El ministro asegura que "vamos a poner sentido común en las costas españolas"
Canarias/El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha manifestado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno va a introducir en la reforma de la Ley de Costas "un procedimiento de desafectación más ágil y se introducirán mecanismos de coordinación entre las distintas Administraciones públicas para garantizar, de modo sostenible, la actividad turística en el litoral".
El ministro ha dicho que abordará el nuevo texto "con la mejor técnica jurídica, con la experiencia
adquirida en la aplicación de la vigente ley y, por supuesto, preservando los valores ambientales del litoral español".
"Vamos a poner sentido común en las costas españolas", ha añadido.
En lo referente al deslinde administrativo, Arias Cañete ha explicado que "se estudiará, con el máximo rigor, los criterios técnicos y jurídicos con arreglo a los cuales se resuelve la inclusión de un bien en el dominio público marítimo terrestre".
El ministro ha contestado así a la diputada socialista Leire Pajín, en la primera sesión de control al Gobierno, que "lo preocupante es la aplicación errática, arbitraria y deficiente que de la Ley de Costas ha hecho el gobierno socialista".
"Lo preocupante son casos como el Algarrobico, aprobado por ayuntamientos socialistas y bendecido por comunidades autónomas socialistas. Lo preocupante es que ustedes crean que las leyes no hay que modificarlas nunca porque las hicieron los socialistas", ha dicho.
El ministro ha explicado que la reforma de la Ley de Costas se va a centrar en dos objetivos fundamentales: "mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y compatibilizar la protección del espacio natural con actividades económicas".
Arias Cañete ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones aproximando en este ámbito la legislación de costas a las normas que regulan las concesiones de otros bienes de dominio público".
Además, el ministro ha explicado que se van a analizar "los requisitos para la realización de determinadas obras, necesarias para dotar de sentido y utilidad las ocupaciones, y para el mantenimiento y conservación del buen estado del litoral. También estamos analizando la posibilidad de
transmisión de los derechos de ocupación".
Asimismo, ha anunciado que se quiere resolver "la inquietud en los propietarios de viviendas y de los que poseen pequeñas parcelas en la costa, sin impacto negativo sobre el medio ambiente costero, cuyos plazos concesionales de 30 años empezarán a expirar a partir de 2018".
Arias Cañete ha recordado cómo esta polémica ha llevado al Parlamento Europeo a pedir en el informe AUKEN que se modifique la Ley de Costas, "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un
impacto negativo sobre el medio ambiente costero".
Finalmente, ha descrito la situación que se han encontrado en el Ministerio en tres parámetros que hay que resolver y terminar, como son la acumulación de hasta 24.500 expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver, los cambios de criterio sobre la ocupación de las playas, que han creado
inseguridad en el sector hostelero, y el deslinde administrativo del dominio público marítimo-terrestre, "incompleto y, muchas veces, acusado de caprichoso y arbitrario".
http://canarias24horas.com/index.php/2012020990243/turismo/canete-ley-de-costas-.-se-garantizaran-actividades-turisticas-en-el-litoral-de-modo-sostenible.html
EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
viernes, 10 de febrero de 2012
Arias canete reprocha al psoe su uso "arbitrario y deficiente" de la ley de costas
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, acusó al PSOE de haber hecho una aplicación "arbitraria y deficiente" de la Ley de Costas mientras estaba en el Gobierno y justificó la necesidad de reformarla para "poner sentido común".
En respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE en la Comisión de Medio Ambiente, Leire Pajín, Arias Cañete dijo que el Gobierno socialista ha hecho una aplicación "errática, arbitraria y deficiente" de la Ley de Costas, con casos como el de "El Algarrobico". Según el ministro, es "preocupante" que el PSOE piense que las leyes no hay que modificarlas nunca porque las ha hecho este partido.
Explicó que la reforma de la ley es necesaria para mejorar la seguridad jurídica y compabitilizar la protección del espacio natural con las actividades económicas, estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones para aproximar la legislación de costas a las normas que regulan las de otros bienes de derecho público.
