El Ayuntamiento protegerá a Jover, El Guincho y La Caleta
JUAN JESÚS GUTIÉRREZ | LA LAGUNA
El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad una moción institucional a favor de la Ley 7/2009 de 6 de mayo, sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, y así proteger a los núcleos costeros de Jover, El Guincho y La Caleta, que están comprendidos dentro de la servidumbre de protección de la Ley de Costas nacional, además de dotarlas de los servicios urbanísticos básicos, especialmente de evacuación de aguas residuales que impida su vertido al mar.
Además se elaborará un censo de viviendas ubicadas en el dominio marítimo terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección, establecido por la disposición adicional decimoquinta del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias. Será una relación de edificaciones que tengan un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, con valoración de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.
En esta Ley 7/2009, de 6 de mayo, no cabe la legitimación del uso residencial existente. La razón de que la línea de servidumbre se disponga a 100 metros y no a 20 como ocurre en el caso de La Barranquera, responde a que en el PGO vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, los núcleos de Jover, El Guincho y La Caleta no estaban clasificados como suelo urbano.
El Ayuntamiento deberá ordenar como residencial la parte de dichos núcleos que queda fuera de la línea de 20 metros, que es la que correspondería si los mismos fueran declarados por el Ejecutivo canario como asentamientos residenciales preexistentes a la Ley de Costas, si bien la suspensión de la normativa canaria por el Tribunal Constitucional, a instancias del PSOE impide, de momento, poder otorgar seguridad jurídica y certidumbre sobre los derechos patrimoniales a los enclaves urbanos y costeros.
La concejal de Urbanismo, Aymara Calero, señaló que “consideramos de vital importancia la ordenación residencial de la parte de los núcleos costeros que quedan al exterior de la línea de 20 metros. De esta manera, como proponemos en el nuevo PGO, podremos dar servicios a estos enclaves y mejorar sus condiciones de urbanización para que alcancen el carácter de suelo urbano consolidado”.
“http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/11934/
De la misma manera, colaboraremos con el Gobierno de Canarias para elaborar el registro de las edificaciones ubicadas en el dominio marítimo terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección. En el mismo incluiremos el compromiso de instalación de los servicios urbanísticos básicos, especialmente, el sistema de evacuación de aguas residuales que impida su vertido incontrolado al mar y así garantizar el equilibrio ambiental”, finalizó
Nuestros pueblos costeros.Canarias
sábado, 22 de mayo de 2010
viernes, 21 de mayo de 2010
Derribo del Edificio la Tortuga. Melenara. Gran Canaria.
Gran Canaria
19/05/2010 Actualizada el 19/05 a las 17:26
Comienza el derribo de La Tortuga ante la expectación y la indignación vecinal
G.F.
Las Palmas de Gran Canaria
El derribo del polémico edificio de La Tortuga, en la playa teldense de Melenara, en Gran Canaria, comenzó a pasadas las 14.30 horas de hoy ante la expectación y la indignación de las decenas de vecinos que se agolpan para presenciar la caída de un inmueble que data de 1965.
Una enorme excavadora proseguía los trabajos durante la tarde ante una abarrotada playa.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=169341
Arbitrariedad. Una curiosa y peculiar "vara de medir" de Costas
Costas legaliza 32 edificios en Añaza y condena a 75 fincas de Igueste
El Ministerio elevó ayer a definitiva la propuesta de delimitación del suelo público en más de 8 kilómetros
NOÉ RAMÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE La Dirección General de Costas dio ayer un nuevo paso a la hora de fijar el deslinde de todo el municipio de Santa Cruz al marcar de forma definitiva la delimitación en Añaza y en Igueste de San Andrés. En la primera zona, Costas aceptó salvar a 32 edificaciones al variar su propuesta inicial de mantenerlas dentro de la zona de protección. Sin embargo, en Anaga, en el otro extremo del municipio, ocurre lo contrario y se verán afectadas 75 fincas, entre las que hay una decena de viviendas que quedan fuera de ordenación y corren el riesgo de ser derribadas en el futuro.
En Añaza, el organismo estatal del Ministerio de Medio Ambiente fijó el deslinde de más de tres kilómetros entre el Barranco del Humilladero y el Barranco del Muerto. Costas mantiene una zona de protección de cien metros en todo el trazado, pero acepta dejar fuera de la misma a los núcleos urbanos de Añaza. En este punto se encontraban inicialmente afectadas hasta 32 propiedades, algunas incluso del Ayuntamiento. Hay hasta cuatro grupos de viviendas sociales que pertenecen al organismo público Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SA (Visocan).
Esta decisión originó críticas por parte de los colectivos vecinales que fueron finalmente aceptadas por la Dirección General. No obstante, estarán incluidas en la zona de protección varias infraviviendas y algunas zonas deportivas, que podrían desaparecer. Costas acepta que el subpolígono de Añaza se creó en 1987, justo un año antes de la aplicación de la Ley de Costas y por lo tanto no está afectado por esta ley.
Igueste
Peor parado sale el núcleo costero de Igueste, donde la zona de protección se mantiene también en 100 metros e incluso aumenta ligeramente sobre la propuesta inicial. En este caso se verán afectadas 75 propiedades situadas en primera línea de playa, de las cuales una decena son viviendas.
Decepción
Así se deduce de la delimitación definitiva de deslinde publicada también ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que afecta a los cinco kilómetros que hay entre la playa de El Burro y la de Antequera. La decepción era ayer perceptible en el abogado de este grupo de vecinos, José Luis Langa, quien mostraba su estupor por el paso dado por el Gobierno central.
"Me parece increíble que cuando aún hay abierto un frente judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre este asunto, el Ministerio se haya pronunciado ya de forma definitiva", se quejó al referirse al recurso presentado por Costas contra la decisión de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de declarar urbano el núcleo de Igueste y por lo tanto permitir que la zona de protección se fije en 20 metros. Esta resolución judicial ha favorecido a los vecinos de Almáciga, Tachero y Roque de Las Bodegas.
Langa calcula en casi 300 las personas que de una forma u otra está afectadas por este nuevo deslinde. El abogado, al conocer ayer la decisión de Costas, anunció que se va a reunir con los vecinos para informarles de la situación, aunque ya adelantó que seguramente acuerden recurrir ante la Audiencia Nacional esta decisión.
Para Langa es imprescindible un apoyo político sin fisuras para que el Gobierno central comprenda las especificidades del litoral canario. Entre las peculiaridades del nuevo deslinde de Igueste está, por ejemplo, que el faro también entra dentro del dominio público. Sobre el régimen en el que ahora permanecerán estas viviendas y fincas, desde el organismo estatal se recuerda que en realidad se encuentran en terrenos del Gobierno de Canarias.
