Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

sábado, 25 de febrero de 2012

Poner en valor el litoral



Cuando Arias Cañete, ministro de Agricultura y lo que haga falta, anunció una profunda reforma de la ley de Costas, más de cuatro se echaron a temblar. No ganamos para sustos, oye. No es que la actual ley sea una maravilla, que no lo es y bien lo sabemos, sino que el ministro apuntó como objetivo de la nueva normativa que tiene en la cabeza “poner en valor” las costas que quedan. En ese contexto de “puesta en valor” se habló de la necesidad de acabar con la “inquietud e inseguridad” de los representantes del sector hostelero, “víctimas de la defensa de las costas”, nada menos; un curioso trastrueque de papeles por el que las costas no son las agredidas y sus defensores pasan a ser los agresores de quienes tratan de eso, de “ponerlas en valor”; por puro altruismo, of course. Se culpa a esa misma defensa del descenso de las inversiones extranjeras a las que, por lo visto, no afecta la crisis sino el maldito empeño de defender el litoral. No es necesario subrayar la mentalidad, la ideología, que hay detrás de todo esto.
Los alarmistas, a los que no faltan razones para sentirse aterrorizados, sospechan que quieren cerrar de una maldita vez el proceso de privatización del litoral. No admiten, con su habitual mala leche, que el modo mejor de “ponerlo en valor” es limitar su uso y disfrute por el populacho que se trae de casa la tortilla de papas y las sardinas congeladas; por no hablar de los que pretenden seguir viviendo, los muy antiguos, de su barquillo y la libreta secreta de marcas que les indica dónde paran (o sea, paraban) los cardúmenes.
Los alarmistas pertenecen, sin duda, al género de los del “no a todo”
bizarramente denunciados por José Miguel Bravo de Laguna como causantes de tantísimos males. Sin tener en cuenta, faltaría más, que los “noes” rotundos son reflejo de impotencia ante la falta de vías eficaces de participación en las que hacer valer el derecho a la preservación de su entorno del ciudadanaje, al que procuran despistar, mediante la ocultación o la manipulación, para que ni se entere de lo que hay. Y lo que hay en materia de Costas es mandar la piqueta a derruir núcleos marineros populares de larga tradición (Cho Vito o Tufia) mientras se tolera la permanencia de grandes complejos que convierten en papel mojado hasta las sentencias judiciales en contra.
Habrá que ver, en este sentido, a quien pretende favorecer la también anunciada eliminación de la retroactividad establecida por la ley vigente.
¿Será para preservar núcleos de interés etnográfico o para legalizar las tropelías de las “víctimas”? Pienso que la retroactividad fue pensada, en su momento, para calzar por los núcleos tradicionales, así los hubieran fundado los mismísimos Reyes Católicos in person. Vistos los precedentes, no es injusto sospechar lo peor: ahora conviene eliminar la retroactividad para dar por hechos consumados los desmanes de los últimos años. ¿Quiere eso decir que se reparará lo de Cho Vito, en Tenerife, al que cercó la Policía para que pudieran tirarse una veintena de casas? Me temo que no porque se trata con la ley de proteger a las “víctimas” que, obviamente, no lo eran quienes allí vivían: no tenían nivel de renta suficiente para reconocerles esa condición.
Al mismo tiempo, vuelven a oírse voces a favor de que se transfieran a Canarias las competencias de Costas para que todo quede en la familia del conchabo especulativo-cementero tan del gusto de la Administración canaria. Debería aprovecharse la no menos anunciada reforma educativa y definir en adelante “isla” como porción de tierra rodeada de puertos deportivos por todas partes. Y libre de sebadales, claro. Da idea de cómo se percibe lo que mueve a los mandamases isleños que para muchos la negativa del Estado a ceder esas competencias hizo que los daños al litoral canario, con ser graves y sostenidos en el tiempo, resultaran menores de lo que hubieran sido de manejar el bombo manos isleñas, si tenemos en cuenta los proyectos en ciernes que circulaban por ahí.
http://www.canariasahora.com/opinion/7802/

''La modificación no tiene que dar barra libre''



