En Canarias, tierra de los políticos costeros, aquellos, que dicen defender lo nuestro, nuestra identidad,, nuestra cultura; aquellos, que se pasean con los afectados de la ley de costas, por nuestras playas; los de las promesas y mas promesas ; pues bien , en esta tierra, no paramos defender los nucleos costeros tradicionales. Eso si, siempre vamos dos pasos por atrás, más preocupados en perder competencias autónomicas, que en salvar de la piqueta, la casa de Juan el Pescador, vecino, de Santa Lucia, o de Playa Quemada, o de uno de los ciento nueve nucleos poblacionales afectados por esta confiscatoria Ley. Y digo confiscatoria, pues ha sido el propio ministerio, el que en nota de prensa, justificando la aprobación de la reforma, ha reconocido el "despojo" de la propiedad a sus legitimos propietarios, durante veinticinco años; un tema, que los afectados llevamos denunciando mucho tiempo.
Y les digo, lo de dos pasos atras, pues mientras en Galicia, ya están manos a la obra, aquí, aún estamos leyendo el texto de la nueva reforma. Eso no es malo, ya que nos cuesta entender un texto, que es incluso, peor que el anterior.
Lo malo, lo increible, y eso que es dificiel superar, la ineptitud de la delegada del Gobierno actual en Canarias,(aquella del engaño a Cho Vito)pero, es que sale el iluminado político de turno, diciendo una sarta de burradas sin sentido, que añade, si cabe, más confusión en este desaguisado de la ley de costas, y su reforma,.
En fin, será cosa de la hora menos en Canarias, que a gran parte de la clase política canaria, le afecta duramente al hipotálamo, o al cerebelo, y que se olvidan de las promesas, de las palmaditas en la espalda, de las fotografias, y de Todos Somos Cho Vito
Y para documentar lo anterior, les remito a dos noticias del mismo, dia, una en Galicia y otra en Lanzarote..Lean, y comprenderan la clara afección al hipotálamo o a la inteligencia del politico canario.
La noticia Gallega
Xunta y Concello avanzan en la rebaja de la protección de los núcleos del litoral
La alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmó que el equipo redactor del PGOM tiene "muy avanzada" la redacción de un nuevo documento de delimitación de los núcleos pendientes en la ordenación del litoral, según lo establecido por la disposición transitoria primera de la nueva Ley de Costas, aprobada en el Congreso el pasado día 7.
El ayuntamiento de Marín pretende avanzar en el documento al máximo, con el fin de que una vez entre en vigor a nueva Ley de Costas, y que estará vigente un día después de su publicación en el BOE, sea solicitado el informe de Costas dentro del plazo de tres meses, que deberá emitirse en los siguientes 18 meses.
Costas ha emitido informe favorable a la ordenación de los núcleos del litoral de Marín, donde ya se ha reconocido los cinco asentamientos afectados en este municipio. Aceptó además la rebaja de la servidumbre de protección de cien a veinte metros de la costa en Mogor y parte de Aguete y Loira. Queda pendiente ahora reducir la servidumbre en otros dos, Teoira y Casás, así como la mitad de Aguete y Loira.
Así lo confirmó la secretaria xeral de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, a la alcaldesa de Marín, a quien recibió ayer acompañada de los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Manuel Santos y Marián Sanmartín. El encuentro tenía como objetivo avanzar en la aplicación de la ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas.
El encuentro sirvió para consensuar los criterios de la nueva Ley y acordar la tramitación de la propuesta que debe aportar el ayuntamiento a la Xunta para solicitar, ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la reducción de la servidumbre de protección, en parte de los núcleos costeros que ya fueron delimitados en el PGOM. Rivas Díaz recordó que el reconocimiento de los núcleos costeros de Marín, unido a la aprobación del PGOM conseguida el 27 de junio de 2012, son dos cuestiones fundamentales para el municipio. Y señaló que dado que el PGOM ya está en vigor, es necesario resolver ahora la rebaja de la servidumbre de protección en los núcleos del litoral, a través de la nueva Ley de Costas.
