La Laguna tramita la legalización de la localidad litoral de Jover

El municipio ha iniciado los trámites necesarios para que Jover sea legalizado. Que este pueblo costero sea incluido como núcleo urbano en la revisión de la Ley de Costas es uno de los objetivos principales del Ayuntamiento de La Laguna. Tal es así que el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), actualmente en período de exposición pública, incluye en su memoria un apunte específico sobre la necesidad de catalogar este poblado tejinero como suelo urbano. "Pese a que creemos que el nuevo texto tiene muchas lagunas, lo cierto es que hay que aprovechar la posibilidad que ofrece de incluir núcleos antiguos es la oportunidad de zanjar un asunto que para nosotros es vital", explicó al respecto el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Juan Manuel Bethencourt.

La situación de Jover ante la Ley de Costas es, en palabras del edil nacionalista, "irreal e injusta". Actualmente, mientras no se apruebe definitivamente el nuevo texto en el Ministerio, Jover está calificado como suelo rústico de protección litoral. Esto impide que haya cualquier edificación a 100 metros de la costa. Esta calificación convierte en ilegales varias decenas de casas que, hace décadas, se levantaron en la zona. Lo que hace injusta la calificación es que el vecino núcleo de la Barranquera, de similares características, sí que figura como pueblo costero legal sobre suelo urbano (cuya limitación es de solo 20 metros).

La explicación, indicó el también portavoz del grupo nacionalista, es "sencilla". Cuando se redactó la actual Ley de Costas, en 1988, el PGO municipal sí que contemplaba la Barranquera como núcleo urbano pero no así a Jover. "Es así de simple, no hay diferencias notables entre ambos y no es culpa ni de unos vecinos ni de los otros", añadió el edil.

Cuando el texto esté listo, según las previsiones de los gestores laguneros, bastará con acreditar que ya en 1988 Jover tenía entidad como núcleo urbano. Para hacerlo, la Concejalía de Vías y Obras deberá redactar un informe que pruebe que en ese año ya existían en la zona servicios de agua, luz y saneamiento, por ejemplo. "Demostrarlo es relativamente sencillo", aclaró Bethencourt.

Mientras ese momento llega, "nada hace prever" que el Ministerio vaya a tomar ningún tipo de medida contra estas viviendas. "No hay intención de llevar a cabo demoliciones en La Laguna", aclaró Bethencourt.

"Vamos a llegar tan lejos como nos lo permita la nueva Ley de Costas", insistió el gerente de Urbanismo. Asimismo, descartó que la futura legalización de este poblado vaya a facilitar el crecimiento del mismo. "Lograremos legalizar las viviendas actuales pero en absoluto hay intenciones de crecimiento en la zona", aseguró. "Queremos demostrar que Jover es una realidad que, aunque imperfecta, es urbana desde hace años", concluyó.

http://www.laopinion.es/tenerife/2013/03/23/laguna-tramita-legalizacion-localidad-litoral-jover/466143.html

Duras críticas a la Ley de Costas que se tramita en España

La Ley de Costas podría vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales según un grupo de diputados europeos que han venido a España para conocer los pormenores de la nueva norma. La Comisión de Peticiones ha recibido 76 procedentes de todas las comunidades autónomas del litoral, sobre una gran cantidad de cuestiones diferentes. La mayor parte procede de propietarios de viviendas en la costa disgustados con las modificaciones que, según ellos, no cumplen los derechos de propiedad o de protección medioambiental. También hay peticiones de organizaciones ecologistas y medioambientales.

La europarlamentaria danesa Margrete Auken no entiende que la Ley de Costas pueda expropiar y demoler casas para volver a construir otras. En su opinión la Ley de Costas que está en tramitación en el Senado es «peor» que la anterior de 1998 y no servirá de mucho puesto que «no aporta nada desde el punto de vista de la protección».

El grupo de parlamentarios europeos ha celebrado una rueda de prensa tras estudiar la Ley y escuchar a las diferentes partes, la presidenta del grupo, la austriaca Angelika Werthmann, ha dicho la nueva ley contiene algunas mejoras respecto a la que debe derogar pero «no es totalmente justa con algunos propietarios».