Legalmente las construcciones y solares quedan fuera de ordenación y por lo tanto su valor catastral será prácticamente mínimo. En las parcelas no se podrá edificar y en las casas ya existentes, que según este abogado tienen en algunos de los casos varios siglos de antigüedad, las obras a realizar serán muy limitadas.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo tinerfeño y el Ejecutivo autónomo ya han mostrado su apoyo a los vecinos de Igueste en sus reivindicaciones. Por su parte, el abogado del Estado en su informe inicial consideró que la urbanización de este caserío había sido "casual" y no contaba con los servicios precisos para ser considerada zona urbana.
En el caso de Añaza, las protestas iniciales, planteadas incluso por el alcalde, Miguel Zerolo y la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, en una reunión que tuvo lugar en Madrid hace dos años, dieron sus frutos y se consiguió el compromiso de modificar los presupuestos iniciales de este tramo de la costa.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/05/21/costas-legaliza-32-edificios-anaza-condena-75-fincas-igueste/286786.html
El Ministerio elevó ayer a definitiva la propuesta de delimitación del suelo público en más de 8 kilómetros
NOÉ RAMÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE La Dirección General de Costas dio ayer un nuevo paso a la hora de fijar el deslinde de todo el municipio de Santa Cruz al marcar de forma definitiva la delimitación en Añaza y en Igueste de San Andrés. En la primera zona, Costas aceptó salvar a 32 edificaciones al variar su propuesta inicial de mantenerlas dentro de la zona de protección. Sin embargo, en Anaga, en el otro extremo del municipio, ocurre lo contrario y se verán afectadas 75 fincas, entre las que hay una decena de viviendas que quedan fuera de ordenación y corren el riesgo de ser derribadas en el futuro.
En Añaza, el organismo estatal del Ministerio de Medio Ambiente fijó el deslinde de más de tres kilómetros entre el Barranco del Humilladero y el Barranco del Muerto. Costas mantiene una zona de protección de cien metros en todo el trazado, pero acepta dejar fuera de la misma a los núcleos urbanos de Añaza. En este punto se encontraban inicialmente afectadas hasta 32 propiedades, algunas incluso del Ayuntamiento. Hay hasta cuatro grupos de viviendas sociales que pertenecen al organismo público Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SA (Visocan).
Esta decisión originó críticas por parte de los colectivos vecinales que fueron finalmente aceptadas por la Dirección General. No obstante, estarán incluidas en la zona de protección varias infraviviendas y algunas zonas deportivas, que podrían desaparecer. Costas acepta que el subpolígono de Añaza se creó en 1987, justo un año antes de la aplicación de la Ley de Costas y por lo tanto no está afectado por esta ley.
Igueste
Peor parado sale el núcleo costero de Igueste, donde la zona de protección se mantiene también en 100 metros e incluso aumenta ligeramente sobre la propuesta inicial. En este caso se verán afectadas 75 propiedades situadas en primera línea de playa, de las cuales una decena son viviendas.
Decepción
Así se deduce de la delimitación definitiva de deslinde publicada también ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que afecta a los cinco kilómetros que hay entre la playa de El Burro y la de Antequera. La decepción era ayer perceptible en el abogado de este grupo de vecinos, José Luis Langa, quien mostraba su estupor por el paso dado por el Gobierno central.
"Me parece increíble que cuando aún hay abierto un frente judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre este asunto, el Ministerio se haya pronunciado ya de forma definitiva", se quejó al referirse al recurso presentado por Costas contra la decisión de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de declarar urbano el núcleo de Igueste y por lo tanto permitir que la zona de protección se fije en 20 metros. Esta resolución judicial ha favorecido a los vecinos de Almáciga, Tachero y Roque de Las Bodegas.
Langa calcula en casi 300 las personas que de una forma u otra está afectadas por este nuevo deslinde. El abogado, al conocer ayer la decisión de Costas, anunció que se va a reunir con los vecinos para informarles de la situación, aunque ya adelantó que seguramente acuerden recurrir ante la Audiencia Nacional esta decisión.
Para Langa es imprescindible un apoyo político sin fisuras para que el Gobierno central comprenda las especificidades del litoral canario. Entre las peculiaridades del nuevo deslinde de Igueste está, por ejemplo, que el faro también entra dentro del dominio público. Sobre el régimen en el que ahora permanecerán estas viviendas y fincas, desde el organismo estatal se recuerda que en realidad se encuentran en terrenos del Gobierno de Canarias.
Legalmente las construcciones y solares quedan fuera de ordenación y por lo tanto su valor catastral será prácticamente mínimo. En las parcelas no se podrá edificar y en las casas ya existentes, que según este abogado tienen en algunos de los casos varios siglos de antigüedad, las obras a realizar serán muy limitadas.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo tinerfeño y el Ejecutivo autónomo ya han mostrado su apoyo a los vecinos de Igueste en sus reivindicaciones. Por su parte, el abogado del Estado en su informe inicial consideró que la urbanización de este caserío había sido "casual" y no contaba con los servicios precisos para ser considerada zona urbana.
En el caso de Añaza, las protestas iniciales, planteadas incluso por el alcalde, Miguel Zerolo y la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, en una reunión que tuvo lugar en Madrid hace dos años, dieron sus frutos y se consiguió el compromiso de modificar los presupuestos iniciales de este tramo de la costa.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/05/21/costas-legaliza-32-edificios-anaza-condena-75-fincas-igueste/286786.html
Los vecinos tachan de aberrante la actuación de Costas
Vecinos y comerciantes tachan de "aberrante" tirar el hotel Médano
El Ayuntamiento ha firmado una moción para mostrar su rechazo al derribo del inmueble, cuya concesión de ocupación pública otorgada en 1960 ha vencidoNICOLÁS DORTA
GRANADILLA
Los vecinos y comerciantes de El Médano rechazan que se derribe "su hotel", tras hacerse pública la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de tirar, en principio, la parte del inmueble que invade el dominio público. Al respecto, la asociación de vecinos Bocinegro considera una "aberración" la medida del Ejecutivo central porque "todos estamos en contra, no sólo los de El Médano sino los de todo el municipio". Así explicó el presidente de este colectivo, Juan Manuel García Pérez, quien se muestra "sorprendido" e "indignado" porque "el hotel Médano supone parte de la historia, de nuestros vecinos" y un "emblema" que "no debe perderse". Según Bocinegro, "muchas familias han vivido de este hotel durante años y es injusto que ahora se quiera acabar con él".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de El Médano, Jorge González, considera que el Gobierno de España "podría estar haciendo otras cosas más importantes en vez de estar destruyendo algo tan emblemático". Asegura que ha mostrado su apoyo a la propiedad del hotel y que no sabe lo que se quiere conseguir "con esta maniobra política que perjudicaría a todos" . "Este país no puede seguir así", indicó González.
