de 1992 nuevamente las administraciones citadas mantienen la calificación como no urbano".
José Luis Langa, representante legal de los vecinos afectados, señaló ayer que va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y que no prevé el derribo de las 22 viviendas, ni la eliminación de las 97 fincas, por la promesa del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy de modificar la Ley de Costas. "Confío en que los cambios legales que ha anunciado el Gobierno de Rajoy permita que este y otros núcleos costeros de la Isla queden al amparo de la Ley y no se repita lo que ocurrió en Cho Vito", dijo.
Langa se mostró sorprendido por la sentencia de la Audiencia Nacional. "Si este núcleo no está urbanísticamente consolidado, no hay ninguna construcción en toda la costa de Tenerife que lo esté. Creo que el grupo de vecinos afectados aportó documentación con la suficiente solidez como para haber recibido un fallo favorable". El letrado añadió que ahora habrá que esperar al recurso sobre esta sentencia y a las otras tres pendientes sobre la situación de la mitad de las fincas y casas de Igueste de San Andrés.
La diputada nacional socialista Patricia Hernández, desde ayer integrante de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, no prevé, sin embargo, que el PP permita con los cambios anunciados en la normativa de Costas que se legalicen las viviendas que invaden el dominio público
.
Sobre el caso de Igueste, Hernández entiende que "hay que buscar la mejor solución para los afectados dentro de la legalidad vigente". "Habría que buscar soluciones dando prioridad a los afectados con primeras residencias, como se ha hecho en otros sitios de la costa". "En cualquier cosa, habrá que esperar a las sentencias pendientes para tomar una decisión", concluyó
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/01/19/audiencia-ratifica-mitad-casas-fincas-igueste-son-ilegales/391673.html

España llevará a cabo una profunda reforma de su polémica Ley de Costas



La ‘profunda reforma’ de la Ley de Costas que anunciaba hace unos días el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha provocado ya numerosas reacciones a favor y en contra, lógicas en una norma polémica desde su entrada en vigor en 1998.
El anuncio del ministro de llevar a cabo ‘una reforma muy profunda’ de la ley de costas tenía lugar el pasado sábado 14 de enero, durante la toma de posesión de altos cargos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
No les descubro nada si les digo que una parte muy importante de nuestra riqueza es el litoral español y por ello este ministerio va a poner en valor el conjunto de playas y costas españolas en base a la sostenibilidad ambiental’, explicó el ministro. ‘Una de nuestras prioridades será la simplificación de la normativa medioambiental para agilizar los tramites administrativos y evitar que se conviertan en freno para las inversiones’.
Según Arias Cañete, para llevar a cabo la reforma se realizará ‘un análisis muy riguroso’ de los diferentes usos del litoral ‘sin renunciar a la protección de los recursos marinos’.
Entre los primeros que han reaccionado favorablemente a este anuncio se encuentra la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC). Su representante en Canarias, José Luis Langa, ha solicitado al ministro ‘que invalide el carácter retroactivo de la actual ley, que durante estos años ha puesto en peligro la estabilidad y el derecho a la propiedad privada de cientos de canarios que ahora están amenazados por la ley’.
Langa ha solicitado al Gobierno una moratoria en la aplicación de la ley para los vecinos de poblaciones como Santa Lucía o Los Roques, en Tenerife; o Valle Gran Rey, en La Gomera; ‘que viven con la espada de Damocles pues en cualquier momento les pueden echar de sus casas’, asegura.
También se han mostrado optimistas ante la reforma los representantes de los chiringuitos de la costa de Valencia y Andalucía, a los que en meses pasados la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, había rechazado varias solicitudes de de apertura de sus terrazas.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha solicitado que la reforma de la Ley de Costas incluya la participación de los archipiélagos canario y balear en la gestión de su litoral, una petición que viene de lejos.
En cambio, las organizaciones ecologistas han mostrado preocupación por esta reforma de la Ley de Costas. La directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, ha explicado que es ‘la única garantía que existe para frenar la especulación urbanística en el litoral’, y así se lo explicará al ministro esta semana su organización que, junto con Ecologistas en Acción, Seo Bird-Life, WWF y Amigos de la Tierra se reúnen esta semana con el ministro.
La secretaria de Estado española de Turismo, Isabel María Borrego, se ha referido también a la modificación de la Ley en Murcia, donde se ha reunido este fin de semana con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel: ‘no va a afectar negativamente al sector turístico y va a tener unas consecuencias positivas’.
En los últimos años, la aplicación con carácter retroactivo de la actual Ley de Costas por el anterior Gobierno ha resultado muy polémica al afectar a edificaciones anteriores a la misma y construidas en su momento con los permisos exigidos.
En octubre de 2008 llevó al derribo de pequeñas poblaciones pesqueras situadas al borde del mar, como la de Cho Vito en el municipio de la Candelaria, Tenerife, un proceso traumático contra el que incluso se alzaron voces de organizaciones ecologistas.