Respecto a la protección medioambiental, Werthmann señala que si la ley de 1988 debía proteger la costa española y se observa lo que ha ocurrido desde entonces, está claro «que no ha servido para nada» y ha derivado en una inseguridad jurídica. «No estamos convencidos de que la Reforma logre compensar a los propietarios ya afectados de forma satisfactoria. Además, nos preocupa mucho una cláusula que establece que las concesiones podrían revocarse en cualquier momento sin causa justificada».

Auken considera que las compensaciones a los propietarios a los que afectaría la Ley «se han pensado de forma 'sui generis', de una forma muy rara». Por su parte el alemán Peter Jahr ha añadido que el Gobierno español «no compensa y se queda con la propiedad». «Una concesión, o la ampliación de una concesión no es una compensación».

En cuanto a la reunión con el responsable de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Pablo Saavedra, han referido que ha defendido «de forma tajante» la constitucionalidad de la Ley, pero los parlamentarios explican que la preocupación europea se debe a que no satisface la seguridad jurídica de los propietarios. «Es necesario actualizar los registros. Muchos inversores se ven afectados sin saber si la propiedad es ilegal».

Entre los casos positivos, los eurodiputados han destacado el de Empuriabrava como una de las zonas que se verá beneficiada por la reforma.

La delegación ha explicado que la legislación europea no debe interferir en la nacional, pero hay mecanismos para actuar si un país contraviene las Directivas europeas. Especialmente cuando se legisla sobre algo que concierne a todos los europeos como en este caso, ya que los ciudadanos de la UE tienen derecho a residir en cualquier punto del territorio. En este caso se puede recurrir a las instituciones comunitarias.

La conclusión de Werthmann es que «Hubiéramos querido ver una reforma de la Ley que concilie de verdad la necesidad de proteger el medio ambiente y la obligación de respetar los derechos y garantías jurídicas de los propietarios de pequeñas casas en la costa». «Sin embargo, la reforma en curso plantea varios interrogantes y creemos que aún queda mucho por hacer».

Si se aprueba la Ley de Costas en trámite, evitará que durante otros 75 años se derriben más de 3.000 chiringuitos y viviendas de la costa que tendrían que comenzar a derribarse a partir de 2018, según dice la ley de 1988. Diez barriadas históricas de Alicante, Girona, Huelva, Málaga y Valencia serán igualmente preservadas, la isla de Formentera recibirá un trato especial por su configuración geológica y podrán continuar en activo industrias contaminantes, si la autoridad competente medioambiental informa de manera favorable

http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/3/22/duras-criticas-a-la-ley-de-costas-que-se-tramita-en-espana/

Europarlamentarios advierten de que la reforma de Ley de Costas española también es "injusta" con los propietarios

La modificación de la Ley de Costas, que está en trámite parlamentario, podría vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales ya que, aunque "se ha producido alguna mejora respecto a la de 1988, "no es totalmente justa con algunos propietarios", según ha manifestado la europarlamentaria austriaca Angelika Werthmann, la presidenta de una delegación de europarlamentarios que está de visita en España para conocer los pormenores de la norma.

En una rueda de prensa ofrecida por la delegación europea, los parlamentarios europeos dan así un varapalo a España que plasmarán en un informe que elaborarán para su posterior debate en Bruselas. La delegación se ha centrado en "recabar datos y cotejar hechos", para lo que se han reunido con ciudadanos, propietarios afectados pro la ley de costas, con ONG y con el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra.

El objetivo de la visita es estudiar si la reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de propiedad privada.

Para la europarlamentaria danesa Margrete Auken "no se entiende" como con la Ley de Costas se pueden expropiar y demoler casas y luego volver a construir. Además, señala que aunque la ley no puede demoler las expectativas de todo el mundo, a su juicio, la ley de Costas "no resuelve las preocupaciones de los ciudadanos".

En su opinión, la ley de costas actual (en trámite en el Senado) es "peor" que la anterior y "no sirve para nada, porque no aporta nada desde el punto de vista de la protección".

Respecto a la protección medioambiental, Werthmann ha valorado que si la ley de 1998 se elaboró para proteger el medio ambiente y se observa lo que ha ocurrido en la costa española desde entonces, "se ve que no ha servido para nada" y ha derivado en una inseguridad jurídica.

Además, Auken considera que las compensaciones a los propietarios afectados por la Ley "se han pensado de forma 'sui generis', muy raro", mientras que el europarlamentario alemán Peter Jahr ha añadido que el Gobierno español "no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad". "Una concesión, o la ampliación de una concesión no es una compensación", ha apostillado.