Asimismo, el Ayuntamiento de Granadilla aprobó ayer en comisión informativa una moción a petición de la alcaldesa, Carmen Nieves Gaspar Rivero, de apoyo al edificio. El respaldo ha sido unánime y se llevará a su aprobación en el próximo pleno. En la moción han hecho aportaciones todos los partidos políticos y se expresa una oposición "clara", "rotunda" y "tajante" por parte de la corporación municipal. El escrito dice que existen razones más que suficientes para preservar tanto el hotel Médano como las edificaciones adyacentes "a pesar del empecinamiento del Ministerio de Medio Ambiente en demolerlas", dicen, para "proteger nuestro entorno".
Explican que tanto este inmueble como las viviendas y negocios cercanos suponen parte del valor añadido de este entorno turístico. Para la ciudadanía, según la corporación local, "no supone una usurpación a lo público", sino "un complemento ideal a lo que en la actualidad supone un destino turístico alternativo al resto de grandes zonas turísticas del sur". La actividad económica que genera "una de las pocas infraestructuras hoteleras con las que cuenta el municipio" da trabajo a más de cuarenta familias, añaden. Se insiste en que es una instalación que simboliza el desarrollo del Sur de la Tenerife en los últimos treinta ó cuarenta años, ya que se trata de dos edificios superpuestos. Primero fue empaquetado de tomates, cuando la agricultura tenía un papel relevante, y luego se convirtió en hotel, según fue perdiendo importancia el sector agrícola.
Otro de los acuerdos adoptados ayer es iniciar una campaña de información a la ciudadanía sobre la situación y realizar una recogida de firmas. También se retomará la solicitud de Bien de Interés Cultural propuesta al Cabildo de Tenerife, y la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda intervenir en cualquier procedimiento administrativo o jurídico para garantizar el mantenimiento del hotel y las edificaciones colindantes.
El Ayuntamiento ha firmado una moción para mostrar su rechazo al derribo del inmueble, cuya concesión de ocupación pública otorgada en 1960 ha vencidoNICOLÁS DORTA
GRANADILLA
Los vecinos y comerciantes de El Médano rechazan que se derribe "su hotel", tras hacerse pública la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de tirar, en principio, la parte del inmueble que invade el dominio público. Al respecto, la asociación de vecinos Bocinegro considera una "aberración" la medida del Ejecutivo central porque "todos estamos en contra, no sólo los de El Médano sino los de todo el municipio". Así explicó el presidente de este colectivo, Juan Manuel García Pérez, quien se muestra "sorprendido" e "indignado" porque "el hotel Médano supone parte de la historia, de nuestros vecinos" y un "emblema" que "no debe perderse". Según Bocinegro, "muchas familias han vivido de este hotel durante años y es injusto que ahora se quiera acabar con él".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de El Médano, Jorge González, considera que el Gobierno de España "podría estar haciendo otras cosas más importantes en vez de estar destruyendo algo tan emblemático". Asegura que ha mostrado su apoyo a la propiedad del hotel y que no sabe lo que se quiere conseguir "con esta maniobra política que perjudicaría a todos" . "Este país no puede seguir así", indicó González.
Asimismo, el Ayuntamiento de Granadilla aprobó ayer en comisión informativa una moción a petición de la alcaldesa, Carmen Nieves Gaspar Rivero, de apoyo al edificio. El respaldo ha sido unánime y se llevará a su aprobación en el próximo pleno. En la moción han hecho aportaciones todos los partidos políticos y se expresa una oposición "clara", "rotunda" y "tajante" por parte de la corporación municipal. El escrito dice que existen razones más que suficientes para preservar tanto el hotel Médano como las edificaciones adyacentes "a pesar del empecinamiento del Ministerio de Medio Ambiente en demolerlas", dicen, para "proteger nuestro entorno".
Explican que tanto este inmueble como las viviendas y negocios cercanos suponen parte del valor añadido de este entorno turístico. Para la ciudadanía, según la corporación local, "no supone una usurpación a lo público", sino "un complemento ideal a lo que en la actualidad supone un destino turístico alternativo al resto de grandes zonas turísticas del sur". La actividad económica que genera "una de las pocas infraestructuras hoteleras con las que cuenta el municipio" da trabajo a más de cuarenta familias, añaden. Se insiste en que es una instalación que simboliza el desarrollo del Sur de la Tenerife en los últimos treinta ó cuarenta años, ya que se trata de dos edificios superpuestos. Primero fue empaquetado de tomates, cuando la agricultura tenía un papel relevante, y luego se convirtió en hotel, según fue perdiendo importancia el sector agrícola.
Otro de los acuerdos adoptados ayer es iniciar una campaña de información a la ciudadanía sobre la situación y realizar una recogida de firmas. También se retomará la solicitud de Bien de Interés Cultural propuesta al Cabildo de Tenerife, y la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda intervenir en cualquier procedimiento administrativo o jurídico para garantizar el mantenimiento del hotel y las edificaciones colindantes.
jueves, 20 de mayo de 2010
El Hotel Del Médano, alega, "irregularidades" en la acción de Costas
El Hotel Médano (Tenerife) alega que la orden de derribo tiene "gravísimos defectos" y pronostica que será suspendida
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Dirección del Hotel Médano, en Tenerife, considera que la Orden del Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino (MARM) que declara la caducidad de la concesión administrativa del terreno sobre el que está construido parte del mismo, adolece de "gravísimos defectos de forma y fondo" y, por ello, cree que será suspendida.
En un comunicado, se apunta que "la Orden Ministerial que acuerda la caducidad de la concesión y el derribo de las instalaciones ha sido dictada en un expediente administrativo que adolece de "gravísimos defectos de forma y de fondo". En este sentido, recalca que se trata del tercer procedimiento que en el curso de los 15 últimos años la Administración ha iniciado con la misma finalidad, tras haberse anulado todos los anteriores expedientes".
Además, a juicio de la Dirección del Hotel Médano, "los gravísimos defectos de forma y fondo en que ha incurrido la Administración, darán lugar, sin duda alguna, a la estimación por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de la petición de suspensión de la ejecución de la citada Orden Ministerial y a la anulación de la Orden Ministerial de caducidad".
Por todo ello, la propiedad del Hotel Médano manifiesta que "se reserva las acciones legales que pudieran corresponder para exigir la responsabilidad, en cualquier orden judicial, a que hubiere lugar por la actuación de la Administración de Costas, tanto de la Demarcación de Tenerife como la del Ministerio
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-hotel-medano-tenerife-alega-orden-derribo-tiene-gravisimos-defectos-pronostica-sera-suspendida-20100520103306.html
El Ayuntamiento de Granadilla, defenderá el Hotel del Médano
Santa Cruz de Tenerife, Europa Press La alcaldesa de Granadilla de Abona (Tenerife), Carmen Nieves Gaspar, ha advertido que el Ayuntamiento, tal y como se aprobó en sesión plenaria el 28 de febrero de 2008, apoyará "en todo momento" y "seguirá defendiendo" el mantenimiento de las instalaciones del Hotel Médano por su valor histórico y simbólico para el municipio y por la actividad económica y el empleo que su actividad genera para la comarca.
