97 solares y 22 viviendas están en dominio público, según la sentencia
La Audiencia Nacional ha ratificado que 97 fincas y 22 viviendas de Igueste de San Andrés, casi la mitad de las parcelas privadas del pueblo santacrucero, invaden el dominio público, son ilegales y podrían ser eliminadas en aplicación de la actual Ley de Costas.
La magistrada Elisa Veiga avala, en una sentencia del 22 de diciembre a la que ha tenido acceso este diario, la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 2010 que establece el deslinde del dominio público marítimo terrestre de Igueste –la frontera que divide la zona en la que puede haber edificaciones y fincas privadas de la que no– en 100 metros, cuando los propietarios afectados pedían que la línea se redujera a 20 metros. Todos los inmuebles y cultivos que se encuentran en los 100 metros a partir de la orilla, esas 97 fincas y 22 viviendas, quedan pues fuera de ordenación.
Según la sentencia, los terrenos del pleito "no estaban calificados como suelo urbano en el Plan General de Ordenación aprobado en 1957" y en la revisión de 1992 dichos terrenos "estaban calificados como rústicos". "Al no estar calificados como urbanos, no puede considerarse ajustada a derecho la servidumbre de protección pretendida por los afectados de 20 metros".
Uno de los documentos en los que se amparaban los denunciantes , concretamente 11 de los afectados, para pedir el deslinde de 20 metros y poder legalizar así sus propiedades es el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de 2007 en el que se reconoce el carácter urbano de los terrenos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas. La Audiencia Nacional, sin embargo, alega que esta decisión fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que "no se puede tener en cuenta".
La magistrada, además, tumba otros de los argumentos de los vecinos afectados de que las viviendas y fincas tenían vías de acceso municipales, energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento de aguas y evacuación de aguas residuales antes de la aprobación de la Ley de Costas. Sobre el servicio de aguas, la sentencia señala que Emmasa solo aportó un único contrato relativo al suministro y alcantarillado, de 1980, por lo que "no demuestra que la totalidad del núcleo de Igueste de San Andrés contara con esos servicios".
Acerca del suministro eléctrico, la Audiencia Nacional refiere que "las fotocopias de un escrito de la empresa Unelco son difícilmente legibles y no tienen fuerza probatoria". Y, por último, sobre las vías de acceso, indica que "no se deducen del documento aportado por los afectados".
La magistrada añade en la sentencia una dura crítica contra el Ayuntamiento chicharrero y la Cotmac, dependiente del Gobierno de Canarias, por manifestar en algunos informes remitidos por los demandantes que las fincas y viviendas afectadas se encuentran en suelo urbano: "Las manifestaciones del Ayuntamiento y la Cotmac resultan sorprendentes, pues estas administraciones, la municipal y la autonómica, son las mismas que habían aprobado el Plan General en el que los terrenos del pleito no aparecían calificados como suelo urbano". "Pero es más, en el Plan General de 1992 nuevamente las administraciones citadas mantienen la calificación como no urbano".
José Luis Langa, representante legal de los vecinos afectados, señaló ayer que va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y que no prevé el derribo de las 22 viviendas, ni la eliminación de las 97 fincas, por la promesa del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy de modificar la Ley de Costas. "Confío en que los cambios legales que ha anunciado el Gobierno de Rajoy permita que este y otros núcleos costeros de la Isla queden al amparo de la Ley y no se repita lo que ocurrió en Cho Vito", dijo.
Langa se mostró sorprendido por la sentencia de la Audiencia Nacional. "Si este núcleo no está urbanísticamente consolidado, no hay ninguna construcción en toda la costa de Tenerife que lo esté. Creo que el grupo de vecinos afectados aportó documentación con la suficiente solidez como para haber recibido un fallo favorable". El letrado añadió que ahora habrá que esperar al recurso sobre esta sentencia y a las otras tres pendientes sobre la situación de la mitad de las fincas y casas de Igueste de San Andrés.
La diputada nacional socialista Patricia Hernández, desde ayer integrante de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, no prevé, sin embargo, que el PP permita con los cambios anunciados en la normativa de Costas que se legalicen las viviendas que invaden el dominio público.
Sobre el caso de Igueste, Hernández entiende que "hay que buscar la mejor solución para los afectados dentro de la legalidad vigente". "Habría que buscar soluciones dando prioridad a los afectados con primeras residencias, como se ha hecho en otros sitios de la costa". "En cualquier cosa, habrá que esperar a las sentencias pendientes para tomar una decisión", concluyó
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/01/19/audiencia-ratifica-mitad-casas-fincas-igueste-son-ilegales/391673.html
La Audiencia Nacional ha ratificado que 97 fincas y 22 viviendas de Igueste de San Andrés, casi la mitad de las parcelas privadas del pueblo santacrucero, invaden el dominio público, son ilegales y podrían ser eliminadas en aplicación de la actual Ley de Costas.