INDEFINICIÓN E INSEGURIDAD

Asimismo, Jahrn ha añadido que la delegación ha concluido que se necesita una clara definición del concepto dominio público marítimo terrestre y que el registro de la propiedad no es satisfactorio, porque se tendría que saber si una propiedad está afectada o no por la Ley de Costas antes de comprar.

Por otro lado, sobre la reunión mantenida con Saavedra, la británica Marta Andreasen, ha contado que el responsable de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha defendido "de forma tajante" la constitucionalidad de la Ley pero ha agregado que la preocupación europea es que la norma no satisface la seguridad jurídica de los propietarios y que la reforma impulsada por el Gobierno español "no incrementa" dicha seguridad jurídica. "Es necesario actualizar los registros. Muchos inversores se ven afectados sin saber que la propiedad es ilegal".

Mientras, el alemán Rainer Wieland ha precisado que desde el punto de vista jurídico, la legislación europea no debe interferir la nacional, pero ha recordado que hay mecanismos para intervenir si la legislación de un país contraviene las Directivas y normas europeas.

Por ejemplo, ha subrayado que cuando el legislador nacional legisla sobre algo que concierne a todos los ciudadanos de la Unión Europea (como en este caso, por el derecho de los ciudadanos europeos a residir en cualquier punto del territorio) se puede recurrir a las instituciones comunitarias.

"Este es un asunto que concierne y preocupa a todos y se debe tener en cuenta la carta europea de los derechos humanos", ha manifestado.

Finalmente, ha apuntado que el Tribunal Europeo de Justicia aplica la legislación más rápido que algunos tribunales de los países y ha agregado que la carta europea se aplica cuando se vulnera la legislación comunitaria".

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-europarlamentarios-advierten-reforma-ley-costas-espanola-tambien-injusta-propietarios-20130322150026.html

Europarlamentarios advierten de que la reforma de Ley de Costas española también es "injusta" con los propietarios

Eurodiputados revelan inquietud por la seguridad jurídica de la Ley de Costas

.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha manifestado hoy su "inquietud y preocupación" por la seguridad jurídica de la reforma de la Ley de Costas española, actualmente en trámite parlamentario.



 La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha manifestado hoy su "inquietud y preocupación" por la seguridad jurídica de la reforma de la Ley de Costas española, actualmente en trámite parlamentario.

Así lo ha declarado en rueda de prensa la eurodiputada austríaca del Grupo ALDE Angelika Werthmann, que encabeza la delegación de esta comisión y que se ha reunido en Madrid con autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, ONG y pequeños propietarios para "recabar datos y cotejar hechos".

Esta comisión ha analizado las denuncias presentadas sobre la citada reforma por ecologistas y ciudadanos para estudiar si se vulneran las leyes europeas de protección medioambiental y propiedad privada.

Según Werthmann, la comisión cree que la reforma mejora en algunos puntos la ley de 1988, pero sin embargo piensan que "no es justa" para algunos propietarios.

La inseguridad jurídica de esta reforma promovida por el Gobierno ha sido apuntada en sus quejas por los pequeños propietarios y también por Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, ya que la ampliación de las concesiones a 75 años no garantiza la propiedad y además no se les compensa económicamente por la futura pérdida de la misma.

Junto a Werthmann, la delegación ha estado compuesta por los alemanes Rainer Wieland y Peter Jahr (PPE), los británicos Michael Cashman (S&D) y Marta Andreasen (ECR) y la danesa Margrete Auken (Los Verdes).

Esta última eurodiputada, conocida en España por un informe que denunció el frenesí urbanizador en el litoral español, ha considerado que esta reforma no está invocando la protección medioambiental, que la Ley de Costas de 1988 "no sirvió para nada" y que la reforma actual "tampoco aporta nada" desde el punto de vista de la conservación.

Sobre la posibilidad de que esta reforma se pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional, Marta Adreasen (ECR) ha explicado que en el Ministerio les han asegurado de "forma tajante" que es constitucional, por lo que ha considerado que esta vía va a ser bastante difícil.

Adreasen ha reiterado la preocupación desde el punto de vista europeo de que la ley no satisface la necesidades de seguridad jurídica.

Los eurodiputados han manifestado asimismo su inquietud por los registros de la propiedad y han defendido que deben actualizarse, ya que, han señalado, hay muchos inversores afectados que no saben si la propiedad es legal.

