Poner en valor el litoral

Cuando Arias Cañete, ministro de Agricultura y lo que haga falta, anunció una profunda reforma de la ley de Costas, más de cuatro se echaron a temblar. No ganamos para sustos, oye. No es que la actual ley sea una maravilla, que no lo es y bien lo sabemos, sino que el ministro apuntó como objetivo de la nueva normativa que tiene en la cabeza “poner en valor” las costas que quedan. En ese contexto de “puesta en valor” se habló de la necesidad de acabar con la “inquietud e inseguridad” de los representantes del sector hostelero, “víctimas de la defensa de las costas”, nada menos; un curioso trastrueque de papeles por el que las costas no son las agredidas y sus defensores pasan a ser los agresores de quienes tratan de eso, de “ponerlas en valor”; por puro altruismo, of course. Se culpa a esa misma defensa del descenso de las inversiones extranjeras a las que, por lo visto, no afecta la crisis sino el maldito empeño de defender el litoral. No es necesario subrayar la mentalidad, la ideología, que hay detrás de todo esto.
Los alarmistas, a los que no faltan razones para sentirse aterrorizados, sospechan que quieren cerrar de una maldita vez el proceso de privatización del litoral. No admiten, con su habitual mala leche, que el modo mejor de “ponerlo en valor” es limitar su uso y disfrute por el populacho que se trae de casa la tortilla de papas y las sardinas congeladas; por no hablar de los que pretenden seguir viviendo, los muy antiguos, de su barquillo y la libreta secreta de marcas que les indica dónde paran (o sea, paraban) los cardúmenes.
Los alarmistas pertenecen, sin duda, al género de los del “no a todo” bizarramente denunciados por José Miguel Bravo de Laguna como causantes de tantísimos males. Sin tener en cuenta, faltaría más, que los “noes” rotundos son reflejo de impotencia ante la falta de vías eficaces de participación en las que hacer valer el derecho a la preservación de su entorno del ciudadanaje, al que procuran despistar, mediante la ocultación o la manipulación, para que ni se entere de lo que hay. Y lo que hay en materia de Costas es mandar la piqueta a derruir núcleos marineros populares de larga tradición (Cho Vito o Tufia) mientras se tolera la permanencia de grandes complejos que convierten en papel mojado hasta las sentencias judiciales en contra.
Habrá que ver, en este sentido, a quien pretende favorecer la también anunciada eliminación de la retroactividad establecida por la ley vigente.
¿Será para preservar núcleos de interés etnográfico o para legalizar las tropelías de las “víctimas”? Pienso que la retroactividad fue pensada, en su momento, para calzar por los núcleos tradicionales, así los hubieran fundado los mismísimos Reyes Católicos in person. Vistos los precedentes, no es injusto sospechar lo peor: ahora conviene eliminar la retroactividad para dar por hechos consumados los desmanes de los últimos años. ¿Quiere eso decir que se reparará lo de Cho Vito, en Tenerife, al que cercó la Policía para que pudieran tirarse una veintena de casas? Me temo que no porque se trata con la ley de proteger a las “víctimas” que, obviamente, no lo eran quienes allí vivían: no tenían nivel de renta suficiente para reconocerles esa condición.
Al mismo tiempo, vuelven a oírse voces a favor de que se transfieran a Canarias las competencias de Costas para que todo quede en la familia del conchabo especulativo-cementero tan del gusto de la Administración canaria. Debería aprovecharse la no menos anunciada reforma educativa y definir en adelante “isla” como porción de tierra rodeada de puertos deportivos por todas partes. Y libre de sebadales, claro. Da idea de cómo se percibe lo que mueve a los mandamases isleños que para muchos la negativa del Estado a ceder esas competencias hizo que los daños al litoral canario, con ser graves y sostenidos en el tiempo, resultaran menores de lo que hubieran sido de manejar el bombo manos isleñas, si tenemos en cuenta los proyectos en ciernes que circulaban por ahí.
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