La magistrada Elisa Veiga avala, en una sentencia del 22 de diciembre a la que ha tenido acceso este diario, la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 2010 que establece el deslinde del dominio público marítimo terrestre de Igueste –la frontera que divide la zona en la que puede haber edificaciones y fincas privadas de la que no– en 100 metros, cuando los propietarios afectados pedían que la línea se redujera a 20 metros. Todos los inmuebles y cultivos que se encuentran en los 100 metros a partir de la orilla, esas 97 fincas y 22 viviendas, quedan pues fuera de ordenación.
Según la sentencia, los terrenos del pleito "no estaban calificados como suelo urbano en el Plan General de Ordenación aprobado en 1957" y en la revisión de 1992 dichos terrenos "estaban calificados como rústicos". "Al no estar calificados como urbanos, no puede considerarse ajustada a derecho la servidumbre de protección pretendida por los afectados de 20 metros".
Uno de los documentos en los que se amparaban los denunciantes , concretamente 11 de los afectados, para pedir el deslinde de 20 metros y poder legalizar así sus propiedades es el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de 2007 en el que se reconoce el carácter urbano de los terrenos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas. La Audiencia Nacional, sin embargo, alega que esta decisión fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que "no se puede tener en cuenta".
La magistrada, además, tumba otros de los argumentos de los vecinos afectados de que las viviendas y fincas tenían vías de acceso municipales, energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento de aguas y evacuación de aguas residuales antes de la aprobación de la Ley de Costas. Sobre el servicio de aguas, la sentencia señala que Emmasa solo aportó un único contrato relativo al suministro y alcantarillado, de 1980, por lo que "no demuestra que la totalidad del núcleo de Igueste de San Andrés contara con esos servicios".
Acerca del suministro eléctrico, la Audiencia Nacional refiere que "las fotocopias de un escrito de la empresa Unelco son difícilmente legibles y no tienen fuerza probatoria". Y, por último, sobre las vías de acceso, indica que "no se deducen del documento aportado por los afectados".
La magistrada añade en la sentencia una dura crítica contra el Ayuntamiento chicharrero y la Cotmac, dependiente del Gobierno de Canarias, por manifestar en algunos informes remitidos por los demandantes que las fincas y viviendas afectadas se encuentran en suelo urbano: "Las manifestaciones del Ayuntamiento y la Cotmac resultan sorprendentes, pues estas administraciones, la municipal y la autonómica, son las mismas que habían aprobado el Plan General en el que los terrenos del pleito no aparecían calificados como suelo urbano". "Pero es más, en el Plan General de 1992 nuevamente las administraciones citadas mantienen la calificación como no urbano".
José Luis Langa, representante legal de los vecinos afectados, señaló ayer que va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y que no prevé el derribo de las 22 viviendas, ni la eliminación de las 97 fincas, por la promesa del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy de modificar la Ley de Costas. "Confío en que los cambios legales que ha anunciado el Gobierno de Rajoy permita que este y otros núcleos costeros de la Isla queden al amparo de la Ley y no se repita lo que ocurrió en Cho Vito", dijo.
Langa se mostró sorprendido por la sentencia de la Audiencia Nacional. "Si este núcleo no está urbanísticamente consolidado, no hay ninguna construcción en toda la costa de Tenerife que lo esté. Creo que el grupo de vecinos afectados aportó documentación con la suficiente solidez como para haber recibido un fallo favorable". El letrado añadió que ahora habrá que esperar al recurso sobre esta sentencia y a las otras tres pendientes sobre la situación de la mitad de las fincas y casas de Igueste de San Andrés.
La diputada nacional socialista Patricia Hernández, desde ayer integrante de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, no prevé, sin embargo, que el PP permita con los cambios anunciados en la normativa de Costas que se legalicen las viviendas que invaden el dominio público.
Sobre el caso de Igueste, Hernández entiende que "hay que buscar la mejor solución para los afectados dentro de la legalidad vigente". "Habría que buscar soluciones dando prioridad a los afectados con primeras residencias, como se ha hecho en otros sitios de la costa". "En cualquier cosa, habrá que esperar a las sentencias pendientes para tomar una decisión", concluyó
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/01/19/audiencia-ratifica-mitad-casas-fincas-igueste-son-ilegales/391673.html