La provincia de Pontevedra es la segunda de Galicia con núcleos delimitados por la servidumbre de protección. Tiene un total de 22 ayuntamientos que aportan un total de 122 núcleos delimitados
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/16/xunta-concello-avanzan-rebaja-proteccion-nucleos-litoral/811211.html
La noticia Canaria
Ley de Costas: Protección ambiental, desarrollo sostenible y disfrute del litoral
El pasado 9 de mayo el Congreso de los Diputados aprobaba la nueva Ley de Costas. Una Ley llamada a garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de España, atendiendo a la realidad de nuestras costas; esto es, diferenciando entre tramos urbanos y naturales de las playas y aumentando la protección de las playas vírgenes.
La normativa protege nuestras costas y da seguridad jurídica a las miles de personas que tienen sus propiedades junto al mar, al mismo tiempo que concilia la sostenibilidad ambiental con la actividad turística. VIENDO LAS COSTAS, CANARIAS, PODEMOS VER EJEMPLOS CLAROS DE CONCILIACIÓN ENTRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ACTIVIDAD TURISTICA. ANFI DEL MAR, MELONERAS, ADEJE, RADAZUL, ETCC
El nuevo marco legal da respuesta a las más de 20.000 peticiones de amparo cursadas ante el Parlamento Europeo por titulares que habían adquirido propiedades y que, pasado el tiempo, podían ser declaradas ilegales. No se trata, de una amnistía, ni de legalizar lo ilegal, pues ya eran legales. Además, los negocios costeros tendrán que cumplir las nuevas exigencias medioambientales para seguir funcionando.
La reforma prohíbe nuevas edificaciones o incremento de lo ya edificado en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre, como en la zona o franja contigua de servidumbre de protección, incorporando cláusulas para frenar cualquier construcción ilegal antes de que se consolide .
Los núcleos urbanos habitados y consolidados desde antes de 1988 y que afectan mayoritariamente a viviendas sencillas y populares, no a hoteles o empresas, se excluyen del domino público.EJEMPLO DE ELLOS, AMPURIA BRAVA, HOGAR DE PEPE EL SALEMA PESCADOR, DE TODA LA VIDA.
IMGEN DE LA CASA DE PEPE EL SALEMA, AL FONDO A LA DEERECHA, CON SU FALUA TRADICONAL, "LA PALOMA" ATRACADA DELANTE..Fijense, en el aspecto de las humildes casas, que no hoteles ni apartamentos.AMPURIA BRAVA.
Por otro lado, se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros. Únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988, pero con una importante novedad: se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas. Según establece el nuevo texto, la reducción de la servidumbre sólo se podrá aplicar a núcleos costeros que, antes de 1988, tuvieran un carácter urbano.
Sobre el cambio climático y sus efectos en cuanto a la erosión del litoral, incorpora regulaciones específicas. Así, y siguiendo criterios científicos contrastados, introducirá un régimen específico para los tramos de costa en riesgo de grave regresión. Para dichas áreas se limita la ocupación, y la Administración podrá realizar actuaciones de protección, conservación, restauración y podrá establecer contribuciones especiales a los beneficiarios, otra novedad importante de la normativa.
Un aspecto igualmente destacado de esta reforma es aquel que hace referencia a la prórroga de las concesiones hasta un máximo de 75 años, con lo que se mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios de viviendas que la ley del 88 expropió. Durante la concesión y sus prórrogas (hasta los 75 años), se garantizará la adecuada conservación de la costa y, además, se exigirá a los propietarios corresponsabilidad en el mantenimiento del domino público.
Por otra parte, y dado que en ocasiones se están produciendo sin autorización y con cierta permisividad, la Ley de Costas regulará el desarrollo de eventos en nuestras playas. Y se hará estableciendo los requisitos, límites y condiciones en que es posible la ocupación de estos espacios para garantizar su conservación, además esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos.
En definitiva una reforma que con claridad y determinación pretende dar respuesta a una realidad que por, responsabilidad, había que afrontar, y así lo ha hecho el Ministro Arias Cañete.
*Francisco Cabrera García, diputado nacional del PP.
http://www.lavozdelanzarote.com/article76689.html
Bien por don Francisco, sigue asi.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
jueves, 16 de mayo de 2013
miércoles, 15 de mayo de 2013
Berriel denuncia que la Ley de Costas pone trabas para salvar los núcleos litorales
El Consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguró ayer que la nueva Ley de Costas, aprobada en el Congreso el pasado jueves, endurece los trámites para salvar los núcleos litorales.