El presidente de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas en Canarias y secretario de Acciíon Jurídica del CCN, José Luis Langa, ha reconocido que el visto bueno del Senado a la reforma de la norma ha sido acogido con "una gran satisfacción" por parte de los afectados. Langa ha puntualizado que la eliminación del carácter retroactivo de la ley podrá "evitar todas las injusticias" que están afectando a núcleos costeros en Canarias, si bien ha advertido que la modificación "no tiene que dar barra libre para todo".
"La línea que hemos mantenido", ha aclarado a CANARIAS AHORA el representante del CCN (formación que ha apoyado la moción presentada por el PP), "es que es perfectamente compatible la reforma con los casos que deben verse afectados de manera positiva y aquellos que deben considerarse de manera negativa conforme a la ley". Langa se ha referido así a las "poblaciones marineras que se estaban destruyendo paulatinamente en el archipiélago", como son los casos de Tufia u Ojos de Garza en Gran Canaria, o Cho Vito en Tenerife.
Para el portavoz de algunos de estos afectados, la eliminación del carácter retroactivo de la Ley de Costas (que fue aprobada en 1988 pero que se impone a las obras construídas antes de esa fecha) es "lógico" y debe llevar a "estudiar cada caso", en referencia a la afectación de edificios cuyas licencias han sido consideradas ilegales.
Tras el visto bueno del Senado, la Cámara Alta deberá ahora instar al Gobierno para que acometa la reforma, que, con toda probabilidad, acabará por aprobar el Ministerio de Medio Ambiente, depués de que el ministro, Miguel Arias Cañete, anunciase a comienzos de este año una modificación "profunda" del texto legal.
http://www.canariasahora.com/noticia/215543/

jueves, 23 de febrero de 2012

El Estado decide parar de forma temporal los derribos en la costa



Los expedientes administrativos de sanción y derribo sobre las edificaciones que incumplen la actual Ley de Costas van a quedar paralizados de forma temporal hasta que entre en vigor la nueva legislación que prepara el Gobierno de Rajoy. El PP aceptó la enmienda de CC en esta línea a la moción aprobada este miércoles por el pleno del Senado.
El senador de Coalición Canaria por El Hierro, Narvay Quintero, explicó tras la votación que la iniciativa nacionalista -consensuada también con CiU y PNV- pone freno a los derribos de forma provisional hasta que se conozca la nueva normativa. «Como el Gobierno del Partido Popular ha anunciado su intención de cambiar la Ley de Costas, lo lógico es paralizar de momento los expedientes en curso para revisarlos más tarde a la luz de la nueva ley», señaló.
Quintero puntualizó que no se trata de retirar los recursos administrativos «porque hay casos en los que realmente se ha hecho uso abusivo», sino de frenar los expedientes para no llevar a cabo ninguna acción irreparable antes de saber qué quiere hacer el Gobierno con la nueva Ley de Costas. «En Canarias hay varios ejemplos de poblaciones con interés etnográfico y arquitectónico que están en peligro por expedientes de derribo», recordó el senador.
Una vez incorporada la enmienda nacionalista, el tercer punto de la moción del aprobada ayer por mayoría en la Cámara Alta -con el voto en contra del PSOE- establece que se estudie «la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley 22/1988 hasta que se pueda modificar dicha ley, cancelando todos los actos administrativos».
La moción insta asimismo al Gobierno a flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de dominio público marítimo terrestre, con el objetivo de «favorecer una aplicación homogénea» de las autorizaciones para establecimientos de comidas o bebidas en el litoral. La iniciativa apuesta además por adecuar la compensación de los derechos adquiridos «de buena fe y de forma legítima» con anterioridad a la ley vigente, para restablecer la seguridad jurídica.
Según la senadora del PP por Málaga Patricia Navarro, defensora de la moción, «la peor consecuencia de la aplicación de la ley vigente es el drama personal de los que se ven amenazados con la destrucción de su vivienda o de sus negocios adquiridos años atrás con todos sus derechos». La senadora popular recordó la declaración del Parlamento Europeo del 26 de marzo de 2009, en la que afirmaba que «España estaba aplicando la Ley de Costas de forma retroactiva con arbitrariedad y sin indemnización suficiente».
Valoración. Por su parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró este miércoles que los cambios previstos en la ley de Costas no pretenden introducir «desmanes urbanísticos» en el litoral, sino corregir las arbitrariedades que ha originado la actual. Cañete aseguró que se respetará el reparto competencial y se coordinará la política medioambiental, así como las recomendaciones de un informe del Parlamento europeo, que instaba al Gobierno a modificar la ley de Costas, para proteger los derechos legítimos de propietarios de viviendas en el litoral. El ministro precisó que se trata de ciudadanos que poseen pequeñas parcelas en zona de costas que no tienen un impacto negativo en el medio ambiente costero.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=250677

miércoles, 22 de febrero de 2012

Senado pide cambiar la Ley de Costas para aplicar de forma homogénea las concesiones a chiringuitos