Gaspar hizo estas declaraciones en una nota de prensa con motivo del reciente anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), acerca de la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 15 de junio de 1960 para ocupar terrenos ubicados en el dominio público marítimo terrestre para la construcción de terraza y solarium de el Hotel Médano.
La alcaldesa recordó que este establecimiento fue el primer hotel del Sur de la isla, convirtiéndose en "pieza fundamental" para el desarrollo de El Médano y un "referente turístico" para Tenerife; destacó, además, el valor estético y cultural turístico de los años 60 que posee y su integración en el paisaje y su clara vinculación con los valores ambientales de la playa.
"Todo ello ha sido respaldado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias y por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, y a día de hoy es uno de los pocos hoteles que se ubican en el municipio, y su eliminación supondría también un grave quebranto para la estructura de la playa y al microclima creado a su alrededor", advirtió.
Carmen Nieves Gaspar avanzó que desde la Administración municipal se va a hacer "todo" lo posible para proteger el Hotel, así como las viviendas y negocios colindantes existentes en primera línea de playa, que constituyen el origen del núcleo de El Médano. "Para avanzar en el presente y construir nuestro futuro, también hay que mirar al pasado, y esta situación de ubicación de este inmueble no surgió nunca desde la ilegalidad. Pedimos a Costas, por tanto, una reflexión, desde el consenso, la justicia y la equidad", recalcó.
"Si Costas quiere de verdad proteger el ámbito de sus competencias, que empiece por actuar con aquellas iniciativas más recientes y atentatorias que se están originando contra el dominio público, y que parece no preocuparles, sin que sepamos por qué razón" resaltó la alcaldesa, para añadir que "siempre se actúa contra quienes tienen menos posibilidades de defenderse, es el caso por ejemplo del lamentable caso de Cho Vito, donde familias enteras fueron desalojadas y despojadas de sus derechos, mientras se siguen permitiendo otros atentados a la costa".http://www.eldia.es/2010-05-19/sur/6-alcaldesa-Granadilla-advierte-seguira-defendiendo-Hotel-Medano-valor-historico.htm
Gaspar hizo estas declaraciones en una nota de prensa con motivo del reciente anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), acerca de la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 15 de junio de 1960 para ocupar terrenos ubicados en el dominio público marítimo terrestre para la construcción de terraza y solarium de el Hotel Médano.
La alcaldesa recordó que este establecimiento fue el primer hotel del Sur de la isla, convirtiéndose en "pieza fundamental" para el desarrollo de El Médano y un "referente turístico" para Tenerife; destacó, además, el valor estético y cultural turístico de los años 60 que posee y su integración en el paisaje y su clara vinculación con los valores ambientales de la playa.
"Todo ello ha sido respaldado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias y por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, y a día de hoy es uno de los pocos hoteles que se ubican en el municipio, y su eliminación supondría también un grave quebranto para la estructura de la playa y al microclima creado a su alrededor", advirtió.
Carmen Nieves Gaspar avanzó que desde la Administración municipal se va a hacer "todo" lo posible para proteger el Hotel, así como las viviendas y negocios colindantes existentes en primera línea de playa, que constituyen el origen del núcleo de El Médano. "Para avanzar en el presente y construir nuestro futuro, también hay que mirar al pasado, y esta situación de ubicación de este inmueble no surgió nunca desde la ilegalidad. Pedimos a Costas, por tanto, una reflexión, desde el consenso, la justicia y la equidad", recalcó.
"Si Costas quiere de verdad proteger el ámbito de sus competencias, que empiece por actuar con aquellas iniciativas más recientes y atentatorias que se están originando contra el dominio público, y que parece no preocuparles, sin que sepamos por qué razón" resaltó la alcaldesa, para añadir que "siempre se actúa contra quienes tienen menos posibilidades de defenderse, es el caso por ejemplo del lamentable caso de Cho Vito, donde familias enteras fueron desalojadas y despojadas de sus derechos, mientras se siguen permitiendo otros atentados a la costa".http://www.eldia.es/2010-05-19/sur/6-alcaldesa-Granadilla-advierte-seguira-defendiendo-Hotel-Medano-valor-historico.htm
Costas ordena tirar el Hotel Médano.
Granadilla de Abona
Medio Ambiente ordena que derriben El Hotel Médano
Medio Ambiente ha declarado la caducidad de la concesión otorgada en 1960 al hotel y ha ordenado a Costas que levante acta de reversión al Estad
EFE - SANTA CRUZ DE TENERIFE Según indica el Ministerio en un comunicado, la caducidad de la concesión se produce por sobrepasar en exceso la superficie y el volumen construido sobre el previsto en el título concesional del hotel, con lo que se incumple el citado título y la Ley de Costas, que limita dicho exceso al 10 por ciento.
Añade que el 15 de junio de 1060 se autorizó la concesión para ocupar terrenos ubicados en el dominio público marítimo terrestre con destino a la construcción de una terraza y solarium sobre pilares en El Médano.
Inicialmente se autorizó una terraza cerrada, dedicada a salón de estar y dos terrazas abiertas por encima de ésta última y en su lugar se han construido una terraza dedicada a salón de estar y, por encima de ella, dos terrazas cerradas de la misma superficie y una terraza más por encima de ellas abierta, añade.
Además, la tercera terraza está cerrada y dedicada a residencia-habitación, lo que implica una alteración de la finalidad del título concesional, es decir alberga habitaciones, cuando la memoria del proyecto indica que las dependencias no tendrán carácter de habitabilidad de ninguna clase.
El expediente de caducidad ha sido sometido al dictamen del Consejo de Obras Públicas y del Consejo de Estado y se pone de manifiesto que se ha producido una alteración de las características de la concesión que resulta merecedora de la categoría de incumplimiento "grave".
Según el Ministerio, se aprecia "con nitidez" la concurrencia de una situación contraria al título de la concesión unida a un notorio exceso en la ocupación de altura y volumen, agravada por la concurrencia de múltiples causas de declaración de caducidad que se añaden a la anterior, de por si sola suficientemente hábil como para legitimar la actuación de la Administración.
miércoles, 19 de mayo de 2010
UGT, insta al Gobierno a "revisar"la aplicación de la Ley de Costas
UGT insta al Gobierno a "revisar" la Ley de Costas para evitar pérdida de empleo
La Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego (FCHTJ) de la UGT-PV solicitó este lunes a la Delegación del Gobierno en la Comunitat que inste al Ejecutivo central a "revisar" aquellos aspectos de la Ley de Costas que puedan ocasionar "la pérdida de puestos de trabajo de la hostelería tradicional en las costas valencianas".La organización sindical entiende que la aplicación de la Ley de Costas en los términos que se pretende aplicar, "supondría en la práctica la eliminación de centenares de puestos de trabajo de manera directa, asimismo habría que añadir la gran cantidad de puestos de trabajo de temporada que dejarían de generarse durante los periodos estivales, festivos y de mayor afluencia turística".