La nueva normativa obliga a los ayuntamientos a presentar en un plazo de tres meses al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la relación de sus núcleos urbanos costeros, aunque ya estén ordenados por el planteamiento en vigor. La administración estatal deberá pronunciarse sobre la extensión que debe tener la zona de servidumbre de protección en estos núcleos del litoral. Si el informe es desfavorable dejaría de ser suelo urbano y la zona de servidumbre de protección pasaría de 20 a 100 metros. Es decir, la norma se retrotrae a los condicionan tes de la norma anterior, la de 1988. Para el consejero: "Lejos de suponer una mejora para los habitantes del litoral supone un retroceso, porque provoca inseguridad jurídica a aquellos que tengan un terreno o una vivienda en estas zonas".
Berriel defiende que la nueva ley empeora la situación actual, ya que no solo no salva ningún núcleo canario con valor etnográfico, sino que incluye a otros núcleos que antes no estaban afectados.
Además, la ley sí que contempla hasta doce excepciones de urbanizaciones costeras peninsulares, lo que para el consejero evidencia la discriminación que sufren las viviendas de familias humildes frente al lujo, por lo que, subraya, "vulnera el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos y las competencias de las comunidades autónomas". En este sentido, el Gobierno trabaja ya en un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Berriel puso como ejemplo de la desigualdad que la reforma paraliza la sentencia de demolición de una depuradora, por razones de interés general, permitiendo que continúe su actividad hasta que las circunstancias económicas permitan su reubicación. Sin embargo no paraliza sentencias de demolición "de las viviendas de primera necesidad social hasta que las familias puedan ser reubicadas", lamenta.
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/05/15/berriel-denuncia-ley-costas-pone-trabas-salvar-nucleos-litorales/531588.html
La nueva normativa obliga a los ayuntamientos a presentar en un plazo de tres meses al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la relación de sus núcleos urbanos costeros, aunque ya estén ordenados por el planteamiento en vigor. La administración estatal deberá pronunciarse sobre la extensión que debe tener la zona de servidumbre de protección en estos núcleos del litoral. Si el informe es desfavorable dejaría de ser suelo urbano y la zona de servidumbre de protección pasaría de 20 a 100 metros. Es decir, la norma se retrotrae a los condicionan tes de la norma anterior, la de 1988. Para el consejero: "Lejos de suponer una mejora para los habitantes del litoral supone un retroceso, porque provoca inseguridad jurídica a aquellos que tengan un terreno o una vivienda en estas zonas".
Berriel defiende que la nueva ley empeora la situación actual, ya que no solo no salva ningún núcleo canario con valor etnográfico, sino que incluye a otros núcleos que antes no estaban afectados.
Además, la ley sí que contempla hasta doce excepciones de urbanizaciones costeras peninsulares, lo que para el consejero evidencia la discriminación que sufren las viviendas de familias humildes frente al lujo, por lo que, subraya, "vulnera el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos y las competencias de las comunidades autónomas". En este sentido, el Gobierno trabaja ya en un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Berriel puso como ejemplo de la desigualdad que la reforma paraliza la sentencia de demolición de una depuradora, por razones de interés general, permitiendo que continúe su actividad hasta que las circunstancias económicas permitan su reubicación. Sin embargo no paraliza sentencias de demolición "de las viviendas de primera necesidad social hasta que las familias puedan ser reubicadas", lamenta.
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/05/15/berriel-denuncia-ley-costas-pone-trabas-salvar-nucleos-litorales/531588.html
martes, 14 de mayo de 2013
El núcleo de El Apio se salva y Urbanismo inicia la defensa de Jover
Las casas del espacio marítimo, el único con arena dorada de la zona norte de Tenerife, no entran en el dominio del Estado pero quedan fuera de ordenación
Las viviendas del núcleo costero de El Apio, en Valle de Guerra, están fuera del dominio público que fija la nueva Ley de Costas. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Juan Manuel Bethencourt, explicó ayer que el "pequeño grupo de unas tres o cuatro viviendas que hay en este espacio están fuera del dominio público, la zona de la franja marítima que es propiedad del Estado".
