Los expedientes administrativos de sanción y derribo sobre las edificaciones que incumplen la actual Ley de Costas van a quedar paralizados de forma temporal hasta que entre en vigor la nueva legislación que prepara el Gobierno de Rajoy. El PP aceptó la enmienda de CC en esta línea a la moción aprobada este miércoles por el pleno del Senado.
El senador de Coalición Canaria por El Hierro, Narvay Quintero, explicó tras la votación que la iniciativa nacionalista -consensuada también con CiU y PNV- pone freno a los derribos de forma provisional hasta que se conozca la nueva normativa. «Como el Gobierno del Partido Popular ha anunciado su intención de cambiar la Ley de Costas, lo lógico es paralizar de momento los expedientes en curso para revisarlos más tarde a la luz de la nueva ley», señaló.
Quintero puntualizó que no se trata de retirar los recursos administrativos «porque hay casos en los que realmente se ha hecho uso abusivo», sino de frenar los expedientes para no llevar a cabo ninguna acción irreparable antes de saber qué quiere hacer el Gobierno con la nueva Ley de Costas. «En Canarias hay varios ejemplos de poblaciones con interés etnográfico y arquitectónico que están en peligro por expedientes de derribo», recordó el senador.
Una vez incorporada la enmienda nacionalista, el tercer punto de la moción del aprobada ayer por mayoría en la Cámara Alta -con el voto en contra del PSOE- establece que se estudie «la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley 22/1988 hasta que se pueda modificar dicha ley, cancelando todos los actos administrativos».
La moción insta asimismo al Gobierno a flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de dominio público marítimo terrestre, con el objetivo de «favorecer una aplicación homogénea» de las autorizaciones para establecimientos de comidas o bebidas en el litoral. La iniciativa apuesta además por adecuar la compensación de los derechos adquiridos «de buena fe y de forma legítima» con anterioridad a la ley vigente, para restablecer la seguridad jurídica.
Según la senadora del PP por Málaga Patricia Navarro, defensora de la moción, «la peor consecuencia de la aplicación de la ley vigente es el drama personal de los que se ven amenazados con la destrucción de su vivienda o de sus negocios adquiridos años atrás con todos sus derechos». La senadora popular recordó la declaración del Parlamento Europeo del 26 de marzo de 2009, en la que afirmaba que «España estaba aplicando la Ley de Costas de forma retroactiva con arbitrariedad y sin indemnización suficiente».
Valoración. Por su parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró este miércoles que los cambios previstos en la ley de Costas no pretenden introducir «desmanes urbanísticos» en el litoral, sino corregir las arbitrariedades que ha originado la actual. Cañete aseguró que se respetará el reparto competencial y se coordinará la política medioambiental, así como las recomendaciones de un informe del Parlamento europeo, que instaba al Gobierno a modificar la ley de Costas, para proteger los derechos legítimos de propietarios de viviendas en el litoral. El ministro precisó que se trata de ciudadanos que poseen pequeñas parcelas en zona de costas que no tienen un impacto negativo en el medio ambiente costero.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=250677
El senador de Coalición Canaria por El Hierro, Narvay Quintero, explicó tras la votación que la iniciativa nacionalista -consensuada también con CiU y PNV- pone freno a los derribos de forma provisional hasta que se conozca la nueva normativa. «Como el Gobierno del Partido Popular ha anunciado su intención de cambiar la Ley de Costas, lo lógico es paralizar de momento los expedientes en curso para revisarlos más tarde a la luz de la nueva ley», señaló.
Quintero puntualizó que no se trata de retirar los recursos administrativos «porque hay casos en los que realmente se ha hecho uso abusivo», sino de frenar los expedientes para no llevar a cabo ninguna acción irreparable antes de saber qué quiere hacer el Gobierno con la nueva Ley de Costas. «En Canarias hay varios ejemplos de poblaciones con interés etnográfico y arquitectónico que están en peligro por expedientes de derribo», recordó el senador.
Una vez incorporada la enmienda nacionalista, el tercer punto de la moción del aprobada ayer por mayoría en la Cámara Alta -con el voto en contra del PSOE- establece que se estudie «la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley 22/1988 hasta que se pueda modificar dicha ley, cancelando todos los actos administrativos».
La moción insta asimismo al Gobierno a flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de dominio público marítimo terrestre, con el objetivo de «favorecer una aplicación homogénea» de las autorizaciones para establecimientos de comidas o bebidas en el litoral. La iniciativa apuesta además por adecuar la compensación de los derechos adquiridos «de buena fe y de forma legítima» con anterioridad a la ley vigente, para restablecer la seguridad jurídica.
Según la senadora del PP por Málaga Patricia Navarro, defensora de la moción, «la peor consecuencia de la aplicación de la ley vigente es el drama personal de los que se ven amenazados con la destrucción de su vivienda o de sus negocios adquiridos años atrás con todos sus derechos». La senadora popular recordó la declaración del Parlamento Europeo del 26 de marzo de 2009, en la que afirmaba que «España estaba aplicando la Ley de Costas de forma retroactiva con arbitrariedad y sin indemnización suficiente».
Valoración. Por su parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró este miércoles que los cambios previstos en la ley de Costas no pretenden introducir «desmanes urbanísticos» en el litoral, sino corregir las arbitrariedades que ha originado la actual. Cañete aseguró que se respetará el reparto competencial y se coordinará la política medioambiental, así como las recomendaciones de un informe del Parlamento europeo, que instaba al Gobierno a modificar la ley de Costas, para proteger los derechos legítimos de propietarios de viviendas en el litoral. El ministro precisó que se trata de ciudadanos que poseen pequeñas parcelas en zona de costas que no tienen un impacto negativo en el medio ambiente costero.
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