Reineer Wieland del PPE ha apuntado por último que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay jurisprudencia que dice que cuando el legislador nacional legisla respecto a algo que concierne a todos los ciudadanos de la UE hay que tener en cuenta los límites de la legislación europea y la nacional y la Carta de Derechos Humanos.

La delegación que ha visitado España redactará ahora un borrador de informe que, no obstante, no es vinculante.

En su reunión de hoy con las ONG, estas últimas les han expresado que la reforma supondrá un incremento de la inseguridad jurídica, la legalización de construcciones ilegales, y una mayor vulnerabilidad del litoral español.

Los ecologistas han incidido en que la actual Ley de Costas se está modificando en respuesta a intereses económicos de determinados sectores e incluso empresarios concretos, en detrimento del medio ambiente y de los intereses de la mayoría de la sociedad.

http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/politica-ambiental/eurodiputados-revelan-inquietud-por-la-seguridad-juridica-de-la-ley-de-costas_4Hns7j26JtduiDywjFCed4

Los pequeños propietarios denuncian su indefensión por la Ley de Costas

Asociaciones de pequeños propietarios con viviendas en las playas españolas han denunciado hoy su "indefensión" ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la reforma de la Ley de Costas, que consideran "confiscatoria" de sus bienes privados.

Los denunciantes se reunieron el 21 de marzo con una delegación de esta Comisión que se encuentra en Madrid para analizar las denuncias presentadas sobre la citada reforma y estudiar si vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y propiedad privada.

En el encuentro, abierto a los medios, han participado portavoces de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas; Afectados de Cho Vito (Tenerife); Playazo de Vera (Almería); Asociación de Propietarios de Empuriabrava; El Saler (Valencia) o Urbanización Mil Palmeras (Alicante).

La mayoría consideran que tanto la vieja ley de 1988 como la actual reforma vulneran el derecho a la propiedad privada y que la ampliación de las concesiones a 75 años limita "el uso ilimitado" que tienen como propietarios de sus casas.

En el caso de los Afectados de Cho Vito se ha denunciado que han sido desposeídos por completo de sus propiedades, y en general todos se han preguntado cómo es posible que la protección ambiental se ponga por encima del derecho a la propiedad.

La delegación parlamentaria está compuesta por la eurodiputada austríaca del Grupo ALDE Angelika Werthmann, los alemanes Rainer Wieland y Peter Jahr (PPE), los británicos Michael Cashman (S&D) y Marta Andreasen (ECR) y la danesa Margrete Auken (Los Verdes).

Mañana tienen previsto reunirse con autoridades del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y ONG.

La reforma de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno fue aprobada el pasado 20 de febrero en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y ha sido remitida al Senado para su debate y posterior votación.

76 quejas

La Comisión de Peticiones visita España tras recibir 76 quejas, la mayoría de ellas por parte de propietarios de viviendas en la costa.

También hay organizaciones medioambientales que les han expresado su disconformidad con la reforma por poner obstáculos a la protección de la costa.

La Comisión de Peticiones estudia las reclamaciones de ciudadanos de la UE, que señalen posibles infracciones sobre los derechos reconocidos en el Tratado de la UE.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/22/suvivienda/1363940636.html

RESULTADOS DE LA LOTERIA DE LA LEY DE COSTAS.El PP suaviza la ley y salva del derribo los barrios costeros que pagan luz y agua

Los núcleos costeros del norte de Gran Canaria -entre Arucas y Guía- otros tres de Tenerife y uno en La Gomera a los que la ley de Costas condenaba al derribo podrían salvarse de la piqueta otros 75 años más tras la decisión de las Cortes de flexibilizar en la reforma normativa las condiciones exigibles para su pervivencia. Los senadores del PP lograron a última hora del martes que la dirección de grupo parlamentario aceptara una enmienda que modifica, de forma mínima, el texto que se aprobó en el Congreso de los Diputados el 19 de febrero pasado a instancias del ministerio de Medio Ambiente.




Los barrios que verían alejarse la piqueta serían, en Gran Canaria: El Puertillo, Quintanilla, San Andrés, El Altillo, Charca de San Lorenzo, San Felipe, Caleta de Arriba, Caleta de Abajo o La Furnia; en Tenerife: Igueste de San Andrés, Taganana y Almáciga; en La Gomera, el litoral de Valle Gran Rey. Todos ellos son núcleos que ya existían antes de la entrada en vigor de la ley actual, en 1988, y que en 2018 debían proceder al derribo.