Estas edificaciones, por tanto, quedan en el espacio denominado como zona de servidumbre. "Esto implica que están fuera de ordenación y el terreno sigue considerándose suelo rústico de protección litoral", aclaró el gerente municipal. Pese a que son viviendas "no legalizables" esta clasificación aleja de este espacio costero de La Laguna la sombra de las demoliciones.
"En un poblado en el que hay muy pocas edificaciones", destacó Bethencourt. "No obstante, El Apio destaca por ser la única zona de la costa el norte de Tenerife con unos hermosos bancales de arena dorada", añadió.
Con todo, puede que el Ministerio de Costas exija alguna actuación en la zona porque "hay un muro en una parte exterior que puede entrar parcialmente en la zona de dominio de Costas". Sin embargo, sería una pequeña corrección que no afectará a la vivienda principal.
"Hay que recordar que la zona de dominio público es, a todos los efectos, un espacio de la costa propiedad del Estado en la que la única ocupación legal se deriva de una concesión administrativa en la que el Ministerio autoriza temporalmente un uso, como es el caso de un club náutico", precisó el edil y portavoz del grupo nacionalista en el Ayuntamiento lagunero.
Al tiempo, y gracias a la nueva Ley de Costas, aprobada en el Senado el pasado 24 de julio, el Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado la redacción de un informe que permita legalizar el núcleo costero de Jover.
"El objetivo principal del Ayuntamiento de La Laguna en este terreno es defender Jover", indicó. Esta posibilidad está abierta para los municipios canarios que consigan demostrar que los barrios pesqueros que hasta ahora eran ilegales según Costas están consolidados como espacios urbanos y dotados con servicios públicos.
"Hemos encargado un informe al departamento de Obras e Infraestructuras", adelantó Bethencourt. "Vamos a trabajar para conseguir que sea considerado como suelo urbano", añadió. Se da la circunstancia de que cuando se redactó la anterior Ley de Costas,
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/14/nucleo-apio-salva-urbanismo-inicia-defensa-jover/475278.html
Las viviendas del núcleo costero de El Apio, en Valle de Guerra, están fuera del dominio público que fija la nueva Ley de Costas. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Juan Manuel Bethencourt, explicó ayer que el "pequeño grupo de unas tres o cuatro viviendas que hay en este espacio están fuera del dominio público, la zona de la franja marítima que es propiedad del Estado".
Estas edificaciones, por tanto, quedan en el espacio denominado como zona de servidumbre. "Esto implica que están fuera de ordenación y el terreno sigue considerándose suelo rústico de protección litoral", aclaró el gerente municipal. Pese a que son viviendas "no legalizables" esta clasificación aleja de este espacio costero de La Laguna la sombra de las demoliciones.
"En un poblado en el que hay muy pocas edificaciones", destacó Bethencourt. "No obstante, El Apio destaca por ser la única zona de la costa el norte de Tenerife con unos hermosos bancales de arena dorada", añadió.
Con todo, puede que el Ministerio de Costas exija alguna actuación en la zona porque "hay un muro en una parte exterior que puede entrar parcialmente en la zona de dominio de Costas". Sin embargo, sería una pequeña corrección que no afectará a la vivienda principal.
"Hay que recordar que la zona de dominio público es, a todos los efectos, un espacio de la costa propiedad del Estado en la que la única ocupación legal se deriva de una concesión administrativa en la que el Ministerio autoriza temporalmente un uso, como es el caso de un club náutico", precisó el edil y portavoz del grupo nacionalista en el Ayuntamiento lagunero.
Al tiempo, y gracias a la nueva Ley de Costas, aprobada en el Senado el pasado 24 de julio, el Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado la redacción de un informe que permita legalizar el núcleo costero de Jover.
"El objetivo principal del Ayuntamiento de La Laguna en este terreno es defender Jover", indicó. Esta posibilidad está abierta para los municipios canarios que consigan demostrar que los barrios pesqueros que hasta ahora eran ilegales según Costas están consolidados como espacios urbanos y dotados con servicios públicos.
"Hemos encargado un informe al departamento de Obras e Infraestructuras", adelantó Bethencourt. "Vamos a trabajar para conseguir que sea considerado como suelo urbano", añadió. Se da la circunstancia de que cuando se redactó la anterior Ley de Costas,
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/14/nucleo-apio-salva-urbanismo-inicia-defensa-jover/475278.html
lunes, 13 de mayo de 2013
NOTA DE PRENSA DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, EL MISMO DÍA DE LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS.