Mientras, en las mismas Islas Canarias, el palacio tinerfeño de La Mareta, Lanzarote, perteneciente al Patrimonio del Estado y que incumple la Ley de Costas de manera ostentosa, era utilizado como lugar de veraneo en 2004 y 2009 por el propio presidente del Gobierno.
La reforma de esta ley decidirá el futuro de miles de edificaciones al borde del mar, que incumplen claramente la distancia establecida como de espacio público por la Ley actual, pero siguen en pie.
http://www.expreso.info/es/noticias/espana/24387_espana_llevara_cabo_una_profunda_reforma_de_su_polemica_ley_de_costas

Agonane denuncia a Costas por privatizar la playa en Corralejo



El Ministerio dio una concesión de casi 2.000 metros cuadrados al hotel Bahía Real para zona de baños
La concesión de casi 2.000 metros cuadrados de franja costera al hotel Bahía Real se ha topado con la oposición del colectivo ecologista Agonane
. Costa dio en noviembre la concesión que supone la «privatización de la playa» de Corralejo y «un daño irreversible» para los sebadales.
Contra la autorización que Costas otorga al hotel Bahía Real para la instalación de plataformas y dragado del fondo marino frente a la playa donde se ubica este establecimiento turístico en Corralejo, el colectivo ecologista Agonane ha presentado un recurso de reposición. El grupo se opone radicalmente al proyecto por suponer «una auténtica privatización de la playa» y rechaza el dragado por conllevar «un daño irreversible» al fondo marino, junto a un área marina especial, la ZEC Sebadales de Corralejo.

Agonane presentó alegaciones contra el proyecto en su momento cuando salió a información pública y ahora recurre contra la autorización concedida por Costas que además no obliga a los promotores a realizar un estudio de impacto ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, otorgó en noviembre de 2011 la concesión al hotel para ocupar unos 1.976 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-terrestre con destino a áreas de baño.

Para los ecologistas, resulta «inconcebible» que con una autorización de carácter temporal se posibilite un cambio permanente en la morfología de la costa tan importante como es la de Corralejo.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=246186

martes, 17 de enero de 2012

El CCN pide una moratoria en Canarias a la aplicación de la actual Ley de Costas

El portavoz federal del CCN, Benito Codina, pide una moratoria en la aplicación de la vigente Ley de Costas para los núcleos costeros canarios con órdenes de derribo hasta que la reforma anunciada por el ministro Arias Cañete vea la luz.
De esta manera, el CCN se suma a la reclamación realizada por la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. Según Codina, la actual norma es “absolutamente injusta por su retroactividad, arbitrariedad y lesión de la propiedad privada, cuestiones que han generado y están generando graves consecuencias sociales y económicas en nuestro archipiélago, y por ello hay que cambiarla”.
Codina apunta que el “primer paso” es cambiar esta ley que tan “torticeramente” han utilizado los socialistas durante su etapa de gobierno para luego pedir la asunción de esa competencia por parte del Gobierno de Canarias, ya que gestionar una norma “expoliadora e injusta no es del gusto de nadie”, pero dice que no será así ante una que ofrezca “seguridad jurídica” a los canarios y “vele” por el desarrollo armónico del litoral.
http://www.canariasactual.com/2012/01/17/el-ccn-pide-una-moratoria-en-canarias-a-la-aplicacion-de-la-actual-ley-de-costas/