En este sentido, insistió en "revisar" determinados aspectos de la norma pues, "además de finiquitar multitud de puestos de trabajo, supondría en la práctica acabar con una parte muy importante de la industria hostelera, el turismo gastronómico, y el cultural", ya que "los llamados chiringuitos de playa son locales de gran aceptación por parte del turista y consumidor, y una costumbre muy arraigada en nuestras tierras y en toda la geografía mediterránea".
De la misma manera, UGT-PV consideró que para no acabar con esta costumbre "ha iniciado una serie de asambleas en todos los centros de trabajo afectados por la Ley en la provincia de Valencia, informándoles de las propuestas que en esta materia pretendemos trasladar a la Delegación del Gobierno Territorial el próximo día 30 de marzo, día en el que hemos convocado a los trabajadores afectados a una concentración frente a la misma sede de la Delegación".
UGT-PV se comprometió a defender los puestos de trabajo de aquellos trabajadores afectados por la Ley, así como las costumbres y cultura gastronómica que pudieran verse afectadas por la incomprensible aplicación de una Ley que no tiene en cuenta todas estas cuestiones. "Y más incomprensible se hace su aplicación teniendo en cuenta la actual coyuntura económica y social por la que atraviesa el país en estos momentos de incertidumbre", indicó el sindicato.
La Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego (FCHTJ) de la UGT-PV solicitó este lunes a la Delegación del Gobierno en la Comunitat que inste al Ejecutivo central a "revisar" aquellos aspectos de la Ley de Costas que puedan ocasionar "la pérdida de puestos de trabajo de la hostelería tradicional en las costas valencianas".La organización sindical entiende que la aplicación de la Ley de Costas en los términos que se pretende aplicar, "supondría en la práctica la eliminación de centenares de puestos de trabajo de manera directa, asimismo habría que añadir la gran cantidad de puestos de trabajo de temporada que dejarían de generarse durante los periodos estivales, festivos y de mayor afluencia turística".
En este sentido, insistió en "revisar" determinados aspectos de la norma pues, "además de finiquitar multitud de puestos de trabajo, supondría en la práctica acabar con una parte muy importante de la industria hostelera, el turismo gastronómico, y el cultural", ya que "los llamados chiringuitos de playa son locales de gran aceptación por parte del turista y consumidor, y una costumbre muy arraigada en nuestras tierras y en toda la geografía mediterránea".
De la misma manera, UGT-PV consideró que para no acabar con esta costumbre "ha iniciado una serie de asambleas en todos los centros de trabajo afectados por la Ley en la provincia de Valencia, informándoles de las propuestas que en esta materia pretendemos trasladar a la Delegación del Gobierno Territorial el próximo día 30 de marzo, día en el que hemos convocado a los trabajadores afectados a una concentración frente a la misma sede de la Delegación".
UGT-PV se comprometió a defender los puestos de trabajo de aquellos trabajadores afectados por la Ley, así como las costumbres y cultura gastronómica que pudieran verse afectadas por la incomprensible aplicación de una Ley que no tiene en cuenta todas estas cuestiones. "Y más incomprensible se hace su aplicación teniendo en cuenta la actual coyuntura económica y social por la que atraviesa el país en estos momentos de incertidumbre", indicó el sindicato.
El Secretario General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha reiterado hoy, en el Senado, la inexistencia de un problema generalizado en el litoral español en relación con los establecimientos expendedores de comidas y bebidas en las playas.
Asimismo, el Secretario General del Mar ha señalado que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino está tramitando y otorgando para estas instalaciones las oportunas concesiones y/ o autorizaciones, dialogando con los empresarios afectados y las Administraciones implicadas, de acuerdo con la legislación vigente.
También ha recalcado que el MARM estudia con rigor las circunstancias concretas de cada tramo de costa que pudieran justificar la posible aplicación de la excepcionalidad a las reglas generales establecidas.
En este sentido, Juan Carlos Martín Fragueiro ha subrayado que tan sólo un porcentaje muy limitado de las más de 1.800 instalaciones expendedoras, entre fijas y desmontables, presentan problemas de cierta relevancia.
El Secretario General del Mar ha explicado que estos establecimientos, al ocupar dominio público marítimo-terreste, están regulados en la legislación de costas que contempla el título de ocupación que requieren, su ubicación, distancias y dimensiones máximas, diferenciando según sean fijas o desmontables.
Así, las instalaciones fijas, salvo casos excepcionales debidamente justificados, tendrán una ocupación máxima de 150 metros cuadrados, de los cuales 100, como máximo, serán cerrados y se situarán con una separación mínima de 200 metros de otros establecimientos similares, tanto si éstos se encuentran en dominio público marítimo-terrestre como en zona de servidumbre de protección.
Por su parte, las instalaciones desmontables tendrán una ocupación máxima de 20 metros cuadrados y se colocarán con una separación mínima de 100 metros de cualquier otro establecimiento fijo o desmontable.
El Secretario General del Mar ha indicado que en la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra en proceso de negociación buena parte de las instalaciones en régimen de concesión, habiéndose aprobado casi todos los planes de servicios de temporada de los Ayuntamientos. La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un total de 642 instalaciones.
La Comunidad Autónoma de Valencia cuenta con un total de 394 instalaciones. De ellas, 8 presentan problemas reseñables y 26 de orden menor. Por tanto, se trata de casos concretos, minoritarios y muy localizados, ya que la gran mayoría de establecimientos mantienen sus permisos vigentes.
El Secretario General del Mar ha puesto como ejemplos de casos puntuales los de las Playas de Pinedo y El Saler, en relación con los cuales se ha informado a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia. En el caso de los establecimientos situados en la Playa de la Mavarrosa se ha negociado con los interesados que han aceptado las condiciones de la prórroga de las concesiones.
Por último, Juan Carlos Martín Fragueiro ha insistido en que el MARM considera perfectamente compatibles la sostenibilidad de los espacios para los ciudadanos y las actividades económicas legales y regulares. Asimismo, ha puesto el acento en que la legislación de costas se aplica de forma homogénea en todo el litoral español.
18 de mayo de 2010
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=34140_AH180510
Asimismo, el Secretario General del Mar ha señalado que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino está tramitando y otorgando para estas instalaciones las oportunas concesiones y/ o autorizaciones, dialogando con los empresarios afectados y las Administraciones implicadas, de acuerdo con la legislación vigente.
También ha recalcado que el MARM estudia con rigor las circunstancias concretas de cada tramo de costa que pudieran justificar la posible aplicación de la excepcionalidad a las reglas generales establecidas.