Arias Cañete indicó que también hay que resolver la acumulación de expedientes sin resolver y, en este sentido, reprochó a los socialistas que hayan dejado 24.500 documentos en estas condiciones. "No han hecho nada en siete años, y vamos a poner sentido común en las costas españolas", apostilló el titular de Medio Ambiente.
Por su parte, Pajín aseguró que la Ley de Costas actual es garantista, equilibrada y busca preservar los recursos naturales sin perjuicio de disfrutar de la costa. "Lo que queremos es un modelo turístico que perdure en el tiempo y conservar nuestro principal atractivo, que es la costa", añadió.
En opinión de la portavoz socialista, lo que pretende el PP es volver al espíritu de la Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno de José María Aznar, que trajo después especulación inmobiliaria y "una burbuja que hoy nos está costando muchos empleos y un modelo económico de pies de barro".
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/3734323/02/12/Arias-canete-reprocha-al-psoe-su-uso-arbitrario-y-deficiente-de-la-ley-de-costas.html
En respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE en la Comisión de Medio Ambiente, Leire Pajín, Arias Cañete dijo que el Gobierno socialista ha hecho una aplicación "errática, arbitraria y deficiente" de la Ley de Costas, con casos como el de "El Algarrobico". Según el ministro, es "preocupante" que el PSOE piense que las leyes no hay que modificarlas nunca porque las ha hecho este partido.
Explicó que la reforma de la ley es necesaria para mejorar la seguridad jurídica y compabitilizar la protección del espacio natural con las actividades económicas, estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones para aproximar la legislación de costas a las normas que regulan las de otros bienes de derecho público.
Arias Cañete indicó que también hay que resolver la acumulación de expedientes sin resolver y, en este sentido, reprochó a los socialistas que hayan dejado 24.500 documentos en estas condiciones. "No han hecho nada en siete años, y vamos a poner sentido común en las costas españolas", apostilló el titular de Medio Ambiente.
Por su parte, Pajín aseguró que la Ley de Costas actual es garantista, equilibrada y busca preservar los recursos naturales sin perjuicio de disfrutar de la costa. "Lo que queremos es un modelo turístico que perdure en el tiempo y conservar nuestro principal atractivo, que es la costa", añadió.
En opinión de la portavoz socialista, lo que pretende el PP es volver al espíritu de la Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno de José María Aznar, que trajo después especulación inmobiliaria y "una burbuja que hoy nos está costando muchos empleos y un modelo económico de pies de barro".
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/3734323/02/12/Arias-canete-reprocha-al-psoe-su-uso-arbitrario-y-deficiente-de-la-ley-de-costas.html
La capital se une a los vecinos afectados por la Ley de Costas
El gobierno local apoya en los juzgados a los residentes de Igueste
Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento defenderán en los tribunales a los vecinos de Igueste de San Andrés para evitar que las casas afectadas por la Ley de Costas sean demolidas.
El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, junto al primer teniente de alcalde, Julio Pérez, y el concejal del Distrito de Anaga, Fernando Ballesteros, se reunieron ayer con los vecinos de este pueblo costero para tratar la sentencia de la Audiencia Nacional que ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas del barrio incumplen la actual Ley de Costas porque invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo.
Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, fueron Yolanda Déniz, Camilo León y José María Alberto. Déniz se mostró "muy satisfecha" tras el encuentro ya que, sea cual sea el resultado final, al menos "el Ayuntamiento ha escuchado todo lo que teníamos que decir". Bermúdez se comprometió a ofrecerles "toda la ayuda posible" y les aseguró que tendrán "la información del proceso que necesiten a través del abogado que lleva el caso en el Ayuntamiento", añadió Yolanda Déniz.
Durante la reunión se informó a los portavoces vecinales que en estos momentos los servicios jurídicos municipales defienden en los tribunales la misma posición que ellos. Además, aseguraron que sienten la misma preocupación que los residentes afectados por el futuro de todas las parcelas que se encuentran en dominio público. Pérez, Bermúdez y Ballesteros insistieron en que están en total sintonía con los vecinos del pueblo y esperan que se resuelva una sentencia favorable para la tranquilidad de todos sus habitantes.