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RECONOCE LA CONFISCACIÓN DE VIVIENDAS DURANTE 25 AÑOS EN ESPAÑA.
LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
22/1988, DE 28 DE JULIO DE COSTAS
La nueva Ley de Costas, basada en el sentido común,??? la racionalidad??? y la solución de problemas históricos???, plantea tres grandes objetivos: la protección del medio ambiente litoral; la protección de los derechos de antiguos propietarios de viviendas y otros bienes; y la seguridad jurídica para las actividades económicas que sean sostenibles. S
1. Protección del medioambiente litoral. Manifestaciones en la Ley:
• La ley impide nuevas edificaciones en la costa. Se prohíbe edificar en el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Esta zona es la comprendida desde donde rompe una ola hasta donde empieza la Zona de Servidumbre de Protección (ZSP, mínimo 100 metros). En el DPMT se encuentran las playas y las dunas. Eso ya lo contemplaba la anterior ley
• La reforma de la Ley prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes en la ZSP supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. INCLUIDO EN LA ANTERIOR LEY.
Es decir, no se va a enladrillar la costa en ningún caso. No se va a poder construir donde antes estaba prohibido construir. IGUAL QUE LA ANTERIOR LEY.
• Prohibición también de nuevas construcciones en los núcleos costeros que por ser materialmente urbanos en 1988, aunque no estuvieran clasificados como tales entonces, puedan tener una servidumbre de protección de 20 metros. En esos núcleos no se podrá construir.
• Se exige la eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autorizan a realizar en los edificios en la costa.
• Se prevé la suspensión por el Delegado del Gobierno de las actuaciones urbanísticas ilegales en la costa, para evitar que se vuelvan a dar situaciones como la de El Algarrobico. El Delegado del Gobierno tendrá potestad de parar de forma cautelar cualquier obra antes de que se empiece a construir. Es una novedad, conocida como la “Cláusula AntiAlbarrobicos”. La experiencia ha dejado claro que es mejor anticiparse a los problemas urbanísticos porque demolición y restauración posterior es muy complicada y costosa. ESTO QUITA COMPETENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
• Se diferencian los tramos urbanos de las playas de los tramos naturales, incrementando la protección de los tramos naturales. En todo caso, sólo se admitirán los eventos en aquellas playas en las que se garantice su completa conservación medioambiental. Todo evento tendrá que tener un interés público y siempre se evaluará el impacto ambiental del evento antes de su autorización. EN LAS PLAYAS URBANAS, SIMPLEMENTE, NO EXISTE EL MEDIO AMBIENTE.
• Por primera vez, una Ley de Costas contempla los efectos del Cambio Climático en el litoral. La Ley prevé la elaboración de una estrategia para mitigar los efectos del cambio climático en la costa. El Ministerio deberá elaborar esta estrategia en el plazo de dos años.
• Se exige un informe ambiental para la prórroga y para las obras en concesiones de actividades potencialmente contaminantes.
2. Se incrementa la seguridad jurídica
• Comenzando por el alcance mismo del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT):
-Mediante una más clara delimitación del alcance de los mayores temporales conocidos, mediante criterios técnicos, que se fijarán reglamentariamente; la situación de los terrenos inundados artificialmente; y concretando qué debe entenderse por playa, duna y otros elementos del dominio público. AHORA EXISTEN DOS DEFINICIONES DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTEE, Y DOS DEFINICIONES DE PLAYAS, FORMENTERA Y EL RESTO. ESTO ES SEGURIDAD JURIDICA.
-Mediante exclusiones puntuales del DPMT: ciertos núcleos de población históricamente consolidados y altamente antropizados; y determinadas salinas y cultivos marinos.
-Deslindes especiales: como los que afectan a paseos marítimos o a la isla de Formentera. TODO ES PURA ARBITRARIEDAD.
• Se mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios que se vieron despojados de sus bienes con la Ley de 1988. Se garantiza concesión a todos los titulares de bienes inscritos en el Registro de la propiedad, y además se amplía el plazo de las mismas en 75 años adicionales.