No correrán la misma suerte los núcleos construidos con posterioridad a entrar en vigor la ley ni aquellos que tengan ya orden de derribo. En la provincia de Las Palmas, entre estos últimos estarían: Tufia y Ojos de Garza, en Gran Canaria; El Golfo, La Santa, Famara, Los Ancones y Las Caletas, en Lanzarote; y Majanicho, El Jablito, Los Molinos, Jablito, Jacomar y El Puertillo, en Fuerteventura.



La enmienda del PP reduce de dos a una las exigencias mínimas para esas áreas a menos de 100 metros de la costa en zona de servidumbre y que, sin estar clasificados como suelo urbano, podían acogerse a las excepciones de aplicación de la ley y por tanto evitar el derribo. También facilita la tramitación ante el ministerio de Medio Ambiente del informe preceptivo -que debe solicitar cada ayuntamiento con el apoyo de los cabildos y el Gobierno-, para la delimitación de estas áreas.



La norma vigente establece los siguientes requisitos: que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro eléctrico; y que estuvieran comprendidos en áreas transformadas y aptas para la edificación o consolidadas para ella, al menos en un tercio de su superficie. La enmienda abre la posibilidad de la pervivencia a las zonas que cumplan cualquiera de estos dos requisitos y no hace falta por tanto que cumplan los dos, como hasta ahora.



La senadora grancanaria Pepa Luzardo reconocía que la modificación admitida por Medio Ambiente, ante el que habían estado negociando los senadores canarios del PP la tarde anterior, es menos ambiciosa de lo que pretendían ella y sus compañeros, pero sí lo suficientemente amplia y flexible como para que se pueda aplicar a "algunos" barrios costeros de las Islas. Según Luzardo, si los ayuntamientos tienen reconocidas las zonas afectadas como suelo urbano y en ellas se paga el IBI y los servicios de agua y suministro eléctrico, "son perfectamente legalizables".



Luzardo, no obstante, recuerda que pese al "acuerdo mínimo" existe aún la posibilidad de mejorar el proyecto de ley bien a través de la transacción de enmiendas con CC y el PSOE durante la tramitación de la ley en el Senado, o bien mediante el Reglamento que debe aprobarse posteriormente para la aplicación de la norma.



Los senadores nacionalistas y socialistas echan, sin embargo, un jarro de agua fría al optimismo de los populares canarios. Unos y otros coinciden en asegurar que esta enmienda "deja las cosas prácticamente como estaban" en el texto que se aprobó en el Congreso y que "no con ella no se libra del derribo ninguna de los núcleos urbanos y áreas afectadas por la ley". El senador de CC por El Hierro, Narvay Quintero, señalaba que "las enmiendas del PP no tienen la relevancia suficiente como para considerar que afecte a los núcleos importantes que se ven afectados en las diferentes Islas". Quintero ha presentado una enmienda en la que reclama que se mantengan en pie también barrios y núcleos de población que tengan valor histórico, cultural, arquitectónico, paisajístico o etnográfico y que se de un plazo de seis meses para su consolidación como suelo urbano por la administración competente.



Desde el PSOE, el senador tinerfeño Aurelio Abreau aseguraba ayer que "los senadores del PP han engañado a los canarios y han incumplido las promesas que hicieron a los ciudadanos de las zonas afectadas mientras se hacían fotos con ellos".



CC y PSOE reprochan además a los populares que no hayan forzado la inclusión de algunos enclaves concretos de Canarias entre los que quedan exceptuados de la aplicación de la ley, como sí se hace con las construcciones en el litoral de Formentera y con otros doce núcleos de distintos puntos de la Península.



Quintero y Abreu sí se mostraron de acuerdo con la enmienda del PP que permite la utilización de los tramos urbanos de playa para eventos de interés turístico y la que abre las zonas portuarias a la actividad comercial y de restauración.