Ambas partes se mostraron esperanzadas con la posibilidad de la aprobación de la nueva normativa en materia de Costas que ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy, que suavice la actual legislación y les permita "respirar un poco más tranquilos", explicó la portavoz de los vecinos. Lo que sí tienen muy claro todos los habitantes de Igueste de San Andrés es que llegarán "hasta el final, cuesta lo que cueste". "Nadie va a dejar que entre una pala en el pueblo o que sus casas queden fuera de ordenación", concluyó Déniz.
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/02/09/capital-une-vecinos-afectados-ley-costas/395894.html
Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento defenderán en los tribunales a los vecinos de Igueste de San Andrés para evitar que las casas afectadas por la Ley de Costas sean demolidas.
El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, junto al primer teniente de alcalde, Julio Pérez, y el concejal del Distrito de Anaga, Fernando Ballesteros, se reunieron ayer con los vecinos de este pueblo costero para tratar la sentencia de la Audiencia Nacional que ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas del barrio incumplen la actual Ley de Costas porque invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo.
Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, fueron Yolanda Déniz, Camilo León y José María Alberto. Déniz se mostró "muy satisfecha" tras el encuentro ya que, sea cual sea el resultado final, al menos "el Ayuntamiento ha escuchado todo lo que teníamos que decir". Bermúdez se comprometió a ofrecerles "toda la ayuda posible" y les aseguró que tendrán "la información del proceso que necesiten a través del abogado que lleva el caso en el Ayuntamiento", añadió Yolanda Déniz.
Durante la reunión se informó a los portavoces vecinales que en estos momentos los servicios jurídicos municipales defienden en los tribunales la misma posición que ellos. Además, aseguraron que sienten la misma preocupación que los residentes afectados por el futuro de todas las parcelas que se encuentran en dominio público. Pérez, Bermúdez y Ballesteros insistieron en que están en total sintonía con los vecinos del pueblo y esperan que se resuelva una sentencia favorable para la tranquilidad de todos sus habitantes.
Ambas partes se mostraron esperanzadas con la posibilidad de la aprobación de la nueva normativa en materia de Costas que ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy, que suavice la actual legislación y les permita "respirar un poco más tranquilos", explicó la portavoz de los vecinos. Lo que sí tienen muy claro todos los habitantes de Igueste de San Andrés es que llegarán "hasta el final, cuesta lo que cueste". "Nadie va a dejar que entre una pala en el pueblo o que sus casas queden fuera de ordenación", concluyó Déniz.
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/02/09/capital-une-vecinos-afectados-ley-costas/395894.html
lunes, 6 de febrero de 2012
LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS.
El reciente anuncio del nuevo Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre la intención del Gobierno popular de revisar y reformar la vigente Ley de Costas ha hecho abrigar esperanzas positivas a los miles de afectados por la misma. La aplicación de la vigente Ley de Costas que data de 1988 afecta a unos 1.600.000 ciudadanos tanto españoles como extranjeros y ha sido a lo largo de los años objeto de numerosas críticas, controversias y resoluciones judiciales incluso fuera de nuestras fronteras.
La necesidad de proteger y de recuperar el deteriorado litoral español no es puesta en duda por nadie con un mínimo sentido común. Pero, simultáneamente, nadie debería cuestionar la necesidad de compatibilizar con esa necesidad la de preservar la actividad económica y los miles de puestos de trabajo que pueden verse afectados o incluso desaparecer como consecuencia de una aplicación errática y errónea de la legislación actual. Del mismo modo, deberían ser objetivos irrenunciables para cualquier responsable político preservar de una manera clara y nítida la seguridad en el tráfico jurídico de la propiedad, la primacía de la fe pública registral, la irretroactividad de las normas desfavorables y el principio de equidad y justicia en las compensaciones económicas que hubiesen de producirse como consecuencia de la aplicación de la norma en su actual configuración.
Una reforma de la vigente Ley de Costas debe hacerse contemplando todos estos parámetros y en modo alguno puede desviarse de los principios constitucionales en los que ha de inspirarse.