Esto no es privatizar el litoral. Es aclarar miles de situaciones injustas. se trata de proteger a los miles de ciudadanos que adquirieron legitimamente una vivienda y se vieron después desposeídos de ella. CON ESTO ÚLTIMO, EL ESTADO ESPAÑOL. RECONOCE EXPLICITAMENTE, QUE LLEVA CONFISCANDO, QUITANDO CON VIOLENCIA, PROPIEDADES LEGALES DURANTE 25 AÑOS.
• Se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos: se trata de que ningún ciudadano pueda adquirir nunca más una vivienda u otro bien en la costa y descubrir después que no le pertenece porque es DPMT. Para ello, (novedad) se obliga a inscribir los bienes de DPMT en el Registro de la Propiedad, y se asegura esta información a los interesados en caso de que se inicie un nuevo deslinde, desde el inicio del procedimiento. Además, se ofrecerá información gratuita a todos los ciudadanos vía Internet sobre las líneas de deslinde.
• Se clarifica la situación de las urbanizaciones marítimo-terrestres, conciliando el carácter público de los canales y el acceso a los mismos, con las garantías de los propietarios de viviendas y de los estacionamientos náuticos privados, individuales o colectivos. URBANIZACIONES DE LUJO, CONSTRUIDAS, LA MAYORÍA DESPUES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE COSTAS. AHORA, ESTAN SALVADOS DE LA PIQUETA.
3. Se da también mayor seguridad a la actividad económica en la costa.
• Se fomenta la actividad económica ordenada, sostenible y generadora de empleo. Pero hay que dejar bien claro que LO QUE ERA ILEGAL VA A SEGUIR SIENDO ILEGAL.
• Se asegura la continuidad ordenada de las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre, evitando el efecto 2018, es decir, las demoliciones masivas de industrias y viviendas; siempre con criterios medioambientales. Y LAS SENTENCIAS FIRMES HAY QUE CUMPLIRLAS, INCLUSO EN FORMENTERA.
• Para ello, prórroga de las concesiones que concluían en 2018 por un plazo de hasta 75 años (a concretar por el reglamento según usos). Muchas estaban avocadas a su inminente desaparición, con la consiguiente destrucción de empleo. Aunque no es una prórroga automática, sino sólo respecto de aquellas actividades de las que se acredite su sostenibilidad ambiental ().
• Se aumenta el plazo máximo de las nuevas concesiones a viviendas a 75 años.
• En cuanto a los CHIRINGUITOS, unos 3.000 en todo el litoral generando cerca de 50.000 empleos, se amplía la autorización de 1 a 4 años.
Con todo esto se persigue fomentar una actividad económica sostenible.
• Se permite la transmisión de los derechos de la concesión de viviendas, mortis causa e inter vivos (sometida a autorización).
• Se protegen los bienes declarados de interés cultural para evitar su demolición. PERO NO EL USO HABITACIONAL DE LOS MISMOS
• Se regula mejor la Zona de Servidumbre de Protección:
-Adecuando su superficie a situaciones especiales: ciertos núcleos de población costeros que antes de 1988 reunieran las condiciones urbanísticas para ser urbanos, aunque entonces no estuvieran clasificados como tales (eso sí, dentro de estos núcleos se prohíbe construir en el futuro donde no se haya construido); márgenes de los ríos, tierra adentro, lejos de la desembocadura, según los criterios que se establezcan reglamentariamente. SOLARES DESAFECTADOS, NO PODRÁN SER CONSTRUIDOS.
-Se permiten las obras necesarias para la reparación y modernización de las instalaciones en esta zona, siempre que no impliquen incrementos en altura ni volumen.
Madrid, 08 de mayo de 2013
FUENTE. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
SE LE OLVIDA DECIR, QUE CON ESTA REFORMA, LAS OBRAS, PASEOS, REPOSICIÓN DE ARENA, ETC, TENDRÁN QUE PAGARLA LOS CIUDADANOS.