El debate y votación definitiva de proyecto en el pleno del Senado se producirá en la segunda quincena de abril y se deberá ratificar, ya en mayo, en el Congreso.

http://www.laprovincia.es/canarias/2013/03/21/pp-suaviza-ley-salva-derribo-barrios-costeros-pagan-luz-agua/520995.html

Los senadores del PP presionan para salvar de la piqueta barrios costeros (OTRA VEZ,,,Y VAN)

El PP canario se ha hecho eco de las críticas a la Ley de Costas que se tramitan en las Cortes por condenar al derribo a cerca de 10.000 edificaciones en el conjunto de las Islas y busca flexibilizar los criterios de aplicación para salvar parte de esas construcciones. Los senadores canarios del PP negociaban a marchas forzadas en la tarde de ayer con la dirección del grupo parlamentario en la Cámara Alta, donde se encuentra ahora el proyecto de ley, y con el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que les aceptaran varias enmiendas en este sentido. "Estamos intentando que se abra algo el abanico de excepciones que impida el derribo de algunos núcleos y edificaciones en varias islas", aseguraban ayer varios senadores canarios que buscaban la inclusión de sus propuestas entre las que el PP del Senado registraría antes de que el plazo para ello acabara a media noche.

Proyecto  Ojos de Garza(Eliminación de todas las viviendas)

Los senadores conservadores, que eludieron hacer público el texto de las enmiendas que habían remitido a la dirección del grupo en la Cámara, reconocen que su propuesta no cubría buena parte de los casos que se ven afectados por el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados el pasado 19 de febrero, pero resaltan que sí afectaría a varios núcleos y barrios marineros que ahora estarían condenados a la piqueta.


Los criterios que los senadores canarios del PP tratan de incorporar a la ley afectarían sobre todo a edificaciones y viviendas de municipios del norte de Gran Canaria, como Moya, Arucas y Guía, y de La Palma, así como a otros casos de distintas islas. No afectaría sin embargo a las barriadas y construcciones sobre los que se está a la espera de ejecución de sentencia de derribo, como sería el caso de Ojos de Garza y Tufia. También escapan al interés del PP las infraviviendas, chabolas y otras edificaciones que han ido levantándose de forma clandestina en el frente del litoral y a menos de cien metros de la costa.

                                                         Proyecto de Tufia. (Eliminación de todas las viviendas)


La propuesta del PP canario pretende sobre todo que la nueva ley incorpore algunas singularidades del Archipiélago en el mismo sentido que lo ha hecho con otras regiones, como Baleares, para tratar de salvar algunos barrios costeros construidos hace décadas y que fueron respetados por la Ley de 1988 que ahora se trata de modificar. SI FUERON RESPETADOS POR LA LEY DE COSTAS DE 1998, COMO ES QUE ESTAN AFECTADOS AHORA?


Los parlamentarios conservadores reconocen que la reforma de la ley ha ido más allá de lo previsto inicialmente en cuanto a las condiciones del deslinde terrestre-marítimo y su aplicación.


Desde el PP también se recuerda que el reglamento de la ley se aprobará en seis meses y que en él también se pueden incorporar elementos que flexibilicen la norma y salven algunos núcleos afectados. Los senadores canarios confiaban en la tarde de ayer en que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, atendieran a sus argumentos, aunque a última hora de la tarde aún no habían tenido confirmación a sus propuestas, lo que no les incitaba precisamente al optimismo.


Por su parte, CC y el PSOE han presentado enmiendas encaminadas a una revisión importante de los criterios de deslinde reconocidos en la Ley tal como salió del Congreso y el reconocimiento de las singularidad de Canarias dado que muchas de las barriadas afectadas son núcleos pesqueros o turísticos cuya actividad económica da trabajo a miles de personas. Una de las enmiendas pretende que se recoja una moratoria de un año para la ejecución de las sentencias firmes en aquellos núcleos de población que están tramitando urgentemente su reubicación, como son los casos de Ojos de Garza o Tufia en Gran Canaria. También pide que se tengan en cuenta los valores etnográficos, históricos y arquitectónicos de los barrios marineros y que se permita incluirlos entre las excepciones a los derribos

http://www.laprovincia.es/canarias/2013/03/20/senadores-pp-presionan-salvar-piqueta-barrios-costeros/520754.html

El PP cambia la Ley de Costas para ´indultar´ A Illa y parte del núcleo urbano de Moaña

Los populares proponen que se rebaje la zona de protección - Demandan para Galicia el mismo trato "singular" que reciben Formentera y otras diez poblaciones de la península

