Notas Introductorias
Este informe se centrará en la visita realizada por los miembros de la Comisión de Peticiones a Madrid en marzo de 2013, pero que abarcara cuestiones que han sido objeto de discusión y debate dentro de la Comisión de Peticiones durante muchos años. De hecho, va al corazón de lo que la mayoría de los ciudadanos y residentes europeos sienten que son sus derechos esenciales y fundamentales a sus hogares y propiedades, por una parte, y para el medio ambiente en el que viven, por otra parte. La lista de las peticiones recibidas, que describen la injusticia, la arbitrariedad y la irregularidad en la aplicación de la Ley de Costas española de 1988, es bastante larga y se adjunta al presente informe.
De hecho, fue hacia el final de la legislatura anterior que las pretensiones bien documentadas comenzaron a llegar al Parlamento, mientras que el Comité estaba en el proceso de preparación de lo que se convertiría en el Informe Auken. En la resolución al informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España, que fue aprobada abrumadoramente por el Parlamento en marzo de 2009, fue el siguiente párrafo sustantivo:
22. Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades Españolas de proteger el medio ambiente costero y, cuando sea posible, restaurar el medio ambiente costero de una manera que permite biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de flora y fauna y, en este contexto les apelan de revisar con urgencia y si es necesario revisar la Ley de Costas con el fin de proteger los derechos de los propietarios de viviendas legítimos y los que poseen pequeñas parcelas de terreno en las zonas costeras que no afectan negativamente en el medio ambiente costero; acentúa en que dicha protección no debe concederse a los desarrollos que están diseñados como empresas especulativas que no son propicias para el respeto de las Directivas Medioambientales de la UE; se propone revisar las peticiones que se han recibido sobre este tema a la luz de las respuestas de las autoridades españolas autoridades1;
Las narraciones del mismo informe proporcionado el contexto para esto, afirman:
O. Mientras que el año pasado las autoridades Españolas aprobaron unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, que había sido abandonada por muchos años durante los cuales se produjeron grandes daños al medio ambiente en las zonas costeras de España, y mientras que ni las instrucciones actuales no proporcionan medidas de ejecución claras a seguir por las autoridades locales y regionales implicadas, y que muchas nuevas peticiones recibidas atestiguan el contenido retro-activo de las instrucciones y la destrucción arbitraria y demolición de propiedades adquiridas legítimamente, sus derechos a las propiedades y su capacidad de transferir sus derechos a través de la herencia,
P. Mientras que en vista del camino actual de la línea de demarcación, los afectados tienen la firme impresión de que se ha establecido de forma arbitraria, a las expensas de los propietarios extranjeros, por ejemplo en la isla de Formentera,
Q. Considera que esta Ley de Costa impacta desproporcionadamente en propietarios individuales que deberían tener sus derechos completamente respetados, y a la misma vez insuficientemente en los perpetradores reales de destrucción costal quienes han sido responsables en muchos instantes por desarrollos urbanos excesivos a lo largo de costas incluyendo zonas turísticas y quienes tenían buenas razones para saber que estaban actuando inversamente contra las provisiones de la ley en cuestión.
La Comité de Peticiones invito a peticionarios a tener reuniones para discutir su caso en dos ocasiones: 2010 y otra vez en 2011, reuniones en las que las autoridades Españoles participaron. Una respuesta por escrito del 6 de julio de 2010, del entonces ministro responsable, María Elena Espinosa Mangana, a una serie de preguntas sobre la aplicación de la ley de 1988, no fue considerado satisfactorio por el Comité, que continuó con su trabajo sobre el tema.
Estos debates y discusiones se llevan a cabo en el Comité contra un telón de fondo de la crisis financiera internacional, la caída en el mercado inmobiliario español y el colapso de gran parte del sistema bancario español, en particular a nivel regional. Por lo tanto, era muy sensible y conflictivo, pero esto no impidió la continuación de la Comisión de Peticiones. Sin embargo, dada la complejidad y la sensibilidad de los expedientes en discusión, el Comité decidió, en su reunión de los días 21-22 noviembre de 2011 al crear un grupo de trabajo informal especial sobre los derechos de propiedad de España y la Ley de Costas. El Grupo de Trabajo inició sus trabajos en marzo de 2012 y se ha reunido ya en 8 ocasiones.
El presidente de la Comisión escribió al nuevo ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. Miguel Arias Cañete, en enero de 2012, informándole de los intereses y las preocupaciones de la Comisión con respeto a las propuestas del nuevo gobierno para reformar la Ley de Costas, que había anunciado el 13 de enero 20121.