Las diferentes situaciones de afección del litoral marítimo que la realidad presenta deben contemplarse de manera bien diferenciada considerando aspectos muy diversos: el carácter urbano o no de las mismas, la fecha de su aparición anterior o posterior a la Ley de 1988, el grado de protección medioambiental de los distintos emplazamientos, el carácter de los titulares sean personas físicas o jurídicas, la naturaleza de las anotaciones registrales, los deslindes efectuados y los parámetros físicos usados que, hasta el día de hoy, provocan diferencias notables de tratamiento, etc.
Transformar sin más, como hasta ahora, el derecho de propiedad adquirido de forma absolutamente legítima y legal con anterioridad a 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el propio valor que a la misma concesión arbitrariamente se confiere, constituye un auténtico ataque al derecho de propiedad y a la seguridad del tráfico jurídico, al margen de la evidente inconstitucionalidad que la retroactividad supone. Diferente alcance, aunque igual de negativas consecuencias para los propietarios, supone la aplicación de la misma técnica a propiedades adquiridas con posterioridad a la aprobación de la Ley pues se produjeron mediando fedatarios públicos obligados por Ley a prevenir a los adquirientes de los condicionantes legales nuevos. Distinta es, igualmente, la situación de todos los inmuebles construidos en el dominio público después de 1988 en la que la intervención de las administraciones públicas con responsabilidades urbanísticas es la única responsable de las transgresiones de la norma y, por tanto, quienes deberían asumir las consecuencias que pudieran derivarse.
En todo caso, la problemática es tremendamente variada y la reforma de la Ley anunciada va a ser compleja, pero por mucha dificultad que entrañe debe abordarse con urgencia, con rigor, con diálogo con los afectados y tratando de conjugar los diferentes intereses contrapuestos.
La necesidad de proteger y de recuperar el deteriorado litoral español no es puesta en duda por nadie con un mínimo sentido común. Pero, simultáneamente, nadie debería cuestionar la necesidad de compatibilizar con esa necesidad la de preservar la actividad económica y los miles de puestos de trabajo que pueden verse afectados o incluso desaparecer como consecuencia de una aplicación errática y errónea de la legislación actual. Del mismo modo, deberían ser objetivos irrenunciables para cualquier responsable político preservar de una manera clara y nítida la seguridad en el tráfico jurídico de la propiedad, la primacía de la fe pública registral, la irretroactividad de las normas desfavorables y el principio de equidad y justicia en las compensaciones económicas que hubiesen de producirse como consecuencia de la aplicación de la norma en su actual configuración.
Una reforma de la vigente Ley de Costas debe hacerse contemplando todos estos parámetros y en modo alguno puede desviarse de los principios constitucionales en los que ha de inspirarse.
Las diferentes situaciones de afección del litoral marítimo que la realidad presenta deben contemplarse de manera bien diferenciada considerando aspectos muy diversos: el carácter urbano o no de las mismas, la fecha de su aparición anterior o posterior a la Ley de 1988, el grado de protección medioambiental de los distintos emplazamientos, el carácter de los titulares sean personas físicas o jurídicas, la naturaleza de las anotaciones registrales, los deslindes efectuados y los parámetros físicos usados que, hasta el día de hoy, provocan diferencias notables de tratamiento, etc.
Transformar sin más, como hasta ahora, el derecho de propiedad adquirido de forma absolutamente legítima y legal con anterioridad a 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el propio valor que a la misma concesión arbitrariamente se confiere, constituye un auténtico ataque al derecho de propiedad y a la seguridad del tráfico jurídico, al margen de la evidente inconstitucionalidad que la retroactividad supone. Diferente alcance, aunque igual de negativas consecuencias para los propietarios, supone la aplicación de la misma técnica a propiedades adquiridas con posterioridad a la aprobación de la Ley pues se produjeron mediando fedatarios públicos obligados por Ley a prevenir a los adquirientes de los condicionantes legales nuevos. Distinta es, igualmente, la situación de todos los inmuebles construidos en el dominio público después de 1988 en la que la intervención de las administraciones públicas con responsabilidades urbanísticas es la única responsable de las transgresiones de la norma y, por tanto, quienes deberían asumir las consecuencias que pudieran derivarse.
