Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

viernes, 10 de mayo de 2013

Los afectados alertan del ataque al derecho a la propiedad privada

Miembros de la plataforma de perjudicados por la Ley de Costas de la provincia de Huelva han rechazado la reforma aprobada ayer por el Parlamento, ya que entienden que vulnera la normativa europea de la propiedad privada.


La mayoría de los afectados considera insuficiente el sistema compensatorio de la reforma, que se basa en alargar las concesiones de uso de la vivienda hasta 75 años, en lugar de contemplar una compensación económica.

Los propietarios de las viviendas denuncian que con la nueva ley no se produce ninguna expropiación, lo que conllevaría una compensación económicas, y sí una "confiscación", porque no contempla ni una indemnización ni un justiprecio. La nueva normativa tan solo permite el disfrute de la vivienda; esto es de "algo que ya tengo", como dicen gráficamente los afectados. Y además, "pretenden indemnizarnos con algo que ya es nuestro", añaden.

Los afectados están convencidos que la reforma va contra la propiedad privada, un derecho "sagrado", según la Carta Europea y que se salta la Constitución Española y el Derecho Internacional.

Tampoco aborda, en su opinión, el concepto de dominio público. Así, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas entiende que con la reforma "se pueden realizar deslinde indefinidamente", ya que permite que en cualquier momento pueda producirse una ampliación.

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea estudia ya si la reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada y redactará un informe de conclusiones antes del verano.

La modificación de la ley podría vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales ya que "ataca" al concepto de propiedad privada. Y es que, según la Comisión, las compensaciones a los propietarios afectados por la normativa se han pensado de forma muy extraña, porque el Gobierno español no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad, y solo otorga una "concesión, o en tal caso la ampliación de una concesión que no es una compensación económica".
La reforma de la Ley de Costas sigue sin ofrecer la protección jurídica suficiente para los propietarios de casas en la costa y plantea varios interrogante sobre protección medioambiental, según la Comisión. Ésta determina que se necesita una clara definición del concepto dominio público marítimo terrestre y que el registro de la propiedad no es satisfactorio, porque se tendría que saber si una propiedad está afectada o no por la normativa antes de comprar.
La plataforma considera ni de lejos concilia la necesidad de proteger el medio ambiente y la obligación de respetar los derechos y garantías jurídicas de los propietarios de pequeñas casas en la costa.
La nueva normativa obliga por ejemplo a incluir en el registro de la propiedad civil todas las casas que se verían afectadas por el deslinde, para que nadie pueda adquirir una vivienda sin saber que podría ser expropiada en el futuro.
La asociación no está convencida de que la reforma vaya a mejorar las cosas ni logre compensar a los propietarios ya afectados de forma satisfactoria, porque además incluye una cláusula que establece que las concesiones podrían revocarse en cualquier momento sin causa justificada.

Los afectados denuncian también que las líneas de deslinde que definen qué casas expropiar se han fijado de manera muy arbitraria, amnistiando en algunos casos a hoteles o fábricas contaminantes en detrimento de muchos pequeños propietarios, que sí se han visto expropiados.



http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1520086/los/afectados/alertan/ataque/derecho/la/propiedad/privada.html

Dos hoteles canarios esquivan la piqueta

La reforma prorroga la concesión administrativa de dos de los hoteles más polémicos de Canarias


La nueva Ley de Costas, con carácter general, prorroga la concesión administrativa de dos de los hoteles más polémicos de Canarias, aquellos que son propiedad de la Cadena Riu y se encuentran dentro del espacio protegido de las dunas de Corralejo, en Fuerteventura, en dominio público. La ampliación de la concesión se tramitará mediante solicitud, “un automatismo”, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, durante los próximos 75 años.

Son las dos únicas explotaciones hoteleras ubicadas en este Parque Natural y tienen la exclusiva del uso del mismo. La concesión de uno de los hoteles, Oliva Beach, culminaba en 2017 y con la nueva Ley de Costas se amplía también la ausencia de canon por ocupar este espacio. En caso de que se hubiese llegado al final de la concesión administrativa, el Estado podría haber decidido demoler y reponer la zona, tal y como se había planteado en la hoja de ruta inicial.

La cadena hotelera obtuvo en 2007, de acuerdo con la negociación mantenida con el Gobierno de España, un hotel con licencia para 10 años y otro para 30 años; a cambio, el Estado obtenía el islote de Lobos, ahora público y antes propiedad de Riu en su mayoría. Cristina Narbona, entonces ministra de Medio Ambiente, negoció con la cadena hotelera la reducción de la concesión administrativa.