En abril de 2012, el Director General del Ministerio responsable de la Ley de Costas hizo una declaración en la reunión del grupo de trabajo informal, en la que expone las propuestas del Gobierno para la reforma y respondió a preguntas de los miembros. Esto fue seguido en julio con una carta que contenía el nuevo anteproyecto de ley, que se distribuyó a los miembros del grupo de trabajo.
Dado el número de cuestiones planteadas se decidió preparar un cuestionario, que reflejaba muchos de los puntos expresados por los peticionarios, para enviar a la Secretaría por sus comentarios y reacciones como miembros mantuvieron varias áreas clave de preocupación. Después de haber sido examinado por el grupo de trabajo y los coordinadores de la comisión, el cuestionario se envió el 25 de junio 2012. Las respuestas se consideran más adelante en este documento.
Los miembros del grupo de trabajo fueron animados por la aparente voluntad de las autoridades españolas para entablar un diálogo con ellos sobre este tema. Sin embargo, a pesar de los muchos intentos para iniciar nuevas conversaciones con las autoridades, apenas existió contacto antes de la respuesta al cuestionario que fue finalmente recibida el 26 de febrero 2013. Mientras tanto, los peticionarios habían estado manteniendo sus contactos con el Comité y el grupo de trabajo, y garantizando que los miembros fuesen informados de los avances y las negociaciones sobre el proyecto de ley en España, especialmente de cómo les afectaba, ya que tenían una serie de ONG medioambientales.
También llegaron noticias a la Comisión de la demolición de viviendas en algunas zonas costeras (Cho Vito) en virtud de la aplicación de la ley de 1988. El Comité había solicitado una moratoria, pero sin embargo la ley fue aplicada y ejecutada por los tribunales, sin la intervención del ministerio.
Las Propuestas de Reforma
El propósito de la reforma de la Ley de Costas 1988 es proporcionar una mayor seguridad jurídica a las personas que tenían propiedades en las zonas costeras españolas, y una mayor protección del medio ambiente costero. Esto siempre ha sido un tema clave para la Comisión, ya que la ley de 1988 había sido notoriamente mal y arbitrariamente aplicada - de ahí la necesidad de la reforma, según las autoridades. En su anteproyecto, el gobierno español proporcionó lo que ellos consideraban una definición más precisa de "dominio público", lo cual es otro elemento fundamental que condiciona los derechos reconocidos a las personas respeto a su propiedad. El proyecto también propone conectar las muchas deficiencias en el registro de la propiedad y también "para mejorar las condiciones que rigen tanto los plazos para la posesión y la transferencia de los derechos de propiedad".
El Secretario de Estado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente proporcionó a los miembros con una exposición de motivos claros según la cual era necesaria una "revisión profunda del sistema actual". La previa (1988) ley "a veces toleraba resultados que eran inaceptables desde el punto de vista ambiental", en la exposición de motivos se lee que la reforma pretende ser "un medio eficaz para la conservación del dominio público marítimo-terrestre y asegurar su uso por el público en general". La declaración proporcionaba medidas que permitían a las autoridades centrales a intervenir y bloquear efectivamente las medidas que las autoridades locales harían que podría "poner en peligro la integridad del dominio público marítimo-terrestre o la zona de servidumbre." Se propuso diferenciar entre playas urbanas y playas naturales próximos a las áreas protegidas o terrenos rurales. Las medidas también figuraban en el anteproyecto de ley que tiene el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la conservación del agua de las viviendas en las zonas afectadas.
Se reconoció en el proyecto de ley que habían surgido problemas con respeto a la seguridad jurídica de la propiedad que había, a su vez, "dado lugar a la desconfianza y la confusión".
Desde la perspectiva de los peticionarios y la mayoría de los miembros del Comité, éste era un eufemismo. Sigue siendo también una cuestión política y constitucional difícil. La descentralización de la autoridad y el poder excesivo tácitamente pero visiblemente otorgado durante muchos años a las autoridades municipales, los gobiernos regionales, permitió a muchos ayuntamientos para abusar de su papel mediante la aceptación de programas masivos de construcción, que no prevé la supervisión adecuada o suficiente y, al final, dejó muchos compradores de vivienda inocentes maltratados y traicionados por empresas inmobiliarias y sus asesores. Esto va de la mano con lo que muchos ven como una corrupción y la colusión entre las autoridades políticas y de la industria de la construcción.
Se alentó a los miembros a aprender que el nuevo proyecto de ley contribuiría a la finalización de dicha negligencia - al menos dentro de los perímetros estrechos cubiertos por la Ley de Costas, - mediante la creación de nuevos y más claro directrices a seguir por todos. Esto sería en beneficio de los propietarios de viviendas, a los posibles compradores y para la industria de la construcción que debe ser capaz de embarcarse en un camino de desarrollo más sostenible. Por otra parte, las disposiciones ambientales que se describen al parecer destinados a preservar y proteger lo que zonas del medio natural se mantuvo después de los años de destrucción sin trabas.
Queda sin embargo una consideración importante que aún está sin resolver en parte, y que se relaciona con el derecho fundamental de la misma propiedad. En pocas palabras, la cuestión se enfrenta a dos conceptos diametralmente opuestos de los derechos de propiedad: el gobierno español no concede la propiedad de las viviendas construidas en las zonas costeras, pero en cambio considera que son las concesiones. Considerando que en virtud de la legislación de 1988, las concesiones se prolongó durante treinta años bajo la nueva propuesta que se extenderán en determinadas circunstancias a setenta y cinco años. Peticionarios, muchos de los cuales habían comprado su propiedad antes de 1988, o era propiedad legada a la familia durante generaciones, sin embargo, consideran que se deben conservar los derechos de propiedad completa, sancionada por los hechos de la venta. Por lo tanto, los solicitantes no encontraron a ninguna propuesta aceptable que se retractaba de tales derechos adquiridos, y tanto más cuando sus efectos serían retroactivos.
El sistema de otorgamiento de concesiones se ha revisado y ampliado, como se ha mencionado, hasta setenta y cinco años, y la transferencia de las concesiones será ahora autorizada por herencia legal o como un regalo durante la vida del propietario, siempre y cuando la notificación se realiza dentro de un período de cuatro años de limite. (mortis causa and inter vivos).
En su respuesta a las preguntas de los miembros sobre este punto, el Ministerio aclaró su razonamiento de la siguiente manera: "la demarcación asigna la propiedad y los derechos de propiedad al Estado, la creación de la demarcación de tal manera que la inscripción en el registro de la propiedad no puede prevalecer sobre el carácter de dominio público del demarcada propiedades". Indemnización a los propietarios privados que reclaman derechos de propiedad preexistentes por lo tanto sólo se proporciona como una concesión, el interés público prevalece sobre los derechos de ciudadanos privados. Los titulares de terreno dentro del DPMT, tienen, por esta razón, de acuerdo con la nueva ley, derecho de usufructo y deben de pedir autorización para hacer uso de la concesión, para lo cual deberán, además, pagar una cuota.
Protección se introducen contra industrias contaminantes potenciales establecidas en las zonas de costa, que sólo pueden obtener extensiones de sus concesiones existentes cuando subyugados a un informe favorable de la Agencia de Medio Ambiente regional.
La ley tiene el objetivo de establecer límites claros y será obligatorio para registrar el terreno en el dominio público marítimo-terrestre para que el registro de la propiedad refleja la realidad física de la costa, algo que la ley de 1988 manifiestamente no logró. Se propone la anotación en el margen del registro relativo a las viviendas afectadas por el deslinde que se ha diseñado para garantizar una mayor transparencia.
Los dueños de la propiedad en las zonas de servidumbre podrán ahora realizar mejoras y modernización de la propiedad, siempre que no aumenten el tamaño del edificio, la superficie o la altura. Estarían obligados a hacer declaraciones con respecto a su conformidad con los requisitos de ahorro de agua, eficiencia energética y. Un marco jurídico específico que se crea para los sitios de interés cultural y que son de dominio público. Unas zonas construidas dentro de dichas áreas permanecerían como tales y la prohibición se estableció para cualquier nuevo residencial u hotel propuesto
La legislación revisada tiene también como objetivo la "protección sostenible y la mejora de la línea de costa". El Gobierno se compromete a respetar no sólo los términos de la Convención de Barcelona que tiene por objeto la protección del medio ambiente marino del Mediterráneo, sino también la Convención RAMSAR y las Directivas de la UE, en particular la Directiva sobre hábitats y la red de Natura 2000.
Las organizaciones ambientales sin embargo expresaron su preocupación de que la nueva ley, de hecho, representa un importante retroceso en la protección del litoral, que potencialmente permitiese la destrucción de importantes ecosistemas tales como marismas y sistemas de dunas y reducir el margen o la protección permitida por estuarios y ríos de 100 metros con sólo 20 metros.
Misión de Madrid
El 21 de noviembre de 2012, el grupo de trabajo informal envió una carta al presidente de la Comisión que se indica el alcance de su trabajo realizado en los nueve meses transcurridos desde su creación, y pidió una visita de investigación urgente a Madrid. Sin embargo, no fue hasta el 21 a 22 marzo 2013 que una visita oficial fue autorizada.
Cuando la delegación llegó a Madrid, el nuevo proyecto de ley ya había sido aprobado por el gobierno, había sido objeto de debate en la cámara baja y se esperaba su aprobación por la Cámara Alta del Parlamento español. Las solicitudes para reunirse con el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente no fueron respondidas por el Parlamento español. Sin embargo, los amplios debates fueron capaces de proceder con muchos peticionarios, quienes hicieron su camino a Madrid para reunirse con la delegación, con el señor Pablo Saavedra Inaraja y sus colegas de alto nivel en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, así como con las asociaciones ecologistas, agrupados dentro de la plataforma "No a Nuestra Costa" que habían estado previamente en contacto sobre este tema con la Comisión de Peticiones.
Los Peticionarios
El 21 de marzo de 2013, la delegación organizó una reunión abierta con los muchos peticionarios, algunos de los cuales ya habían mantenido un contacto permanente con el Comité, después de haber comparecido ante la Comisión en Bruselas. El objetivo en esta ocasión fue más para formular una evaluación y medir la reacción de los peticionarios a la nueva legislación, que mirar más profundamente en cada caso - aunque, inevitablemente, también era necesario con el fin de destacar las denuncias que se ejercidas sobre la reforma de la Ley de Costas.
Todos los peticionarios consideran que tenían títulos legales de sus propiedades, y se estima que entre 200 y 400 mil personas podrían verse afectadas por esta legislación. Los peticionarios señalaron que el medio ambiente costero español ha sido espectacular e irremediablemente destruido más extensos tramos, sobre todo a lo largo de la costa mediterránea y las islas, no por los individuos que poseían propiedades pequeñas, sino debido a la construcción especulativa que había tenido lugar durante los muchos años después de la original Ley de Costas se había adoptado en 1988, impulsado por la complacencia y, a veces las prácticas corruptas de las autoridades políticas.
La ley original no fue vista como apta para el propósito de su aplicación y las dudas más graves se expresaron de que su sucesora sería de alguna manera capaz de cumplir con su tarea en materia de protección del medio ambiente costero, y menos aún en cuanto a la legítima los derechos de los pequeños propietarios, muchos de los cuales eran ciudadanos no españoles de la UE que habían optado por beneficiarse del derecho a la libertad de circulación y de establecimiento concedido conforme a la legislación comunitaria.
Varios de los peticionarios españoles señalaron las graves anomalías que se han producido en las zonas cercanas a sus hogares, donde se han construido nuevas urbanizaciones, sin embargo una casa que había permanecido en la misma familia durante seis generaciones y estaba más lejos de la costa fue objeto de demolición (petición 395/2010). En otro caso, el Estado había vendido propiedades confiscadas.
La mayor parte de los peticionarios presentes confirmaron su oposición a que una concesión proporcionándoles el derecho a usar su propiedad, o a mejorarlo, aunque se amplíe a setenta y cinco años, no era el equivalente al pleno respeto de sus derechos y que les negaban el derecho a vender su propiedad con el valor de mercado original. Por otra parte, la legislación proporcionaba a las autoridades el derecho de rescindir la concesión de una manera que se podría ver totalmente arbitraria, y la propiedad aún podría ser demolida sin ninguna razón justificable. Los peticionarios presentaron ejemplos de propiedades costeras privadas que se demolieron para construir una zona de paseo a lo largo de la costa, que destruyó el entorno natural de toda la zona.
Otro se refirió a su casa familiar, construida en un terreno costero en 1899 a lo largo de un promontorio de catorce kilómetros, que ahora es objeto de demolición. Será expropiado sin una compensación adecuada (petición 174/2008). Otro demandante indicó que su casa, así como la de sus vecinos, han acabado entro de los límites de la zona costera como consecuencia de la extracción de la arena costera y otras obras hidráulicas a lo largo de la zona de playa, financiado por la Unión Europea, además. Por lo tanto han pasado a formar parte del dominio público que no era el caso cuando legalmente compraron sus propiedades con vista al mar en la década de 1980 (petición 119/2009). También corren el riesgo de demolición y sin compensación.
Prácticas arbitrarias bajo la ley de 1988 también fueron denunciados a través de ejemplos de las Islas Canarias, en Tenerife Cho Vito (petición 274/2009), donde una comunidad local entera viviendo en casas antiguas de pescadores había sido desalojada y sus hogares destruidos sin ningún beneficio tangible a nadie o el medio ambiente. Sus derechos habían sido abusados y negados, motivado por decisiones burocráticas y políticas, y sostenidos por documentación falsa, según dijeron. En tales circunstancias, sigue siendo muy difícil de poner cualquier confianza en las leyes de los países y su aplicación justa.
Como resultado de la extensión del puerto de Valencia, viviendas en El Saler ahora estaban sujetos a las disposiciones de la Ley de Costas después de la eliminación de las dunas de arena que desembocaría a sus hogares siendo inundados, confiscados y destruidos (peticiones 606/2009 y 1499/2009). Otro autor describió cómo su comunidad se sentía impotente ante el peso de los abogados poderosos empleados por empresas con intereses en la zona costera y su desarrollo, que buscan la eliminación de sus pequeñas casas de la zona costera (petición 881/2009). En Santa Pola, las protestas surgieron porque las personas estaban perdiendo sus hogares mientras que los bares y restaurantes estaban autorizados a permanecer. Los tribunales no intervinieron para proteger los derechos de los propietarios de viviendas, bajo la presión de los intereses financieros locales en la industria del turismo. Se dieron varios ejemplos en que la ley de 1988 no había impedido la demolición de sus casas y se construyeran hoteles en su lugar, sobre todo en las islas Baleares y en Cho Vito,las islas Canarias (peticiones 494/2010 y 678/2012) En Murcia, en la Isla de Mazarrón, habían otros ejemplos donde las casas locales habían entrado en el dominio público porque el desarrollo portuario había borrado la playa y las 39 viviendas afectadas ahora habían perdido su valor de mercado y con sujeción a las condiciones establecidas con carácter retroactivo del dominio público.
Desde el País Vasco a Cádiz, los peticionarios describieron cómo las costas eran, de hecho, mantenidas y limpias, y las playas limpiadas por las personas del lugar que ahora se encontraban con que sus casas iban a formar parte del dominio público con un grave riesgo de que las concesiones se retirarían. Viviendas familiares privadas que anteriormente tenían un valor de mercado € 500.000 se perderían virtualmente todo su valor, temieron (petición 103/2009). Los tribunales parecen haber dejado de intervenir para proteger los derechos de los ciudadanos en muchas de esas circunstancias.
El único grupo de peticionarios que parecían ser capaces de beneficiarse de la nueva legislación eran los de Empuriabrava (petición 296/2009) como su sitio muy específico donde las casas están construidas alrededor de las zonas de navegación interior junto a la costa, debían ser objeto de una excepción especial, el concedido a otras once áreas especificadas. Sin embargo, algunos peticionarios consideraron que la identificación de estas áreas sin criterios claros podría ser discriminatorio.
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Las Autoridades:
El 22 de marzo por la mañana, la delegación se reunió con autoridades del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En su declaración de apertura, el Director General de Asuntos Costal Pablo Saavedra indicó que la fuerza impulsora detrás de la nueva legislación es la necesidad de resolver los problemas y malas experiencias que había ocurrido bajo la ley de 1988. Afirmó que se habían tenido en cuenta las opiniones del Parlamento Europeo por el Ministerio en la elaboración de la nueva legislación, para el que también había habido consultas públicas.
Sr. Saavedra indicó que, una vez que la nueva ley de la revisión de la Ley de Costas se aprobó a finales de mayo, tras el examen de las enmiendas presentadas en el Parlamento, una disposición adicional, actualmente en preparación, sería entonces necesario examinar, definiendo más 'legal certeza "de la propiedad. No dio más detalles más allá de esto, excepto para decir que el reglamento debe ser aprobado antes de finales de 2013, momento en el que uno debe "ser capaz de considerar este tema como resuelto".
El gobierno había intentado, según el Sr. Saavedra, de encontrar un equilibrio entre los distintos intereses que protegiera la costa y dejaría a todos disfrutar de ella como de dominio público. Sr. Saavedra reiteró mucho que se ha mencionado anteriormente en este informe, en relación con las propuestas de reforma, y elaboró más sobre algunas de las principales cuestiones, en particular la distinción entre playas urbanas y naturales - que algunos miembros pusieron en duda debido a la falta de criterios utilizados para las áreas de servidumbre de 20 metros e indicadores de cambio climático. Reconoció que la ley no podía esperar obtener 100% de satisfacción de todas las partes.
En cuanto a la cuestión de la indemnización, el Sr. Saavedra se refirió a una resolución de 1991 por el Tribunal Constitucional español, que de hecho confirmaron que las concesiones otorgadas a los dueños de propiedades en el DPMT pueden considerarse compensatoria. Según él, el gobierno había mejorado, sin embargo en esta ampliando considerablemente el período de concesión y garantizar los derechos de herencia.
La actividad económica también se encuentra una mayor seguridad jurídica en la nueva legislación, agregó, lo que beneficiaría a algunas de las concesiones, principalmente para el turismo y la industria cultural. Protección del medio ambiente se ha mejorado, según él, por la introducción de evaluaciones de impacto específicas para las zonas industriales y grandes instalaciones en el dominio público.
En sus comentarios, los miembros plantean una serie de cuestiones que siguen siendo motivo de preocupación. Los miembros no estaban convencidos, por ejemplo, la referencia a la resolución 1991, y consideraron que una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta cuestión podría ser útil para todos los interesados. Los criterios para la retirada de una concesión tampoco estaban claros para muchos de ellos, que temían que serian de carácter arbitrario como lo habían sido desde 1988. La misma línea de demarcación también fue aparentemente abierto a la manipulación, y había expresado su preocupación de que los grandes intereses podrían "comprar por sí mismos" del dominio público.
Al concluir el debate, el Director General indicó que, en el pasado, la falta de seguridad jurídica había surgido en parte debido a los límites de demarcación incorrectos, debido a los derechos de propiedad y por la parte de acumulación en los registros de propiedad y registro. La legislación revisada fue diseñada para hacer frente a estos aspectos. La intención del Ministerio es hacer compatible la ley para proteger el dominio público y asegurar que las actividades sostenibles pudieron llevarse a cabo dentro de esa área.
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Los ONG Ambientales:
El 22 de marzo por la tarde, la delegación se reunió con varias asociaciones ecologistas. Los miembros fueron capaces de centrarse más específicamente en las alegaciones sobre el impacto ambiental de la Ley de Costas revisado. Las ONGs (WWF, Greenpeace, EA, Birdlife) fueron profundamente críticos con el hecho de que la ley anterior no se había respetado o aplicado correctamente y que las autoridades locales y regionales habían ignorado conscientemente sus disposiciones cuando urbanizando la costa y destruyendo toda los eco-sistemas, que enfatizaban deberían haber permanecido protegidas.
La nueva ley, temían, bien podría empeorar la situación debido a las numerosas excepciones políticos que se estaban negociando en su interior. Protección del medio ambiente costero, o lo que queda del medio ambiente natural, sería aún más problemático, dando menos protección general de las zonas costeras y el aumento de la explotación económica, y cuestionaron la compatibilidad de la legislación con la propuesta de Directiva estableciendo un marco de espacio marítimo planificación y gestión integrada de las costas.
Las asociaciones ecologistas señalaron que, como en el pasado, no habían garantías de que todos las autoridades regionales o locales realmente respetarían o aplicarían esta revisión de la legislación, ya que no tenían ni los medios ni incentivos adecuados para hacerlo. Esto implica que la ley revisada se beneficiará muy pocas personas y sólo muy grandes intereses. Asociaciones ambientalistas temen que ciertas nuevas urbanizaciones - originalmente construido en zonas protegidas o restringido bajo la antigua ley se eliminarán de dominio público, ya que ahora se considera que caen dentro de las áreas urbanas costeras, y alertaron que esto se está haciendo en un momento en las áreas marinas de los espacios Natura 2000 aún no han sido designados. Por lo tanto, los que violaron la ley en el pasado, cuando cientos de kilómetros del entorno costero se destruyeron efectivamente por el frenesí de construcción, están ahora protegidos por la nueva ley y no tienen nada que temer, está cubierto por una amnistía de facto en construcciones ilegales. Los ecologistas alertaron de que no se ha considerado el impacto masivo que ha tenido en la frágil costa mediterránea y atlántica y sus bio-sistemas.
Observaciones finales
Como resultado de estas reuniones y también las discusiones celebradas en el grupo de trabajo informal, los miembros siguen teniendo un gran escepticismo sobre el grado en que la versión revisada de la Ley de Costas, que ha sido aprobada por el Parlamento español y convertirse en ley, se llevará a cabo coherentemente y esté a la altura de los objetivos del Ministerio para mejorar la protección concedida al medio ambiente costero.
Además, los miembros siguen preocupados por las importantes mejoras que aún se necesitan en términos de los derechos de propiedad y la adquisición con el fin de cumplir con las normas europeas comunes. ¿Por qué es verdad que el Comité ha pasado tanto tiempo tratando con las preocupaciones de los ciudadanos de la UE sobre sus derechos de propiedad en España y prácticamente en ningún otro país de la UE? En cierta medida, el auge de la construcción y el número de casas que se compran y se venden podría explicar esto, pero la abrumadora evidencia sugiere que las peticiones se presentaron porque algo está seriamente mal con el enfoque de las autoridades españolas y abogados españoles. El número de peticiones que llegan al Parlamento Europeo son de ciudadanos españoles como de los ciudadanos no españoles. Esto sugiere que el acceso a una revisión efectiva de las decisiones administrativas, a la protección legal y la compensación de daños efectivos en un plazo razonable sigue siendo a menudo insatisfactoria.
En sentido estricto, en los términos del Tratado de la UE, nada obliga a España a modificar su posición y está claro que el Gobierno español y el Parlamento tienen competencia plena, constitucionalmente y políticamente, para decidir y adoptar las medidas legislativas. El "sistema de la propiedad" sigue siendo de competencia del Estado miembro. Sin embargo, el Tratado de la UE en virtud del artículo 6 y en la Carta de los Derechos Fundamentales, el artículo 17, también contienen disposiciones relativas a los derechos de la gente a su propiedad. Por lo tanto, la gente tiene expectativas legítimas de que la UE y el Parlamento, en particular, deben defender estos derechos en su nombre cuando se ven socavados o violados. Por otra parte, el artículo 3 del Tratado de la UE obliga a todos los estados miembros de la UE a un nivel elevado de protección y mejora del medio ambiente. El artículo 191 del TFUE refuerza este compromiso y obliga a los Estados miembros a adoptar los principios de precaución y tomar medidas preventivas cuando sea necesario. El hecho de que en el preámbulo de la nueva legislación, se hace referencia al informe aprobado por el Parlamento Europeo como detonante de esta reforma, es muestra de que lo que las instituciones de la UE y el Parlamento, en particular, dicen, es de importancia para el legislador español.
Es discutible si estos compromisos y disposiciones han sido plenamente reconocidos por las autoridades españolas en la Ley de Costas revisada y si la justicia ha sido finalmente establecida tanto para los propietarios de los bienes o el medio ambiente. La consulta pública fue organizada por el Ministerio y esto era importante; pero si tenía un impacto real en el resultado está mucho más abierto, teniendo en cuenta las reacciones de los peticionarios y de las asociaciones de los que ha oído el Comité.
Es lamentable el hecho de que esta revisión de la Ley de Costas ha fallado en gran medida a aumentar la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad, que es un requisito indispensable de cualquier mercado de la vivienda sostenible. Además, el hecho de que la línea de demarcación está potencialmente sujeto a revisión cada vez que hay un cambio en la línea de la costa (a partir de la erosión costera, por ejemplo, o de la construcción de un nuevo puerto deportivo) crea incertidumbre adicional, lo que puede ser legal hoy puede quizás no serlo mañana.
Aunque la ley indica que el registro de la propiedad debe ser actualizado, hay poca evidencia de cualquier avance en este sentido por las autoridades regionales y locales, y este sigue siendo un serio problema. Cuando esto se evalúa en el contexto de una ampliación del plazo concesional, que a su vez queda menos clara en cuanto a la fijación de períodos de tiempo específicos (en qué criterios es una concesión otorgada por 75 años, y cuando no lo es?). Entonces, miembros consideran, todavía hay demasiadas incertidumbres para los ciudadanos europeos para hacer frente en relación con sus derechos de propiedad. Como se ha dicho también, las concesiones no están consideradas por la mayoría de los miembros como una compensación justa por la posible pérdida de valor de las propiedades privadas de propiedad de dominio público de reciente creación.
En cuanto al objetivo esencial de la protección del medio ambiente de las zonas costeras, los miembros consideran que todavía hay demasiadas deficiencias y ambigüedades de la nueva legislación, a pesar de las ambiciones originales del Ministerio de Medio Ambiente a este respecto. La reducción de las zonas de servidumbre de las rías costeras parece particularmente injustificada. Hay que reconocer con mayor claridad que el "desarrollo económico" - que es principalmente sinónimo de la industria de la construcción, lamentablemente, es fundamentalmente incompatible con la protección de una zona costera muy vulnerable y frágil ecológicamente. La nueva ley ha perdido la oportunidad de garantizar que la nueva Directiva Marco de la UE sobre la Gestión Integrada de Zonas Costeras está claramente aceptada, y no ha reconocido plenamente tanto las Recomendaciones del Consejo de la UE de 2002 o el Protocolo del Convenio de Barcelona, ratificado en 2010, sobre el mismo tema. Los miembros siguen siendo inciertas que se respeten plenamente una serie de directivas de la UE.
Teniendo en cuenta estas conclusiones, y teniendo en cuenta los amplios debates en el seno del grupo de trabajo y entre los miembros de la delegación que visitó Madrid en la materia se hacen las siguientes recomendaciones.
Recomendaciones para el Borrador
• Pide a la Comisión Europea, debido a las preocupaciones expresadas contenidas en el presente informe en relación con la nueva Ley de Costas, a participar en un examen exhaustivo de la conformidad de la nueva legislación a las directivas relacionadas con la UE, en particular con la Directiva Hábitats, la Directiva Aves , la Directiva Marco del Agua, la Directiva de las aguas de baño, la Directiva sobre las aguas residuales urbanas, la Directiva de evaluación ambiental estratégica, la Directiva sobre inundaciones, así como la nueva Directiva marco sobre la Directiva de Gestión integrada de Zonas Costeras y otras normas relacionadas, aplicables en el Europeo Unión y que informe a esta Comisión en diciembre de 2013.
• Alienta a las autoridades españolas a nivel nacional para trabajar a través de una mayor cooperación con las Comunidades Autónomas con el fin de promover y preservar, y en lo posible para regenerar las áreas ambientales costeras, que en muchos casos han sido seriamente degradadas como consecuencia a la construcción excesiva frecuente, así como los proyectos de construcción, algunos de los cuales tienen dudosa legalidad. Las áreas costeras protegidas deben dejar de utilizarse para la construcción de nuevos inmuebles, edificios o viviendas.
• En este mismo contexto, insta a las autoridades responsables a nivel nacional y regional para aclarar y defender los derechos de todos los ciudadanos de la UE afectados y residentes a su propiedad legítimamente adquirida. Recomienda que las autoridades españolas establezcan un sistema completo y justo de compensación financiera para todos los propietarios legales cuyos hogares pueden ser objeto de demolición o expropiación como consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas.
• En cuanto a las propiedades que se han descrito como "edificios ilegales en o cerca de las zonas costeras, y por los que muchos ciudadanos europeos, incluidos los españoles, se han convertido en víctimas involuntarias, exhorta a las autoridades judiciales españolas de investigar y perseguir a los agentes privados o autoridades públicas que han actuado fuera del marco legal formal en la atribución de derechos de construcción y llevarlos más rápido a la justicia, al tiempo que garantiza que las víctimas de este tipo de operaciones, que compraron sus propiedades de buena fe, tengan derecho a una compensación completa y justa.
• Hace un llamamiento a las autoridades para emitir directrices claras a todas las autoridades regionales y locales, sobre la base de criterios objetivos y no discrecionales, en cuanto a la atribución de las concesiones a los propietarios legítimos existentes que son dueños de las viviendas dentro de las zonas costeras, garantizando una aplicación justa y uniforme de la ley. Reitera sin embargo, fuertes reservas de la Comisión sobre la existencia de tales concesiones.
• En cuanto a la delimitación del dominio público, insta a las autoridades a aplicar criterios técnicos objetivos que no deben discriminar entre los propietarios como resultado de su condición o nacionalidad, y para garantizar que, cuando puede ser necesario aplicar excepciones, que estén justificadas de manera clara y transparente, que en todo caso tiene que ver con la protección y mejora del medio ambiente y no a los intereses financieros o comerciales.
• Llama para una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales en relación con las viviendas situadas en las zonas costeras sujetas a posibles modificaciones de la línea de demarcación con el fin de preservar la demolición de los edificios posibles que después se puedan caer fuera del dominio público.
• Exhorta al registro de la propiedad y los registros catastrales para ser actualizar al día con rapidez y precisión, garantizando que todos los dueños de propiedad dentro de las zonas de demarcación estén debidamente informados sobre sus derechos y los medios de acceso a la justicia en caso de que crean que esto es necesario con el fin de proteger sus intereses legítimos.
• Llama a las autoridades para aclarar la distinción entre playas naturales y urbanas, y de adoptar medidas para prevenir eficazmente la invasión de las playas urbanas a las zonas clasificadas playas naturales.
• Reitera su llamada para que la justicia sea efectiva y oportuna, teniendo en cuenta que las demoras excesivas en la administración de justicia es en sí misma una injusticia inaceptable. Dentro de este contexto, donde los procedimientos judiciales sean empezados, insta a todas las partes a tener en cuenta la posible utilidad de peticiones para decisiones prejudiciales dirigidas al Tribunal de Justicia Europeo donde cuestiones de legislación de la UE están en peligro y donde no hay acte claire.
• Al acoger el reconocimiento de cambio climático en la nueva legislación costera, y la necesidad de adaptar la gestión costera a sus efectos inevitables, pide una mayor claridad en las disposiciones relacionadas con esto en términos de criterios específicos, mecanismos de aplicación y normas de aplicación.