En todo caso, la problemática es tremendamente variada y la reforma de la Ley anunciada va a ser compleja, pero por mucha dificultad que entrañe debe abordarse con urgencia, con rigor, con diálogo con los afectados y tratando de conjugar los diferentes intereses contrapuestos.
Por fin la nueva ley de costas
Después de muchos años de reivindicaciones, de exigencias y de malas noticias, por fin los vecinos del litoral de la provincia pueden dormir tranquilos, sin la incertidumbre de sentir que sus propiedades, las que heredaron de sus familias, estaban en manos de políticos que nunca han tenido intención de escucharles. No era tan difícil. El nuevo ministro de Medio Ambiente lo ha demostrado en apenas dos meses.
Solo hacía falta escuchar y ver. Porque no se puede decidir el futuro de cientos de personas sobre un plano. No se pueden obviar las circunstancias ambientales, ni obcecarse en que lo que era bueno en 1988 es necesariamente bueno en 2012. Por fin, los municipios afectados hemos recibido un compromiso firme de un responsable político de cambiar una ley de costas que tiene muchas cosas buenas, pero otras malas. Porque las leyes no pueden dar la espalda a los ciudadanos, sino que deben defender sus derechos.
Lo más frustrante es que no era tan difícil. Escuchar y decidir. Hasta ahora las únicas decisiones que se habían tomado eran dibujar deslindes sobre un mapa y derribar viviendas e infraestructuras. Estas últimas decisiones irreparables. Por eso es imprescindible que se paralice cualquier expediente administrativo abierto contra las propiedades del litoral hasta que la nueva ley se haya modificado.
La semana pasada recibimos una excelente noticia fruto del sentido común, el que ha demostrado el nuevo ministro y que no fueron capaces de aplicar sus antecesores en el cargo. Ahora pedimos diálogo, que nos tengan en cuenta a los municipios a la hora de dar forma a esa nueva ley, dado que nosotros conocemos los problemas que sufre el litoral y sabemos cuáles son las sensibilidades de la ciudadanía. Esta decisión es la culminación de un intenso trabajo, junto a la plataforma, que nos llevó incluso a reivindicar ante Bruselas y ante quien hoy es vicepresidenta, Soraya Sánchez de Santamaría. Por eso van a permitirnos que respiremos tranquilos, por fin.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/por-fin-nueva-ley-de-costas_716025.html
Solo hacía falta escuchar y ver. Porque no se puede decidir el futuro de cientos de personas sobre un plano. No se pueden obviar las circunstancias ambientales, ni obcecarse en que lo que era bueno en 1988 es necesariamente bueno en 2012. Por fin, los municipios afectados hemos recibido un compromiso firme de un responsable político de cambiar una ley de costas que tiene muchas cosas buenas, pero otras malas. Porque las leyes no pueden dar la espalda a los ciudadanos, sino que deben defender sus derechos.
Lo más frustrante es que no era tan difícil. Escuchar y decidir. Hasta ahora las únicas decisiones que se habían tomado eran dibujar deslindes sobre un mapa y derribar viviendas e infraestructuras. Estas últimas decisiones irreparables. Por eso es imprescindible que se paralice cualquier expediente administrativo abierto contra las propiedades del litoral hasta que la nueva ley se haya modificado.
La semana pasada recibimos una excelente noticia fruto del sentido común, el que ha demostrado el nuevo ministro y que no fueron capaces de aplicar sus antecesores en el cargo. Ahora pedimos diálogo, que nos tengan en cuenta a los municipios a la hora de dar forma a esa nueva ley, dado que nosotros conocemos los problemas que sufre el litoral y sabemos cuáles son las sensibilidades de la ciudadanía. Esta decisión es la culminación de un intenso trabajo, junto a la plataforma, que nos llevó incluso a reivindicar ante Bruselas y ante quien hoy es vicepresidenta, Soraya Sánchez de Santamaría. Por eso van a permitirnos que respiremos tranquilos, por fin.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/por-fin-nueva-ley-de-costas_716025.html
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