El PP modificará la Ley de Costas en su tramitación en el Senado para rebajar la protección en parte del núcleo urbano de Moaña y en A Illa de Arousa. Se trata de dos "soluciones concretas" que los populares pretenden introducir en la reforma para dar respuesta a "singularidades" de Galicia. En el caso de Moaña lo que se busca es que se "indulte" una parte de su núcleo urbano que en el deslinde ha quedado dentro de la zona de dominio público marítimo terrestre, sometiendo al estricto régimen de concesión a varios edificios residenciales y hasta a dos colegios públicos. Se pide que esta zona sea considerada como cualquier otro suelo urbano. Y en A Illa se quiere que la zona de protección se restrinja solo a la franja que queda entre las carreteras y el mar, ya que tal como está la ley y debido a la morfología de la isla, muy estrecha, todo el enclave quedaría prácticamente afectado y sin posibilidad de hacer ningún desarrollo urbanístico en su interior por menor que fuera.

Estas enmiendas han sido impulsadas por el PPdeG y, salvo sorpresa mayúscula, se incorporarán al texto definitivo de la nueva Ley de Costas. De su contenido y alcance informaron ayer al PPdeG, en la reunión del grupo parlamentario, los senadores Enrique López Veiga y María Elvira Larriba. Se quiere, como advirtió el viceportavoz popular Román Rodríguez, "adaptar" la ley a las "especifidades" de la comunidad autónoma.

Para defender un estatus especial para A Illa, el PP toma como referente el caso de Formentera. Quiere el mismo trato. Con las áreas de protección que establece la norma entre el dominio marítimo terrestre y la zona de servidumbre -cien metros a contar desde la línea de mar- y los espacios interiores protegidos por la legislación ambiental, A Illa quedaría, debido a pequeño tamaño, "fosilizada y sin posibilidad de hacer prácticamente nada", en palabras de Román Rodríguez.

Para corregir esta disfunción, el PP reclama que no se tengan en cuenta las distancias marcadas por la ley, sino que como en Formentera, se consideren las vías de circulación pegadas a la costa como la línea de separación entre el dominio público y el resto de territorio. Eso, evidentemente, supondría una rebaja sustancial del área de protección.

En el caso de Moaña la situación es otra. Los deslindes realizados incluyeron en la zona de dominio marítimo terrestre edificios completos e incluso dos colegios, por lo que el titular de las viviendas es el Estado, si bien los ocupantes de la viviendas tienen la posibilidad de ocuparlas por una concesión de treinta años prorrogables otros treinta.

Deslindes

Es además uno de los pocos ayuntamientos españoles -y el único gallego- en el que se clasificó, debido a los deslindes, una parte del núcleo urbano dentro del dominio marítimo. Lo que pide el PP es que esa parte sea excluida de la zona de máxima protección de costa y pase a funcionar como cualquier otro suelo urbano, solo sujeto al planeamiento urbanístico municipal.

Para ello, los populares reclaman que se incorpore a la lista de los diez núcleos singulares indultados en Girona, Huelva, Valencia, Alicante o Málaga. El PP considera que al igual que esa decena de pueblos, Moaña merece una "solución singular" ya que los terrenos sobre los que se ha edificado en absoluto merecen la protección o la utilización del dominio público por su degradación o característica física actual. "En realidad, forma parte del caso urbano de Moaña que es un núcleo urbano de dimensiones notables", defiende el PP, que entiende que además este cambio es de "justicia moral".



http://www.farodevigo.es/galicia/2013/03/19/pp-cambia-ley-costas-indultar-illa-parte-nucleo-urbano-moana/776330.html


Y EN CANARIAS, ¿QUE NUCLEOS SE SALVARÁN? ¿CUANTOS POLITICOS DEL PP DE CANARIAS HAN SALIDO A DEFENDER PUEBLOS COSTEROS? ¿CUANTOS POLITICOS CANARIOS DEFIENDEN ESTOS PUEBLOS COSTEROS?

   La respuesta, es NINGUNO. Canarias tiene más motivos  para tener un trato difierente dentro de la nueva norma en materia de Costas,por nuestra geografía, nuestra cultura, nuestra lejania, nuestro espacio protegido,,,,,,

Vaya, vaya, aquí (aún) no hay playa!. (Como anteponer los intereses económicos ante la seguridad de las personas)

La joya de la corona en el programa electoral del alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, en las dos últimas elecciones municipales, la gran playa de Punta Larga, puede estar durmiendo el sueño de los justos. Después de que hace poco más de dos años se terminara la primera fase, la más sencilla, con un presupuesto de casi dos millones y medio de euros,(Y QUE SE REPARARA TRES VECES ,CON UN COSTE CASI IGUAL AL DEL PROYECTO INICIAL) ahora hacen faltan veinte más para completar el proyecto inicial aprobado en su día con el beneplácito de la Dirección General de Costas, encargada de la financiación.