En este sentido, Juan Carlos Martín Fragueiro ha subrayado que tan sólo un porcentaje muy limitado de las más de 1.800 instalaciones expendedoras, entre fijas y desmontables, presentan problemas de cierta relevancia.
El Secretario General del Mar ha explicado que estos establecimientos, al ocupar dominio público marítimo-terreste, están regulados en la legislación de costas que contempla el título de ocupación que requieren, su ubicación, distancias y dimensiones máximas, diferenciando según sean fijas o desmontables.
Así, las instalaciones fijas, salvo casos excepcionales debidamente justificados, tendrán una ocupación máxima de 150 metros cuadrados, de los cuales 100, como máximo, serán cerrados y se situarán con una separación mínima de 200 metros de otros establecimientos similares, tanto si éstos se encuentran en dominio público marítimo-terrestre como en zona de servidumbre de protección.
Por su parte, las instalaciones desmontables tendrán una ocupación máxima de 20 metros cuadrados y se colocarán con una separación mínima de 100 metros de cualquier otro establecimiento fijo o desmontable.
El Secretario General del Mar ha indicado que en la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra en proceso de negociación buena parte de las instalaciones en régimen de concesión, habiéndose aprobado casi todos los planes de servicios de temporada de los Ayuntamientos. La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un total de 642 instalaciones.
La Comunidad Autónoma de Valencia cuenta con un total de 394 instalaciones. De ellas, 8 presentan problemas reseñables y 26 de orden menor. Por tanto, se trata de casos concretos, minoritarios y muy localizados, ya que la gran mayoría de establecimientos mantienen sus permisos vigentes.
El Secretario General del Mar ha puesto como ejemplos de casos puntuales los de las Playas de Pinedo y El Saler, en relación con los cuales se ha informado a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia. En el caso de los establecimientos situados en la Playa de la Mavarrosa se ha negociado con los interesados que han aceptado las condiciones de la prórroga de las concesiones.
Por último, Juan Carlos Martín Fragueiro ha insistido en que el MARM considera perfectamente compatibles la sostenibilidad de los espacios para los ciudadanos y las actividades económicas legales y regulares. Asimismo, ha puesto el acento en que la legislación de costas se aplica de forma homogénea en todo el litoral español.
18 de mayo de 2010
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=34140_AH180510
Noticias.
En su comparecencia ante el Senado
EL SECRETARIO GENERAL DEL MAR SUBRAYA LA APUESTA DEL MARM POR UN MODELO DE GESTIÓN CONCERTADA EN EL LITORAL ESPAÑOL
Juan Carlos Martín Fragueiro destaca que el 92% de la costa española está deslindada y la previsión del MARM es la de completar el deslinde total del litoral al final de esta legislatura.
También recalca el progreso experimentado en el Programa de Reconocimiento de Derechos en relación a las propiedades afectadas por los deslindes.El Secretario General del Mar ha subrayado hoy, en el Senado, la apuesta del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por un modelo de gestión concertada en el litoral español.
En este sentido, Juan Carlos Martín Fragueiro ha señalado que para lograr un desarrollo sostenible es esencial adoptar una perspectiva integral, disponer de un adecuado ordenamiento jurídico y hace uso de los instrumentos de planificación previstos.
En este marco, el Secretario General del Mar ha hecho hincapié en que el Dominio Público Marítimo-Terrestre es un amplio patrimonio natural de titularidad estatal sobre el que confluyen competencias de las diferentes administraciones y múltiples intereses.
Así, dada la complejidad de su ordenación y gestión, el MARM considera prioritaria la conciliación, la coordinación y la armonización en el ejercicio de estas competencias. Para articular este entramado competencial, el MARM ha puesto en marcha los convenios de gestión integral de litoral, como los celebrados con las Comunidades Autónomas de Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Galicia y Comunidad Valenciana.
Según el Secretario General del Mar, la ventaja de este modelo de gestión reside en la constitución de foros de encuentro y discusión, tanto a nivel técnico como político, que se han revelado como mecanismos muy eficaces para la toma conjunta de decisiones y la resolución pacífica de los problemas.
Por esta razón, Juan Carlos Martín Fragueiro ha reiterado la voluntad del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de extender estos convenios al resto de las Comunidades Autónomas con litoral.
Asimismo, el Secretario General del Mar ha puesto de manifiesto los progresos alcanzados en el Programa de Gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre, que tiene por objetivo garantizar que los usos y aprovechamientos de este espacio, así como la utilización de los terrenos colindantes con éste, sean conformes con la Ley de Costas.
En este ámbito, Juan Carlos Martín Fragueiro ha recordado el fuerte impulso que experimentó el Plan de Deslindes a partir de 1997 y que alcanzó más de 800 km en 1999.
En el periodo 2000-2007, se han deslindado entre 500 y 600 km anuales, con la salvedad de los años 2003 y 2004. Durante 2008, se deslindaron 563 km y 768 km en 2009.
El Secretario General del Mar ha señalado que de los 10.160 km de costa, aproximadamente se encuentran deslindados 9.074, es decir, un 92%. La previsión para el final de la legislatura es completar el deslinde total del litoral español.
En este contexto, Juan Carlos Martín Fragueiro ha destacado que el Plan de Deslindes impulsado por el actual Gobierno desde la pasada legislatura implica un compromiso de mejora en la calidad de los expedientes de deslindes, con objeto de perseguir la máxima seguridad jurídica de las situaciones creadas por el deslinde y el estricto cumplimiento de las disposiciones legales.
Según el Secretario General del Mar, ello explica que las resoluciones judiciales, en los últimos años, confirmen la legalidad de los deslindes efectuados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Así, la Audiencia Nacional ha respaldado la actuación del MARM en un 96% de los recursos presentados.
Por otra parte, Juan Carlos Martín Fragueiro ha puesto de manifiesto los progresos realizados en el Programa de Reconocimiento de Derechos, cuya finalidad es determinar la situación en la que quedan las propiedades afectadas por los deslindes, de conformidad con lo establecido en el Régimen Transitorio de la Ley de Costas. Durante el año 2009, el MARM ha tramitado 216 expedientes relacionados con esta disposición.
Por último, el Secretario General del Mar hizo referencia al hecho de está prevista una modificación puntual de la Ley de Costas, que, para conseguir una mayor agilidad, se ha incorporado al Proyecto de Ley de Navegación Marítima que se encuentra en sede parlamentaria.
Esta modificación tiene por objeto permitir, previa autorización, la transmisión "intervivos" de la concesión otorgada al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas y simplificar el procedimiento para su otorgamiento. Al margen de esta modificación puntual, el Secretario General del Mar ha reiterado que el Gobierno no contempla otras modificaciones adicionales de la Ley de Costas.