EL QUE QUIERA PLAYA, QUE LA PAGUE
Bento ve injustificado que el líder del PP en Candelaria pida su cese
La delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento (PP), ha manifestado, a preguntas de este diario, que “evidentemente” no comparte la petición de dimisión que le dirigió el concejal del PP en Candelaria José Fernando Gómez por incumplir la promesa de no tirar las casas de Cho Vito hasta no realojar a los afectados. “Él estuvo presente en todas las reuniones con los vecinos, en las que todas las administraciones hicimos un esfuerzo para llegar a acuerdos, por lo que me parece sorprendente”, afirmó el viernes la delegada sobre Gómez, al que el PP ha abierto por ello expediente de expulsión. Sin embargo, el portavoz de Cho Vito Antonio Alonso reveló ayer que los vecinos vieron cómo, “de forma muy seca”, Hernández Bento impidió a este edil entrar a una de esas reuniones a las que se les convocó. “Y eso pasó antes de que el concejal pidiera dimisiones”, añadió el representante vecinal. Gómez justificaría su enfado además por que el PP Tenerife prometió salvar Cho Vito si gobernaba y no lo hizo.
El viernes, Hernández Bento dijo desconocer esa promesa, aunque Alonso lo corrobora: “Eso fue así; con sentencias ya firmes, el PP, cuando Cristina Tavío era presidenta insular, nos prometió que no las ejecutarían”.
http://www.diariodeavisos.com/bento-ve-injustificado-lider-del-pp-en-candelaria-pida-su-cese/
El viernes, Hernández Bento dijo desconocer esa promesa, aunque Alonso lo corrobora: “Eso fue así; con sentencias ya firmes, el PP, cuando Cristina Tavío era presidenta insular, nos prometió que no las ejecutarían”.
http://www.diariodeavisos.com/bento-ve-injustificado-lider-del-pp-en-candelaria-pida-su-cese/
Cho Vito reitera que Costas le tapó datos sobre el “verdadero”deslinde
La jefa de la Demarcación de Costas, Teresa Sánchez, aseguró el viernes que este organismo entregó a los vecinos de Cho Vito “toda la documentación que legalmente se les ha podido dar”, con lo que, preguntada por este diario en rueda de prensa, negaba de plano las acusaciones de que ha sido objeto por parte de los afectados, en el sentido de que se les negó el acceso a consultar el expediente completo mientras duró el litigio judicial que acabó con el derribo de sus casas para recuperar el dominio público y construir un paseo.
Pero las familias del desaparecido Cho Vito no dan por buena esta explicación ni la ratificación de estas palabras por la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento. Por eso, ayer anunciaron que presentarán un recurso contencioso administrativo para intentar demostrar que las sentencias firmes que avalaron los derribos se dictaron con “un documento falso” porque el deslinde fijado en 2001 debía coincidir con el de 1969, según certificó en 2000 el entonces ingeniero jefe, Manuel Barrios, cosa que al final no fue así, por lo que casi todo el poblado quedó en el corredor de la muerte.
“Nuestras condenas firmes se basan en un acto administrativo, el del deslinde, que es nulo por erróneo, y los jueces nunca vieron estos papeles, por lo que no se puede decir que lo nuestro sea ya sea cosa juzgada, porque han aparecido nuevas pruebas”, manifestó ayer un portavoz de Cho Vito, Antonio Alonso, quien confirmó que el Ministerio de Medio Ambiente ya les ha rechazado su alegación en este sentido, lo que les aboca a intentar el más difícil todavía: reabrir un caso con sentencia ya firme. El viernes, la jefa de la Demarcación ya dejó claro que las alegaciones y los recursos de Cho Vito “se han tramitado y los tribunales han dado la razón a Costas”. ¿Pero dio realmente este organismo público todos los documentos que solicitaron los afectados antes de las sentencias? La técnico responsable de este organismo ha dicho que sí, pero los vecinos afirman que no, y para intentar acreditarlo han remitido a este diario cinco escritos, dos de 2010, con peticiones, no satisfechas, para obtener el expediente administrativo completo relativos a dos viviendas y otras tres peticiones de acceso al expediente del paseo marítimo, registradas en 2012.
Y es que las familias que vivían en Cho Vito sostienen que la tramitación de este proyecto, con el que se justificó la demolición incluso de casas en servidumbre, no las tiene todas consigo. “Consideramos que se cometieron irregularidades,como que el Consejo de Ministros no lo declarara de utilidad pública ni aprobara una declaración de impacto ambiental con el argumento de que son solo proyectos de mantenimiento y conservación, cuando no es así, y además, creemos que se han usado indebidamente fondos europeos para demoler nuestras casas ”, sostuvo Alonso, cuya vivienda se tiró pese a que, como comprobó luego, fotos y planos situaban el mojón del deslinde delante de la edificación.
