El grupo popular en el Senado debatirá hoy la moción que en la provincia de Málaga afectaría a los chiringuitos, además de las viviendas de la zona de El Palo, la residencia Marymar o el barrio de Lagos
Todas las construcciones levantadas sobre dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor en 1988 de la actual Ley de Costas podrían ser legalizadas si el Gobierno central lleva a cabo la modificación que el grupo parlamentario popular ya ha anunciado que pedirá. Si la controvertida legislación es revisada, las más de 400 casas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital malagueña, la residencia Marymar propiedad de Unicaja en Benalmádena, la zona de El Copo de Torre del Mar y las 50 viviendas de Lagos y Mezquitilla en Vélez-Málaga serán regularizadas. A las que se sumarán los chiringuitos del litoral malagueño que aún están pendientes de obtener una concesión que acabe con su situación de alegalidad.
Es el primer paso dado por los populares después de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara en sus primeros días de mandato su voluntad de acometer "una profunda" reforma de la Ley de Costas, una intención que reiteró durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el pasado 1 de febrero. Entonces, adelantó que la modificación pretenderá la protección del dominio público marítimo-terrestre, pero compatibilizando la protección del litoral con "las actividades económicas no perjudiciales".
Según Arias Cañete, modificar la norma de 1988 será un "vehículo eficaz para mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa", justo lo que defenderá hoy la senadora del PP por Málaga, Patricia Navarro, en el Pleno de la Cámara para lograr "conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta ley".
Esta modificación beneficiaría, según dijo, a los chiringuitos de playa y a los propietarios y afectados por la aplicación "arbitraria, deficiente y errática" llevada a cabo por el anterior Gobierno del PSOE de esta ley. Para defender la propuesta, Navarro argumentará que el Parlamento europeo ya advirtió a España en 2009 que estaba aplicando la norma en materia de costas "de forma retroactiva, con arbitrariedad y sin indemnización suficiente para los afectados".
Desde finales de los años 80 cuando el entonces jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Luis López Peláez, decidió retirar unos 390 chiringuitos irregulares de las playas, el Gobierno central no volvió a plantear la posibilidad de recuperar parte del dominio público ocupado sin pudor durante años hasta 2004. Fue entonces cuando la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció un plan que pretendía demoler más de un centenar de construcciones ilegales levantadas sobre la arena durante décadas aprovechando la ausencia de legislación específica. Pero los interminables procesos administrativos y judiciales que conlleva la resolución de estos complejos expedientes, que pueden durar más de diez años, y el retraso que acumula el deslinde que Costas lleva años haciendo en toda la línea de costa de Málaga han hecho que la intención de la ministra cayera en saco roto.
También se intentó en 2009 al pretender quitar los chiringuitos de la arena y fue tal la polémica surgida que al final las competencias terminaron transferidas a la Junta. Sólo el caso de las 400 viviendas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital ha avanzado en este tiempo, ya que el Gobierno autorizó hace un año su deslinde, un trámite que podría durar más de dos años y que además no despeja la incertidumbre sobre la necesaria desafectación de los terrenos que permitiría a los inquilinos hacerse con la propiedad.
En Vélez-Málaga, también luchan por la permanencia de sus viviendas, los vecinos de Lagos, Mezquitilla y San Daniel, además de gran parte de la zona de El Copo de Torre del Mar. Unas 50 casas centenarias están dentro del dominio público marítimo terrestre y desde hace años buscan una solución para el deslinde con la Dirección General de Costas. El expediente fue iniciado por la Asociación La Bajamar que defendía que la línea de costa había sido modificada tras la construcción del puerto de Caleta que había llevado aparejada la degradación de la playa.
El derribo del antiguo hotel Marymar de Benalmádena, adquirido y convertido posteriormente por Unicaja en una residencia de ancianos que fue cerrada el año pasado por su mal estado. La demolición de este edificio, levantado en 1961 sobre miles de metros cuadrados en la playa de Arroyo de la Miel y que constituye una barrera para el paseo marítimo del municipio, ha sido un reto de Costas durante varias décadas aunque nunca ha tenido éxito.
Pero la propuesta del PP cuenta con el rechazo total del coordinador provincial de Izquierda Unida y número 1 por Málaga en las elecciones autónomicas del 25 de marzo, José Antonio Castro, quien alertó del "deterioro y el retroceso de 30 años" que supondrá la modificación de la Ley de Costas. Así, acusó al Gobierno central de querer "dar una vuelta de tuerca para garantizar el uso privado del dominio público y recalcó que la situación del litoral "no puede permitir una nueva ofensiva del ladrillo en las costas".
La Costa del Sol tiene una ocupación superior al 90% en los primeros 100 metros de costa.