Ecologistas y afectados por la Ley de Costas discrepan sobre su modificación

Ecologistas y afectados canarios por la Ley de Costas mostraron hoy su discrepancia sobre la necesidad de modificar "en profundidad" la actual normativa, anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
El primer director la Agencia Canaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Faustino García, ha asegurado a EFE que la Ley de Costas es de las "mejores normativas que hay para la defensa del territorio y que la intención de modificarla responde a la intención de entregar el patrimonio natural a la "voracidad del ladrillo".
Faustino García ha destacado la validez de la Ley de Costas para defender el litoral y ha criticado que a pesar de la experiencia de la crisis económica, "en buena parte por culpa de la burbuja inmobiliaria", la reforma de la normativa "sigue alimentando las fantasías eróticas del Gobierno".
Por su parte, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) considera que no es necesario cambiar la Ley de Costas, sino lo que hace falta es que se cumpla lo que está previsto en la actual normativa, ha señalado el portavoz de la organización, Eustaquio Villalba.
Villalba, en declaraciones a EFE, ha criticado que en Canarias sería muy negativo modificar la Ley y que se permitan construcciones en el litoral, ya que ha añadido que en el archipiélago se ha utilizado de forma demagógica el caso de los enclaves situados en el litoral para crear un estado en la opinión pública contraria a lo que dictaba la Ley de Costas
.
Por otra parte, José Luis Langa, abogado y representante en Canarias de la Asociación de afectados europeos por la Ley de Costas, mostró su "satisfacción" por el anuncio de Arias Cañete y aseguró que, sin conocer esa modificación, "hace años que venimos pidiendo que la Ley, que es de 1988, no se aplique con carácter retroactivo como la actual normativa permite".
"La actual Ley de Costas perjudica a más de 150.000 ciudadanos canarios, afecta a la cultura, a la historia y a la tradición del pueblo canario porque existen construcciones desde hace siglos que se ven afectadas por la Ley", aseveró Langa a EFE.
No obstante, el abogado, que defiende a afectados de Igueste de San Andrés (Tenerife) y Valle Gran Rey (La Gomera), entre otros, precisó que "no estamos a favor de la construcción indiscriminada y creemos que se puede compatibilizar la defensa del medio ambiente con los intereses de los afectados que levantaron sus casas antes de 1988".
"La actual Ley de Costas, que se aplica con carácter retroactivo, crea inseguridad jurídica y conculca principios constitucionales, como el derecho a la propiedad y afecta a los tratados internacionales", subrayó el letrado.
"En Canarias existe residentes alemanes y británicos que dudan en poner sus negocios o comprar residencias porque creen que les va a afectar la Ley de Costas y les van a destruir sus casas y negocios, por lo que también afecta al turismo, la principal fuente de ingresos de Canarias", agregó
.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1070232

domingo, 15 de enero de 2012

Rivero dice que la Ley de Costas debe incluir la participación de los archipiélagos en la gestión de su litoral

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC), ha solicitado que la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, debe incluir la participación de los archipiélagos canario y balear en la gestión de su litoral.
Así se expresó el máximo mandatario regional en el último post de su blog [paulinorivero.com], mientras recordó que esta petición --de la gestión de sus costas-- ya se puso de manifiesto durante la celebración esta semana del primer encuentro Canarias Baleares.
"El presidente José Ramón Bauzá y yo coincidíamos en muchos análisis, así como en el enfoque y las medidas que requieren tantas realidades compartidas por ambos archipiélagos. Como acertadamente apuntó el presidente balear, es fácil que dos territorios con nuestras características acumulen puntos de encuentro y, a partir de ahí, que asome la voluntad de colaborar y trabajar conjuntamente en la reivindicación de soluciones adaptadas a nuestras islas", dijo.
Aquí, agregó que estas coincidencias entre ambos archipiélagos no acaban en la necesidad de que el Estado mejore la conectividad y accesibilidad de las dos regiones, en un 'plan renove' para el turismo, en la gestión de los aeropuertos o en las bonificaciones a las tasas aéreas.

