COHERENCIA
Simplemente eso, coherencia. Es todo lo que los afectados por la famosa Ley de Costas, no hemos parado de solicitar a nuestros políticos, y a la opinión pública.
Llevamos años, demostrando que esta Ley, o mejor dicho, su aplicación, va en contra de la primera norma de este país, La Constitución, al vulnerar siete artículos, que su aplicación es totalmente arbitraria, originado numerosos agravios comparativos, y ocasionando, que según residas en Cataluña, Galicia, Andalucía o Canarias, se nos permita vivir como el resto de los ciudadanos, o se nos desaloje y derriben nuestras casas. Ejemplo de esto, es la Proposición No de Ley presentada por los partidos catalanes en el Congreso de los diputados, para salvar Ampuria Brava, un núcleo con más de mil afectados, o la actuación del ministro Chaves, defendiendo los chiringuitos de Andalucía , y mientras en otros sitios, se derriban pueblos costeros, en su totalidad, como Cho Vito.
La premisa principal de la Ley de Costas, es recuperar el litoral para el uso público, o eso es lo que se intenta, pues desde su entrada en vigor, se ha permitido y se sigue permitiendo la construcción desmesurada y la especulación urbanística, mientras, “los castigados” son los pueblos costeros, anteriores a la entrada en vigor, construidos con la legalidad existente en ese momento, y permitidos por todas las autoridades, y que, no constituyen un peligro medioambiental, y ni mucho menos, ecológico, como nos ha dicho la propaganda del Ministerio de Medio Rural y Marino. Por eso, los numerosos afectados por esta Ley, aplaudimos, el sentido común de algunos políticos, que se han dado cuenta, de que la aplicación de la Ley, está siendo, como mínimo “caprichosa ,arbitraria y confiscatoria”, y rechazan inversiones millonarias, si eso conlleva la destrucción de las casas de los vecinos, como es el caso del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, en La Palma, o el caso del Ayuntamiento de Tijarafe, también en La Palma, que promueve la defensa del Poris de Candelaria, y de los concejales de CC y PP del Ayuntamiento de Candelaria, que fueron pioneros en esta lucha contra la sinrazón de esta Ley, defendiendo a sus vecinos, en Cho Vito, ,donde sufrieron las mismas vejaciones que sufrimos los vecinos, y en Bajo la Cuesta.
Pero esta coherencia, llega al Parlamento de Canarias, a la aprobación de la “ley Canaria de Costas”, con el apoyo de CC y PP, y Proposiciones No de Ley, para catalogar, los núcleos costeros pintorescos y etnográficos, donde Dña. Cristina Tavio , ha defendido, la forma de vida, y la idiosincrasia de esos poblados marineros, que tienen su legalidad en el litoral peninsular, y aquí en Canarias, rodeados de mar, gozan de un status de “terrorismo medioambiental” ( es la única manera que tiene la administración del Estado de justificar la acción de las Fuerzas Armadas en Cho Vito, y fue como terroristas, como fueron tratados sus vecinos)
En la España peninsular, son muchos los concejales, consejeros y políticos de distintas administraciones que están solicitando una modificación importante de la Ley de Costas, que plantean enfrentamientos administrativos y judiciales contra las diversas Demarcaciones de Costas, pero el ejemplo más significativo, nos llega desde Europa, donde varios eurodiputados, nacionales y extranjeros, están defendiendo a sus compatriotas de los abusos de esta Ley, que en su aplicación ha afectado a miles de británicos, holandeses, alemanes y franceses.
En la Europa comunitaria, la aplicación de esta Ley, ha llevado a la amenaza reiterada por parte de varios eurodiputados, de paralizar los fondos europeos a España, por haber omitido las irregularidades de esta Ley, y entre otras cosas, por vulnerar los derechos fundamentales del hombre.
Necesitamos, en Canarias, a unos políticos que defiendan nuestra historia, nuestra forma de vida. Tenemos que mejorar esos núcleos, primero los vecinos, los ayuntamientos, los Cabildos y el Gobierno Autónomo, darles una protección jurídica, al amparo de una Ley de Costas, racional y lógica, que no sea arbitraria y que no se utilice como un instrumento más de la especulación urbanística.
Antonio Alonso