18 de mayo de 2010
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=34150_AH180510
EL SECRETARIO GENERAL DEL MAR SUBRAYA LA APUESTA DEL MARM POR UN MODELO DE GESTIÓN CONCERTADA EN EL LITORAL ESPAÑOL
Juan Carlos Martín Fragueiro destaca que el 92% de la costa española está deslindada y la previsión del MARM es la de completar el deslinde total del litoral al final de esta legislatura.
También recalca el progreso experimentado en el Programa de Reconocimiento de Derechos en relación a las propiedades afectadas por los deslindes.El Secretario General del Mar ha subrayado hoy, en el Senado, la apuesta del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por un modelo de gestión concertada en el litoral español.
En este sentido, Juan Carlos Martín Fragueiro ha señalado que para lograr un desarrollo sostenible es esencial adoptar una perspectiva integral, disponer de un adecuado ordenamiento jurídico y hace uso de los instrumentos de planificación previstos.
En este marco, el Secretario General del Mar ha hecho hincapié en que el Dominio Público Marítimo-Terrestre es un amplio patrimonio natural de titularidad estatal sobre el que confluyen competencias de las diferentes administraciones y múltiples intereses.
Así, dada la complejidad de su ordenación y gestión, el MARM considera prioritaria la conciliación, la coordinación y la armonización en el ejercicio de estas competencias. Para articular este entramado competencial, el MARM ha puesto en marcha los convenios de gestión integral de litoral, como los celebrados con las Comunidades Autónomas de Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Galicia y Comunidad Valenciana.
Según el Secretario General del Mar, la ventaja de este modelo de gestión reside en la constitución de foros de encuentro y discusión, tanto a nivel técnico como político, que se han revelado como mecanismos muy eficaces para la toma conjunta de decisiones y la resolución pacífica de los problemas.
Por esta razón, Juan Carlos Martín Fragueiro ha reiterado la voluntad del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de extender estos convenios al resto de las Comunidades Autónomas con litoral.
Asimismo, el Secretario General del Mar ha puesto de manifiesto los progresos alcanzados en el Programa de Gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre, que tiene por objetivo garantizar que los usos y aprovechamientos de este espacio, así como la utilización de los terrenos colindantes con éste, sean conformes con la Ley de Costas.
En este ámbito, Juan Carlos Martín Fragueiro ha recordado el fuerte impulso que experimentó el Plan de Deslindes a partir de 1997 y que alcanzó más de 800 km en 1999.
En el periodo 2000-2007, se han deslindado entre 500 y 600 km anuales, con la salvedad de los años 2003 y 2004. Durante 2008, se deslindaron 563 km y 768 km en 2009.
El Secretario General del Mar ha señalado que de los 10.160 km de costa, aproximadamente se encuentran deslindados 9.074, es decir, un 92%. La previsión para el final de la legislatura es completar el deslinde total del litoral español.
En este contexto, Juan Carlos Martín Fragueiro ha destacado que el Plan de Deslindes impulsado por el actual Gobierno desde la pasada legislatura implica un compromiso de mejora en la calidad de los expedientes de deslindes, con objeto de perseguir la máxima seguridad jurídica de las situaciones creadas por el deslinde y el estricto cumplimiento de las disposiciones legales.
Según el Secretario General del Mar, ello explica que las resoluciones judiciales, en los últimos años, confirmen la legalidad de los deslindes efectuados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Así, la Audiencia Nacional ha respaldado la actuación del MARM en un 96% de los recursos presentados.
Por otra parte, Juan Carlos Martín Fragueiro ha puesto de manifiesto los progresos realizados en el Programa de Reconocimiento de Derechos, cuya finalidad es determinar la situación en la que quedan las propiedades afectadas por los deslindes, de conformidad con lo establecido en el Régimen Transitorio de la Ley de Costas. Durante el año 2009, el MARM ha tramitado 216 expedientes relacionados con esta disposición.
Por último, el Secretario General del Mar hizo referencia al hecho de está prevista una modificación puntual de la Ley de Costas, que, para conseguir una mayor agilidad, se ha incorporado al Proyecto de Ley de Navegación Marítima que se encuentra en sede parlamentaria.
Esta modificación tiene por objeto permitir, previa autorización, la transmisión "intervivos" de la concesión otorgada al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas y simplificar el procedimiento para su otorgamiento. Al margen de esta modificación puntual, el Secretario General del Mar ha reiterado que el Gobierno no contempla otras modificaciones adicionales de la Ley de Costas.
18 de mayo de 2010
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=34150_AH180510
martes, 18 de mayo de 2010
Noticias
Cien viviendas bioclimáticas como alternativa a las casetas del litoral
Costas ha derribado casetas en el litoral de Fuencaliente mientras otras resisten. / DA
DA | SANTA CRUZ DE LA PALMA
El pleno del Ayuntamiento de Fuencaliente aprobó por unanimidad, a propuesta de Unión Progresista de Fuencaliente (UPF), la creación de un núcleo residencial en la zona de Puntalarga para la construcción de 100 viviendas bioclimáticas que, integradas en el entorno, permitan dar salida de manera definitiva a la problemática de los asentamientos en el litoral.
La propuesta complementó, por la vía de una enmienda, la presentada por Coalición Canaria al pleno con el fin de retrasar los derribos de las casetas que aún persisten en varios núcleos costeros del municipio. La iniciativa de UPF plantea que estas viviendas se sitúen en una parcela municipal de 40.000 metros cuadrados próxima a la playa de Puntalarga y fuera de la delimitación del dominio público marítimo-terrestre.
Estas parcelas se desarrollarían a través de una promoción pública de viviendas que se disfrutarían en régimen de propiedad privada, teniendo preferencia para el acceso a las mismas los vecinos que tienen o han tenido casetas en el litoral fuencalentero en los últimos ocho años. El pleno acordó iniciar los trámites para la modificación puntual del PGO en dicha parcela para facilitar su urbanización y dotarlo de servicios.
Costas ha derribado casetas en el litoral de Fuencaliente mientras otras resisten. / DA
DA | SANTA CRUZ DE LA PALMA
El pleno del Ayuntamiento de Fuencaliente aprobó por unanimidad, a propuesta de Unión Progresista de Fuencaliente (UPF), la creación de un núcleo residencial en la zona de Puntalarga para la construcción de 100 viviendas bioclimáticas que, integradas en el entorno, permitan dar salida de manera definitiva a la problemática de los asentamientos en el litoral.
La propuesta complementó, por la vía de una enmienda, la presentada por Coalición Canaria al pleno con el fin de retrasar los derribos de las casetas que aún persisten en varios núcleos costeros del municipio. La iniciativa de UPF plantea que estas viviendas se sitúen en una parcela municipal de 40.000 metros cuadrados próxima a la playa de Puntalarga y fuera de la delimitación del dominio público marítimo-terrestre.