La empresa expresó su deseo de llegar a un acuerdo dado que su negocio “no está en explotar hoteles en dominio público”. El deslinde por el que ambos establecimientos, de repente, se encontraron en terreno público se produjo en 1989 y a pesar de ser recurrido, el Tribunal Supremo dio la razón al Estado en 2003.

José Fernández, director general de Espacios Protegidos del Gobierno de Canarias, ve cómo la nueva ley “desprotege de manera notable la costa y expone al cambio climático a muchas construcciones”. Para otros expertos consultados, se trata de “una transferencia de recursos encubierta” por parte del Estado. Hace dos días, en una reunión de urgencia, el Cabildo se puso en el peor de los casos y propuso compensar a Riu con terrenos en una zona urbana. Todo por no perder esas 436 habitaciones y la actividad que generan.

En España existen otros espacios que también acogen hoteles en dominio público, como El Saler, en Valencia, o en Punta Umbría (Huelva), y cuya concesión, igualmente, se ampliará previsiblemente.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/09/actualidad/1368131003_984418.html

Arucas tramita los catálogos de las casas afectadas por la nueva Ley de Costas en el municipio


 San Andrés, Quintanilla y El Puertillo no están en el anexo de la nueva Ley de Costas.

El Ayuntamiento de Arucas en el Pleno celebrado el pasado lunes, día 6 de mayo, en asuntos de Presidencia y a través del alcalde Ángel Víctor Torres, anunció que la Concejalía de Urbanismo y la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas había recibido una nota interna de fecha 30 de abril, para la elaboración del catálogo de viviendas del municipio afectadas por la nueva Ley de Costas, ya que tras la aprobación definitiva de la nueva Ley de Costas y en el anexo de la misma no constaba como núcleos poblacionales los barrios de San Andrés, Quintanilla y El Puertillo, y así poder ser amnistiados.

Ante tal situación, por parte del Ayuntamiento se han iniciado los trámites internos para que desde los servicios municipales de Urbanismo se realice el catálogo de las viviendas afectadas por la Ley de Costas con el objetivo de intentar que la Administración Central, es decir, el Gobierno de España, considere a los núcleos costeros de San Andrés, Quintanilla y El Puertillo dignos de ser excluidos en la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre y evitar así su demolición.

La nueva Ley aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados tiene un anexo en el que aparecen una serie de núcleos poblacionales entre los que no se incluye ninguno de Canarias y, por tanto, tampoco lo tres núcleos del municipio afectados.

Según esta Ley, que se publicará en el BOE en los próximo días, los ayuntamientos tienen hasta tres meses para presentar sus catálogos, y ante la evidencia de que en el Senado se habían rechazado las enmiendas relativas a los núcleos costeros canarios, el Ayuntamiento de Arucas ha comenzado a realizar el trabajo para llevarlo, si procede, a un próximo Pleno.

La concejala de Urbanismo del Consistorio aruquense, Marisol Collado, expuso que “desde la Concejalía de Urbanismo, a través del Plan General, se está trabajando para reservar el suelo necesario por si es necesario el realojo de los vecinos afectados, dejando claro que la prioridad es conseguir la inclusión de los núcleos costeros de Arucas como núcleos poblacionales en la nueva Ley.”


"Canarias no existe para la Ley de Costas"

La reforma de la Ley de Costas salió ayer aprobada del Congreso de los Diputados sin atender las especificidades canarias y sin garantías para los núcleos costeros amenazados de derribo en las Islas. Para la diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC) Ana Oramas en esta ley «Canarias no existe». La nueva norma únicamente contó con los votos favorables del Partido Popular (PP).


El pleno del Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno definitivo a la reforma de la Ley de Costas en los mismos términos que había sido aprobada en el Senado y por tanto sin incorporar ninguna excepción para salvar aquellos enclaves costeros de las Islas con valores etnográficos, históricos o pintorescos, que ahora pueden quedar condenados a la piqueta.

Aunque la Cámara Baja se limitó a ratificar el texto sin introducir cambio alguno con el único voto a favor del PP, el trámite suscitó un debate encendido. La portavoz de CC-NC, Ana Oramas, calificó de «impresentable» que la reforma no haya tenido en cuenta a las Islas. «Sencillamente en esta ley Canarias no existe, pese a ser la comunidad autónoma con más kilómetros de costa», señaló.

La diputada nacionalista reprochó al PP haber salvado de la piqueta doce enclaves concretos de la Península y Baleares y «olvidarse» de los núcleos canarios.

«¿Ustedes me quieren decir qué diferencia hay entre Formentera y La Palma o Lanzarote? ¿O entre Tenerife y determinadas zonas del Mediterráneo?» preguntó Oramas a los populares, «porque los enclaves canarios tienen las mismas condiciones que esos sitios que sí han recibido el cariñito especial del PP y que se han salvado por compromiso político», añadió.

La diputada nacionalista recordó, además, que los núcleos isleños para los que se pedía consideración especial «no son chalés con piscina ni hoteles en primera línea, sino casas que gente sencilla levantó hace treinta, cincuenta o sesenta años», señaló, al tiempo que sostuvo que «estamos hablando de actividades sostenibles y de valores etnográficos, no de especulación», quiso dejar claro.

La Ley deja ahora la pelota en el tejado de los ayuntamientos, que deben remitir un informe a Medio Ambiente sobre cada enclave, argumentando que se trata de núcleos urbanos. Si el Ministerio entiende que cumplen con todos los requisitos, se los excluirá de la servidumbre, que queda fijada en 20 metros.

Recurso

El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, no fue ayer tan contundente como hace unas semanas en el Parlamento regional, donde anunció que el Gobierno recurriría la reforma de la Ley de Costas «apenas» se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A través de un portavoz autorizado de la Consejería, Berriel manifestó que el Ejecutivo sigue mostrándose «crítico» con la reforma del Partido Popular (PP) y la «rechaza» por cuanto que «no se adapta a la realidad de las Islas».

Sin embargo, ayer indicó que el Gobierno tiene que estudiar «con detenimiento» el documento aprobado ayer, y ver las enmiendas incorporadas, antes de decidir si recurre la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional. En el Parlamento , Berriel aludió a la inconstitucionalidad de la Ley por su retroactividad y por no respetar, dijo, el principio de igualdad

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=300320

jueves, 9 de mayo de 2013

PROTESTAS EN EL CONGRESO POR LA APROBACIÓN DE LA LEY DE COSTAS.

Greenpeace escala el Congreso en protesta por la Ley de Costas del PP


Varios activistas consiguen llegar hasta el techo del hemiciclo donde desplegaron una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa"

Varios activistas de Greenpeace han conseguido acceder esta mañana hasta la parte más alta de la fachada del Congreso de los Diputados para protestar por la reforma de la Ley de Costas, que hoy de debate en el hemiciclo.

Durante la acción reivindicativa, en la que han desplegado una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa", ocho activistas han sido detenidos por la Policía, sin que todavía hayan sido puestos en libertad, según ha informado la organización ecologista.

Fuentes policiales han informado de que los arrestados han sido trasladados a comisaría donde se les tomará declaración.

Cinco de los miembros de la ONG intentaron acceder a la puerta principal del edificio para llegar hasta el perímetro interior del Congreso, pero los agentes los desalojaron rápidamente. Dos de ellos, no obstante, consiguieron escalar la fachada principal a través de los andamios que rodean el Congreso por las obras y llegar hasta su parte superior donde desplegaron la pancarta y uno de ellos se descolgó con una cuerda durante unos segundos.

La acción, de carácter pacifico, se ha llevado a cabo mientras en el interior se debate el Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, que previsiblemente será aprobada hoy definitivamente con la mayoría del PP y la abstención de CiU.

"Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no solo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria" ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

La organización ha criticado reiteradamente las modificaciones previstas para la nueva ley, al considerar que "desprotege y privatiza" el litoral español y que "podría favorecer unos pocos intereses muy cercanos al PP".

Greenpeace ha anunciado que presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si con la reforma se han vulnerado varias directivas europeas sobre protección del medio ambiente

http://www.publico.es/455016/greenpeace-escala-el-congreso-en-protesta-por-la-ley-de-costas-del-pp



La protesta de Greenpeace frente al Congreso contra la Ley de Costas se salda con la detención de ocho activistas


El grupo ecologista presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado directivas europeas

La protestas realizada a primera hora de este jueves por miembros de Greenpeace en el Congreso de los Diputados se ha saldado con el arresto por parte de la Policía Nacional de los ocho activistas de la organización que han participado en la acción, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Tras una rápida intervención, los agentes lograron neutralizar a todos los activistas, a los que retuvieron en la plaza de las Cortes y les pidieron la documentación. Posteriormente, fueron detenidos y serán trasladados a las dependencias policiales de Moratalaz, según las mismas fuentes consultadas.

Los activistas de Greenpeace, que iban vestidos con monos naranjas, se habían encaramado esta mañana al tejado del Congreso de los Diputados para protestar contra la Ley de Costas y llegaron a mostrar una pancarta en la que se podía leer 'El PP vende nuestras costas', pero fueron desalojados rápidamente por la Policía.

Minutos antes de que esto sucediese, cinco de estos activistas habían intentado acceder al perímetro interior del Congreso, actualmente protegido por las obras que se están realizando en la zona. Pretendían acceder a la puerta principal del edificio, habitualmente cerrada, para lo que llegaron a subirse a las vallas que actualmente rodean el perímetro.

Los agentes reaccionaron con velocidad para bajarlos de la valla, pero al menos dos de ellos consiguieron burlar la acción de la Policía y llegaron a subirse a lo alto del edificio aprovechando el andamiaje que hay en torno al mismo por las citadas obras.

Tras mostrar la pancarta 'El PP vende nuestras costas', uno de ellos llegó a descolgarse con una cuerda por la fachada del edificio durante unos segundos.

SE REBAJA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

A juicio de Greenpeace, durante todo el proyecto de reforma, la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización.

Es más, el grupo ecologista sostiene que la desprotección ha ido acompañada de grandes dosis de arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde el comienzo de la reforma.

En su opinión, ésta podría favorecer intereses muy concretos cercanos al partido en el Gobierno que han quedado recogidos en el informe 'Amnistía a la Destrucción' y que ocasionó una demanda por parte de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

La organización destaca, como puntos más negativos de esta ley, que una docena de núcleos costeros que quedarán exentos de cumplir la Ley de Costas; la reducción de la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos; la desprotección de los más importantes humedales costeros y dunas, y el desprecio por las consecuencias del cambio climático sobre el litoral español, entre otras muchos recortes a la protección de la costa.

UNA LEY CON FALTA DE RIGOR

"Otra prueba de la falta de rigor de la reforma es que desde el Ministerio de Medio Ambiente se reconoció a Greenpeace que no se habían dado cuenta de que el PP había incluido una enmienda según la cual hubiese sido posible legalizar el hotel de el Algarrobico", alerta la organización ecologista, aunque reconoce que la enmienda se corrijió en último momento.

"Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no sólo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria", según ha sentenciado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

La organización ecologista tampoco comprende cómo se puede aprobar una reforma que carece de una memoria económica que analice con rigor el coste económico de lo que va a suponer la reforma, dada la inseguridad jurídica que provocará, ya que dejará sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales de Justicia que había ganado el Estado.

"Provocará un grave quebranto económico al erario público si ha de indemnizar a todos aquellos que perdieron sus casos durante los 25 años de aplicación de la Ley", ha sentenciado..

Greenpeace presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado la directiva europea sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la también directiva europea relativa a evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, o la directiva relativa a la conservación de aves silvestres, la directiva Hábitat, relativas a la conservación de Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el convenio de Aarhus, la Directiva de 2003 de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

http://www.eldiario.es/politica/Greenpeace-Congreso-Ley-Costas-activistas_0_130537087.html



martes, 7 de mayo de 2013

La Ley de Costas "salvará" miles de hogares gallegos situados junto al mar

La nueva Ley de Costas, que el Congreso aprobará previsiblemente el próximo jueves, "salvará" miles de hogares gallegos que se sitúan en núcleos rurales tradicionales aunque sobre el dominio marítimo-terrestre.


El pleno del Congreso ha debatido hoy una proposición del Parlamento gallego para modificar la actual Ley de Costas, que pretendía que se tuvieran en cuenta algunas singularidades de Galicia, como los asentamientos tradicionales de población que existen junto al mar, y que forman parte del acervo cultural de una comunidad con profundas tradiciones marítimas y marineras.

La iniciativa ha sido rechazada por todos los grupos, ya que la nueva Ley de Costas que se aprobará el jueves, y que sustituirá la vigente desde 1988, incorpora en gran parte las propuestas que estaban incluidas en la iniciativa del Parlamento gallego.

La proposición de ley para modificar la Ley de Costas de 1988 fue promovida en el Parlamento gallego por el PPdeG en el año 2010, y en ella se reconoce que la ley que se aprobó hace veinticinco años pretendió poner orden al creciente proceso de "privatización y depredación" de la franja costera española.

Según el texto defendido hoy en el Congreso, la Ley de Costas de 1988 no contempló este fenómeno urbanístico "netamente gallego", el de los asentamientos rurales, que además están reconocidos por la legislación urbanística de Galicia.

Plantea además que se están sucediendo situaciones injustas, ya que durante los últimos años se han expropiado viviendas o inmuebles a gente que las construyó o compró de buena fe, y en muchos casos esas propiedades están sujetas a hipotecas o créditos.

La proposición de ley propuesta por el Parlamento Gallego planteaba que se hicieran concesiones de treinta años -prorrogables- para ese tipo de edificaciones, y que si el Estado opta por la expropiación se haga cargo de todas las cargas hipotecarias o financieras o compense a los propietarios con un inmueble similar.

Pero el texto ha decaído ante la oposición unánime de la Cámara, y el portavoz del PP Guillermo Collarte ha justificado el rechazo del grupo mayoritario al señalar que estas demandas están ya, en gran parte, previstas en la nueva Ley.

Los grupos de la oposición han criticado la nueva Ley de Costas por considerar que aumentará la privatización y la sobreexplotación del litoral español, y han advertido de que la nueva norma no tiene en cuenta los efectos del cambio climático.

Han criticado además que se pretenda "salvar" de la demolición "mansiones", "chalets de lujo" y algunas empresas, pero el diputado del PP Guillermo Collarte ha insistido en que se trata de hogares pertenecientes a familias de pescadores y "gente humilde":

EFE

UNA LEY PARA LOS GALLEGOS. EN CANARIAS EXISTEN NUCLEOS COSTEROS TRADICONALES, QUIZAS MAS ANTIGUOS QUE LOS GALLEGOS. DONDE ESTAN LOS POLITICOS CANARIOS?

lunes, 6 de mayo de 2013

Alegranza, una vieja expropiacion en litigio

Los dueños de Alegranza pleitean con el Estado en el Tribunal Supremo por una supuesta expropiación en 1889, de 850.000 metros cuadrados de la isla, que al parecer no se efectuó. Los dueños creen que se ha ocupado el suelo por la vía de hecho, al incluirlo en el nuevo deslinde de Costas. Un pleito con mucha historia
.



La demanda de uno de los dueños de Alegranza, Eduardo Jordán Martinón, ante el Tribunal Supremo, acaba de ser admitida, y se refiere a una supuesta expropiación por el Estado de 850.000 metros cuadrados de la isla, en 1889 al inicio del reinado de Alfonso XIII.


El pleito se refiere a la inclusión, en 2008, por parte de Costas, en el nuevo deslinde marítimo terrestre, de los citados 850.000 metros cuadrados de suelo que rodean al actual faro de la isla, alegando que es suelo al servicio de dicho faro y basándose en la existencia en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de un expediente de 1889, en el que supuestamente se procedió a expropiar este suelo.


Sin embargo, los dueños han investigado el expediente y llegado a la conclusión de que la expropiación nunca se llevó a efecto, al no existir expediente expropiatorio. Dicen que no consta pago alguno de justiprecio y no existe declaración de utilidad pública de dicha expropiación, como se vendría a demostrar documentalmente en la demanda.


Según la historia de este curioso litigio, en 1860, José García Lugo, dueño de Alegranza cedió al Estado 1.708 metros cuadrados para construir el faro, que se construye en 1865. En él vivieron dos torreros y sus familias; y por entonces se dieron múltiples conflictos con los medianeros de la isla, por el cultivo de amplias zonas en torno al faro.


Por ello, en 1877 el dueño pidió al Estado que delimitara el terreno al servicio del faro. Este es el origen del supuesto expediente expropiatorio al que se refiere la Autoridad Portuaria. A partir de ahí se inicia el expediente de expropiación del los caminos y suelo de servicio del faro, no de los 850.000 metros que ahora ocupa el nuevo deslinde. Un expediente que los dueños dicen, no se culminó, porque no se declaró la utilidad pública, ni se abonó el justiprecio. Razones de nulidad de la expropiación.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=299716