El pleno del Senado ha aprobado por 177 votos a favor y 75 en contra, los del PSOE, una moción presentada por el PP por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Costas de 1988 para que sea compatible proteger las costas con el crecimiento económico y la seguridad del empleo y con los derechos de los propietarios en estas zonas, y que permita una aplicación homogénea en las concesiones para los chiringuitos.
La iniciativa es resultado de una enmienda transaccional de una moción inicial por la que se reclama flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio publico marítimo terrestre de los establecimientos de venta de comidas y bebidas teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos.
Asimismo, la moción pide adecuar la compensación de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" con anterioridad a la aplicación de la vigente ley, "restableciendo seguridad jurídica" que la mayoría de grupos han manifestado, en el pleno del Senado, que falta en la actualidad.
Igualmente, propone que se estudie la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas hasta que se pueda modificar la ley 22/1988, cancelando "todos" los actos administrativos. Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Patricia Navarro ha denunciado la "aplicación injusta y arbitraria" de la actual normativa vigente que ha llevado al anterior Gobierno socialista a poner "en vilo a propietarios de viviendas y negocios".
Así, ha dicho que mientras que la Ley de 1988 llegó para "poner freno" a los abusos en las costas, en todo el litoral se observan "ejemplos de la depravación medioambiental (...) pero que, aprovechando sus ambigüedades o vacíos, ha servido al Gobierno del PSOE para vulnerar los derechos" de ciudadanos españoles y extranjeros y a violar el principio de no retroactividad de las normas
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A su juicio, la peor consecuencia de esta tropelía no es la legal, sino el drama personal y familiar de quienes ven la expropiación o demolición de su vivienda o negocio sin poder hacer nada, al tiempo que ha añadido que otros "grandes afectados" son los dueños de los chiringuitos. "Ellos han sido víctimas de los arrebatos del Gobierno. Nunca la aplicación de una ley sembró tanta incertidumbre 20 años después de ser aprobada", ha apostillado.
PSOE ANUNCIA QUE LA REFORMA SERÁ EN 15 DÍAS
Por su parte, el senador socialista Miguel Fidalgo ha asegurado que el Gobierno del PP llevará "el 2 o el 9 de marzo al Consejo de Ministros" una reforma de la Ley de Costas por lo que ha criticado la "precampaña que está realizando", ya que cada reunión del Ejecutivo es "una sorpresa de contrarreformas, retrocesos en los avances y libertades con la disculpa de la crisis".
Por ello, ha defendido que la Ley de Costas "no tiene nada que ver con la crisis" ya que ha funcionado "perfectamente" durante 24 años en los que también ha habido gobiernos del PP. "Me da la sensación de que este gobierno nos va a hacer bueno hasta a (el expresidente José María) Aznar", ha criticado.
LOS CHIRINGUITOS, "UNA EXCUSA"
Por otro lado, los senadores socialistas andaluces han criticado que, con esta propuesta, el PP "no sólo va en contra del camino emprendido por la UE, sino que además va en contra de la gestión de la Junta de Andalucía, que ha resuelto el 80 por ciento de los expedientes en tan sólo ocho meses".
Los parlamentarios del PSOE han subrayado, una vez más y de manera rotunda, su apoyo a los chiringuitos y al valor que tienen para el empleo y la economía andaluza, "chiringuitos que están siendo utilizados por el Partido Popular como una excusa para modificar la ley", han afirmado.
Además, han añadido que el Gobierno de Andalucía mantiene un diálogo permanente con el sector al que apoya totalmente. "El verdadero problema, han puntualizado, es la preservación del ecosistema, el riesgo de convertir la costa mediterránea en una sucesión de cemento", han mantenido los socialistas andaluces, que también han abogado por la protección de las costas españolas aduciendo que "la playa es de todos".
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-msenado-pide-cambiar-ley-costas-aplicar-forma-homogenea-concesiones-chiringuitos-20120222155214.html

El PP cambiará la Ley de Costas para legalizar las casas anteriores a 1988



El grupo popular en el Senado debatirá hoy la moción que en la provincia de Málaga afectaría a los chiringuitos, además de las viviendas de la zona de El Palo, la residencia Marymar o el barrio de Lagos


Todas las construcciones levantadas sobre dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor en 1988 de la actual Ley de Costas podrían ser legalizadas si el Gobierno central lleva a cabo la modificación que el grupo parlamentario popular ya ha anunciado que pedirá. Si la controvertida legislación es revisada, las más de 400 casas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital malagueña, la residencia Marymar propiedad de Unicaja en Benalmádena, la zona de El Copo de Torre del Mar y las 50 viviendas de Lagos y Mezquitilla en Vélez-Málaga serán regularizadas. A las que se sumarán los chiringuitos del litoral malagueño que aún están pendientes de obtener una concesión que acabe con su situación de alegalidad.

