Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

sábado, 7 de julio de 2012

Todavía no nos lo creemos´

Los residentes del macizo desconfían de la sentencia que evita el derribo de sus viviendas



"Todavía no nos lo creemos del todo que nos hayamos librado de quedarnos sin casa", confiesa Armenia Rodríguez desde detrás del mostrador de la pequeña venta que regenta en Almáciga. A pesar de que la noticia acerca de la salvación por parte del Supremo de 250 inmuebles de este núcleo del litoral de Anaga y de Roque de las Bodegas se ha propagado rápidamente entre los afectados y el resto de vecinos, aún muchos temen que la sombra de la demolición vuelva a planear sobre este barrio costero.

Según confiesan los residentes en Almáciga, las imágenes de los derribos en lugares como Cho Vito permanecen grabadas en sus cabezas con la misma intensidad al miedo a perder sus viviendas. "Aquí la gente lo ha pasado muy mal durante demasiado tiempo. Hemos recibido muchos palos y nos han mentido mucho miedo desde las administraciones y, claro, todo eso hace que la gente desconfíe", explica Ignacio del Castillo, el presidente de la Asociación de Vecinos Virgen de Begoña.


"Los vecinos temen volver a las andadas y se preguntan si basta con la sentencia del Supremo o vendrá luego un nuevo problema. Ahora falta la declaración para Anaga de Reserva de la Biosfera para garantizar que nunca habrá derribos", apunta Guillermo Borges, el responsable del colectivo Amigos de Anaga.

Para disipar todas estas dudas, será el propio abogado de los vecinos el que explique a todos el próximo día 19 los detalles de la sentencia del Tribunal Supremo. Será entonces, prevé Del Castillo, cuando los residentes en Almáciga puedan pasar página y recobrar paulatinamente la tranquilidad perdida hace demasiados años. "Nos ha costado más de 35.000 euros y aún falta. Ahora hemos ganado y todavía necesitamos 6.000 euros más para abonar a nuestro abogado, los viajes, los informes y el papeleo", manifiesta este representante vecinal.

Según explica el presidente de este colectivo vecinal, ni siquiera su propia mujer cree que este David haya podido con su particular Goliat. "No estoy tranquila del todo. Temo que vuelvan a tocarnos las narices cuando pase un tiempo", reconoce Dolores Alonso, la aludida. "Mi marido se lo cree, pero yo tengo mis dudas", añade.

Y es que, según afirma Alonso, los quebraderos de cabeza, las tensiones, las muchas reuniones y el fuerte desembolso realizado por estos chicharreros para defender sus casas no se olvidan de un día para otro. "Cuántas veces nos manifestamos contra los derribos, cuánto dinero hemos invertido para conservar nuestras casas...", afirma con gesto de rabia al recordar vivencias como los derribos en Cho Vito. "Veíamos por la televisión las imágenes y temíamos que cualquier día se presentasen aquí las grúas", rememora.


Norberto Izquierdo sonríe ahora al echar la vista atrás hacia esos instantes especialmente emotivos. La venta que regenta junto con Armenia, su mujer, ha albergado durante mucho tiempo cientos de conversaciones sobre los efectos de la Ley de Costas. Antes apenas nadie en Almáciga sabía que era el dominio marítimo-terrestre ni el deslinde. Ahora es raro el vecino que no haya incorporado estos conceptos técnicos a su vocabulario. "¿Cómo íbamos a saber de cosas así? Aquí sabíamos de cabras y vacas, que son con lo que hemos crecido", se pregunta Benita Sosa, una de las clientas habituales del establecimiento.


Para Izquierdo, la sentencia del Supremo era la única vía posible para garantizar el futuro de Almáciga y el Roque de las Bodegas y, de paso, combatir la progresiva despoblación de estos caseríos de Anaga. "Esto no son segundas residencias como en Cho Vito. Aquí no tenemos otra vivienda, ¿dónde íbamos a ir?", razona. Ahora, Izquierdo, espera que la sentencia se traduzca en una mayor seguridad a la hora de vender o alquilar los inmuebles del barrio. "Eso sí, que no dejen construir más", apostilla.

A sus más de 70 años, Víctor González cuenta que solo la amenaza de que derribaran su casa y lo obligaran a dejar el barrio casi acaba con él. "Si nos hubieran sacado de aquí nos hubiéramos muerto. No podría vivir sin esta tranquilidad y sin estar cerca del mar", afirma. A punto de calzarse las botas para dirigirse a su huerto, este vecino de Anaga cree que la sentencia del Supremo permitirá mantener vivo un modelo de entender la vida que "ya no existe" en otros puntos del municipio capitalino. "En Almáciga vivieron mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres y yo. Ahora podrán hacerlo también mis nietos", explica. No obstante, confiesa que aún recela de la noticia. "¿Qué haría usted si le hubieran mentido tanto como a nosotros?", concluye


http://www.laopinion.es/tenerife/2012/07/07/todavia-creemos/422415

El Supremo salva 250 viviendas de Almáciga y Roque de las Bodegas

El Alto Tribunal legaliza las casas de Anaga al ampliar el deslinde de 20 a 100 metros


El Tribunal Supremo acaba de salvar a cerca de 250 casas de Almáciga y Roque de las Bodegas, en Anaga, que se habían quedado fuera de ordenación. Sus dueños ya no tendrán que esperar a un cambio en la Ley de Costas para saber si las pueden mantener o si van a ser derribadas porque esta decisión las legaliza de forma definitiva.

Una sentencia del Alto Tribunal ha ampliado de 20 a 100 metros el ancho de la costa en el que no se puede construir en 12.722 metros de la costa de Anaga, desde Almáciga hasta Taborno, con lo que esas 250 casas que se encontraban dentro de lo que se conoce técnicamente como deslinde marítimo-terrestre quedan legalizadas e incluso en ellas se podrán hacer obras menores o modificaciones puntuales con el permiso de las administraciones competentes.