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Situación actual de los vertidos y emisarios. SIN REPARAR



La primera actuación, de un total de tres previstas en el litoral de Las Caletillas, abarcó el tramo que va desde la escultura del Pez hasta el hotel Tenerife Tour. El proyecto de acceso al mar y equipamientos constaba de una parte central con una escollera de protección de 240 metros y otra más próxima al hotel ahora cerrado de 140 metros de longitud, con plataformas de madera y solárium. Se terminó en un año y medio y fue inaugurada el 16 de enero de 2011.

Emisario de Punta Larga.













Para completar el gran proyecto de rehabilitación del litoral candelariero faltaría la regeneración de la playa y el sendero litoral. El primero cuenta con un presupuesto de 19.112.580 euros, mientras que el del sendero costaría 802.161,27 euros.


El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Candelaria, Domingo Ramos, no tiene reparos en reconocer que “para este año no hay prevista financiación alguna para la playa”, un hecho que se repite con muchos de los proyectos inicialmente aprobados por Costas para Canarias, excepto en el caso de Santa Cruz de La Palma, cuya playa ya está en marcha con un presupuesto que alcanza los treinta millones de euros.

El primer teniente de alcalde de Candelaria, sin embargo, no arroja la toalla y espera que este parón financiero será provisional y manifiesta que “desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para conseguir que se realice el proyecto que es de gran importancia, no solo para Candelaria sino para el resto de la Isla”, a la vez que reconoce que están “barajando, junto con la Dirección General de Costas, la posibilidad de estudiar otras fuentes de financiación que hagan viable seguir adelante con un proyecto ya iniciado con la obra de accesos al mar y equipamientos en Punta Larga, aunque es obvio que queda lo más cuantioso, la playa propiamente dicha”.

Emisarios y vertidos de Candelaria. Como para darse un baño.

Domingo Ramos entiende que el parón de la gran playa está perjudicando el crecimiento económico de la zona y del municipio en general, aunque reconoce que “la finalización de la primera fase ya ha supuesto un incremento de visitantes y por tanto el volumen de negocios en la avenida marítima”.

Un paseo que terminará en breve por llegar hasta Cho Vito, una vez que las palas concluyan el derribo de las nueve viviendas que aún resistían la Ley de Costas. “La primera fase de ese paseo se terminará en unas semanas, y la segunda fase está pendiente de que se redacte el proyecto por parte de la Dirección General de Costas y que se dote de la financiación correspondiente”.

Un proyecto en donde entrarán las piscinas hoy clausuradas del hotel Punta del Rey y la que fue del hotel Tenerife Tour. Aunque llegó a plantearse la idea de que estas fueran recepcionadas por el Ayuntamiento, Domingo Ramos comenta que “debido a la nueva normativa de piscinas, relativas a cuestiones sanitarias y de seguridad, y desde el punto de vista económico, no es aconsejable el rescate por parte del Ayuntamiento. Será Costas la que tendrá que gestionar la recuperación del dominio público terrestre”, finaliza el concejal.

http://www.diariodeavisos.com/vaya-vaya-aqui-aun-hay-playa/

  ESTE PROYECTO CUENTA CON LA CORRESPONDIENTE EVALUCACION AMBIENTAL,

, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, a la vista de la Propuesta de Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto de Rehabilitación de la playa de Punta Larga, T.M. de Candelaria (santa Cruz de Tenerife), concluyendo que siempre y cuando se autorice en la alternativa y en las condiciones anteriormente señaladas, que se han deducido del proceso de evaluación, quedará adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales.


Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 12.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y se comunica a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar para su incorporación al procedimiento de aprobación del proyecto.

 LO QUE NO SE CUENTA, ES QUE LA ZONA ESTA RODEADO DE EMISARIOS DEFICIENTES, QUE NO SON REPARADOS, Y QUE CONSTITUYEN UN GRAVE PROBLEMA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS.