Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

sábado, 13 de julio de 2013

Una sentencia obliga al Estado a arreglar la carretera de Las Gaviotas

Los ciudadanos se quejan del mal estado de la vía pero el Ayuntamiento indica que la competencia es del Gobierno central tras ser condenado por el accidente de 1994
Tras poner fin al peligro por desprendimientos en Las Gaviotas, aunque de momento solo se puede utilizar el 70% de la playa, ahora los ciudadanos exigen al Ayuntamiento de Santa Cruz que acondicione y mejore la carretera de acceso a la misma. Sin embargo, y según una sentencia de la Audiencia Nacional, el mantenimiento de esta vía no es competencia del Consistorio chicharrero, sino del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno central, y en concreto, de la Dirección General de Costas. Dicha sentencia se produjo a raíz de la denuncia presentada por dos de los cinco ocupantes del vehículo que el 5 de julio de 1994 se precipitó por el barranco cuando se dirigía a esta playa. La Audiencia Nacional establece que la conservación de la vía de acceso a Las Gaviotas es responsabilidad del Estado y por eso lo condenó a indemnizar a estos dos ciudadanos, ya que el accidente se produjo por el deficiente estado en el que se encuentra la carretera.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, atendiendo a las quejas de los ciudadanos, ha solicitado a Costas que acondicione la vía, en la que también existe peligro por caídas de piedras, o que por lo menos la limpie. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado a la Corporación local que las competencias no están claras. Para el Consistorio chicharrero, la sentencia de la Audiencia Nacional ha despejado cualquier duda sobre este asunto, pues en ella se establece que el responsable de la conservación de la carretera de Las Gaviotas es el Estado. Aquellos que suelen disfrutar de esta playa de la capital esperan que no tenga que producirse otra tragedia para que se actúe, "sea la administración que sea".
El accidente del que se deriva esta sentencia se produjo a las 14:05 horas del 5 de julio de 1994. En el coche se encontraban cinco personas. Una de ellas, Cristina, perdió la vida, y los demás resultaron heridos. José Pablo, dueño del vehículo, y Agustín, otro pasajero, decidieron reclamar una indemnización ante la administración por lo ocurrido, ya que estos alegaron que el coche se precipitó por el barranco, con una caída de unos 150 metros, debido a la ausencia de señalización indicativa de peligro y al deficiente estado de conservación de la vía de acceso a Las Gaviotas, lo que determinó que la rueda delantera derecha del vehículo quedara atrapada en un bache existente en el firme.
Tras aceptarse la demanda de estos dos ciudadanos, se acordó emplazar al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz para que aportasen información relativa a la titularidad de la carretera de acceso a la playa de Las Gaviotas y sobre la intervención que hubiesen podido tener en la construcción, reparación y mantenimiento de la vía. Previamente, el Ministerio de Medio Ambiente había declarado "inadmisible" la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado presentada por José Pablo y Agustín, alegando "incompetencia" del citado Ministerio al no ser el titular de la carretera.
Una vez que se comprobó que el accidente efectivamente se había producido por el mal estado de la vía, pues la propia Policía Local indicó en un informe que "no tiene arcén, el pavimento asfáltico está muy deteriorado, la valla al borde de la calzada se encuentra en malas condiciones y su anclaje está muy oxidado y sujeto a tierra", se tenía que averiguar a cuál de las administraciones correspondía el mantenimiento de la vía.
El Ayuntamiento de Santa Cruz dejó claro en un decreto firmado por el alcalde en 1996 que la carretera no era de propiedad municipal. El Consistorio, el Cabildo y el Gobierno canario demostraron que la vía no figuraba en sus respectivos inventarios de bienes y redes de carreteras. Por lo tanto, "y a falta de su entrega o adscripción formal a otra administración territorial", la Audiencia Nacional establece que incumbe al Estado su mantenimiento y conservación en virtud de lo dispuesto en la Ley de Costas con respecto al acceso público al mar. Además, hay constancia de que Costas sí realizó actuaciones por ejemplo en el acceso a la playa de Igueste de San Andrés.
"Una vez establecido que el accidente se produjo por el mal estado de la vía y que correspondía al Ministerio su mantenimiento", la Justicia obliga al Estado a indemnizar con 88.846 euros a Agustín y con 12.052 euros a Jose Pablo
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/07/12/sentencia-obliga-arreglar-carretera-gaviotas/486973.html

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