El Supremo acepta la ampliación del deslinde en Almáciga, donde se encuentran la mayoría de las casas, y Roque de las Bodegas, pero no así en otro núcleo de Anaga, Tachero, cuyos propietarios también habían pedido que se ampliará la frontera a partir de la cual no se puede construir. La diferencia está en que el Supremo considera acreditado que los dos primeros núcleos tenían características urbanas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, en el año 1988, mientras que el tercero no reunía esas características por lo que el deslinde quedará en los 100 metros actuales.


La empresa que se encarga del servicio de aguas del municipio, Emmasa, acreditó en un informe que Almáciga y Roque de las Bodegas cuentan con suministro de agua potable desde mucho antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, al menos desde 1980, y que cuentan además con alcantarillado municipal y con carreteras, entre otras infraestructuras.

Además, Endesa señaló en otro informe que puso en marcha el servicio de electricidad en estos dos núcleos de Anaga con la instalación de los centros de distribución en Almáciga en 1968 y en Roque de las Bodegas en 1973. Con estos documentos y las declaraciones de antiguos funcionarios municipales, el Supremo ve corroborada la principal alegación de los demandantes, representados por la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Begoña de Almáciga, de que estos núcleos eran urbanos antes de la puesta en marcha de la Ley de Costas aunque no hubiesen tenido esa catalogación oficial en el Plan General de Ordenación.


La sentencia del Tribunal Supremo rechaza una orden del Ministerio de Medio Ambiente a través de la cual fijó el 22 de septiembre de 2006 el deslinde de los bienes marítimo-terrestres en 20 metros a partir del punto máximo que alcanzan las mareas.

La Justicia acepta de esta manera las reclamaciones de los vecinos de Almáciga y Roque de las Bodegas, pero no así las de los vecinos de Tachero o con anterioridad de Igueste de San Andrés. El pasado mes de enero, la Audiencia Nacional ratificaba que 97 fincas y 22 viviendas de Igueste invaden el dominio público, son ilegales y podrían ser eliminadas en aplicación de la actual Ley de Costas, aunque el Gobierno del PP ya ha anunciado que no va a derribar estas casas y va a modificar esta norma para salvar estas y otras edificaciones en todo el litoral nacional.

La magistrada Elisa Veiga avala en la sentencia la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 2010 que establece el deslinde del dominio público marítimo terrestre de Igueste en 100 metros, cuando los propietarios afectados pedían que la línea se redujera a 20 metros. Todos los inmuebles y cultivos que se encuentran en los 100 metros a partir de la orilla, esas 97 fincas y 22 viviendas, quedan pues fuera de ordenación. A diferencia de Almáciga y Roque de las Bodegas, el tribunal entiende que este asentamiento no se podía catalogar de urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas.

http://www.laopinion.es/tenerife/2012/07/07/supremo-salva-250-viviendas-almaciga-roque-bodegas/422414.html



martes, 3 de julio de 2012

La Ley de Costas 'engulle' al Hotel Maritim de Los Realejos

Todo el edificio estará en situación de fuera ordenación, de manera que su valor catastral se reduce.



El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado que una parte "mínima" del histórico Hotel Maritim situado en Los Realejos, justo en el límite con el municipio turístico de Puerto de La Cruz, está afectado por la Ley de Costas con las consecuencias que esta legislación trae consigo. Entre ellas que todo el edificio estará en situación de fuera ordenación de manera que su valor catastral se reduce al máximo, se imponen fuertes restricciones a la ejecución de obras e incluso se podría proceder a su derribo si se ejecutara alguna obra de interés general, como por ejemplo un paseo marítimo.

El TS viene así a ratificar un fallo judicial anterior de la Audiencia Nacional (AN) en el que también se argumentaba que la línea del deslinde pasa por una parte del edificio que es propiedad de esta cadena hotelera. Los propietarios del establecimiento no pudieron ir en contra de la zona de servidumbre ya que esta había sido fijada en veinte metros de anchura, que se corresponde a la contemplada en la legislación para los terrenos urbanos. Pero sí se oponían a la delimitación de la ribera del mar a partir de la cual se fija el alcance de esta línea.
Lo curioso es que aunque la propiedad del inmueble denuncia que tan sólo se ve afectada una parte "mínima" del hotel según la Ley de Costas, las consecuencias es que todo el edificio queda afectado. Sin embargo, ni la Audiencia ni el Supremo parecen tener en cuenta estas argumentaciones y plantean que la Orden Ministerial que fijó el deslinde a lo largo de los más de tres kilómetros que discurren entre el Barranco de Playa Gorda y la Playa de Castro es ajustada a derecho. "Tras las pruebas practicadas en el expediente basadas en la observación directa y de los distintos estudios obrantes en el expediente, entre los que está un estudio geomorfológico y estudio fotográfico, ha quedado acreditado que el límite interior del dominio público queda correctamente definido y corresponde situarlo en el punto más interior alcanzado por las olas en los máximos temporales conocidos".
De hecho el tramo que ha sido cuestionado por la propiedad del Hotel se mantiene exactamente igual a como quedó fijado en el año 1964 sin que nunca su trazado hubiese sido puesto en duda hasta ahora. El Abogado del Estado, por su parte, consideró que en realidad los recurrentes no aportaron ninguna prueba para desarmar la orden ministerial sino que hicieron una alegación "abstracta" sobre las consecuencias que iba a traer consigo.

Durante el proceso judicial se pudo también demostrar que ni este hotel, ni el Acapulco III había contado nunca con una licencia por parte de la Dirección General de Costas.

http://www.canariasahora.com/noticia/224941/