BALEARES Y CANARIAS COINCIDEN EN LA IMPORTANCIA DE SUS COSTAS
"No acaban ahí las coincidencias --insistió Rivero--, porque Baleares y Canarias comparten también la importancia de nuestras costas, relevancia que apunta a la defensa de valores medioambientales y de un uso responsable del territorio, sin duda, pero también a la conveniencia de que los gobiernos autonómicos de ambos archipiélagos participemos en la gestión y en las decisiones que afectan a nuestro litoral".
Rivero apuntó asimismo, que la experiencia demuestra que el desconocimiento de las realidades insulares "desemboca a veces en decisiones que se mueven entre la injusticia, la inoportunidad y la torpeza".
En este sentido, el presidente canario entendió que para evitar esos errores, especialmente en lo que se refiere a la gestión de una parte "tan sensible" del territorio, las decisiones deben 'acercarse' al espacio afectado por dichas decisiones, de forma que los gobiernos autonómicos --y en algunos casos las corporaciones locales-- sean actores y no meros observadores en actuaciones muchas veces trascendentales.

RAZONES DE PESO PARA TENER VOZ PROPIA

El nacionalista añadió que si la actual Ley de Costas tiene los días "verdaderamente contados" hay razones de peso para defender que Canarias y Baleares tengan voz y participación en la reforma en profundidad que ha anunciado el ministro. "O, dicho de otra manera --continuó--, no sería razonable que esa reforma de la Ley de Costas se lleve a cabo sin escuchar a Baleares y Canarias".
"No debe olvidarse que hablamos de un elemento muy potente, de una pieza clave para mejorar la competitividad del sector turístico. En esa dirección, es necesario un uso verdaderamente racional de las posibilidades que nos ofrece la costa, el mar. Por eso queremos tener presencia en la gestión de las costas", dijo.
Por último Rivero hizo especial hincapié en que tanto para Baleares como para Canarias, este asunto estará en la hoja de ruta de los temas que van a plantear al Gobierno de España, con el objetivo de buscar un instrumento que permita participar para mejorar la gestión de sus costas.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rivero-dice-ley-costas-debe-incluir-participacion-archipielagos-gestion-litoral-20120115153111.html

Los afectados por la Ley de Costas reclaman una moratoria

Los populares confían en que la nueva norma proteja los asentamientos marineros
La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas reclama a Madrid una moratoria para los núcleos costeros con orden de derribo hasta que desde el Ministerio de Medio Ambiente se aclare cuál será el sentido de la reforma anunciada por Arias Cañete
.
El representante de la Aeplc en las Islas, José Luis Langa, reclamó ayer la protección de los asentamientos -un millar de propietarios han recibido órdenes de derribo- que ya tenían carácter consolidado antes de la aprobación de la norma, en 1988, y se atienda, igualmente, su carácter cultural y etnográfico.
Langa González, para quien la nueva ley en ningún momento debe ir en contra de la protección del medio ambiente y de los espacios protegidos, confía en que se "invalide la actual retroactividad de una ley", dice, "que durante estos años ha puesto en peligro la estabilidad y el derecho a la propiedad privada de cientos de canarios".
En el mismo sentido se manifestó la portavoz del PP, María Australia Navarro, apuntó ayer que, "aunque aún es pronto para conocer cuál será el contenido de la nueva ley", desde el partido en las Islas se espera que se tomen en consideración las iniciativas legislativas impulsadas por el PP en los últimos dos años para salvaguardar estos asentamientos y considerarlos elementos fundamentales en la imagen del Archipiélago. "Sin los pueblos marineros las costas insulares serían irreconocibles", defiende la también presidenta del PP en Gran Canaria.
http://www.laprovincia.es/canarias/2012/01/15/afectados-ley-costas-reclaman-moratoria/430555.html