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1191398/pp/cambiara/la/ley/costas/para/legalizar/las/casas/anteriores.htm
Todas las construcciones levantadas sobre dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor en 1988 de la actual Ley de Costas podrían ser legalizadas si el Gobierno central lleva a cabo la modificación que el grupo parlamentario popular ya ha anunciado que pedirá. Si la controvertida legislación es revisada, las más de 400 casas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital malagueña, la residencia Marymar propiedad de Unicaja en Benalmádena, la zona de El Copo de Torre del Mar y las 50 viviendas de Lagos y Mezquitilla en Vélez-Málaga serán regularizadas. A las que se sumarán los chiringuitos del litoral malagueño que aún están pendientes de obtener una concesión que acabe con su situación de alegalidad.
Es el primer paso dado por los populares después de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara en sus primeros días de mandato su voluntad de acometer "una profunda" reforma de la Ley de Costas, una intención que reiteró durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el pasado 1 de febrero. Entonces, adelantó que la modificación pretenderá la protección del dominio público marítimo-terrestre, pero compatibilizando la protección del litoral con "las actividades económicas no perjudiciales".
Según Arias Cañete, modificar la norma de 1988 será un "vehículo eficaz para mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa", justo lo que defenderá hoy la senadora del PP por Málaga, Patricia Navarro, en el Pleno de la Cámara para lograr "conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta ley".
Esta modificación beneficiaría, según dijo, a los chiringuitos de playa y a los propietarios y afectados por la aplicación "arbitraria, deficiente y errática" llevada a cabo por el anterior Gobierno del PSOE de esta ley. Para defender la propuesta, Navarro argumentará que el Parlamento europeo ya advirtió a España en 2009 que estaba aplicando la norma en materia de costas "de forma retroactiva, con arbitrariedad y sin indemnización suficiente para los afectados".
Desde finales de los años 80 cuando el entonces jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Luis López Peláez, decidió retirar unos 390 chiringuitos irregulares de las playas, el Gobierno central no volvió a plantear la posibilidad de recuperar parte del dominio público ocupado sin pudor durante años hasta 2004. Fue entonces cuando la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció un plan que pretendía demoler más de un centenar de construcciones ilegales levantadas sobre la arena durante décadas aprovechando la ausencia de legislación específica. Pero los interminables procesos administrativos y judiciales que conlleva la resolución de estos complejos expedientes, que pueden durar más de diez años, y el retraso que acumula el deslinde que Costas lleva años haciendo en toda la línea de costa de Málaga han hecho que la intención de la ministra cayera en saco roto.
También se intentó en 2009 al pretender quitar los chiringuitos de la arena y fue tal la polémica surgida que al final las competencias terminaron transferidas a la Junta. Sólo el caso de las 400 viviendas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital ha avanzado en este tiempo, ya que el Gobierno autorizó hace un año su deslinde, un trámite que podría durar más de dos años y que además no despeja la incertidumbre sobre la necesaria desafectación de los terrenos que permitiría a los inquilinos hacerse con la propiedad.
En Vélez-Málaga, también luchan por la permanencia de sus viviendas, los vecinos de Lagos, Mezquitilla y San Daniel, además de gran parte de la zona de El Copo de Torre del Mar. Unas 50 casas centenarias están dentro del dominio público marítimo terrestre y desde hace años buscan una solución para el deslinde con la Dirección General de Costas. El expediente fue iniciado por la Asociación La Bajamar que defendía que la línea de costa había sido modificada tras la construcción del puerto de Caleta que había llevado aparejada la degradación de la playa.
El derribo del antiguo hotel Marymar de Benalmádena, adquirido y convertido posteriormente por Unicaja en una residencia de ancianos que fue cerrada el año pasado por su mal estado. La demolición de este edificio, levantado en 1961 sobre miles de metros cuadrados en la playa de Arroyo de la Miel y que constituye una barrera para el paseo marítimo del municipio, ha sido un reto de Costas durante varias décadas aunque nunca ha tenido éxito.
Pero la propuesta del PP cuenta con el rechazo total del coordinador provincial de Izquierda Unida y número 1 por Málaga en las elecciones autónomicas del 25 de marzo, José Antonio Castro, quien alertó del "deterioro y el retroceso de 30 años" que supondrá la modificación de la Ley de Costas. Así, acusó al Gobierno central de querer "dar una vuelta de tuerca para garantizar el uso privado del dominio público y recalcó que la situación del litoral "no puede permitir una nueva ofensiva del ladrillo en las costas".
La Costa del Sol tiene una ocupación superior al 90% en los primeros 100 metros de costa.
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1191398/pp/cambiara/la/ley/costas/para/legalizar/las/casas/anteriores.htm
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