A su juicio, “ha habido un secreto enorme sobre todo este asunto, vulnerando derechos” reconocidos en la ley 27/2006 que obliga a las administraciones públicas a dar acceso a la información sobre medio ambiente, y el Convenio internacional de Aarhus sobre esta materia.
Los nuevos papeles aportados por Cho Vito los publicó este diario en noviembre pasado, días antes de los últimos derribos, y la Subdelegación del Gobierno no quiso dar entonces su versión al respecto, pese a la insistencia de este diario. Le dieron seis meses después, el viernes, la delegada del Gobierno y la jefa provincial de Costas, a preguntas de este periódico, en rueda de prensa sobre la recién aprobada Ley de Costas
http://www.diariodeavisos.com/cho-vito-reitera-costas-tapo-datos-sobre-verdaderodeslinde/
Pero las familias del desaparecido Cho Vito no dan por buena esta explicación ni la ratificación de estas palabras por la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento. Por eso, ayer anunciaron que presentarán un recurso contencioso administrativo para intentar demostrar que las sentencias firmes que avalaron los derribos se dictaron con “un documento falso” porque el deslinde fijado en 2001 debía coincidir con el de 1969, según certificó en 2000 el entonces ingeniero jefe, Manuel Barrios, cosa que al final no fue así, por lo que casi todo el poblado quedó en el corredor de la muerte.
“Nuestras condenas firmes se basan en un acto administrativo, el del deslinde, que es nulo por erróneo, y los jueces nunca vieron estos papeles, por lo que no se puede decir que lo nuestro sea ya sea cosa juzgada, porque han aparecido nuevas pruebas”, manifestó ayer un portavoz de Cho Vito, Antonio Alonso, quien confirmó que el Ministerio de Medio Ambiente ya les ha rechazado su alegación en este sentido, lo que les aboca a intentar el más difícil todavía: reabrir un caso con sentencia ya firme. El viernes, la jefa de la Demarcación ya dejó claro que las alegaciones y los recursos de Cho Vito “se han tramitado y los tribunales han dado la razón a Costas”. ¿Pero dio realmente este organismo público todos los documentos que solicitaron los afectados antes de las sentencias? La técnico responsable de este organismo ha dicho que sí, pero los vecinos afirman que no, y para intentar acreditarlo han remitido a este diario cinco escritos, dos de 2010, con peticiones, no satisfechas, para obtener el expediente administrativo completo relativos a dos viviendas y otras tres peticiones de acceso al expediente del paseo marítimo, registradas en 2012.
Y es que las familias que vivían en Cho Vito sostienen que la tramitación de este proyecto, con el que se justificó la demolición incluso de casas en servidumbre, no las tiene todas consigo. “Consideramos que se cometieron irregularidades,como que el Consejo de Ministros no lo declarara de utilidad pública ni aprobara una declaración de impacto ambiental con el argumento de que son solo proyectos de mantenimiento y conservación, cuando no es así, y además, creemos que se han usado indebidamente fondos europeos para demoler nuestras casas ”, sostuvo Alonso, cuya vivienda se tiró pese a que, como comprobó luego, fotos y planos situaban el mojón del deslinde delante de la edificación.
A su juicio, “ha habido un secreto enorme sobre todo este asunto, vulnerando derechos” reconocidos en la ley 27/2006 que obliga a las administraciones públicas a dar acceso a la información sobre medio ambiente, y el Convenio internacional de Aarhus sobre esta materia.
Los nuevos papeles aportados por Cho Vito los publicó este diario en noviembre pasado, días antes de los últimos derribos, y la Subdelegación del Gobierno no quiso dar entonces su versión al respecto, pese a la insistencia de este diario. Le dieron seis meses después, el viernes, la delegada del Gobierno y la jefa provincial de Costas, a preguntas de este periódico, en rueda de prensa sobre la recién aprobada Ley de Costas
http://www.diariodeavisos.com/cho-vito-reitera-costas-tapo-datos-sobre-verdaderodeslinde/
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