Estas parcelas se desarrollarían a través de una promoción pública de viviendas que se disfrutarían en régimen de propiedad privada, teniendo preferencia para el acceso a las mismas los vecinos que tienen o han tenido casetas en el litoral fuencalentero en los últimos ocho años. El pleno acordó iniciar los trámites para la modificación puntual del PGO en dicha parcela para facilitar su urbanización y dotarlo de servicios.
lunes, 17 de mayo de 2010
Noticias de Castellon.
17/05/2010
La Diputación defiende en Bruselas el litoral castellonense
La Diputación de Castellón y los alcaldes de Burriana y Nules se reúnen en Bruselas con la eurodiputada británica del Grupo Europa por la Democracia y la Libertad, Marta Andreasen, para defender a sus ciudadanos afectados por la ley de costas.
La delegación de Castellón, encabezada por el diputado de Medioambiente, Vicente Aparici, expuso ante Andreasen, los graves prejuicios que para el propio patrimonio histórico puede tener la aplicación de la ley de costas.
En concreto, solicitaron de manera clara y firme la anulación de la retroactividad de la ley y recibieron el apoyo de la Eurodiputada por luchar y mediar desde Bruselas ante el Gobierno de España, competente en esta materia, en la medida de lo posible para paralizar la aplicación de la ley tal y como desde Madrid se ha planteado.
La Eurodiputada mostró gran interés y solicitó expresamente contar con más información acerca de los casos que en nuestra provincia se verían afectados por la aplicación de esta ley, como por ejemplo, 200 viviendas históricas en Nules que serían destruidas si no hay un cambio en la aplicación de la ley.
La delegación comunicó además a Marta Andreasen las gestiones que, bajo la coordinación de la Diputación de Castellón, se están realizando para trasladar una petición oficial a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, denunciando la arbitrariedad en la aplicación de la ley y la aplicación retroactiva de la misma.
Además, se están realizando contactos con otros miembros del Parlamento Europeo, para sumar apoyos y conseguir la moratoria de la ley y, por tanto, la paralización de los derribos previstos en el litoral castellonense.
La Diputación defiende en Bruselas el litoral castellonense
La Diputación de Castellón y los alcaldes de Burriana y Nules se reúnen en Bruselas con la eurodiputada británica del Grupo Europa por la Democracia y la Libertad, Marta Andreasen, para defender a sus ciudadanos afectados por la ley de costas.
La delegación de Castellón, encabezada por el diputado de Medioambiente, Vicente Aparici, expuso ante Andreasen, los graves prejuicios que para el propio patrimonio histórico puede tener la aplicación de la ley de costas.
En concreto, solicitaron de manera clara y firme la anulación de la retroactividad de la ley y recibieron el apoyo de la Eurodiputada por luchar y mediar desde Bruselas ante el Gobierno de España, competente en esta materia, en la medida de lo posible para paralizar la aplicación de la ley tal y como desde Madrid se ha planteado.
La Eurodiputada mostró gran interés y solicitó expresamente contar con más información acerca de los casos que en nuestra provincia se verían afectados por la aplicación de esta ley, como por ejemplo, 200 viviendas históricas en Nules que serían destruidas si no hay un cambio en la aplicación de la ley.
La delegación comunicó además a Marta Andreasen las gestiones que, bajo la coordinación de la Diputación de Castellón, se están realizando para trasladar una petición oficial a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, denunciando la arbitrariedad en la aplicación de la ley y la aplicación retroactiva de la misma.
Además, se están realizando contactos con otros miembros del Parlamento Europeo, para sumar apoyos y conseguir la moratoria de la ley y, por tanto, la paralización de los derribos previstos en el litoral castellonense.
Noticias de Canarias.
El Gobierno de Canarias confía en que el Constitucional le dará la razón en conflicto por la ley de Costas
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, ha explicado que algunos hechos producidos "apuntan a concebir una sentencia favorable" después de que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) presentase un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley de Costas de Canarias de 2009.
EUROPA PRESS. 16.05.2010
Berriel explicó recientemente durante la celebración del II Congreso Canario de Derecho Urbanístico que la intención del Gobierno de Canarias era "intentar conectar la legalidad con la humanidad". "Por eso se hizo una ley", aseguró para recordar el recurso del Estado.
Señaló que a partir de aquí se paralizó "cautelarmente" la ley aunque, según Berriel, se levantó la suspensión de las dos terceras partes de la norma. Ello "apunta a concebir una sentencia favorable a las tesis del Gobierno de Canarias", dijo.
El consejero recordó de igual forma que la Ley de Costas estatal data de 1988 y establece los deslindes marítimo terrestres que "disparan" consecuencias. "Es una Ley muy dura y compleja", admitió el nacionalista que también puntualizó que es constitucional. A pesar de ello, expuso que eso no quiere decir que no haya que humanizar la norma. "Hay que distinguir los casos", aclaró.
Las comunidades autónomas pueden incorporar normas adicionales de protección del litoral. En este intento el MARM consideró que la norma vulnera las competencias del Estado. "El Constitucional mantiene la suspensión del artículo más importante de la ley canaria, con la que el Ejecutivo autónomo pretende proteger núcleos costeros de valor etnográfico afectados por la Ley de Costas estatal", explicó la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Alicia Paz Antolín.
http://www.20minutos.es/noticia/708546/0/
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, ha explicado que algunos hechos producidos "apuntan a concebir una sentencia favorable" después de que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) presentase un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley de Costas de Canarias de 2009.
EUROPA PRESS. 16.05.2010
Berriel explicó recientemente durante la celebración del II Congreso Canario de Derecho Urbanístico que la intención del Gobierno de Canarias era "intentar conectar la legalidad con la humanidad". "Por eso se hizo una ley", aseguró para recordar el recurso del Estado.
Señaló que a partir de aquí se paralizó "cautelarmente" la ley aunque, según Berriel, se levantó la suspensión de las dos terceras partes de la norma. Ello "apunta a concebir una sentencia favorable a las tesis del Gobierno de Canarias", dijo.
El consejero recordó de igual forma que la Ley de Costas estatal data de 1988 y establece los deslindes marítimo terrestres que "disparan" consecuencias. "Es una Ley muy dura y compleja", admitió el nacionalista que también puntualizó que es constitucional. A pesar de ello, expuso que eso no quiere decir que no haya que humanizar la norma. "Hay que distinguir los casos", aclaró.
Las comunidades autónomas pueden incorporar normas adicionales de protección del litoral. En este intento el MARM consideró que la norma vulnera las competencias del Estado. "El Constitucional mantiene la suspensión del artículo más importante de la ley canaria, con la que el Ejecutivo autónomo pretende proteger núcleos costeros de valor etnográfico afectados por la Ley de Costas estatal", explicó la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Alicia Paz Antolín.
http://www.20minutos.es/noticia/708546/0/
Suscribirse a:
Entradas (Atom)