Es el primer paso dado por los populares después de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara en sus primeros días de mandato su voluntad de acometer "una profunda" reforma de la Ley de Costas, una intención que reiteró durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el pasado 1 de febrero. Entonces, adelantó que la modificación pretenderá la protección del dominio público marítimo-terrestre, pero compatibilizando la protección del litoral con "las actividades económicas no perjudiciales".

Según Arias Cañete, modificar la norma de 1988 será un "vehículo eficaz para mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa", justo lo que defenderá hoy la senadora del PP por Málaga, Patricia Navarro, en el Pleno de la Cámara para lograr "conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta ley".

Esta modificación beneficiaría, según dijo, a los chiringuitos de playa y a los propietarios y afectados por la aplicación "arbitraria, deficiente y errática" llevada a cabo por el anterior Gobierno del PSOE de esta ley. Para defender la propuesta, Navarro argumentará que el Parlamento europeo ya advirtió a España en 2009 que estaba aplicando la norma en materia de costas "de forma retroactiva, con arbitrariedad y sin indemnización suficiente para los afectados".

Desde finales de los años 80 cuando el entonces jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Luis López Peláez, decidió retirar unos 390 chiringuitos irregulares de las playas, el Gobierno central no volvió a plantear la posibilidad de recuperar parte del dominio público ocupado sin pudor durante años hasta 2004. Fue entonces cuando la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció un plan que pretendía demoler más de un centenar de construcciones ilegales levantadas sobre la arena durante décadas aprovechando la ausencia de legislación específica. Pero los interminables procesos administrativos y judiciales que conlleva la resolución de estos complejos expedientes, que pueden durar más de diez años, y el retraso que acumula el deslinde que Costas lleva años haciendo en toda la línea de costa de Málaga han hecho que la intención de la ministra cayera en saco roto.

También se intentó en 2009 al pretender quitar los chiringuitos de la arena y fue tal la polémica surgida que al final las competencias terminaron transferidas a la Junta. Sólo el caso de las 400 viviendas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital ha avanzado en este tiempo, ya que el Gobierno autorizó hace un año su deslinde, un trámite que podría durar más de dos años y que además no despeja la incertidumbre sobre la necesaria desafectación de los terrenos que permitiría a los inquilinos hacerse con la propiedad.

En Vélez-Málaga, también luchan por la permanencia de sus viviendas, los vecinos de Lagos, Mezquitilla y San Daniel, además de gran parte de la zona de El Copo de Torre del Mar. Unas 50 casas centenarias están dentro del dominio público marítimo terrestre y desde hace años buscan una solución para el deslinde con la Dirección General de Costas. El expediente fue iniciado por la Asociación La Bajamar que defendía que la línea de costa había sido modificada tras la construcción del puerto de Caleta que había llevado aparejada la degradación de la playa.

El derribo del antiguo hotel Marymar de Benalmádena, adquirido y convertido posteriormente por Unicaja en una residencia de ancianos que fue cerrada el año pasado por su mal estado. La demolición de este edificio, levantado en 1961 sobre miles de metros cuadrados en la playa de Arroyo de la Miel y que constituye una barrera para el paseo marítimo del municipio, ha sido un reto de Costas durante varias décadas aunque nunca ha tenido éxito
.

Pero la propuesta del PP cuenta con el rechazo total del coordinador provincial de Izquierda Unida y número 1 por Málaga en las elecciones autónomicas del 25 de marzo, José Antonio Castro, quien alertó del "deterioro y el retroceso de 30 años" que supondrá la modificación de la Ley de Costas. Así, acusó al Gobierno central de querer "dar una vuelta de tuerca para garantizar el uso privado del dominio público y recalcó que la situación del litoral "no puede permitir una nueva ofensiva del ladrillo en las costas".

La Costa del Sol tiene una ocupación superior al 90% en los primeros 100 metros de costa.

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1191398/pp/cambiara/la/ley/costas/para/legalizar/las/casas/anteriores.htm